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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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Candidatas a la Constituyente de la CDMX recogen la agenda de feministas: incluye aborto legal, matrimonios entre personas del mismo sexo y una vida libre de violencia

Rosa Rojas

“La sobrerrepresentación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la constituyente oficialista representa un riesgo contra los logros y avances de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México imponiendo su visión misógina, patriarcal, hetero normada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual” advierte el documento que la red de mujeres que aglutina a diversas corrientes feministas, denominada “Las Constituyentes CDMX (LCCDMX)” entregó a una docena de candidatas de diversos partidos a la Asamblea Constituyente (AC).

En dicho documento la citada red afirma que la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México y la conformación de una asamblea constituyente con 40 de los asambleístas por asignación directa y el resto por la vía de los partidos políticos y candidaturas independientes, “obedece a un reacomodo de los poderes fácticos y antidemocráticos, alejada de la construcción social que en su momento movilizó al movimiento urbano popular como respuesta al pasmo gubernamental federal y local ante las devastadoras consecuencias del terremoto de 1985”.

Es, agregan, “una visión apartada de la vocación democrática de las fuerzas políticas y sociales… que impulsaron la democratización de la jefatura de gobierno y por supuesto, lejos de los planteamientos ciudadanos, progresistas y feministas que se han construido y consolidado en las últimas dos décadas”.

Subrayan que las mujeres de la Ciudad de México como parte de los movimientos y organizaciones urbano -populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jovenas organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión, y en sus hogares, han sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión al plantear, con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para las mujeres hasta hace muy poco negados, los cuales deberán ser garantizados en la primera Constitución de la Ciudad de México.

Mencionan entre ellos “el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, reivindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas”.

Señalan que acompañarán sororalmente, desde una posición autónoma, independiente y crítica a las candidatas por cualquiera de las vías hacia la AC, ya sea por designación, vía partidos políticos o independientes “siempre y cuando cuenten con una visión feminista de género y tengan un compromiso claro, probado y público con los derechos humanos de todas las mujeres”.

Exigen como piso mínimo irrenunciable de cara al proceso constituyente el principio de progresividad en derechos conquistados -ni un paso atrás en la interrupción legal del embarazo, matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho a adoptar, por mencionar algunos -; ampliación de derechos en función de los desafíos de próximas generaciones e innovación en aquellas áreas en donde todavía no hay avances sustantivos, como el derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidado con base en el criterio de sostenibilidad de la vida; garantías de una ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

Asimismo prevención, atención y seguimiento que garantiza todas las mujeres una vida libre de violencias; garantía de una educación laica, gratuita, incluyente igualitaria en todo el sistema educativo de la CDMX. Educación sexual a todos los niveles eliminando estereotipos culturales discriminatorios; derecho a una vida digna a través de garantizar el trabajo decente y de calidad, vivienda digna y seguridad social universal, el apoderamiento económico de las mujeres.

Reclaman reconocimiento del respaldo económico; trabajo doméstico y de cuidados remunerado con reconocimiento de derechos laborales; salud integral que respete el derecho a ser informadas para decidir con libertad y autodeterminación de los cuerpos y vidas de las mujeres; a la voluntad anticipada, cuidados paliativos, no ser sometida a experimentos médicos y científicos sin conocimiento; garantizar la prevención y atención de las enfermedades típicas de las mujeres como el cáncer; atender con calidad los embarazos y partos para combatir la violencia obstétrica y en su caso sancionarla.

Además, mecanismos institucionales y ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas respecto al presupuesto etiquetado con perspectiva de género; presupuestos transversales etiquetados para hacer efectivos los derechos de las mujeres; creación del Observatorio Ciudadano de Mujeres como órgano de Contraloría social; justicia redistributiva que acorte la brecha de desigualdad entre la población; políticas públicas basadas en los principios de igualdad sustantiva.

También, garantía del derecho a un medio ambiente limpio y saludable y con una perspectiva metropolitana; la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a la auto adscripción y autoidentificación; paridad sustantiva horizontal y vertical con igualdad de oportunidades en la representación popular, órganos administrativos y jurisdiccionales, así como otros mecanismos de potenciación de las mujeres; derecho a la cultura y a la libertad de expresión; respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres; seguridad pública basada en un paradigma de seguridad ciudadana y combate frontal contra la corrupción entre otros.

En el documento informan que se acordó en la red LCCDMX dar continuidad en el seguimiento de armonización en la política pública, leyes reglamentarias y observación de su cumplimiento; conformar un equipo de observación; demandar un plebiscito o referéndum que legitime la constitución redactada y desplegar en territorio el trabajo deliberativo hacia una Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la ciudad de México; promoción de una ética y cultura feminista; avanzar en un diagnóstico participativo feminista regional y vincularse con diversos grupos y organizaciones de mujeres para el cumplimiento de su propósito central sobre la constitución y su seguimiento.

En la reunión participaron las candidatas a la AC,  Irma Lara postulada por Morena; Marcela Lagarde, Lol Kin Castañeda, Tohyanene Ledesma, candidatas por el PRD; Orfe Castillo y su suplente Elsa Conde, candidatas independientes, Gabriela Delgado y Gloria Careaga  candidatas externas de Movimiento Ciudadano entre otras, quienes se comprometieron a hacer suya y promover la adopción de la agenda feminista de llegar a ser electas como asambleístas para la redacción de la nueva Constitución de la ciudad de México.

 

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Disability Rights Internacional denunciará a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por torturas y violaciones contra discapacitados

Rosa Rojas

Una denuncia escalofriante de Disability Rights International (DRI) que trabaja por los derechos de personas con discapacidad intelectual, publicó el jueves 11 de mayo el sitio en internet www.animalpolítico.com, en la que esta organización no gubernamental internacional acusa que “tras 20 años de trabajo en el país, no ha visto avances para evitar que personas con discapacidad intelectual sean víctimas de tortura, violencia sexual y esterilización forzada”.
DRI anunció que ante la falta de avances y compromiso de parte del Estado mexicano, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar casos de abusos “atroces” y violaciones en contra de personas con discapacidad “que se cometen con el consentimiento de autoridades”.
Uno de los casos emblemáticos que menciona DRI es el de Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C., que alojaba a 37 personas con discapacidad intelectual y recibía recursos públicos tanto federales como locales. Se notificó a las autoridades de la capital mexicana sobre los abusos cometidos en ese lugar desde junio de 2014 y otra vez en mayo de 2015, cuando esa organización publicó el informe “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México”, pero no fue sino hasta el pasado 5 de mayo que el Gobierno de la Ciudad de México informó que esas personas fueron reubicadas en otros centros, tras la clausura, en abril, de las instalaciones de esa casa hogar.
DRI subrayó que “nadie está en prisión por los abusos cometidos y aunque les presentamos el caso, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni siquiera se asignó un expediente al caso”, lo que habla muy mal, además, del desempeño de esta comisión.
Entre los abusos denunciados están la esterilización forzada de mujeres internas como respuesta a los abusos sexuales de los que son víctimas, porque, argumentaron las autoridades mexicanas, “no podían protegerlas de abusos sexuales y era mejor evitar las consecuencias de esos abusos que seguramente podían ocurrir”.
También DRI denunció el uso de jaulas de un metro cuadrado para encerrar y “contener” a niños y adultos; la presencia de personas con las manos atadas detrás de la espalda para limitar su movimiento o grupos de 25 pacientes que permanecían todo el día en un espacio de 10 metros caminando en círculos.
Aún con la denuncia de todos esos abusos y violaciones, el Gobierno de la Ciudad de México, que se suponía tiene algunas de las políticas públicas más avanzadas del país en la atención de personas marginadas, en situación de abandono o discapacitadas, se tardó dos años en atender esa denuncia. Pero además la reubicación ocurrió en otras instituciones en las que también se priva de libertad a personas con discapacidad intelectual en contra de su voluntad, subrayó DRI.
Hay que mencionar que tanto en la capital mexicana como en otras ciudades del país se puede ver a personas con deficiencia mental en situación de calle, abandonadas, desnutridas, deambulando sin ninguna atención institucional.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en una comunidad como cualquier otro ciudadano. No hay forma de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad mientras las mantengan en el encierro involuntario. Eso es lo que ocurre en México y por eso acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, quien también refirió que recibieron amenazas e intimidación en la víspera de informar a la prensa sobre la posibilidad de llevar este problema ante la CIDH, por lo que cancelaron la conferencia de prensa que iban a dar y decidieron reunirse en forma privada con algunos periodistas.
En el informe antes citado, DRI explica que la justicia para las personas discapacitadas sometidas a las torturas y abusos denunciados, “requiere un cambio fundamental en el modelo institucional. El cambio es posible -las personas con discapacidad han demostrado en todo el mundo que pueden vivir vidas buenas y significativas al ser parte de la comunidad. El cambio comienza con el gobierno creando hogares y apoyos basados en la comunidad para las personas con discapacidad y poniendo fin a la tortura. La justicia depende de estas reformas- así como la reparación del daño a las víctimas y el enjuiciamiento de los perpetradores del abuso, la trata y la tortura de las personas con discapacidad”.
Asimismo, asevera que “la falta de servicios públicos en la Ciudad de México, o en cualquier parte del país, para atender en la comunidad a las personas con discapacidad, no tiene justificación debido a la enorme atención internacional que el tema ha recibido -incluyendo la denuncia por parte de autoridades de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.
DRI añade que tras la publicación de su informe en el año 2000, Derechos Humanos y Salud Mental: México (disponible en www.DRIadvocacy.org), el gobierno mexicano llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). “Al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad. Pero México no ha implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones” afirma. Nuevamente se evidencia el abismo entre el discurso de las autoridades y los hechos.

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