Archivo de la categoría: Abusos sexuales

Se organizan las parteras tradicionales de Chiapas contra la violación a sus derechos culturales y a la salud

Rosa Rojasparteras1

Para hacer frente a las políticas institucionales que han estado cambiado el rol de las parteras tradicionales que atendían a las mujeres en sus partos, la falta de reconocimiento de su labor continua en pro de la salud de las comunidades, mujeres niños y niñas y la violación a sus derechos culturales y a la salud, nació en el Tercer Encuentro de Parteras de Chiapas la organización Movimiento de parteras de Chiapas- Flor de Maiz (Nich Ixim).

En el evento, efectuado del 24 al 26 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, participaron además como invitadas tres parteras del Movimiento Nacional de Comadronas de Guatemala y una partera de San Miguel de Allende, Guanajuato.

La organización está integrada por 124 parteras tradicionales y técnicas de 19 municipios y cinco regiones de Chiapas: Selva, Frontera, Zona Norte, Altos y Fraylesca, que son las zonas y territorios de más representativos en cuanto a la práctica y saberes en partería tradicional, se informó en un pronunciamiento en el que señalaron que se vieron obligadas a organizarse debido a que de pronto se les empezó a prohibir la atención, a restringirles las cédulas de nacimiento y sólo se les solicitaba para hacer referencias y acompañamiento a las embarazadas.

Detallaron que desde hace dos años las parteras, junto con organizaciones de la sociedad civil, se han estado reuniendo y organizando para hacer un espacio que promueva los derechos de las parteras y tenga la interlocución directa con actores que realicen cambios para mejorar el ejercicio de la partería tradicional en comunidades, municipios y regiones de Chiapas.

En asamblea delinearon que los objetivos del Movimiento son: Contribuir a la defensa de la partería tradicional como un derecho humano, a la salud, cultural y de las mujeres indígenas, rurales y urbanas; construir estrategias que enlacen y organicen a la partería tradicional y la técnica sin rivalidades, abonando a la salud de las mujeres.

Promover los derechos de las parteras y parteros a atender partos; defender los derechos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva (derechos a decidir sobre su cuerpo y salud); trabajar por el derecho de las mujeres a decidir con quién quieren parir, atenderse y dónde y
salvaguardar el derecho a la salud de las parteras y al reconocimiento de sus saberes.

Subrayaron que como ciudadanas con derechos se organizaron para ejercerlos y por esto demandamos: Reconocimiento y respeto a las parteras sin importar si son certificadas o no;
solicitan credencial de instituciones de salud en caso que de que lo requieran; tener contactos directos con el personal de los hospitales de primer segundo y tercer nivel para referir traslados.

Además, tener diálogo con el sector salud y actores en salud de su estado de manera directa; que el sector salud no las divida ni impida atender a las mujeres y que no decida a quienes si atienden y a quienes no; facilidad para extender los certificados de nacimiento, firmados como parteras.
Entre otras demandas piden la mejora de los servicios de salud en los hospitales y servicios de primer nivel como casas de salud o centros de salud, incluidos los fines de semana y que el sector salud tenga personal capacitado en emergencias obstétricas y sensibles a la cultura de cada pueblo con trato digno.

Igualmente, que haya bancos de sangre suficiente a diferentes niveles de atención, porque esta deficiencia de abasto ha sido causa de muerte materna en muchos casos; dotación de medicamentos y materiales suficientes y que no manden a comprarlos a las parteras ni a las mujeres que refieren; que los servicios de salud no traigan a la embarazada de una lado a otro y que no la rechacen.

Demandan que el sistema de salud en Chiapas cuente con ambulancias con chofer y gasolina para los traslados; apoyos económicos para las parteras o gratificación; apoyos jurídicos y psicológicos en caso de algún problema así como tienen los médicos en los hospitales y apoyo de capacitación a todas las parteras lejanas y cercanas sin condicionamiento.

Señalaron que se estarán reuniendo en comunidades, municipios y a nivel estatal para ir construyendo espacios y estrategias de diálogo, de información y organización que mejoren la calidad de vida de las parteras tradicionales y técnicas y de las mujeres y sus comunidades en su ejercicio al derecho a una atención de calidad y elegida.

Convocaron este encuentro organizaciones de la sociedad civil como Formación y Capacitación, A. C.; Alianza Pediátrica Global; Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas; Comité Promotor de una Maternidad Segura en México; CESC, Sakil Ixim, Casa de la Mujer de Palenque Ixim Anzetic, organizaciones con experiencia y compromiso con la partería tradicional y técnica por más de 20 años.

parteras

Fotos: Adela Bonilla

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Chiapas, Derechos culturales, Derechos Humanos, Documentos, Indígenas, Mujeres, Organizaciones Sociales, Salud, Tsotsiles, Uncategorized

Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Ayotzinapa, Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), Derechos Humanos, Desaparición forzada, Enrique Peña Nieto, Estado de Guerrero, Estado de Morelos, Feminicidio, impunidad, Indígenas, Maestros, Megaproyectos, Morelos, Mujeres, Organizaciones Sociales, Sindicalismo, Sindicatos, Uncategorized

Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

1 comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Ayotzinapa, Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), Derechos Humanos, Desaparición forzada, Enrique Peña Nieto, Estado de Guerrero, Estado de Morelos, Feminicidio, impunidad, Indígenas, Maestros, Megaproyectos, Morelos, Mujeres, Organizaciones Sociales, Sindicalismo, Sindicatos, Uncategorized

Peritos de la Fiscalía de Morelos carecen de equipo básico para investigar la creciente violencia: Asociación de Ayuda a Víctimas

 

Rosa Rojas

Es alarmante que ante la creciente violencia que se vive en el estado de Morelos, donde además continúan las desapariciones de mujeres, el área de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de los recursos necesarios para realizar la investigación y el levantamiento de pruebas en los lugares donde se cometen los delitos, contaminando la escena del crimen, lo que puede llevar a que se incremente la impunidad advirtieron integrantes de la Asociación de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables.

Eduardo Sánchez Lazo y Abimelec Morales Quiroz, miembros de dicha organización, que son también integrantes de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recordaron que la fundación Digna Ochoa de Morelos, reporta que en el presente gobierno de Graco Ramírez -que cumple cuatro años- han desaparecido 166 mujeres de las cuales solamente 43 han regresado con vida.

Se desconoce el paradero de 123 mujeres desaparecidas entre enero de 2013 a enero de 2017; la situación más difícil para la población es que la Fiscalía General del Estado mantiene la teoría de no investigar estas desapariciones ante la probabilidad de “que se hayan ido con el novio”, lo que afirmaron, no es permisible para una fiscalía ya que “independientemente de los motivos que pueden originar estas desapariciones, deben investigarse y resolverse a la brevedad para tranquilidad de las personas”. Cuestionaron “¿Acaso no existe la intención de saber su paradero? ¿Estarán en la fosa de Jojutla o en las cámaras frigoríficas” de la fiscalía? Reclamando que dicha dependencia debe transparentar todas las carpetas de investigación de esos casos.

Respecto a la falta de los recursos con que deben contar los peritos de la FGE, señalaron que el pasado 6 febrero 2017 (cuando una familia en el municipio de Temixco fue atacada por individuos encapuchados que les dispararon, asesinando a dos hombres y una bebé de ocho meses de edad y resultando otros dos personas heridas), se pudo observar cómo los peritos de la FGE manipulaban la escena sin guantes, sin los overoles especiales para ello y botas desechables para evitar contaminar la escena.

Informaron que investigaron por qué se intervino de esa manera tan errónea en ese caso de gran impacto social y se les informó que actualmente esa área se encuentra con muchas carencias: a los peritos les proporcionan sólo entre tres y cinco pares de guantes para  una guardia y un overol, no les dan material para rastreo y levantamiento de huellas dactilares; no tienen tóner para imprimir sus informes y se les limita la gasolina. Incluso comentaron que a veces los mismos peritos deben adquirir el material con sus propios recursos para poder entregar sus informes.

Aseguraron que el discurso del fiscal general del Estado no es congruente ya que es “absurdo gritar a los cuatro vientos que se invertirán millones de pesos en tecnología para el área pericial y que cuentan con acreditación del programa internacional de asistencia y entrenamiento en investigación criminal (ICITAP por sus siglas en inglés) cuando lo mínimo indispensable no lo subsanan”.

Reclamaron que debe incrementarse por lo menos al triple el número de peritos de la fiscalía además de otorgarles todo el material necesario para que se haga una investigación profesional de los hechos delictivos que se cometen en la entidad.

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Derechos Humanos, Desaparición forzada, Estado de Morelos, Feminicidio, impunidad, Mujeres, Organizaciones Sociales, Uncategorized

Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por “omisión, negligencia y simulación” del Estado: CIDHM

Rosa Rojascidh30ene16

De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido “omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio”.

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que “la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios”.

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, “pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad”.  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

“Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida”.

Concluye afirmando “de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas”.

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida “por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos”.

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Derechos Humanos, Desaparición forzada, Desaparición por particulares, Discriminación, Estado de Morelos, Feminicidio, impunidad, Mujeres, Organizaciones Sociales, Tortura, Uncategorized

85 mujeres jóvenes han desaparecido en Morelos desde 2012; el gobierno estatal niega que haya un problema de trata de personas: CDHDO

 

susana-diaz-pineda-foto-rosa-rojas

Cuernavaca, Mor., 15 de noviembre., En lo que va del gobierno de Graco Ramírez -que inició en octubre de 2012- han desaparecido en Morelos 85 jovencitas, de ellas seis en el último mes; en el estado hay un problema de trata de mujeres que el gobierno estatal niega, “la Fiscalía dice que estamos inventando y el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dice que se van con el novio” denunció  Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO).

Entrevistada en el marco del Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales, comentó que hay un corredor de trata, con lo que se denomina “giros rojos”, en las zonas sur y en  el oriente de la entidad, hacia los estados de Puebla y Veracruz. A la cabeza de este problema van los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, precisó.

“Aunque la Fiscalía dice que estamos inventando, los datos se extraen de las mismas fichas de la dependencia”, agregó Díaz Pineda, explicando que de los casos que manejan sólo hay dos en los que las familias subieron directamente las fotografías de las jóvenes desaparecidas a internet. Apuntó que si fuera el caso de que las jóvenes desaparecidas se haya ido con el novio “la situación es más grave, hay que ver por qué tantos novios están llevándose a las chicas, dado que hay no sólo comercio sexual sino trabajo esclavo en la agricultura o en casas, tráfico de órganos…”.

Indicó que la Fiscalía afirmó haber encontrado a dos de las chicas que se fueron en octubre, una dicen que se fue con el novio y otra huyendo de la violencia en su casa, pero no proporciona más datos de qué fue lo que ocurrió con ellas. Y hablan de dos niños que fueron sustraídos por el papá, pero nosotras sólo hablamos de niñas, comentó.

Mencionó que el CDHDO está de acuerdo con el pedido de Javier Sicilia -dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)- en que “deben investigarse los giros rojos para ver si no hay entre las mujeres enfermedades de transmisión sexual y en que se haga un banco de datos de ADN para que cuando la familia de una desaparecida vaya a denunciar se haga una fiscalización pronta, porque las 72 horas que da la Fiscalía son tremendas, en ese tiempo no sólo pueden sacarla del estado sino del país”.

Informó Díaz Pineda que el CDHDO empezó a hacer investigación sobre las desaparecidas a raíz de la investigación de la UAEM sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, bajando información de internet de desaparecidas de hasta 29 años -el grueso de las desaparecidas tiene entre 13 y 17 años- y hay una niña de 6 años.

Detalló que las fosas de Tetelcingo empezaron a abrirse a principios de este año, por orden de un juez, ya que la Fiscalía se negaba a ello, y encontraron además del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, a quien buscaba su familia, los de 117 personas más, entre ellos el de una niña de 10 años quien “se presume estaba en situación de trata porque tenía las uñas pintadas con esmalte permanente” y cuyo cuerpo no ha sido reclamado.

Añadió que con el ADN de los cuerpos encontrados en Tetelcingo la UAEM hizo un primer banco de datos, junto con la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría General de la República. Ahora falta que cada que una familia vaya a denunciar una desaparición se pueda hacer el cruce de los datos, eso es algo que se tiene que hacer a nivel nacional; comentó que existe un banco de ese tipo, la Plataforma México a nivel federal, “pero no se alimenta continuamente”.

 

 

 

 

1 comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Derechos Humanos, Desaparición forzada, Desaparición por particulares, Discriminación, Estado de Morelos, Feminicidio, impunidad, Indígenas, Mujeres, Organizaciones Sociales, Procuraduría General de la República, Uncategorized

Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Estado de Guerrero, Estado de México, Estado de Morelos, Feminicidio, Feminismo, Gobierno CDMX, impunidad, Indígenas, Me´phaa, minería, Mujeres, Organizaciones Sociales, Pobreza, Radio indígena, Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Energía, Secretaría de Gobernación, Uncategorized