Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños se amparan contra disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Rosa Rojas

Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños interpusieron un amparo en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (IFT) por haber realizado una consulta que no estuvo de conformidad con sus costumbres y tradiciones y a través de sus instituciones representativas, para establecer los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

El recurso de amparo indirecto se presentó el pasado 4 de septiembre ante el Juez de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en turno en el Distrito Federal, y fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en telecomunicaciones.

El amparo es contra los lineamientos generales emitidos por el  IFT el pasado 13 de julio, para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “desde el momento en que nunca se convocó a nuestros correspondientes representantes; no se efectuó mediante procedimientos adecuados al no realizarse de conformidad con nuestras costumbres y tradiciones, antes de llevar a cabo actividades que puedan afectar adversamente nuestros intereses o derechos a la propiedad de nuestras tierras, territorios o recursos naturales”, informaron en un comunicado integrantes del Grupo de Trabajo de Comunicación Indígena (GTCI) del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca.

En el mismo señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) declara que la consulta implica que sea de acuerdo a las costumbres y tradiciones, con un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades o pueblos y que el Estado asegure que los pueblos o comunidades tengan conocimiento de los riesgos del plan, proyecto o medidas legislativas; teniendo en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones.

Igualmente, afirman, “la consulta no se realizó de buena fe, de una manera apropiada y mucho menos con la finalidad de llegar a un acuerdo, porque nunca existió la decisión del IFT de tomar en consideración los resultados de la consulta en el diseño final de los lineamientos”.

Esa afirmación “se desprende de dos hechos, principalmente: 1) se previó que los comentarios, opiniones y propuestas no eran vinculantes; y 2) el IFT aprobó los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a las que se refiere el titulo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) -el 10 de julio de 2015- antes de celebrar el Foro Nacional de Devolución y Difusión de los resultados de la Consulta Indígena -16 de julio de 2015-, eliminando la posibilidad de incidencia en esta fase, es decir, de diálogo efectivo. Así, el IFT vulneró el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 1 constitucional” argumentan.

Por lo tanto, subrayan, “no impugnar los lineamientos es legitimar todos los vicios del Estado, los cuales se produjeron tanto en el proceso de la reforma constitucional, como en la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ambos procesos no se nos consultó”, a pesar de que diversas disposiciones les afectan y restringen sus derechos.

Mencionan entre los derechos violados por el IFT el derecho a la consulta –artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-; el derecho a la creación de medios de comunicación en situaciones favorables –artículo 2 constitucional-; el derecho a la audiencia –artículo 2 constitucional-; el derecho a la participación libre –art. 35 constitucional-; o el derecho a recibir información plural y veraz –art.6 constitucional, entre otros.

“Aceptar los Lineamientos del IFT implica continuar tolerando una práctica del Estado que no reconoce ni respeta plenamente los derechos que tenemos los pueblos y comunidades indígenas. Esto es así porque en este caso, el Estado (IFT) pretende que con la incorporación de opiniones sobre cuestiones formales e irrelevantes en los Lineamientos Generales, mismas que no atienden sustancialmente aspectos como el financiamiento o fines de los medios, se validen disposiciones que en el fondo nos son desventajosas y que estuvieron viciadas desde su origen”.

Enfatizan que “en tanto que se trata de la defensa de nuestros derechos reconocidos constitucionalmente y de ninguna manera de dádivas del Estado”  demandan que el IFT lleve a cabo una consulta en forma, cumpliendo las condiciones mínimas establecidas por la jurisprudencia de la COIDH, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, que se realicen mesas de diálogo con el IFT para que se garantice a los pueblos indígenas el derecho a crear medios de comunicación en condiciones más favorables, ampliando sus fines, flexibilizando los requisitos para obtener una concesión que no sean mayores a aquellos de los medios de comunicación de uso público y comercial.

Además que se incluyan fuentes de financiamiento más equitativas, entre las que podrían estar las subvenciones públicas y que no tengan que pagar por el análisis de la solicitud.

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