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Amilcingo obtuvo suspensión del gasoducto Morelos

Rosa Rojas

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.

Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.

Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”, advirtió el Frente.

Afirmó que la suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.  

Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.

Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso”.

El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores), castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México”.

“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó  el Frente.

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Riesgo de masacre como la de Acteal se vive en Chalchihuitán, Chiapas, advierte SERAPAZ

IMG-20171126-WA0004Rosa Rojas

La violencia que se vive en los Altos de Chiapas, por un conflicto agrario, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, puede desembocar en una masacre como la ocurrida en Acteal (también municipio de Chenalhó, donde hace 20 años fueron asesinados por paramilitares 45 indígenas) advirtió la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ, que urgió el lanzamiento de una campaña de solidaridad nacional e internacional para atender esta crisis humanitaria.

Con información de autoridades de las comunidades afectadas y párrocos de la región, recogida entre el 24 y 25 de noviembre, SERAPAZ detalló que ya son 4 mil 873 las personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas, desplazadas por ataques a sus comunidades; la mayoría está viviendo en las montañas, con mucho frío en la noche, y otros en la cabecera de Chalchihuitán.

Mencionó  hechos muy lamentables: hay, muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas; hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos ni medicinas porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas y solamente por la vía de Simojovel hay acceso.

Varias casas han sido quemadas, la gente requiere urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños, agregó.

Detalló que en nueve comunidades, de acuerdo a cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

  • Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias, ocho mujeres embarazadas
  • Comunidad de Pom: 436 familias, más de dos mil habitantes, 100 mujeres embarazadas
  • Tzomolton: 107 familias, 800 habitantes, seis mujeres embarazadas
  • C’analumtic: 191 familias, 600 habitantes
  • Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
  • Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
  • Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
  • Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
  • Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

Entre las comunidades afectadas, pero que no han sido desplazadas, mencionó Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun Xulum y Saclum.

De acuerdo a una Acción Urgente sobre este conflicto, emitida el pasado día 22 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la violencia está afectando a unas 70 mil personas.

El Frayba documentó que la violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, “ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal”.

Indicó que la confrontación entre los dos pueblos estalló cuando en 1975, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Ante esta situación, el Frayba urgió al Estado mexicano “a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede suceder mayores violaciones a derechos humanos, ya que tenemos información precisa que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.

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“Traición a la patria” la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de “traición” contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que “mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos”.

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, “generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo”.

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se “maiceó” (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando “entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas “.

Con esos memorándums “las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo”, indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, “ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.

Detalló que tan sólo las empresas eólicas “instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio”.

Así, “ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…”por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, “den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México”.

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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, “porque se pondría en riesgo a la policía”,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, “todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca”.

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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El gobierno de Oaxaca negó enviar protección al poblado Nuevo San Andrés, porque “se pondría en riesgo la seguridad de la policía”: CNDCCHIM

Rosa Rojas

El Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM) denunció que el gobierno de Oaxaca “se negó a otorgar las medidas cautelares que le solicitó la que Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para proteger la comunidad de Nuevo San Andrés de un posible ataque del autodenominado ejército chamula, argumentando que se pondría en riesgo la seguridad de la policía oaxaqueña”.

Miguel Angel García, del CNDCCHIM, informó que le solicitaron al titular de la DDHPO, Arturo Peimbert, copia de la carta en la que la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca dio oficialmente dicha respuesta. Además, ante esta negativa del gobierno estatal para proteger a la comunidad de Nuevo San Andrés, se está elaborando, a nombre del poblado, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se está organizando también una caravana de observación y protección civil para el poblado de Nuevo San Andrés en la que participen integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de las comunidades indígenas, comuneros, campesinos y periodistas.

García agregó que copia de las solicitudes de protección a los indígenas tsotsiles habitantes de Nuevo San Andrés ante las amenazas de los paramilitares chiapanecos mencionados, se han enviado a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, solicitando su intervención urgente, pero el titular de la misma, Roberto Campa no ha dado ninguna respuesta.

El visitador general de la DDHPO, maestro Juan Rodríguez Ramos, envió el pasado 1 marzo el oficio número 002948, expediente DDHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, al Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, en el que la defensoría le solicita  “la adopción de una medida cautelar en vía de colaboración, a efecto de que conforme a sus atribuciones, realice las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida y a la seguridad física de los habitantes” de la congregación Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapas, Juchitán, Oaxaca, con motivo de la petición que vía telefónica presentó Ramiro Ruíz, agente de la citada congregación, “quien manifestó tener conocimiento de que un grupo armado proveniente del estado de Chiapas, pretende ingresar a la comunidad y dañar a sus habitantes”.

García informó que Rodríguez Ramos le comunicó verbalmente este sábado 4 marzo que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, por lo que el CNDCCHIM solicitó al titular de la DDHPO copia del oficio de respuesta, y que informe qué medidas va a tomar la defensoría ante esta negativa del gobierno estatal a garantizar la seguridad de la citada congregación.

Indicó que Rodríguez Ramos le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos; el visitador dijo que ante esa respuesta del gobierno del Estado la DDHPO tenía que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

Subrayó García que las familias de Nuevo San Andrés “están muy angustiadas porque en Cintalapa, Chiapas, está creciendo el rumor  de que el ejército chamula está convocando gentes para ir a arrasar la congregación y por otro lado, en los Chimalapas ya está corriendo el rumor de que comuneros zoques van a ir masivamente a la zona para defender el poblado”.

 

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Paramilitares atacan Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca; hay cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos: CNDCCHIM

Rosa Rojas

La congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María Chimalapa, fue atacada el viernes 24 enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes del estado de Chiapas, con un saldo -hasta el momento- de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y seis comuneros desaparecidos denunció el Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM).

Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de nuevo San Andrés, sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado “el ejército Chamula”.

El CNDCCHIM agregó, que de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Cintalapa, Chiapas.

La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, “llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, pero quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la asamblea de Santa María”.

Recordó que desde 2014 el CNDCCHIM en un comunicado público emitido el 12 octubre, día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció “tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha bio-región”.

En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite este del territorio comunal de Santa María Chimalapa, “de un grupo de corte paramilitar denominado ´el ejército Chamula´ al parecer bajo las órdenes de un pseudo ecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado ´Los Ocotes´, donde con apoyo de autoridades ambientales (CONANP-CONAFOR) y del gobierno de Chiapas, ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo”.

Asimismo se consignaba que la denuncia pública “emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa”.

El comunicado del CNDCCHIM, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante, y el coordinador regional Miguel Angel García, demanda difundir estos hechos correr la voz y estar alertas y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el subsecretario de la Secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz; así como a las comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

 

 

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Radio Nahndiá recibió su concesión de radio comunitaria. Continuaremos con la defensa de los derechos humanos, la cultura mazateca, su autonomía y su territorio: Rosas Blanco

Rosa Rojas

Radio Nahndiá “La radio que nos acompaña”, una radio comunitaria que transmite fundamentalmente en lengua mazateca desde la comunidad oaxaqueña de Mazatlán Villa de las Flores, recibió este 23 febrero del título de concesión de uso social indígena por parte del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), después de una espera de seis años.

Para quienes forman parte de Radio Nahndiá (RN), la obtención del título representa el reto “de diseñar acciones para ejercer plenamente el derecho a la libre expresión e información en un contexto nacional de violencia estructural en el que se inhiben, censuran y desaparecen periodistas y defensores de derechos humanos” aseveró Melquiades Rosas Blanco, representante legal de Mie Nillu Mazateco, A.C., figura legal de esta radiodifusora, con distintivo de llamada XHTFM-FM, que transmite por el 107.9 MHz.

Rosas Blanco explicó en entrevista que la señal llega a 24 municipios en la región mazateca y cuicateca, algunos son mixtecos, nahuas y de habla castellana, la primera lengua que se usa en RN es el mazateco y como “lengua puente” con otros pueblos originarios, el español.

La radio se ha caracterizado por su compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión a través de la lengua materna mazateca con los citados puentes de comunicación con comunidades hablantes de otras lenguas, informó, destacando que  ha realizado la cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales como el magisterial de 2006 en Oaxaca; así como por la difusión de los derechos humanos enfocada el derecho a una vida libre de violencia de género.

Subrayó:  “ante tantos trámites burocráticos que tuvimos que hacer, no debemos caer, por tener ya una concesión, en esa lógica burocrática sino mantener el proyecto político de comunicación como ha sido la defensa de los derechos de las mujeres; fortalecimiento de la identidad de la comunidad mazateca; sostener nuestra libre determinación y autonomía ante el sistema de partidos que viene a trastrocar no solamente la toma de decisiones de la comunidad sino que la divide, porque el partido al final provoca división, enemistad y situaciones de violencia, ahora se hace elección del alcalde de Mazatlán por sistema normativos electorales propios”.

El primer reto para RN es que aunque a las comunidades indígenas no llega la señal abierta en TV, está llegando muy fuerte la señal privada, esos medios de comunicación tanto la TV privada como las radios comerciales están planteando una imagen ciudadana que no responde a los valores de las comunidades, por lo que la radio comunitaria tiene que elaborar estrategias que le permitan seguir transmitiendo una identidad propia y no apropiarse de la que llega de fuera.

Ejemplificó mencionando que esos medios están generando la perdida de la identidad, del respeto a la palabra, del respeto a las personas mayores, de la obligación de cumplir con los cargos comunitarios, la ayuda mutua; esos valores por un lado a los abuelos y abuelas les cuesta mucho trabajo transmitirlos a los jóvenes que se están apropiando de otros y por otra parte está creciendo el grado de alcoholismo; jovencitas y jovencitos se están apalabrando en relaciones que entran en conflicto con los valores de la comunidad con el resultado de hay muchos embarazos a temprana edad.

En Mazatlán ya hay secundaria y bachillerato, los jóvenes reciben información sobre la vida sexual pero no les está dando formación, por ejemplo: no embarazarse a temprana edad, entonces, cuando la joven se embaraza se sale la pareja de allá y se van a la ciudad de Mexico; cuando empiezan a tener conflictos por alguna razón los papás y las mamás no están preparados para resolver o atender a las chicas o a los jóvenes… cuesta trabajo dar una orientación, más si interviene la parte judicial porque se complica la situación…

Se tiene que buscar la forma de crear  sinergias entre estas generaciones nuevas y los mayores, cómo tender un puente que permita una relación intergeneracional, hacerles entender que la vida sexual, si no se lleva de manera responsable, trastoca la vida de la familia y la comunidad. Informarles que si de todas maneras deciden tener relaciones sexuales existen los anticonceptivos para evitar embarazos no deseados

Respecto a la defensa de la tierra y el territorio y sus recursos naturales, ejemplificó señalando que “el agua que hay en la región mazateca y sobre todo en Mazatlán es muy dulce, muy ligera; hay pretensiones de empresas particulares de concesionar los manantiales que tenemos allá, las comunidades están viendo que Conagua les entregue la concesión antes que lleguen las empresas. Ha habido tala de árboles, entonces continuar con la defensa de los bosques, y promover la reforestación con árboles de encino que son fundamentales porque son fabricas naturales de agua”.

PROBLEMAS ENFRENTADOS EN EL CAMINO

Rosas Blanco mencionó que Radio Nahndiá es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y formó parte del grupo de once emisoras comunitarias que solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un título de permiso para operar una frecuencia de radio, el cual fue otorgado el 24 de diciembre de 2004. Entonces se otorgaron 11 títulos. Con la nueva ley hay nuevas solicitudes de concesiones  pero sólo se ha entregado una, en Tlaxcalancingo, Puebla, una comunidad nahua. Otras tres son como refrendo pero no sabemos cuántos expedientes hay pendientes, indicó.

Recordó que fue justamente su activa participación en la cobertura informativa de temas coyunturales en 2006, “lo que ocasionó que un grupo armado apoyado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local, tomará las instalaciones de la radio, lo que mantuvo a la emisora fuera del aire por un periodo de un año y nueve meses”.

Se llevó un proceso legal ante la Procuraduría General de la República (PGR), “que fue caso cerrado en 2009 sin justicia para la radio”. En 2007, por acuerdo de su Asamblea Comunitaria iniciaron la gestión de recursos ante instituciones públicas para obtener apoyo, mismos que sumados a la contribución comunitaria, permitieron la reapertura de Radio Nahndiá, que levantó su antena el 24 de febrero de 2008 para salir al aire en la frecuencia Modulada 107.9 con instalaciones y equipo nuevo.

Informó que en 2010 se inició el proceso de refrendo del título de permiso, que nunca fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) pero los alcanzó la Reforma Constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, en conjunto con las emisoras que forman parte de la AMARC en México y otros colectivos que trabajan temas como libertad de expresión y derecho a la información, los representantes de RN participaron activamente en la discusión de la Reforma Constitucional y Legal para dar cumplimiento al Artículo 2° Constitucional para establecer las bases jurídicas para el desarrollo de las radios comunitarias e indígenas en México.

Añadió que con la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, y la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, el tiempo de espera se hizo mayor, ya que además del refrendo la ley mandataba la transición de la figura de permiso a concesión, lo que solo sería posible a partir del mecanismo indicado en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, mismos que fueron publicados a mediados de 2015.

Rosas Blanco aseveró que la obtención del refrendo y título de concesión de uso social indígena para Mie Nillu Mazateco, A.C. es “un logro parcial para el movimiento de comunicación comunitaria e indígena en México, puesto que, si bien materializa la reivindicación de un derecho plasmado en el Artículo 2° Constitucional que mandata el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación, falta equiparar las leyes estatales que garanticen ese derecho”.

En medio de la celebración, quienes formamos parte de la AMARC- México incluida la Radio Nahndiá, hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que facilite la entrega de concesiones de uso social indígena a los colectivos que están en espera de la aprobación de sus solicitudes por parte del pleno de dicha institución, recordando que desde la publicación de la LFTR en 2014 a la fecha, solo se han autorizado cuatro concesiones de este tipo en todo el país. Ya ninguna radio comunitaria o indígena debe tener que esperar seis años por su refrendo, afirmó Rosas Blanco.

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“Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación” la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila-quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”. 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Rosa Rojas

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como “un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México” los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso “incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la “inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos” lo que sólo alienta la impunidad. “Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, pues “no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres” que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe “no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia”, añadió Guevara Rosas, aseverando que “no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada”.

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado “muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio”.

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar “la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles”, le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

 

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