Inicia nueva etapa en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos pese consulta “amañada” de AMLO: FPDTA-MPT

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Rosa Rojas

Cuernavaca, Mor., 25 de febrero., Después de la consulta “amañada e impuesta” sin respetar los derechos de los pueblos indígenas que resultarán afectados, se abre una nueva etapa de lucha en contra de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su conjunto, misma que fue inaugurada  con el asesinato de Samir Flores Soberanes; “esto apenas empieza” afirmaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT).

Juan Carlos Flores, uno de los dirigentes en esta lucha que estuvo preso en Puebla durante varios meses bajo cargos falsos por oponerse al PIM, subrayó que falta que se resuelvan por lo menos cinco amparos, que logren retirar el plantón de zapatistas en Apatlaco que se oponen a que se entregue a la termoeléctrica el agua que utilizan para riego,  además que se presentarán denuncias ante instancias internacionales “contra esta consulta ilegal e ilegítima”.

Flores afirmó: “Falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas comienza”, reiteró.

Aseveró que anoche, al iniciarse el conteo de votos, los resultados que iban recibiendo de las casillas eran que iba ganando el “no”, pero sin supervisión externa el gobierno que organizó la consulta y el conteo dice que ganó el “si”.

Jaime Domínguez, quien también fue detenido y torturado por su oposición al PIM, mencionó que además de la intimidación el día de la consulta, previamente él y otros integrantes del Frente recibieron llamadas intimidatorias. “Samir pagó la insensibilidad de Andrés Manuel López Obrador”, quien, dijo, en ningún momento ha mencionado el nombre de su compañero asesinado, “un día antes lo critica y un día después aparece asesinado”. Junto con Flores mencionó que han recibido amenazas en las redes, y dado que el fiscal de Morelos insiste en su versión de que a Samir lo asesinó el crimen organizado, demandaron que atraiga la investigación del caso la Fiscalía nacional.

Al respecto, mencionó que la consulta fue impuesta, llena de intimidación, con presencia de ejército, policía estatal y federal y sobrevuelo de helicópteros, ello obviamente inhibe la participación de la gente que está en desacuerdo con el proyecto. Además que existió coacción del voto desde los ofrecimientos de bajar los costos de luz si se votaba por el sí, hasta instruir a trabajadores del gobierno para votar a favor de la termo o usar funcionarios y presidentes municipales para convencer a la gente de votar sí a la termo. 

Sin embargo, en la región Oriente de Morelos, con una población total de 405 mil habitantes, donde están los pueblos que serán afectados por el PIM, ganó el “no” a la termoeléctrica con 11 mil 295 votos contra 4 mil 975 que votó por el “si”. Detalló: en Yecapixtla, mil 541 votos “no” contra 595 “si”; en Ocuituco 271 contra 173; Tetela 592 contra 30; Hueyapan mil 114 contra 5; Ayala 3 mil 834 contra 384; Cuautla 3 mil 943 contra 3 mil 888. En Hueyapan, Zacualpan, Temoac y Jantetelco o se destruyeron urnas y boletas o se retiraron.

Martín Ortiz Salazar, presidente del Comisariado Ejidal de Tenextepango, manifestó por su parte que los campesinos no van a retirar el plantón que mantienen en Apatlaco para evitar que se concluya el acueducto y que se lleven el agua del río Cuautla para la termoeléctrica, porque se llevarían 245 litros por segundo y les devolverían 60 litros por segundo, pero además contaminada. Informó que se sumarán cuatro ejidos más al plantón. Y a pregunta expresó que “es muy posible que haya represión” porque este gobierno –el de AMLO- “camaleónico”, no cumple sus compromisos –esto en alusión a la afirmación de AMLO de que su gobierno no va a reprimir-.

En un comunicado del Frente, se afirma: “Luchamos contra Felipe Calderón contra el proyecto, contra Peña Nieto y ahora lucharemos contra López Obrador, para nosotros el nombre no es lo que importa, sino la estrategia del Estado de imponer los intereses del capital sobre los pueblos indígenas”. Apuntaron que la consulta de López Obrador “fue un fracaso para su gobierno, pues pretendía legitimar un proyecto que terminó siendo más repudiado y que, a pesar de según haber ganado el “sí”, mucha gente no está de acuerdo con el proyecto y los pueblos afectados que votaron, votaron en su mayoría por el “no” al PIM”.

En conferencia de prensa frente al palacio de gobierno, indicaron que como lo habían anunciado, sería la población externa al megaproyecto la que sustituiría la decisión de las comunidades, “lo sucedido fue una burla a las comunidades afectadas que votaron por el no. No fue un mandar obedeciendo, como dice Obrador, fue mandar a la chingada los derechos de los pueblos indígenas”.

“Fueron diversas las formas de los pueblos de decir no al PIM, protestar contra la instalación de casillas bañadas de sangre, realización de asambleas por usos y costumbres de los pueblos, votar por el no, levantar actas de asamblea y actas locales del resultado de las votaciones en cada comunidad para que se respete la decisión del pueblo, volantear, perifonear, informar, etc. Son varios datos y acciones que en próximos días daremos a conocer porque ahora por la premura de los tiempos aún estamos recibiendo y procesando”, agregaron.

“Los resultados de la consulta sobre la termoeléctrica fueron los esperados, los anunciados cuando una consulta se realiza de manera amañada, con los dados cargados y resultados poco confiables, pues es el gobierno quien tenía interés en el sí, el que organizó la consulta, la vigiló, la contó y emitió los resultados, sin que hubiera un órgano autónomo que se encargara de ello”.

“Reiteramos que las manifestaciones realizadas en la consulta impuesta por el Presidente Obrador, fueron protestas legítimas que obedecen al desacuerdo de los pueblos de no ser tomados en cuenta, de que, a pesar de ser violentados e ignorados, a pesar de contar con la razón en sus justas demandas y con el respaldo de la CNDH, la ONU y diversas organizaciones, académicos, artistas y pueblos en general que señalan que esta consulta viola el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a pesar de todo ello la consulta se impuso sin escucharnos”.

A la par que Obrador anuncia los resultados de su consulta, acepta que en México “hay mucho racismo todavía”, y en eso le damos la razón: para realizar esta consulta nunca se sentó a platicarla con los pueblos indígenas afectados, ni mucho menos planearla junto con ellos y que fuera conforme a los derechos de los pueblos indígenas y los estándares nacionales e internacionales sobre el proceso de consulta. Sigue existiendo racismo porque un Presidente de la República que se hincó ante los pueblos indígenas después de su toma de protesta, nos sigue tratando como niños chiquitos que no pueden decidir o peor, como objetos. Hay racismo porque en esta consulta no se le permitió a los pueblos indígenas decidir sobre su territorio, ni siquiera se les preguntó previamente, solo se les reprimió, amenazó, persiguió, torturo, encarceló y ahora, hasta asesinó.

Hay racismo porque se prefiere cumplir contratos favorables a las empresas y que afectan la economía del Estado, que cumplir Obrador la palabra empeñada a los pueblos que creyeron en él. Porque se prefiere contaminar el medio ambiente, la salud de los pueblos indígenas, poner en doble riesgo a las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl y despojar a los pueblos del uso y disfrute preferente de sus recursos naturales. Hay racismo porque la gente que votó a favor del sí a la termo, lo hizo por las razones que manifestó en las redes sociales y las urnas: “porque apoyó a mi Presidente”, “ya déjenlo trabajar”, “todo contamina, no sean ignorantes”, “quiero que me bajen la luz, aunque se ponga en riesgo a los pueblos”, “tengo derecho a decidir sobre los pueblos”, “son una minoría (los pueblos)” y una serie de descalificativos más que no vale la pena decir”.

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Demandan cancelar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca por el asesinato del opositor Samir Flores

Rosa Rojas

En el marco de una jornada nacional de movilización para protestar por el asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los líderes del movimiento contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la termoeléctrica de Huexca, se realizaron una marcha y mitin en la capital morelense en la que se responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este crimen y se exigió que se cancelen tanto ese proyecto como la consulta que respecto al funcionamiento de dicha planta está organizando la federación para este fin de semana.

Por otra parte, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, pidió, en conferencia de prensa, que ya no se efectúe la citada consulta “porque no hay condiciones de seguridad” para efectuarla después del asesinato de Flores Soberanes. En días pasados el Comité del Comisariado Ejidal de Tenextepango, Morelos, había solicitado en escrito enviado al obispo Ramón Castro Castro, su apoyo para difundir la negativa de los campesinos a que funcione la termoeléctrica porque afectará la disposición de agua de 7 mil ejidatarios, 32 comunidades 35 mil familias y 17 mil 991 hectáreas de riego al reducir la cantidad de agua destinada a cada ejido.

Unas 300 personas, integrantes de diversas organizaciones, marcharon desde El Calvario hasta la plaza de Armas coreando consignas como “Samir no murió, el gobierno lo mató”, “Con dados cargados la consulta es ilegal”, “justicia para Samir, castigo a los asesinos”, “No a la consulta amañada”, “Vida si, termo no”, “La vida no se negocia, la muerte no se consulta”. Una pancarta reclamaba: “Hemos apoyado en todo a AMLO pero en lo de la termoeléctrica no es justo”.

En el mitin frente al palacio de gobierno manifestaron su demanda de justicia para Samir y el rechazo a la termoeléctrica, al PIM y a la consulta “amañada” de AMLO, Gilberto López y Rivas, investigador, Gabriel Rivas de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado, Omar Cota del Partido Comunista, Rafael Murua del Consejo de Pueblos, José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Estrella López de Conciencia Alternativa de Morelos, Susana Díaz Pineda del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quienes subrayaron la necesidad de movilización popular frente a la imposición de megaproyectos.

Unos llamaron a boicotear la consulta convocada por AMLO no permitiendo la instalación de las urnas y otros a que si se decide acudir a  votar se vote por el “no” al funcionamiento de la termoeléctrica. Rivas informó que posteriormente las organizaciones discutirían que acciones se llevarán a cabo durante la consulta, siempre en forma pacífica. Hubo coincidencia en condenar la criminalización que de Samir hizo el fiscal morelense apenas unas horas después de su asesinato al afirmar que el crimen había sido obra de la delincuencia organizada y no tuvo relación con la oposición a la termoeléctrica. Se demandó que el fuero federal atraiga la investigación del asesinato de Flores Soberanes pero también que se lleve a las instancias internacionales, como en el caso de Atenco.

               López y Rivas sostuvo que en los últimos 10 días, desde que AMLO apoyó el PIM, “se ha caído la cuarta transformación” porque además de la termoeléctrica están en marcha megaproyectos como éste, el Tren Maya, el proyecto transístmico, la siembra de miles de hectáreas de árboles maderables. Con el asesinato de Samir se confirma que estos proyectos “van acompañados de la represión y la muerte”. Esta traición de AMLO –quien durante su campaña había sostenido que debía frenarse el PIM-  “es una traición como la de Guajardo a Zapata”, afirmó.

Coincidió con otros de los oradores en que además de que la consulta es “una gran simulación, no tiene ningún asidero legal, violenta los protocolos del Convenio 169  de la OIT firmado por México, “es un capricho presidencial para poner en marcha el PIM”, además de que el gobierno está gastando el dinero del pueblo en la propaganda a favor de la termoeléctrica en los medios de comunicación de Morelos y de una consulta que está cargada por el peso de la decisión de AMLO a favor del PIM.

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Información sobre obras de dragado en San Dionisio del Mar, Oaxaca y no represión, exigen indígenas huaves

 

Rosa Rojas

Amenazas de muerte contra el responsable de la comisión de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM), Oaxaca, Alejandro López; amenazas de desalojo del palacio municipal de San Dionisio -tomado desde 2012 por los opositores al parque eólico que Mareña Renovables pretendía construir en ese pueblo- y la llegada de equipo de dragado sin que ninguna autoridad explique para qué, hacen temer a los integrantes de esta organización indígena huave que se pretenda revivir el citado proyecto que en 2014 se había “dado por muerto”.

Así lo informaron miembros de la APSDM -quienes pidieron reserva de sus nombres pues “se están tomando precauciones porque se presume que pudieran empezar a detener gente”- dados los sucesos de los últimos días, luego de que desconocidos quemaron parte del equipo de dragado que se detectó en Playa Copalito los primero días de julio, consistentes en tubos forrados de gran tamaño, vehículos con maquinaria pesada consistente en grúas, retroexcavadoras gigantes con oruga y una draga flotante, así como cinco camionetas blancas que andaban circulando por la comunidad.

Un comunicado de la APSDM señaló que se solicitó información respecto a ese equipo infructuosamente; el 6 julio se habló con el responsable de la maquinaria, un francés de nombre Jean Pearl, quien dijo desconocer el nombre del proyecto, el monto, la existencia del estudio de impacto ambiental para realizar el dragado;  al no obtener ninguna respuesta la organización manifestó su indignación por la forma de entrar sin aviso sin información y sin la autorización de la comunidad.

Agregó que se solicitó información a la autoridad municipal, Teresita Luis Ojeda, quien manifestó desconocer el proyecto por lo que se pidió al responsable de la empresa suspender la obra en tanto no se obtenga información al respecto “pero el empresario hizo caso omiso al requerimiento”.

Asimismo, que entre el 6 y 8 julio se solicitó información respecto a dicho proyecto a la presidenta municipal, al secretario general de gobierno, a los responsables de Fonden y Conapesca del Estado de Oaxaca y al no obtener respuesta se realizó una asamblea de pueblos el 11 julio con participación de los representantes de las Asambleas de Pueblos de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar, agencia municipal de Laguna Santa Cruz municipio de San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, Colectivo en Defensa del Territorio de Unión Hidalgo, APIITT, para evaluar esta situación luego de la cual se realizó una marcha hacia la playa Copalito.

La APSDM se deslindó expresamente de las acciones de violencia registradas “que tienen la clara intención de criminalizar” a la organización que actúa en defensa de su territorio y responsabilizó a la citada presidenta municipal y al gobernador del estado, Alejandro Murat, de cualquier represión que quieran emprender en contra de sus pueblos.

Agregó que el 12 julio, 15 camionetas de la policía preventiva pretendieron ingresar en los patios del palacio municipal ocupado actualmente por la resistencia al proyecto eólico mencionado, las cuales fueron rechazadas por la asamblea que se encuentra instalada de manera permanente, pero se vivieron momentos de tensión ante un posible enfrentamiento.

La organización exigió a la presidenta municipal de San Dionisio del mar que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos de los integrantes de la APSDM entre los cuales destacó el derecho a la seguridad e integridad personal de los miembros de la misma.

Los miembros de la APSDM entrevistados, aseveraron que el ex comisariado de San Dionisio del Mar, Genaro García López, “está aglutinando personas en su domicilio, la mayoría son del PRI, que están al frente de las cooperativas Playa Copalita y Playa Robles, ellos siempre estuvieron apoyando a los eólicos, los pescadores que estaban al frente, se convirtieron después en golpeadores de la empresa Mareña Renovables, y han enviado amenazas de muerte contra el compañero Alejandro López. Hace tres días que empezaron a llegar los mensajes a través de terceros, en contra de los comisionados de la asamblea ´si no dejan de estar chingando a la orilla del mar”.

Al señalárseles que se había anunciado la cancelación definitiva del proyecto de Mareña Renovables desde 2014 (http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc.), manifestaron que “ahora se entiende que pretende instalarse en Juchitán, pero sabemos que ellos pueden cambiar de piel en cualquier momento porque Mareña obtuvo la concesión por 50 años y pueden vender la concesión a otra empresa, esa es la sospecha que ahora tenemos”.

Explicaron que en la ciudad de Oaxaca se habla de que con recursos del Fonden se van a dragar 200 metros en la playa de San Dionisio y otro tanto en San Francisco, y que eso tiene que ver con la protección de las embarcaciones, pero eso “nos tiene preocupados porque en el proyecto eólico hicieron mención de embarcaderos para trasladar maquinaria y equipo hacia la barra y de la barra a San Dionisio, y nos preocupa que ninguna dependencia oficial ha hecho ninguna declaración. Hay maquinas que están paradas en Guamúchil, agencia principal de San Dionisio del Mar, y  empezaron a hacer el dragado, toda la semana estuvieron dragando  pero sigue la incógnita de cuál es el objetivo principal”.

Eso porque “la mayoría de los pescadores usan lanchas fuera de borda con motor de bajo calado y por lo tanto no necesitan profundidad para trabajar y la Laguna Superior tiene sus propias  covachas de protección naturales. Para las embarcaciones que se utilizan ahora no se necesita dragado, son lanchas muchas de 29 pies y motores fuera de borda de 40 a 50 caballos que no requieren mayor profundidad para trabajar, nadie explica cómo se llama el proyecto ni la inversión total, por eso hablan los compas diciendo que de repente quieren empezar con obras más pequeñas y luego empatar con una obra mayor. Eso es lo que nos preocupa” y por ello exigen que se detengan los trabajos de dragado en Guamúchil y se informe detalladamente al pueblo sobre la obra.

 

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Amilcingo obtuvo suspensión del gasoducto Morelos

Rosa Rojas

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.

Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.

Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”, advirtió el Frente.

Afirmó que la suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.  

Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.

Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso”.

El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores), castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México”.

“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó  el Frente.

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¿Quién miente Trump o Ebrard?

Rosa Rojas

Las declaraciones del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el asunto de que México sea el tercer país seguro, que reciba de regreso a los/las migrantes que hayan solicitado asilo en Estados Unidos y permanecerán aquí hasta que allá se decida su caso, resultan ser un “No pero si” porque finalmente eso es lo que las autoridades mexicanas han estado haciendo en los últimos tiempos. Para Trump el acuerdo tiene “cosas secretas” que revelará a su tiempo, el tipo se burla, hace que llueva sobre mojado y si Ebrard dice que no hay nada secreto ¿quién miente distorsionando la verdad? ¿ambos? AMLO necesita ser más firme con Trump, que ya hace rato agarró a México de saco de boxeo con vistas a lograr su relección y aunque Ebrard dice que ya se separaron comercio y migración en estas negociaciones, lo que dice Trump lo desmiente: para él sigue la bola rodando, habrá evaluaciones y si o le gustan los resultados habrá aranceles sobre productos exportados por México. O sea…

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/10/descarta-ebrard-que-haya-acuerdo-secreto-con-eu-3598.html

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Feministas denuncian que el gobierno de Morelos incumple compromisos contra la violencia feminicida

edf

Rosa Rojas

Integrantes del Frente Feminista de Morelos (FFM) denunciaron que pese a que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en el estado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha incumplido en los cuatro meses que lleva en el cargo, todos los compromisos firmados con las organizaciones de la sociedad civil durante su campaña para enfrentar este grave problema y “no se aprecia el interés por hacerlo”.

En cambio “desde la oficialidad se niega que tales problemas tengan que ver con razones de género”, las desapariciones de mujeres continúan, el fiscal Uriel Carmona “minimiza la desaparición y se niega a trabajar  de la mano de la sociedad civil, pese a que se lo hemos solicitado formalmente” él habla “como si las mujeres solitas se murieran”; el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, descalificó ante la prensa los testimonio de mujeres que han sufrido intentos de privación ilegal de la libertad, llamando a “no compartir esos testimonios para no crear pánico”, y no se ha nombrado titular a la Comisión para Personas Desaparecidas.

En conferencia de prensa denunciaron también que se perdió el recurso de cinco millones de pesos para acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y no se ha presentado el cuarto informe de avances, “si es que los hay”, de la misma.

María Trinidad Gutiérrez, de la organización Género 33, integrante del FFM, subrayó que en éste hay preocupación porque “no vemos voluntad de trabajar en los compromisos” firmados por Blanco, como una mesa bimestral para presentar los informes sobre las acciones realizadas. El Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SEPASE) debería estar comprometido en un programa de trabajo para que todas las dependencias que lo integran cumplan con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Morelos pero “no vemos acciones, sólo declaraciones”.

Tampoco se ha cumplido con reforzar el presupuesto del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ni de los Centros de Justicia para las Mujeres, o el de instruir a la Fiscalía General para que revise todas y cada una de las averiguaciones y carpetas de investigación sobre casos de feminicidios y entregue un estado de avance de cada una.

Subrayó que les preocupa que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, “que se atrevió a decir que los feminicidios podrían estar relacionados con la supuesta honorabilidad de las mujeres, volviendo al viejo discurso que responsabiliza a las víctimas y justifica la violencia”, (al decir que las víctimas estaban realizando labores “impropias de una dama”), y aunque el funcionario ofreció una disculpa, “no queremos sus disculpas, queremos trabajo efectivo para salvaguardar la vida y la libertad de las mujeres”. “No necesitamos ser damas, necesitamos seguridad y justicia”, enfatizó.

Ante este panorama, el FFM está convocando a organizar una fuerza estatal amplia que combata la violencia contra las mujeres, pero además, dijo, la Fiscalía y las y los funcionarios del gobierno deben capacitarse en materia de AVG, se necesita no sólo presupuesto sino capacidad para enfrentar el problema.

Mencionó también que el Frente ha buscado reunirse con las 14 diputadas de diversos partidos que hay en la Cámara de Diputados local, pero de ellas sólo dos las han recibido y no se conoce que tengan algún programa de trabajo para legislar para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Por otra parte las participantes en la rueda de prensa lamentaron y condenaron el asesinato de Samir Amin Flores Soberanes en Amilcingo, luchador por los derechos de los pueblos indígenas y opositor a la termoeléctrica de Huexca. Este clima de violencia y el asunto de la termoeléctrica va a trascender más allá de las fronteras de México, se tiene que respetar la decisión de los pueblos, señaló Gutiérrez.

Estuvieron presentes en la conferencia, del Consejo de Defensoras de Morelos Micaela Bocanegra y Alicia Arines; del Observatrio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio Violeta Luna y Patricia Bedolla, del propio Frente Angélica Sánchez.

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La SCJN ordena restituir 280 hectáreas a la comunidad de Tepoztlán, Morelos

Rosa Rojas

24 de octubre de 2018., Después de una lucha que por casi 20 años libró la comunidad agraria de Tepoztlán, Morelos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó se le restituyan las 280 hectáreas que la empresa Pirámides y Convento quería utilizar para un club de golf. La institución determinó que los pobladores de la comunidad son los beneficiados del título de bienes comunales de 1929, y no la empresa, que alegaba su propiedad a partir de oficios emitidos por la autoridad agraria en la década de los 60s.

En la resolución presidencial de 1929 se determina que las tierras se otorgaban a la comunidad para que las explotara de manera agrícola para su subsistencia, además de que en la misma se les impuso a los comuneros una serie de obligaciones para conservar y acrecentar las áreas forestales de la zona.

Por esta razón, informó la SCJN en un comunicado, las tierras no podrán destinarse, en ningún otro caso, para un uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado, bajo su entera responsabilidad, por la autoridad administrativa correspondiente.

Con la resolución la Suprema Corte, 2 mil 449 integrantes de la comunidad de Tepoztlán se beneficiarán al recuperar sus tierras, ya que el supremo tribunal consideró que los oficios presentados por la empresa no demostraron que ésta fuera propietaria de los terrenos en disputa, pues de su contenido no se advertía con toda certeza que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen accedido a excluir del régimen agrario ciertas porciones de sus tierras.

La SCJN precisa asimismo que en el supuesto de que la comunidad inicie en el futuro juicios agrarios en contra de otras personas que tengan propiedades en la zona, los tribunales tendrán que valorar los títulos con que tales habitantes se ostenten como propietarios, en específico, señala, la manifestación de voluntad de los integrantes de la comunidad en el sentido de transmitir la titularidad de los predios, así como la formalización de las transmisiones correspondientes.

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En la Consulta Indígena Maya autoridades actúan como cómplices de transnacionales de semillas transgénicas, denuncia la Misión de Observación

 

Rosa Rojas

Organizaciones no gubernamentales integrantes de la Misión de Observación (MO) de la Consulta Indígena Maya a comunidades de Campeche y Yucatán, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si permiten o no la siembra en su región de soya genéticamente modificada (GM) -o soya transgénica-, advirtieron que dicha consulta está en riesgo de convertirse en una “consulta fallida” como la que se ha realizado entre los indígenas yaquis de Sonora, dado que las autoridades federales no están cumpliendo con los principios de que sea previa, libre, informada, de buena fe,  y culturalmente adecuada, es decir de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Valeria Enríquez, de Organic Consumers México; Rodrigo LLanes, del Colegio de Antropólogos de Yucatán; Edmundo Pozo de FUNDAR y María Colín de Greenpeace México, organizaciones que son parte de las 25 que integran la MO, reprobaron en conferencia de prensa el pasado 13 julio, la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), instituciones responsables de organizar la consulta por permitir “graves irregularidades” en las sesiones de la fase de “acuerdos previos” llevadas a cabo los días 30 junio y 1 de julio en los municipios campechanos de Hopelchén y Tenabo.

Los citados representantes de la MO, informaron que los funcionarios de dichas dependencias permitieron la presencia, sin habérselo informado a las comunidades mayas, de un centenar de agricultores menonitas y productores de otras comunidades que están a favor de la siembra de soya transgénica, quienes ocuparon los espacios del salón donde se llevaría a cabo la reunión y aunque los representantes de las comunidades indígenas manifestaron que no había condiciones para realizar la reunión y solicitaron se suspendiera ésta por no haber condiciones mínimas de seguridad y respeto y sólo se les entregara el plan de trabajo, las autoridades decidieron llevar a cabo la reunión en dos salones separados: en una los representantes de las comunidades y en otra los simpatizantes de la siembra de soya transgénica, en su mayoría ajenos a las comunidades.

Esa división aseveraron, generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, “propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial, quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes”.

Los indígenas mayas representantes de 31 comunidades de Hopelchén y siete de Tenabo, lograron que la SCJN ordenara la suspensión de la siembra de soya transgénica en Campeche hasta en tanto se realizara esta consulta, conforme a disposiciones nacionales y de convenios internacionales firmados por México que nuestro país está obligado a respetar. Sin embargo, como se ha visto en la consulta a las comunidades yaquis de Sonora en el caso de un acueducto que los despojaría del agua a la que tienen derecho, así como en la consulta que se llevó a cabo en Juchitán, Oaxaca, sobre la construcción de un parque eólico, la actitud de las autoridades de la Sagarpa, de la CDI y en el caso de la consulta maya la Cibiogem, es más bien la de quienes pretenden cubrir un requisito burocrático para darle visos de legalidad a la decisión, ya tomada, de beneficiar a las empresas transnacionales que están detrás de este y otros megaproyectos.

En el caso de la consulta maya, otra vez se están violentando los principios de buena fe, imparcial, libre, culturalmente adecuada, con el hacer y dejar hacer que los funcionarios de las mencionadas dependencias federales llevan a cabo, porque incluso, como denunciaron los representantes de la MO, varios de los grupos de productores ajenos a las comunidades favorables a la siembra de soya transgénica se transportaron en camionetas de empresas relacionadas con la transnacional Monsanto, principal interesada en los permisos de siembra de soya y otras semillas transgénicas en el país, y que por lo tanto debería mantenerse alejada de la consulta, sin que los funcionarios tomaran medidas para impedir el hostigamiento de esos grupos contra representantes de las comunidades campechanas.

Incluso los productores que exigen que se les permita sembrar ya la soya transgénica, llegaron a amenazar a todos los asistentes “con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en la que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas”.

El reporte de la MO afirma que “la pasividad de las autoridades responsables duró varias horas por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del delegado de la Sagarpa en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de seis comunidades”, declaraciones, que reiteró al día siguiente  ante medios de comunicación.

Los representantes de la MO subrayaron a su vez que la consulta debe ser vinculante, no sólo informativa como han declarado algunas de esas autoridades mencionadas.

Indicaron que las comunidades que lograron la sentencia de la SCJN para suspender la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán para realizar esta consulta incluso han solicitado la reparación del daño que ya ha ocasionado que en 2015 se hayan sembrado en la península 8 mil 590 hectáreas de soya transgénica. Sin embargo la Suprema Corte no discutió el fondo del asunto sino solamente ordenó la suspensión de la siembra y la realización de la consulta, lo que es grave porque debería aplicarse el principio precautorio para evitar los impactos al medio ambiente y a la salud.

Entre los impactos negativos de la siembra de soya transgénica mencionaron la contaminación por el insecticida glifosfato de los mantos acuíferos, la dispersión de semillas genéticamente modificadas en áreas protegidas, la desforestación que es grave en Campeche y va ligada a la desecación de aguadas, la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, lo que causa un grave daño a las 25 mil familias que viven de la explotación y exportación de la miel en Campeche y Yucatán; afectación a la salud por las fumigaciones aéreas, entre otros graves impactos ambientales y a la salud de la población.

Incluso indicaron que ya se ha encontrado glifosfato en muestras de orina de pobladores así como en garrafones de agua. Además, las comunidades mayas podrían perder el mercado alemán de la miel que tienen actualmente porque ese país exige un abasto libre de transgénicos.

Con la división en dos grupos que realizaron las autoridades federales del 30 junio, una parte de productores de la comunidad Vicente Guerrero Iturbide afirmó que ya hay agricultores que están sembrando soya genéticamente modificada en sus tierras. De comprobarse esto se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN, por lo que la MO recomendó que SENASICA realice inspecciones y en su caso la destrucción de dichos sembradíos y que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo necesario para cumplir con la resolución de la Suprema Corte.

Habría que ver que dice la SCJN respecto a la actitud cómplice con las transnacionales de transgénicos que están asumiendo las autoridades federales involucradas. Hacerse de la vista gorda ante las violaciones cometidas puede leerse también como complicidad. Somos muchos quienes creemos que no basta con dictar una sentencia sino que también debe vigilar que ésta se cumpla cabalmente. Bastante cara nos sale esa institución que debe ser garante del estado de derecho en este país que ya hace rato está muy chueco.

 

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