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Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

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Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

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