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Amilcingo obtuvo suspensión del gasoducto Morelos

Rosa Rojas

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.

Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.

Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”, advirtió el Frente.

Afirmó que la suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.  

Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.

Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso”.

El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores), castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México”.

“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó  el Frente.

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Información sobre obras de dragado en San Dionisio del Mar, Oaxaca y no represión, exigen indígenas huaves

 

Rosa Rojas

Amenazas de muerte contra el responsable de la comisión de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM), Oaxaca, Alejandro López; amenazas de desalojo del palacio municipal de San Dionisio -tomado desde 2012 por los opositores al parque eólico que Mareña Renovables pretendía construir en ese pueblo- y la llegada de equipo de dragado sin que ninguna autoridad explique para qué, hacen temer a los integrantes de esta organización indígena huave que se pretenda revivir el citado proyecto que en 2014 se había “dado por muerto”.

Así lo informaron miembros de la APSDM -quienes pidieron reserva de sus nombres pues “se están tomando precauciones porque se presume que pudieran empezar a detener gente”- dados los sucesos de los últimos días, luego de que desconocidos quemaron parte del equipo de dragado que se detectó en Playa Copalito los primero días de julio, consistentes en tubos forrados de gran tamaño, vehículos con maquinaria pesada consistente en grúas, retroexcavadoras gigantes con oruga y una draga flotante, así como cinco camionetas blancas que andaban circulando por la comunidad.

Un comunicado de la APSDM señaló que se solicitó información respecto a ese equipo infructuosamente; el 6 julio se habló con el responsable de la maquinaria, un francés de nombre Jean Pearl, quien dijo desconocer el nombre del proyecto, el monto, la existencia del estudio de impacto ambiental para realizar el dragado;  al no obtener ninguna respuesta la organización manifestó su indignación por la forma de entrar sin aviso sin información y sin la autorización de la comunidad.

Agregó que se solicitó información a la autoridad municipal, Teresita Luis Ojeda, quien manifestó desconocer el proyecto por lo que se pidió al responsable de la empresa suspender la obra en tanto no se obtenga información al respecto “pero el empresario hizo caso omiso al requerimiento”.

Asimismo, que entre el 6 y 8 julio se solicitó información respecto a dicho proyecto a la presidenta municipal, al secretario general de gobierno, a los responsables de Fonden y Conapesca del Estado de Oaxaca y al no obtener respuesta se realizó una asamblea de pueblos el 11 julio con participación de los representantes de las Asambleas de Pueblos de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar, agencia municipal de Laguna Santa Cruz municipio de San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, Colectivo en Defensa del Territorio de Unión Hidalgo, APIITT, para evaluar esta situación luego de la cual se realizó una marcha hacia la playa Copalito.

La APSDM se deslindó expresamente de las acciones de violencia registradas “que tienen la clara intención de criminalizar” a la organización que actúa en defensa de su territorio y responsabilizó a la citada presidenta municipal y al gobernador del estado, Alejandro Murat, de cualquier represión que quieran emprender en contra de sus pueblos.

Agregó que el 12 julio, 15 camionetas de la policía preventiva pretendieron ingresar en los patios del palacio municipal ocupado actualmente por la resistencia al proyecto eólico mencionado, las cuales fueron rechazadas por la asamblea que se encuentra instalada de manera permanente, pero se vivieron momentos de tensión ante un posible enfrentamiento.

La organización exigió a la presidenta municipal de San Dionisio del mar que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos de los integrantes de la APSDM entre los cuales destacó el derecho a la seguridad e integridad personal de los miembros de la misma.

Los miembros de la APSDM entrevistados, aseveraron que el ex comisariado de San Dionisio del Mar, Genaro García López, “está aglutinando personas en su domicilio, la mayoría son del PRI, que están al frente de las cooperativas Playa Copalita y Playa Robles, ellos siempre estuvieron apoyando a los eólicos, los pescadores que estaban al frente, se convirtieron después en golpeadores de la empresa Mareña Renovables, y han enviado amenazas de muerte contra el compañero Alejandro López. Hace tres días que empezaron a llegar los mensajes a través de terceros, en contra de los comisionados de la asamblea ´si no dejan de estar chingando a la orilla del mar”.

Al señalárseles que se había anunciado la cancelación definitiva del proyecto de Mareña Renovables desde 2014 (http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc.), manifestaron que “ahora se entiende que pretende instalarse en Juchitán, pero sabemos que ellos pueden cambiar de piel en cualquier momento porque Mareña obtuvo la concesión por 50 años y pueden vender la concesión a otra empresa, esa es la sospecha que ahora tenemos”.

Explicaron que en la ciudad de Oaxaca se habla de que con recursos del Fonden se van a dragar 200 metros en la playa de San Dionisio y otro tanto en San Francisco, y que eso tiene que ver con la protección de las embarcaciones, pero eso “nos tiene preocupados porque en el proyecto eólico hicieron mención de embarcaderos para trasladar maquinaria y equipo hacia la barra y de la barra a San Dionisio, y nos preocupa que ninguna dependencia oficial ha hecho ninguna declaración. Hay maquinas que están paradas en Guamúchil, agencia principal de San Dionisio del Mar, y  empezaron a hacer el dragado, toda la semana estuvieron dragando  pero sigue la incógnita de cuál es el objetivo principal”.

Eso porque “la mayoría de los pescadores usan lanchas fuera de borda con motor de bajo calado y por lo tanto no necesitan profundidad para trabajar y la Laguna Superior tiene sus propias  covachas de protección naturales. Para las embarcaciones que se utilizan ahora no se necesita dragado, son lanchas muchas de 29 pies y motores fuera de borda de 40 a 50 caballos que no requieren mayor profundidad para trabajar, nadie explica cómo se llama el proyecto ni la inversión total, por eso hablan los compas diciendo que de repente quieren empezar con obras más pequeñas y luego empatar con una obra mayor. Eso es lo que nos preocupa” y por ello exigen que se detengan los trabajos de dragado en Guamúchil y se informe detalladamente al pueblo sobre la obra.

 

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“Traición a la patria” la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de “traición” contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que “mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos”.

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, “generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo”.

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se “maiceó” (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando “entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas “.

Con esos memorándums “las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo”, indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, “ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.

Detalló que tan sólo las empresas eólicas “instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio”.

Así, “ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…”por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, “den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México”.

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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

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