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Amilcingo obtuvo suspensión del gasoducto Morelos

Rosa Rojas

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.

Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.

Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”, advirtió el Frente.

Afirmó que la suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.  

Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.

Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso”.

El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores), castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México”.

“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó  el Frente.

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Afectará el medio ambiente que el último apantle de manantial de Cuernavaca está siendo tapiado, denuncia cronista morelense

Rosa Rojas

El último de los apantles (acequias) de uso público de Cuernavaca, Morelos, cuyas aguas provienen del manantial del parque Chapultepec, está siendo tapiado con lozas de concreto y varilla por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que pretende cegarlo en su totalidad, lo que afectará en forma irreparable al clima, al medio ambiente, a las aves e insectos que de él se nutren, denunció Eduardo Bello Ocampo, integrante de la Asociación de Cronistas de Cuernavaca.

Las aguas de ese apantle se utilizan también para el riego de cinco ejidos de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata.

Los trabajos para cegar el apantle (del nahua atl, agua, y pantli, hilera, fila), lo que acabará además con el único lugar gratuito para bañarse en agua de manantial que queda en la capital morelense, se iniciaron hace tres semanas, lo que generó una movilización de protesta por parte de vecinos que utilizan además las cristalinas aguas del manantial para abastecerse del vital líquido, e incluso una marcha –esta mañana- de los 205 niños de la escuela Primaria “Mártires de la Libertad por las diversas calles de la colonia Ampliación Chapultepec, para exigir a las autoridades que no tapen el canal.

Los niños, que son vecinos de la colonia y de algunas aledañas del municipio de Jiutepec, secundados por sus maestros y portando pancartas alusivas, expresaban a gritos su disgusto, y repudio por el cierre del propio canal. Las pancartas decían: “El agua es de todos, ni el propio gobierno puede quedársela”, “No nos tapen el canal, es patrimonio de la colonia”, “no al cierre del canal, no nos quiten nuestra infancia”, incluso algunos de ellos  comentaron que nadan todos los días en el canal, sobre todo en los días calurosos.

Al respecto, la directora de la escuela, Roberta Benítez, manifestó en entrevista que se decidió a efectuar la marcha a petición de los niños, pues varios de ellos se quejaron de que les estaban cerrando el canal: “le están poniendo tapas al apantle y ya no nos vamos a poder bañar ni respirar aire puro”, le comentaron, lo que fue manifestado también por algunas madres y padres de los niños.

“Están ahí las voces vivas de la naturaleza, el oxígeno que nos ayuda a regular el clima en el canal de Los Pinos. No se si está interviniendo algún partido o los ejidatarios, pero aquí todo es urbano, todo está construido y vendido, antes era del ejido de Chapultepec”.

Comentó la maestra que además con las losas de concreto están haciendo un mal trabajo porque algunas están separadas y alguien puede caer por ahí y sería muy difícil sacarlo. Asimismo apuntó que  deben retirarse esas losas porque en los días de asueto que llegan cientos de personas a bañarse y de día de campo alguien va a querer moverlas y podría suscitarse algún conflicto con quienes quieran evitarlo.

Bello Ocampo por su parte mencionó que el canal también se ha utilizado para bautizos por inmersión por practicantes creyentes de varias denominaciones, así que al tapiarlo también se clausurarían esas prácticas religiosas.

Subrayó que la lucha por el agua constituye hoy por hoy una de las contiendas más importantes, pues en nuestro país se observan en la actualidad una serie de medidas tendientes a la privatización del vital líquido -que ya escasea sobre todo en las colonias populares de Cuernavaca-.

“Otro problema complejo también, pero referido al Fraccionamiento Villas del lago, es la anómala situación que hizo cambiar la administración del pozo surtidor de agua para la colonia, antes administrado por los mismos colonos,  a la toma -¿concesión por obsequio?-del mismo por (el conjunto habitacional-comercial de lujo) Plaza Averanda, pues los vecinos de este fraccionamiento han recibido desde la pasada semana los recibos de cobro por parte de esa plaza comercial”.

Añadió que tanto en el caso del Canal de Chapultepec como en el Fraccionamiento Villas del Lago hay indignación de los vecinos pues ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno se ha servido informarles sobre las razones y justificaciones de las medidas adoptadas. Cuestionó si se está en vías de una privatización plena del agua de Cuernavaca, pues “aun y cuando se tratase de hechos aislados e inconexos, se pueden dar razones, no sólo especulaciones en este sentido”.

bdr

 

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Información sobre obras de dragado en San Dionisio del Mar, Oaxaca y no represión, exigen indígenas huaves

 

Rosa Rojas

Amenazas de muerte contra el responsable de la comisión de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM), Oaxaca, Alejandro López; amenazas de desalojo del palacio municipal de San Dionisio -tomado desde 2012 por los opositores al parque eólico que Mareña Renovables pretendía construir en ese pueblo- y la llegada de equipo de dragado sin que ninguna autoridad explique para qué, hacen temer a los integrantes de esta organización indígena huave que se pretenda revivir el citado proyecto que en 2014 se había “dado por muerto”.

Así lo informaron miembros de la APSDM -quienes pidieron reserva de sus nombres pues “se están tomando precauciones porque se presume que pudieran empezar a detener gente”- dados los sucesos de los últimos días, luego de que desconocidos quemaron parte del equipo de dragado que se detectó en Playa Copalito los primero días de julio, consistentes en tubos forrados de gran tamaño, vehículos con maquinaria pesada consistente en grúas, retroexcavadoras gigantes con oruga y una draga flotante, así como cinco camionetas blancas que andaban circulando por la comunidad.

Un comunicado de la APSDM señaló que se solicitó información respecto a ese equipo infructuosamente; el 6 julio se habló con el responsable de la maquinaria, un francés de nombre Jean Pearl, quien dijo desconocer el nombre del proyecto, el monto, la existencia del estudio de impacto ambiental para realizar el dragado;  al no obtener ninguna respuesta la organización manifestó su indignación por la forma de entrar sin aviso sin información y sin la autorización de la comunidad.

Agregó que se solicitó información a la autoridad municipal, Teresita Luis Ojeda, quien manifestó desconocer el proyecto por lo que se pidió al responsable de la empresa suspender la obra en tanto no se obtenga información al respecto “pero el empresario hizo caso omiso al requerimiento”.

Asimismo, que entre el 6 y 8 julio se solicitó información respecto a dicho proyecto a la presidenta municipal, al secretario general de gobierno, a los responsables de Fonden y Conapesca del Estado de Oaxaca y al no obtener respuesta se realizó una asamblea de pueblos el 11 julio con participación de los representantes de las Asambleas de Pueblos de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar, agencia municipal de Laguna Santa Cruz municipio de San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, Colectivo en Defensa del Territorio de Unión Hidalgo, APIITT, para evaluar esta situación luego de la cual se realizó una marcha hacia la playa Copalito.

La APSDM se deslindó expresamente de las acciones de violencia registradas “que tienen la clara intención de criminalizar” a la organización que actúa en defensa de su territorio y responsabilizó a la citada presidenta municipal y al gobernador del estado, Alejandro Murat, de cualquier represión que quieran emprender en contra de sus pueblos.

Agregó que el 12 julio, 15 camionetas de la policía preventiva pretendieron ingresar en los patios del palacio municipal ocupado actualmente por la resistencia al proyecto eólico mencionado, las cuales fueron rechazadas por la asamblea que se encuentra instalada de manera permanente, pero se vivieron momentos de tensión ante un posible enfrentamiento.

La organización exigió a la presidenta municipal de San Dionisio del mar que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos de los integrantes de la APSDM entre los cuales destacó el derecho a la seguridad e integridad personal de los miembros de la misma.

Los miembros de la APSDM entrevistados, aseveraron que el ex comisariado de San Dionisio del Mar, Genaro García López, “está aglutinando personas en su domicilio, la mayoría son del PRI, que están al frente de las cooperativas Playa Copalita y Playa Robles, ellos siempre estuvieron apoyando a los eólicos, los pescadores que estaban al frente, se convirtieron después en golpeadores de la empresa Mareña Renovables, y han enviado amenazas de muerte contra el compañero Alejandro López. Hace tres días que empezaron a llegar los mensajes a través de terceros, en contra de los comisionados de la asamblea ´si no dejan de estar chingando a la orilla del mar”.

Al señalárseles que se había anunciado la cancelación definitiva del proyecto de Mareña Renovables desde 2014 (http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc.), manifestaron que “ahora se entiende que pretende instalarse en Juchitán, pero sabemos que ellos pueden cambiar de piel en cualquier momento porque Mareña obtuvo la concesión por 50 años y pueden vender la concesión a otra empresa, esa es la sospecha que ahora tenemos”.

Explicaron que en la ciudad de Oaxaca se habla de que con recursos del Fonden se van a dragar 200 metros en la playa de San Dionisio y otro tanto en San Francisco, y que eso tiene que ver con la protección de las embarcaciones, pero eso “nos tiene preocupados porque en el proyecto eólico hicieron mención de embarcaderos para trasladar maquinaria y equipo hacia la barra y de la barra a San Dionisio, y nos preocupa que ninguna dependencia oficial ha hecho ninguna declaración. Hay maquinas que están paradas en Guamúchil, agencia principal de San Dionisio del Mar, y  empezaron a hacer el dragado, toda la semana estuvieron dragando  pero sigue la incógnita de cuál es el objetivo principal”.

Eso porque “la mayoría de los pescadores usan lanchas fuera de borda con motor de bajo calado y por lo tanto no necesitan profundidad para trabajar y la Laguna Superior tiene sus propias  covachas de protección naturales. Para las embarcaciones que se utilizan ahora no se necesita dragado, son lanchas muchas de 29 pies y motores fuera de borda de 40 a 50 caballos que no requieren mayor profundidad para trabajar, nadie explica cómo se llama el proyecto ni la inversión total, por eso hablan los compas diciendo que de repente quieren empezar con obras más pequeñas y luego empatar con una obra mayor. Eso es lo que nos preocupa” y por ello exigen que se detengan los trabajos de dragado en Guamúchil y se informe detalladamente al pueblo sobre la obra.

 

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“Traición a la patria” la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de “traición” contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que “mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos”.

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, “generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo”.

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se “maiceó” (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando “entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas “.

Con esos memorándums “las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo”, indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, “ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.

Detalló que tan sólo las empresas eólicas “instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio”.

Así, “ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…”por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, “den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México”.

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Vecinos de Tepoztlán, Morelos, mantendrán su plantón para que la SCT presente los permisos que dice tener para la ampliación de la autopista

 

davRosa Rojas

Vecinos de Tepoztlán que desde el pasado 20 de mayo han mantenido -día y noche- el plantón que bloquea el ingreso a ese pueblo mágico por el lado de la autopista esperan que esta semana se defina si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentará, como se le exige con esa movilización, en asamblea pública, los permisos oficiales y comunales que dice tener para la construcción de la ampliación de esa vía sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.

Dicho plantón lo realizan integrantes de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) en protesta por la ilegal tala de más de 300 árboles -un ecocidio- que una empresa pagada por la SCT llevó a cabo el 19 de mayo. Los vecinos informaron que unas 150 personas se reúnen cada tarde en el bloqueo y por la noche se mantiene una guardia de 15 a 20 personas.

Este 30 de mayo trascendió que había reunión de funcionarios de las dependencias federales y estatales en Palacio de Gobierno en Cuernavaca, donde se estaba discutiendo la situación de Tepoztlán. Se esperaba que de ahí salga la definición sobre el siguiente paso de las autoridades: diálogo o represión.

El FUDT recordó en un comunicado que el ecocidio cometido con la reanudación de los trabajos de la ampliación de la autopista es “ilegal y violatoria” de sus derechos porque las tierras donde se pretende hacer la ampliación son comunales y no existe permiso alguno de la Asamblea de Comuneros para permitir la obra.

“Es más, en la asamblea del 10 de marzo de 2013 se acordó instalar el Campamento El Caudillo del Sur en los linderos entre las tierras comunales y ejidales para vigilar y proteger el territorio. Sin embargo, el 23 de julio de ese mismo año, Graco Ramírez (gobernador del estado) ordenó el desalojo del Campamento por la policía estatal. Ése es un delito que se debería perseguir pero Graco Ramírez goza de la misma impunidad que la mayoría de los gobernadores en nuestro país. Exigimos que las autoridades federales frenen esta obra ilegal y abran una investigación en contra de Graco Ramírez por el desalojo del 23 de julio de 2013”.

Al realizarse las obras en la zona del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas, el FUDT exige que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) “hagan su trabajo y detengan inmediatamente las obras”, mismas que también violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Política Nacional de Cambio Climático

Subraya que además se viola también el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (POET) que también prohíbe las construcciones de ese tipo de obras, por lo que demandan que el presidente municipal, Lauro Salazar Garrido,  convoque a una reunión de emergencia del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (COET) y a todas las instancias involucradas: SCT, SEMARNAT, CONAMP, CONAFOR, Gobierno del Estado, Cabildo de Tepoztlán y cualquier otra instancia que sea necesaria, para exigir que se cancele la obra inmediatamente y se establezca un diálogo público y respetuoso con la sociedad.

Mientras esto no suceda continuará haciendo “las acciones de resistencia y desobediencia civil pacíficas que consideremos necesarias para que esta reunión se lleve a cabo” asevera el FUDT, al tiempo que agradece las múltiples muestras de apoyo recibidas de organizaciones de Morelos y nacionales, como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares, Morena Tepoztlán, entre otras.

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Fotos: Rosa Rojas

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Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

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Chimalapas: crisis por conflictos por tala e invasiones, desatendidos por gobiernos federal y oaxaqueño

Rosa Rojas

 

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Una crítica situación se vive en la región de Los Chimalapas, Oaxaca, limítrofe con el estado de Chiapas, donde comuneros zoques de las congregaciones de Benito Juárez y San Antonio, de San Miguel Chimalapa, mantienen retenidas a cinco personas y un helicóptero  oficial, exigiendo que se anulen los permisos de tala otorgados a los chiapanecos del poblado Rodulfo Figueroa, y por otra parte la congregación comunal -también chima– San Francisco La Paz, de Santa María Chimalapa,  anunció que esperarán “pacientemente” unos días a que los gobiernos federal y estatal cumplan la promesa de desalojar a los madereros, ganaderos y latifundistas chiapanecos que han re-invadido sus tierras, antes de emprender acciones directas como pueblo para rescatar su selva.

Hasta este jueves se mantenía la retención de Angel López Sánchez, presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario chiapaneco Rodulfo Figueroa, “que es a la vez cabecera del ilegal municipio chiapaneco Belisario Domínguez”, por estar asentado en territorio oaxaqueño según los comuneros chimas que el 29 de septiembre sorprendieron talando  árboles de pino en el paraje El Quebrachal al ejidatario chiapaneco.

Asimismo estaban retenidos desde el 1 de octubre el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esaú Trujillo Gómez; el cuestionado Presidente del Comisariado de Bienes comunales de San Miguel Chimalapa, José Medel Sánchez Cruz y su presidente del consejo de vigilancia, Rosalino Sánchez Martínez, así como los dos pilotos del helicóptero en el que estas personas arribaron a la zona tratando de que les entregaran a López Sánchez.

Por su parte la comisión de funcionarios del gobierno estatal, encabezada con Víctor Hugo Alejo, consejero jurídico del gobernador Gabino Cue, que busca negociar la entrega de los retenidos y el helicóptero, estaba concentrada el jueves  en la ciudad de Juchitán, exigiendo a las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, que les envíen el citado aparato para subir a dialogar con ellos. Sin embargo el coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, Miguel Angel García, informó vía telefónica que las asambleas comunales de las citadas congregaciones no aceptaron tal condición, “pues por experiencia saben que si entregan el helicóptero, luego los funcionarios menos van a subir, y en cambio, van a querer que sean los comuneros quienes bajen a la ´negociación´… y podrían detenerlos abajo, para tomarlos de rehenes e intercambiar retenidos… algo que ya ha ocurrido varias veces en la historia chimalapa”.

Los comuneros de San Antonio y Benito Juárez exigen para liberar a los retenidos una mesa de diálogo con Roberto Campa Ciprián, subdirector de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), para plantearle sus demandas que son la reinstalación inmediata de la mesa agraria-ambiental, encabezada por el gobierno federal, a través de la Segob, con participación de Semarnat, Profepa, PGR, Sedatu, Procuraduría agraria, Inegi y gobierno de Oaxaca; suspensión total y definitiva “de los ilegales permisos de explotación maderera expedidos por Semarnat desde 2005, en terrenos comunales Chimalapas y castigo a los talamontes con todo el rigor de la ley”.

Asimismo el cumplimiento estricto de los compromisos contenidos en el “Acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad de la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, firmado en la Segob el 22 de diciembre de 2011 y el “respeto irrestricto a la suspensión de plano, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 diciembre 2012, en el marco del juicio de controversia constitucional” entre ambas entidades federativas.

El conflicto entre los zoques chimas y los tzotziles chiapanecos -los ganaderos y latifundistas son mestizos- es de larga data. En un escrito en el que San Francisco La Paz le manifestó su apoyo total a sus hermanos de San Antonio y Benito Juárez, el mismo en el que indican que está esperando el desalojo del paraje La Reforma, los comuneros zoques recordaron que “durante más de 10 años (1982 -1994) fuimos agredidos y fueron violados nuestros derechos indígenas, incluyendo asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, desaparición de comuneros y violación de mujeres, por parte de pistoleros de la ilegal colonia San Isidro La Gringa, encabezada por el entonces gobernador chiapaneco y luego secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido”.

Afirman que “como pueblo nunca dejamos de luchar pacíficamente hasta lograr en septiembre de 1994, la recuperación de 40 mil hectáreas de territorio comunal invadido por ganaderos y narcos de San Isidro La Gringa, contando entonces con el decidido apoyo de los entonces comisariado de nuestra cabecera, Santa María Chimalapas, Zeferino López Mendoza y de nuestros hermanos de la cabecera de San Miguel Chimalapa, comisariado Marbel Reyes así como de un buen número de comunidades y comuneros de todo Chimalapas tanto de Santa María, así como de San Miguel, con quienes entonces hicimos un frente común de defensa del territorio, y contando también con el decidido apoyo del Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas y de la diócesis de Tehuantepec, encabezada entonces por el obispo Arturo Lona Reyes”.

Subrayan que “siempre, los tres niveles de gobierno: el municipal el oaxaqueño y el federal, no hacen caso de las justas denuncias y demandas de nuestros pueblos Chimalapas y que, lamentablemente, nos forzan como pueblos a tener que actuar directamente para lograr la atención de nuestros problemas agrarios y de impune invasión del gobierno chiapaneco, con madereros, ganaderos y latifundistas que saquean y devastan nuestra selva”.

Campa sin embargo se reunió el miércoles 5 de octubre con autoridades estatales, agrarias y municipales de la zona -no con los comuneros de San Antonio y Benito Juárez que han impugnado a esas autoridades- con las que discutió “una estrategia para lograr un plan que permita frenar las invasiones del territorio y detener la tala inmoderada de madera, además de reforzar los patrullajes en la zona”, según informó el sitio fotosnoticias.com.

El funcionario dijo también que se ha atendido a la comunidad de los Chimalapas, tanto a sus autoridades municipales como agrarias, y los hemos sentando a dialogar junto con los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para resolver el conflicto de límites territoriales” y se acordó con la fuerza federal realizar operativos en la zona en conflicto “para detener a los grupos de ejidatarios y colonos que han invadido el territorio de Oaxaca de forma indebida, aplicándose acciones de desalojo para recuperar los predios” y que el estado mexicano está exigiendo a los jueces aplicar “sanciones ejemplares” a los responsables de las invasiones y las talas ilegales de madera en la zona en litigio.

Aseguró además Campa que el conflicto por la indefinición del territorio está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hay avances “significativos” y por ello se ha solicitado en particular al gobierno del estado de Chiapas evitar las invasiones, “creo que ya lo han entendido y han colaborado para frenar tales acciones”, consignó la agencia informativa.

Por su parte http://www.istmopress.com.mx, informó que en Juchitán, Rodrigo Velásquez García, Subsecretario de operación regional de la Secretaría General de Gobierno (Segego) explicó que su intención es dialogar con los comuneros, “sabemos que están muy molestos y lo entendemos, es una lucha de muchos años, sin embargo también queremos que nos entreguen al presunto talamonte de nombre Abel López Sánchez y quién dice ser comisariado de bienes ejidales de Rodulfo Figueroa, una comunidad que se fundó en territorio zoque por el gobierno de Chiapas, él tendrá que pagar si es culpable ante la Fiscalía General de Oaxaca”.

Dijo también que el gobierno de Oaxaca está a la espera de la resolución que pueda emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Sabemos que el gobierno de Chiapas ha desatendido la resolución presidencial del año 1994 en donde le fueron devueltas a Chimalapa 44 mil 900 hectáreas de las cuales se creó el pueblo de Rodulfo Figueroa hace apenas unos años, el conflicto sigue fuerte, sigue vivo, nosotros entendemos la molestia de los comuneros, quienes han visto como su terruño está acabándose por supuestos talamontes no solo de Chiapas, sino de Veracruz, Michoacán y otros estados de la república”.

 

 

 

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