Demandan cesar criminalización de opositores a las eólicas en Juchitán

Rosa Rojas

A raíz de que un juez determinó, el pasado 11 de diciembre de 2015, la suspensión definitiva de los permisos administrativos que amparan el proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca “se ha exacerbado la campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución” contra defensoras y defensores de derechos humanos, ambientales y de derechos indígenas en esa ciudad del Istmo de Tehuantepec.

Así lo denunciaron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), quienes afirmaron que la citada suspensión, otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, “confirma que ha existido violación a los derechos humanos de nuestros pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales, al haber realizado una simulación de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada”.

En un comunicado, dichas organizaciones señalaron que con esa “simulación” de consulta el Estado mexicano y las empresas eólicas “trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 mega parques eólicos, que están ocasionando fuertes impactos en la naturaleza, el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades, al provocar enfrentamientos entre los que están a favor y en contra del proyecto”

Mencionaron que los proyectos de energía renovable en el istmo no han respetado la autodeterminación de los pueblos indígenas, ni el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de que “la independencia judicial y el acceso a una justicia efectiva se ponen en peligro por las presiones políticas y económicas de quienes impulsan Eólica del Sur”, frente a la oposición de los pueblos binnizá e Ikoots, que están en resistencia frente a los proyectos de producción de energía eléctrica que se han instalado y pretenden una mayor ocupación del territorio en el Istmo de Tehuantepec.

Subrayaron que “la población en general, las y los principales voceros y representantes de las organizaciones han sido atacadas/os durante las últimas semanas en la radio y medios de prensa local, calificándolos de ´extorsionadores profesionales´ y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región del Istmo”.

El citado parque de Eólica del Sur, detallaron, aspiraba a ser el quinceavo parque construido en tierras comunales de Juchitán y el número 25 en la región del Istmo, “las inversiones y beneficios recibidos en el Istmo por los 24 parques anteriores han sido mínimos y las compromisos realizados por Eólica del Sur, en la simulación de consulta, correspondían a promesas endebles, cuyos beneficios no se reflejaban en la población total, sino que se concentraban en los posesionarios de las tierras y los sindicatos de constructores que ya tenían acuerdos establecidos con la empresa”.

Al respecto, Edmundo del Pozo Martínez, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación, organización que asesora a parte de las comunidades indígenas, indicó en una colaboración en el sitio sinembargo.com, que la “supuesta consulta” a la comunidad zapoteca por parte de la Secretaría de Energía (SENER), sobre el parque eólico de 132 aerogeneradores, promovido por la empresa Energía Eólica del Sur, fue denunciada e impugnada por diversas organizaciones indígenas como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) e incluso el Ex Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, señaló un conjunto de irregularidades que afectaban la credibilidad de la misma.

Entre los aspectos más criticados citó que la consulta no fue “previa”, ya que los principales permisos del proyecto, como el de impacto ambiental y el de generación de energía eléctrica fueron otorgados sin haber concluido el proceso. “Este y otros argumentos han servido de base para la demanda de amparo que más de mil integrantes del pueblo binnizá interpusieron ante el Juez Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en contra de las autorizaciones otorgadas por la SENER y SEMARNAT”, por lo que el pasado 11 de diciembre se dictó la suspensión definitiva del proyecto de Eólica del Sur, lo que ha impedido a la empresa continuar la construcción de la obra hasta en tanto no finalice el proceso judicial.

Del Pozo mencionó que durante las últimas semanas, los principales voceros y representantes de las organizaciones que hacen parte de la demanda judicial han sido atacados en la radio y medios de prensa local, calificándolos de “extorsionadores profesionales” y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región.

Por su parte la RNDDHM y la IM-Defensoras, documentaron que el 38 por ciento de las defensoras agredidas en 2014 fueron quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y el 46 por ciento de las defensoras agredidas viven en zonas rurales lo que impide u obstaculiza el acceso a los sistemas de justicia.

Denunciaron además “las acciones de presión política que han buscado debilitar la labor del Juez Séptimo y que atentan contra la independencia judicial. No descartamos que producto de dichas presiones y por los grandes intereses económicos de la empresa y el gobierno”, el Juez titular Isaías Corona Coronado haya solicitado “licencia” y que en su lugar el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designara a un nuevo Juzgador de nombre Carlos Alberto Osogobio Barón.

Afirmaron que las comunidades y organizaciones participantes en esa resistencia continuarán difundiendo ampliamente los efectos de la suspensión definitiva contra el proyecto de Eólica del Sur, “así como las violaciones sistemáticas a derechos humanos que se han producido por la incorrecta y masiva implementación de parques eólicos en Juchitán”.

Las comunidades binnizá e ikoots, agregaron, “no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la Consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”

Las comunidades y organizaciones sociales denunciantes demandaron el cese de los actos de persecución y criminalización de los defensores ambientales y de derechos humanos, particularmente en la región del Istmo y aplicación de medidas efectivas para garantizar su integridad, seguridad y libre ejercicio como defensores/as de derechos humanos.

Asimismo, que se investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra sus pueblos y se asegure un acceso efectivo a la justicia, preservando la independencia judicial durante todo el proceso.

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