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Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por “omisión, negligencia y simulación” del Estado: CIDHM

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De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido “omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio”.

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que “la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios”.

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, “pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad”.  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

“Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida”.

Concluye afirmando “de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas”.

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida “por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos”.

 

 

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El estado mexicano debe garantizar el derecho a defender los derechos humanos pues los principales agresores de defensoras y periodistas son servidores públicos: CIDHM

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Campaña “Defensoras de derechos humanos creemos y creamos”,

Rosa Rojas

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) hizo hoy un enérgico llamado al Estado mexicano para que cumpla con su deber de garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales, “más aún a sabiendas de que los principales agresores de las defensoras de derechos humanos y las periodistas son los propios servidores públicos”.

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Juliana Quintanilla y José Martínez Cruz, de la CIDHM, presentaron en una acción frente al palacio de gobierno morelense,  la campaña “Defensoras de derechos humanos creemos y creamos”, que consiste en la divulgación, del 25 noviembre al 10 diciembre, de una serie de materiales impresos y electrónicos para visibilizar el aporte de las defensoras a la sociedad y sus comunidades, así como el contexto adverso que enfrentan para el ejercicio de su labor.

Informaron que ante la ausencia de estadística oficial, la RNDDHM -integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 estados del país- registró y sistematizó información de que entre 2010 y 2016, han sido asesinadas 41 defensoras de derechos humanos, 11 de las cuales eran periodistas.

Los ataques más frecuentes contra las defensoras son: intimidación y hostigamiento psicológicos; calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; amenazas, advertencias y ultimátum; restricciones a la libertad de expresión; detención arbitraria y privación ilegal de la libertad.

Las defensoras más agredidas son quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de información y libertad de expresión y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. La Red destacó que a partir de 2012 “se observa con mayor frecuencia el uso faccioso del sistema de procuración y administración de justicia para inhibir y mermar la labor de las defensoras”.

Quintanilla y Martínez informaron que se llevaron a cabo acciones similares en otros 15 puntos del país: Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Jalisco; Chihuahua; Baja California; Chiapas; Atoyac, Guerrero; y Puebla. Entre los contenidos de la campaña se encuentran postales de reconocimiento al quehacer de las defensoras y carteles para exigir justicia por las compañeras asesinadas.

Subrayaron que es en la zona sur del estado – Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Zacatepec- donde son más frecuentes el hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de periodistas e incluso ha habido presidentes municipales que agreden a los informadores al ser cuestionados, como es el caso de Angelina Albarrán, corresponsal de El Sol de Cuernavaca en Jojutla, quien es una de las más agregidas. Indicaron que los ayudantes de un ex presidente municipal de Amacuzac, que después fue diputado local, golpearon a varios periodistas de medios locales durante una protesta que hubo en el Congreso estatal, en Cuernavaca.

Agregaron que en Morelos el Mecanismo para Protección a Periodistas ha documentado 27 casos de agresiones a informadoras, incluidos robo, golpes, hostigamiento y amenazas. Detallaron que si bien hay una Ley Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, en Morelos la ley  no incluye a éstas últimas, pero la CIDHM ha presentado un protocolo que las incluye y se está discutiendo además en el Congreso Local la elaboración de una ley estatal para ello.

Subrayaron que los aportes de las defensoras y periodistas son muchos y diversos y suelen pasar desapercibidos, particularmente si se está en crisis de derechos humanos como en el México actual.

“Las defensoras salvan vidas; logran aprobación de leyes y políticas públicas para que las mujeres y niñas accedan a una vida libre de violencia y empujan su aplicación. Las defensoras y periodistas contribuyen a que el territorio sigue en manos de la comunidad, de los pueblos originarios, frente a los intereses privados que lo acechan. Por ello esta campaña es en homenaje a las defensoras de derechos humanos de todo el país, a las periodistas que trabajan en pro de los derechos humanos”, indicaron.

 

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Frente al feminicidio, urge que el gobierno de Morelos y las autoridades municipales garanticen la vida y derechos humanos de las mujeres

Rosa Rojas

El gobierno del Estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 10 de agosto de 2015 han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), organización que lleva 16 años documentado el feminicidio en esta entidad, por lo que  hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo.

De acuerdo con la CIDHM, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios.

Al presentar un Informe “sombra” sobre la aplicación de la AVG a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz,  detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios, de los 33 que integran el Estado, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.

Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la entidad. Subrayó la activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la Alerta como por  falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.

Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, es el dato que dio Estrada, en el sentido de que  a las sesiones de trabajo sobre la AVG sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.

Además, el hecho de que la Fiscalía General morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.

Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.

Ya desde fines de mayo pasado la CIDHM había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la AVG y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y personal de la CONAVIM,  que la organización considera que las medidas mencionadas por dicho funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG.

Sobre la creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten la capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuantos elementos -hombres y mujeres-  habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo.

Respecto al Semáforo de Violencia, la CIDHM vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida; tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. Apuntó sin embargo que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Es muy preocupante que a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, sea tan deficiente la aplicación de las medidas que pueden coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la meritoria labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos, por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como ésta, hay que hacer una llamada de atención al Gobernador Graco Ramírez y a las autoridades municipales no sólo de esos ocho municipios, sino de todo el Estado de Morelos, para que cumplan con su deber y apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres que viven en esta entidad.

 

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