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“Traición a la patria” la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de “traición” contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que “mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos”.

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, “generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo”.

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se “maiceó” (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando “entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas “.

Con esos memorándums “las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo”, indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, “ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.

Detalló que tan sólo las empresas eólicas “instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio”.

Así, “ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…”por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, “den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México”.

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Indígenas oaxaqueños denunciaron ante expertos de la ONU violaciones a sus derechos para imponerles megaproyectos

 

Rosa Rojas

Un total de 25 casos de megaproyectos mineros, eólicos y de extracción de hidrocarburos que se están desarrollando en Oaxaca son violatorios de los derechos a la consulta libre previa e informada de comunidades indígenas, así como a la tierra, al territorio y a los bienes naturales, denunciaron miembros de pueblos indígenas y activistas ecologistas y de derechos humanos ante integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GTNUEDH) que realiza una visita oficial a México.

Coordinaron la visita las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH) las cuales informaron que los expertos Dante Pesce y Pavel Sulyandziga se reunieron con comunidades afectadas por ese tipo de proyectos el pasado  1° de septiembre durante la primera visita regional que realizaron en el Estado de Oaxaca, uno de los más afectados por los megaproyectos en México.

Asimismo indicaron que los asistentes denunciaron abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas, gobiernos municipales, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores como el caso de Bernardo Vásquez en San José del Progreso, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos.

Se expuso además la preocupación ante la reciente aprobación de las Zonas Económicas Especiales, que arrancará en la entidad en el puerto de Salina Cruz “y del que no hay tampoco información clara al respecto de las afectaciones directas en las formas de vida de la región”. La reunión se efectuó en la capital oaxaqueña.

Mariano López, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), informó en entrevista telefónica que él expuso cómo la empresa Gas Natural Fenosa (GNF) ingresó a la comunidad de Juchitán a instalar el parque eólico Bií Hioxo “sin ninguna consulta, que hubo hostigamiento de la empresa contra quienes se oponen al proyecto, que provocó división en la comunidad, ahora hay pro eólicos y anti eólicos donde antes todos nos veíamos como hermanos”.

Explicó a los expertos que las bases de algunos aerogeneradores tienen hasta 10 metros de profundidad y que “las perforaciones hechas cerca de la Laguna Superior, que colinda con Playa Vicente, están afectando las venas de los pozos de agua, taponándolas, lo que violenta nuestro derecho al agua y es perjudicial para las plantas medicinales que sólo se dan en esa zona, lo que afecta además nuestro derecho a la salud”.

Aseveró también que la manifestación de impacto ambiental (MIA) que presentó la empresa al gobierno nunca la conocieron los indígenas juchitecos. Ante esa serie de irregularidades interpusieron un amparo con acompañamiento de ProDESC, contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa y otro por las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, para la instalación del parque de la empresa Eólica del Sur.

Mencionó que hay dos procesos de amparo que están esperando respuesta: aún no hay sentencia sobre el amparo interpuesto hace tres años contra GNF, “porque al principio el juzgado pidió que se comprobara que somos comunidad indígena, lo que se hizo con un estudio antropológico; luego que se comprobara que el parque está en terrenos comunales, por lo que se hicieron peritajes… exigimos justicia pronta y expedita”, afirmó López.

Indicó que por escrito se entregó la lista de violaciones en que incurrieron los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso del parque de Eólica del Sur, entre las que enumeró que la consulta respectiva “no fue previa, ya que se habían otorgado permisos a la empresa antes y durante la consulta; no fue libre porque los que estábamos contra el proyecto recibimos amenazas; no fue informada porque solicitamos en 13 oficios cerca de 70 estudios sobre el ruido que producen los aerogeneradores; las afectaciones al agua superficial y subterránea producidas por los parques eólicos ya construidos y otros, que nunca nos entregaron; no fue transparente porque Juchitán tiene 9 secciones y más de 130 colonias y no se realizó en todas y tampoco fue de buena fe”.

En su comunicado las organizaciones informaron que dichas violaciones fueron documentadas por la misión de observación integrada por ProDESC, Codigo DH y PODER junto con otras organizaciones locales. Destacaron que “esta consulta fue para el gobierno mexicano, el modelo de las demás consultas a realizar en el marco de la reforma energética”.

Señalaron que uno de los casos presentados ante el GTNUEDH fue el de la comunidad Agraria de Unión Hidalgo. Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad, expuso la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC, en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (DEMEX) “ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil siendo que las tierras de Juchitán son tierras agrarias, el juicio se encuentra en la etapa final y se espera que el Tribunal Agrario dicte una sentencia lo más apegada a derecho y respetando los derechos humanos de la comunidad”.

El GTNUEDH se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre. La visita cerrará con una conferencia de prensa donde presentarán su informe preliminar, mismo que, incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realicen durante su estancia en nuestro país y las diferentes reuniones que tengan con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas, indicaron.

 

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El retiro del fondo holandés PPGM del parque Eólica del Sur “serio revés” para el presidente Peña Nieto, quien viajará a los Países Bajos para promover inversiones en el sector energético: De Telegraaf

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Rosa Rojas

El diario holandés de mayor circulación, De Telegraaf, consideró como “un serio revés” para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el anuncio de que el fondo de manejo de pensiones PPGM se retira de la sociedad que construiría en tierras de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, el parque de Eólica del Sur, pues el mandatario viajará a finales de mayo a los Países Bajos “durante una visita oficial para seducir a las grandes corporaciones para invertir en el sector energético de México que recientemente se abrió. La retracción de PGGM es una mala señal” apuntó el rotativo.

En la nota de su corresponsal en México, Edwin Timmer, publicada este 22 de abril, el diario consigna que PPGM, con oficinas en la ciudad de Zeist, tomó ya en diciembre la decisión de retirarse del proyecto, que debería haber sido el mayor parque eólico de América Latina, pero nunca lo difundió públicamente. El argumento del inversor fue que después de cuatro años de retraso el proyecto “ya no podrá ser suficientemente rentable” y por otra parte, por “la constante oposición de los indios locales” no habría cooperación con el mismo.

De Telegraaf recuerda que hace 4 años PGGM anunció su participación en la construcción de 132 aerogeneradores -para 396 megavatios- en un consorcio con la japonesa Mitsubishi y la australiana Maquarie capital.  Pero desde entonces ni un molino se ha construido. “Ni siquiera después de la luz verde durante una amplia consulta pública con el pueblo indígena” acota el diario.

Sin embargo opositores a la construcción como la Asamblea Popular del Pueblo Zapoteco (APPJ) calificaron dicha consulta como “una simulación”. Al respecto el vocero de la APPJ, Mariano López Gómez, indicó en entrevista con Desinformémonos que el retiro del fondo de pensiones holandés del proyecto de Eólica del Sur, “es una noticia grata pero eso no significa que las eólicas no sigan viendo este territorio como uno de ellas; ellos partieron el Istmo (de Tehuantepec) como un pastel y cada quien escogió la zona que quiere”.

Añadió que si una empresa por alguna razón no puede invertir “se lo pueden vender (el terreno) a otra empresa, como ha pasado con Eólica del Sur, que PRENEAL  México se lo vendió a Mareña Renovables, que es Eólica del Sur y así muchas de las empresas han tenido  la región como apartada para ellos y venden ese espacio a otras empresas porque a ellos les correspondió en la repartición del territorio y entre ellos se respetan y las venden a otros cuando ellos no pueden invertir”.

El Telegraaf informa que después de la consulta, los opositores al proyecto lograron a través de tribunales otra vez frustrar la construcción. “El estancamiento parece similar a la manera en que grupos ambientales en los Países Bajos lograron torpedear la construcción o ampliación de nuevas carreteras”, acota.

Por su parte el diario Nederlands Dagblad, publicó que “PGGM se quedo atrapado dos veces en el Istmo de Tehuantepec. El primer plan para poner molinos de viento cerca de San Dionisio del Mar fracasó después de que indios huaves pusieron fuego a sitios de construcción. Temían por sus zonas de pesca. El consorcio solicitó entonces un nuevo lugar, y ante la insistencia de PGGM, el gobierno de México organizó una amplia consulta”.

“PGGM quería asegurar el cumplimiento de una convención internacional sobre los pueblos indígenas. La Organización Internacional del Trabajo requiere que los proyectos sobre tierras indígenas sólo están permitidos si están bien informados y de buena fe dicen que sí. Sin embargo, varios participantes se quejan de acoso durante la consulta. “Estoy amenazado de muerte”, dijo López Gómez a esa publicación.

A su vez el portavoz de PPGM, Maurice Wilbrink, explicó al Telegraaf que “estaba claro que esta inversión ya no podría dar los ingresos que esperábamos… simplemente se tomó demasiado tiempo ”. “El alboroto en torno a las protestas de los indígenas tampoco contribuyó a una decisión positiva” añadió. PGGM planeaba invertir 250 millones de euros de las pensiones de los médicos y enfermeras que maneja. El total de inversión en el proyecto era 750 millones euros.

El diario agregó que después de “una amplia consulta pública se aseguró el consentimiento local. A pesar del disgusto de unos agricultores locales, que ven los molinos de viento como una amenaza, en agosto pasado si llegó la luz verde”. Sin embargo, un juez mexicano “aniquiló la consulta y volvió a exigir una congelación de la construcción. No se habían consultado a suficientes indígenas, era el argumento”.

En su información el Telegraaf  cita a un observador anónimo “que siguió de cerca el proceso” quien se quejó de que lo ocurrido es “un buen ejemplo de un gobierno que, por un lado de manera ejemplar consulta a indios según los estándares internacionales, pero luego está demasiado débil internamente para sostener el acuerdo que hicieron”.

El Nederlands Dagblad, señaló que “para los indígenas zapotecas de Juchitán en torno a la lucha contra el parque eólico, la decisión de PGGM es una inyección en el brazo” y cita declaraciones de López Gómez de que “esta es una victoria para los derechos humanos. Espero que otros inversores sigan el ejemplo de los holandeses”. Añadió que “un grupo de indígenas como López ven los molinos de viento como una amenaza a su cultura y  al cultivo de alimentos y plantas medicinales”.

López Gómez explicó a Desinformémonos que la “supuesta consulta no fue ni previa ni libre ni informada” y aunque se haya retirado del proyecto la PPGM, para nosotros es un riego latente porque los gobiernos federal y estatal han fomentado una división entre los pueblos del Istmo; estos grupos (empresariales) ejercen violencia para apoderarse de nuestro territorio, para que no exista oposición porque buscan llevarse ganancias sin dejar beneficios”.

Explicó que “no estamos pidiendo beneficios como tales, sino que las empresas que ya se asentaron de manera ilegal, tienen que indemnizar a las comunidades disminuyendo las tarifas eléctricas porque en esta zona cuando hace mucho calor la gente quiere tener ventiladores para refrescarse y no pueden hacerlo o si lo hacen les sube el consumo y se quedan endeudados”. Apuntó que a las personas que tienen mayores ingresos igualmente se les deben fijar tarifas más bajas que las que se aplican en general.

“Para nosotros ya no es necesario promover más parques eólicos porque sería un golpe fuerte a la comunidad indígena porque hemos pasado distintas consultas que han sido violatorias pero cada vez con mayor violencia, porque ellos… buscan intimidar a cualquier persona que quiera dar su punto de vista neutral o en contra; lo que hacen es traer golpeadores”.

Aseveró el vocero de la APPJ que la consulta sobre el proyecto de Eólica del Sur fue en cinco fases, “fueron agresivas, cada vez fueron aumentando la violencia, la discriminación y sobre todo la falta de respeto hacia los participantes porque a veces cuando tomábamos la palabra aventaban los envases (de refrescos), los botes de agua, para mucha gente era difícil y no podían pasar a dar su opinión”.

Mencionó que eso se lo comentaron al corresponsal del Telegraaf , “le mostramos algunos videos e hizo un recorrido incluso con una fotógrafa; cuando fuimos al polígono de (el parque eólico de) Gas Natural Fenosa Biioxo, ahí las personas de la policía que lo protegen intentaron agredirnos, a ellos también, pero uno de los campesinos les dijo que no se acercaran porque no eran mexicanos y que iban a tener problemas; entonces a unos 20 metros los policías les tomaron fotos a los reporteros, intentaron quitarles la cámara y todo… ese territorio se ha vuelto peligroso hasta para recabar o recolectar plantas medicinales porque inmediatamente los policías y los de seguridad de esas empresas dicen que necesitan un permiso de la empresa. Ese territorio se está convirtiendo en territorio peligroso gracias a la ambición desmedida de las empresas eólicas”, agregó.

Se le preguntó si en la APPJ estarían dispuestos a considerar un proyecto eólico si se realiza con una consulta previa, libre e informada, como establece la OIT y contestó que “una consulta se debe realizar a través de un protocolo que salga de las comunidades, no de la Secretaría de Energía ni de las empresas, con propuestas y condiciones de las comunidades y de un proyecto en asociación con la comunidad, para ver cómo se puede llevar un beneficio a la comunidad, pero las empresas ya asentadas tienen que indemnizar porque entraron de manera ilegal”.

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