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Damnificados de Jojutla, Morelos, mantendrán tomada la delegación de SEDATU en Cuernavaca hasta recibir los recursos para reconstruir sus viviendas

 

Rosa Rojas

Ante la falta de respuestas de autoridades estatales y federales para realizar la reconstrucción de sus casas destruidas parcial o totalmente por el sismo del pasado 19 de septiembre, una treintena de integrantes de familias damnificadas de la ciudad de Jojutla, Morelos, ocuparon el jueves 1 de marzo la delegación de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) en Cuernavaca. A la espera del delegado de la dependencia, Angel Rodrigo Peña Zepeda, pernoctaron ahí porque les dijeron que él llegaría el viernes. Y como no llegó, decidieron permanecer ahí el fin de semana y lo que sea necesario porque, piensan, algún día deberá llegar el funcionario.

Así pues, empezaron a llegar refuerzos, en una combi financiada por el presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, cuya esposa llegó este viernes con víveres para quienes están participando en esta acción desesperada de quienes ya llevan cinco  meses y medio viviendo en tiendas de campaña, soportando los fríos primero y ahora el calor extremo o de arrimados con parientes, sin poder concluir la construcción o reconstrucción de su vivienda porque las tarjetas que entregaron del FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) están congeladas, es decir, se supone que tienen dinero depositado en ellas pero en BANSEFI les dicen que no hay fondos, explicaron.

La mayoría de quienes estaban en el plantón en la SEDATU este viernes son vecinas/os de la colonia Emiliano Zapata, donde resultaron dañadas unas 400 casas, explicó Amada Morán Brito, cuyo domicilio resultó con daño parcial. Con su tarjeta del FONDEN fue a retirar 15 mil pesos para materiales pero “no hay dinero”.

A Guillermina Sánchez Ortiz –quien sufrió daño total de su vivienda- le dijeron en el banco que llevara su tarjeta del FONDEN “a la fundación Alejo Peralta que está en la arrocera San José, donde están también las de Slim, Proviva y Delta, fuimos hace mes y medio, hicimos el contrato, dijeron que nos llamarían pero no nos llaman, sólo nos dicen que esperemos. Vamos a BANSEFI y nos dicen que no hay dinero, desde noviembre estamos esperando. Los gobernantes dicen que ya están liberadas las tarjetas pero fui a comprar material y dijeron que no hay dinero”.

Leonila Espina Campos afirmó que su vivienda sufrió daño total pero la anotaron con daño parcial y le dieron una tarjeta de 15 mil pesos. “Ni con 120 mil pesos podría reconstruir mi casa, los albañiles cobran 400 pesos diarios”. Además mencionó que a quienes les reconocieron daño total les dieron tarjetas de 30 mil pesos para la primera parte “pero sólo les están dando 25 mil pesos y les dijeron que de los otros cinco mil luego les avisan… las tarjetas para material no pasan porque no tienen fondos”.

Similar situación vive Filiberta Montes de Oca Román, que, informó, tiene un hijo enfermo porque hace 9 años tuvo un infarto cerebral y su esposo “es tan viejito que ya casi ni se  mueve”. Están arrimados viviendo con una hija. Su casa sufrió daño total en la colonia Emiliano Zapata. Le dieron una tarjeta para 120 mil pesos “y apenas 15 mil me dieron, voy al banco y no hay sistema o no hay saldo… ya van tres semanas que no tengo para pagarle al albañil, tuve que conseguir un préstamo” pero ante la crisis que vive se vino a la movilización.

Prisca Margarita Manjarrez Salgado, también de la colonia Zapata, informó que por la insalubridad y malas condiciones en las que viven hay muchas enfermedades estomacales y respiratorias, algunos adultos mayores se han puesto graves… el gobierno debería tener respeto por los damnificados, indicó, además hay muchas irregularidades en las tarjetas, muchos errores y no hay como corregirlas, ella sufrió daño total pero le dieron tarjeta de daño parcial y no ha logrado que se la cambien, añadió. “Estamos también muy inconformes con Unidos por Morelos (organismo creado por el gobierno estatal para la reconstrucción) porque no nos han dado apoyo, dijeron que si FONDEN no nos cumplía ellos iban a responder”.

Se le indicó que el gobernador Graco Ramírez aseveró que “Jojutla está de pie”. Ella contestó “estamos de pie porque estamos vivos, expuestos a la rapiña, a las enfermedades… sólo en la colonia Zapata somos 600 familias, vayan a ver, la escuela, la iglesia… Jojutla es una zona comercial pero ahora no hay comercio, la gente no tiene en qué trabajar, no hay dinero para ir a algunos lugares que nos manda el gobierno, vayan a la presidencia, vayan a SEDATU, vayan a BANSEFI, qué les pasa, no somos pelotas para que nos traigan de un lugar a otro. Aquí en SEDATU dicen que tanto por ciento lo da el gobierno federal, tanto por ciento el estatal, pero lo que queremos es que el dinero se refleje en las tarjetas, no en las palabras”, reclamó.

En Jojutla, de acuerdo al censo de SEDATU, hubo 2 mil 579 viviendas dañadas, 2 mil 37 con pérdida total. El alcalde Sotelo Martínez declaró a El Regional, el 22 de febrero, que desde el proceso de demolición fueron abandonados por la SEDATU y hasta esa fecha sólo se habían reconstruido 100 viviendas “pero con recursos de los propios afectados y con el apoyo que el municipio les otorgó, pero nos preguntamos dónde están los recursos etiquetados del FONDEN”, porque sólo en el retiro de escombros el municipio tuvo que erogar un millón de pesos.

 

Fotos: Rosa Rojas

 

 

 

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Riesgo de masacre como la de Acteal se vive en Chalchihuitán, Chiapas, advierte SERAPAZ

IMG-20171126-WA0004Rosa Rojas

La violencia que se vive en los Altos de Chiapas, por un conflicto agrario, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, puede desembocar en una masacre como la ocurrida en Acteal (también municipio de Chenalhó, donde hace 20 años fueron asesinados por paramilitares 45 indígenas) advirtió la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ, que urgió el lanzamiento de una campaña de solidaridad nacional e internacional para atender esta crisis humanitaria.

Con información de autoridades de las comunidades afectadas y párrocos de la región, recogida entre el 24 y 25 de noviembre, SERAPAZ detalló que ya son 4 mil 873 las personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas, desplazadas por ataques a sus comunidades; la mayoría está viviendo en las montañas, con mucho frío en la noche, y otros en la cabecera de Chalchihuitán.

Mencionó  hechos muy lamentables: hay, muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas; hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos ni medicinas porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas y solamente por la vía de Simojovel hay acceso.

Varias casas han sido quemadas, la gente requiere urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños, agregó.

Detalló que en nueve comunidades, de acuerdo a cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

  • Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias, ocho mujeres embarazadas
  • Comunidad de Pom: 436 familias, más de dos mil habitantes, 100 mujeres embarazadas
  • Tzomolton: 107 familias, 800 habitantes, seis mujeres embarazadas
  • C’analumtic: 191 familias, 600 habitantes
  • Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
  • Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
  • Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
  • Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
  • Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

Entre las comunidades afectadas, pero que no han sido desplazadas, mencionó Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun Xulum y Saclum.

De acuerdo a una Acción Urgente sobre este conflicto, emitida el pasado día 22 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la violencia está afectando a unas 70 mil personas.

El Frayba documentó que la violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, “ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal”.

Indicó que la confrontación entre los dos pueblos estalló cuando en 1975, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Ante esta situación, el Frayba urgió al Estado mexicano “a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede suceder mayores violaciones a derechos humanos, ya que tenemos información precisa que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.

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La sociedad morelense se organiza para evitar arbitrariedades de autoridades estatales en el reparto de la ayuda a damnificados

Un trailer con ayuda para damnificados de Tepoztlán, Morelos, llegó este 23 de septiembre. Participantes en el plantón contra la ampliación de la autopista participaron en la descarga, organizaron la ayuda en despensas y posteriormente colaboraron para repartirla en los barrios afectados. “Somos sólo sociedad civil, nada que ver con partidos ni con la presidencia municipal”, afirmaron donantes y voluntarios.  Fotos: Rosa Rojas

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Rosa Rojas

Tragedias como las que han ocurrido en México con los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el primero afectando más a Oaxaca y Chiapas y el segundo a Morelos -donde se localizó el epicentro, por Axochiapan- y la Ciudad de México, además del Estado de México, sacan lo mejor y lo peor de la gente. En el caso del estado de Morelos se han generado denuncias en el sentido de que los camiones que llegaban de otras entidades con ayuda para los damnificados y que se pretendía repartir directamente en las ciudades y poblados más afectados, eran obligados a dirigirse a las bodegas del DIF estatal y dejar su carga ahí.

El jueves circularon en las redes videos denunciando que tres camiones torton que venían con alimentos, ropa, medicinas, desde Michoacán y Nayarit y querían llevarla directamente a los afectados, fueron obligados mediante patrullas a llevarla al DIF en Cuernavaca. Incluso una bodega estaba tan repleta de cosas que tuvieron que irse a una diferente. Y uno se pregunta ¿por qué si miles de personas están padeciendo falta de alimentos, de techo, de cobijas, de medicinas, por haber sufrido la pérdida total o parcial de sus viviendas la ayuda está almacenada en vez de ser distribuida? lo menos que se piensa es en una ineficacia oficial absoluta  para distribuir esa ayuda, otros dicen que porque el gobierno buscará distribuir las cosas en bolsas con su logotipo y nombre del gobernador, o con el de su partido.

Y no fue ese el único caso denunciado: el viernes, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en un video grabado en Jantetelco, denunció que tres camiones de provisiones que iban al centro de acopio de Caritas, en el seminario, fueron desviados por las autoridades y se llevaron la ayuda al DIF. El prelado, que no es precisamente del agrado del gobierno de Graco Ramírez por diversas denuncias que ha hecho sobre arbitrariedades oficiales, afirmó: “Esto me parece totalmente injusto, esto no debe ser, esto sobrepasa cualquier lógica moral mínima, yo les suplicó que quienes tienen la autoridad, quienes tienen la forma de detener esto lo hagan. Dios todo es justicia, y aunque ahora se salgan con la suya le tendrán que dar cuentas a dios crean en él o no, yo les suplico cambien de actitud, se los pido por favor y no vean sus intereses sino los intereses del pueblo, como debe ser”…

El mismo viernes Elena Cepeda de León, presidenta del DIF, esposa del gobernador Graco Ramírez, aseveró que se actuará contra Gabriel Rivas Ríos -líder del frente Ciudadano Unido y a quien ligó con Morena- por el delito de robo de al menos 90 toneladas de víveres provenientes de Michoacán y Nayarit, después de que en redes sociales se incitó a un conflicto por la supuesta retención -ordenada presuntamente por el Sistema DIF- de los citados camiones, situación que generó enojo de la sociedad,

Insistió en que se actuará de manera legal en contra de los que hicieron viral el video en las redes sociales sobre la supuesta retención de los camiones y asaltaron los víveres. Así mismo, pidió a la ciudadanía que “no difunda cosas que no son ciertas y tengan fe en los demás”.

El caso es que ante el descontento ciudadano por estas denuncias, y la desconfianza que se tiene en cuestiones oficiales, la sociedad civil se ha organizado para evitar que otros camiones con ayuda sean interceptados por la policía y obligados a descargar en bodegas del DIF.

Un trailer que venía de algún estado del norte del país, Monterrey o Jalisco, se comentó,  llegó el viernes 22 a Cuernavaca, lo llevaron directamente a un domicilio privado y llegaron cientos de señoras con camionetas y automóviles que con sus hijos y algunas con sus maridos, descargaron el camión que traía mucha ropa nueva, leche en polvo, artículos de higiene personal, catres, artículos para bebés, guantes de carnaza, suero, muchas medicinas…

Un testigo presencial informó que la operación fue coordinada por directoras y maestras de varias escuelas privadas que estuvieron convocando a las mamás, esperaron el torton a las  10 de la mañana en la carretera, lo escoltaron a una mansión ubicada en una privada, lo descargaron rápidamente para que no los detectara un helicóptero que andaba sobrevolando la ciudad.

Para hacer el reparto de la ayuda que traía el torton, se fue anotando cada salida, lo que llevaba cada vehículo, la placa, el nombre de la o el responsable del mismo, de qué escuela eran… En tres horas y media ya estaban subiendo las cosas a los automóviles y camionetas para ir a hacer la entrega a diferentes pueblos, de los que ya había una lista, y las indicaciones para llegar. Incluso a la ropa -que era nueva- le quitaron las etiquetas para evitar que -como se ha reportado- algunos vivales simplemente la reciban y la vendan.

Así como ese trailer, se sabe que están llegando varios más, con la instrucción, difundida mediante las redes sociales, de que los choferes, si los detienen policías para interrogarlo y querer llevarlos a las instalaciones del DIF, no digan que llevan ayuda para los damnificados sino carga privada; que los camiones se dirijan a una dirección previamente acordada y que se convoque a amigos, vecinos, conocidos, para que descarguen el camión y repartan la ayuda.

Algo que ha causado preocupación también, y que revela la falta de coordinación que hay entre autoridades estatales y municipales, es que en algunos lugares se han empezado a demoler construcciones -casas- afectadas por el terremoto por orden de autoridades municipales, pero por otra parte autoridades estatales han advertido que eso no debe hacerse hasta que se lleve a cabo un censo de construcciones dañadas por el movimiento telúrico porque de lo contrario se corre el riesgo de que el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) no apoye a los propietarios para su reconstrucción. Incluso recomendó tomar fotografías del inmueble derruido para probar su existencia.

Pero además está la desconfianza de que las autoridades municipales, que deberán colaborar con el Fonden en el censo de inmuebles, manejen éste en forma política para la compra de votos dado que varios presidentes municipales están buscando la candidatura para diputaciones el próximo año. En este asunto lo que se ha sugerido es que se formen comités ciudadanos por barrio o comunidad que exijan supervisar los censos de inmuebles afectados que levante el Fonden, de forma que no se excluya a ningún damnificado. Los sismos, que han despertado una vez más la conciencia de la fuerza que tiene la organización ciudadana, pueden servir para que haya un cambio cualitativo en la participación de la sociedad civil potenciada por el uso de las redes sociales.

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