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Vecinos de Tepoztlán, Morelos, mantendrán su plantón para que la SCT presente los permisos que dice tener para la ampliación de la autopista

 

davRosa Rojas

Vecinos de Tepoztlán que desde el pasado 20 de mayo han mantenido -día y noche- el plantón que bloquea el ingreso a ese pueblo mágico por el lado de la autopista esperan que esta semana se defina si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentará, como se le exige con esa movilización, en asamblea pública, los permisos oficiales y comunales que dice tener para la construcción de la ampliación de esa vía sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.

Dicho plantón lo realizan integrantes de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) en protesta por la ilegal tala de más de 300 árboles -un ecocidio- que una empresa pagada por la SCT llevó a cabo el 19 de mayo. Los vecinos informaron que unas 150 personas se reúnen cada tarde en el bloqueo y por la noche se mantiene una guardia de 15 a 20 personas.

Este 30 de mayo trascendió que había reunión de funcionarios de las dependencias federales y estatales en Palacio de Gobierno en Cuernavaca, donde se estaba discutiendo la situación de Tepoztlán. Se esperaba que de ahí salga la definición sobre el siguiente paso de las autoridades: diálogo o represión.

El FUDT recordó en un comunicado que el ecocidio cometido con la reanudación de los trabajos de la ampliación de la autopista es “ilegal y violatoria” de sus derechos porque las tierras donde se pretende hacer la ampliación son comunales y no existe permiso alguno de la Asamblea de Comuneros para permitir la obra.

“Es más, en la asamblea del 10 de marzo de 2013 se acordó instalar el Campamento El Caudillo del Sur en los linderos entre las tierras comunales y ejidales para vigilar y proteger el territorio. Sin embargo, el 23 de julio de ese mismo año, Graco Ramírez (gobernador del estado) ordenó el desalojo del Campamento por la policía estatal. Ése es un delito que se debería perseguir pero Graco Ramírez goza de la misma impunidad que la mayoría de los gobernadores en nuestro país. Exigimos que las autoridades federales frenen esta obra ilegal y abran una investigación en contra de Graco Ramírez por el desalojo del 23 de julio de 2013”.

Al realizarse las obras en la zona del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas, el FUDT exige que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) “hagan su trabajo y detengan inmediatamente las obras”, mismas que también violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Política Nacional de Cambio Climático

Subraya que además se viola también el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (POET) que también prohíbe las construcciones de ese tipo de obras, por lo que demandan que el presidente municipal, Lauro Salazar Garrido,  convoque a una reunión de emergencia del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (COET) y a todas las instancias involucradas: SCT, SEMARNAT, CONAMP, CONAFOR, Gobierno del Estado, Cabildo de Tepoztlán y cualquier otra instancia que sea necesaria, para exigir que se cancele la obra inmediatamente y se establezca un diálogo público y respetuoso con la sociedad.

Mientras esto no suceda continuará haciendo “las acciones de resistencia y desobediencia civil pacíficas que consideremos necesarias para que esta reunión se lleve a cabo” asevera el FUDT, al tiempo que agradece las múltiples muestras de apoyo recibidas de organizaciones de Morelos y nacionales, como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares, Morena Tepoztlán, entre otras.

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Fotos: Rosa Rojas

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Demandan comunicadores una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos

protestaperiodistas16may17Rosa Rojas

La emisión de una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos y una reunión urgente con el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, para evaluar las circunstancias de defensa y protección de los periodistas en la entidad, demandaron una cincuentena de reporteros y reporteras de medios locales y nacionales luego de una asamblea en la que constituyeron  el Foro de Periodistas del Estado de Morelos.

En la misma acordaron también renovar la representación del gremio ante el Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas del Estado de Morelos (MEPPEM). Desde el 20 de enero de 2016 las y los periodistas anunciaron que suspendían su participación en esa instancia “por considerar que no existen las condiciones necesarias para su operación”, señalando incluso que “el gobierno del estado no solo no coopera para el buen funcionamiento del mecanismo, sino que es el principal agresor de los trabajadores de la información”.

En la asamblea efectuada este 23 de mayo, se acordó también solicitar respuesta al planteamiento realizado por un grupo de periodistas “sobre la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.

Los integrantes de la representación periodística ante el MEPPEM -electos por unanimidad- son, como propietarios: Jaime Luis Brito Vázquez, María Esther Martínez , Leticia Villaseñor, Pedro Tonatzin Sánchez Segura, Victor Manuel Carrillo Ocaranza y como suplentes: Héctor Raúl González, Luis Roberto Rodríguez, Edgar Arroyo, Clara Meza, y Yesenia Daniel.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH Morelos), Jorge Arturo Olivares Brito, anunció su salida del MEPPEM “luego de que un grupo de periodistas le solicitó abandonara el organismo”, informó el diario Avance de Morelos el pasado 22 de mayo.

Olivares Brito advirtió que dejaría de participar en esa instancia “mientras no existan las condiciones de diálogo y acuerdos que permitan la inclusión del gremio periodístico en total búsqueda de un trabajo que permita la investigación y sanción de cualquier ataque a la expresión libre, tomando en cuenta a las principales víctimas que son precisamente las y los reporteros, periodistas y comunicadores, cuya representación se encuentra ausente en un mecanismo que se debe a ellos, sus derechos y su dignidad”.

Agregó que la CDH Morelos ha manifestado en reiteradas ocasiones “su extrañamiento ante la idea de trabajar un mecanismo de protección a periodistas, sin periodistas, pues desde hace tiempo el gremio decidió retirarse de la estructura ante la falta de certeza en protocolos de actuación y otros aspectos bien conocidos”.

Del año 2010 a la fecha la comisión ha investigado al menos 17 casos graves de ataques a la libertad de expresión, sobre todo al gremio periodístico. Se han emitido 4 recomendaciones, además de estar en proceso de integración 6 más; por ello, la CDH Morelos forma parte del mecanismo de protección, indicó Olivares Brito.

 

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Periodistas de Morelos exigen a Graco Ramírez cesar a funcionario que amenazó y descalificó el trabajo periodístico

protestajavier valdez-rosa16may17Rosa Rojas

Agresiones “sistemáticas” a periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales por parte del coordinador de asesores del gobierno estatal, Gustavo Martínez, denunciaron 32 comunicadores/as de Morelos al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, en una carta en la que le plantean que el citado funcionario “cínica y abiertamente usa las redes sociales para amenazar, denostar, demeritar, humillar, intimidar y descalificar el trabajo periodístico”, por lo que exigen su cese inmediato “pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
En la misiva, publicada en el diario El Regional del Sur, las y los periodistas le manifiestan a Ramírez Garrido Abreu, que no puede pasarse por alto “y mucho menos encubrirse al amparo del gobierno de Morelos” dicha situación. “Por diversas vías hemos denunciado cómo este servidor público usa el cargo para agredir a los periodistas morelenses” indican.
Subrayan que en el recuento de la administración actual “ningún servidor público de cualquier nivel e institución implicada en agresiones contra periodistas ha sido sometido a los procesos administrativos y penales correspondientes y mucho menos sancionado”.
“La permisibilidad otorgada a su coordinador de asesores, Gustavo Martínez, es una muestra pública muy clara de que no hay voluntad de prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las y los periodistas”, le indican al gobernador de Morelos y le cuestionan si “acaso espera su gobierno que un funcionario como Gustavo Martínez pase de la ofensa y la amenaza a la agresión física o la privación de la vida de alguno de nosotros”.
La tolerancia de estas actitudes -añaden -“deja una línea muy delgada entre ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información y perder la vida en defensa de estas garantías constitucionales”.
Por ello, afirman, “consideramos que Gustavo Martínez ha cometido actos graves contra las y los compañeros periodistas, y ha obstaculizado el ejercicio de la libre expresión. Ante las evidencias públicas y que usted mismo puede consultar en las redes sociales, es que exigimos el cese inmediato de ese funcionario, pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
“Esperamos su pronta respuesta, y que esto quede como otro de los antecedentes, que por supuesto documentaremos ante las organizaciones nacionales e internacionales”, finaliza la carta de las y los periodistas.
El documento se puede consultar en: http://elregional.com.mx/Fotos/?id=9508
En su sitio de Facebook, el funcionario en cuestión publicó el pasado 18 de mayo lo siguiente:
 Ofrezco una disculpa pública a los comunicadores y comunicadoras que se hayan sentido ofendidos, vituperados o amenazados por opiniones vertidas por mí en este medio con respecto de su trabajo. Tengo la firme convicción de que el periodismo crítico es un factor fundamental en la consolidación de la democracia y sostengo que la labor comunicativa también debe pasar por la evaluación de la ciudadanía. No obstante, para evitar que mi postura personal se confunda con la función pública que desempeño, ni con la opinión de gobierno, me abstendré de postear comentario alguno en ese tema.

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En Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” denuncian durante la protesta por el asesinato de Javier Valdez

protestaperiodistas16may17protestaperiodistas216may17

Rosa Rojas

En el estado de Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” clamaba una de las pancartas que portaba una treintena de periodistas -reporteros/as, fotógrafos/as, camarógrafos/as- que realizaron una protesta frente al palacio de gobierno estatal por el asesinato, este 15 mayo, de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada en Culiacán, Sinaloa.

A las exigencias de ¡justicia!, a las exclamaciones de ¡basta de impunidad!, ¡no nos van a callar!¡no se mata la verdad matando a periodistas! se sumó la denuncia de periodistas de medios de la entidad que en voz de Pedro Tonatzin, corresponsal del diario Excélsior, aseveraron que en Morelos el mecanismo de protección a los periodistas no está operando, pese a lo que diga el gobierno, porque seis reporteros que formaban parte del mismo dejaron de participar en él desde enero de 2016 ante la actitud de las autoridades contra la prensa.

Tonatzin informó que seis periodistas morelenses fueron a finales de abril a solicitar protección al mecanismo de la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), donde los colocaron en un “análisis de riesgos y al caso más urgente le dieron un botón de pánico y los otros casos se están analizando. Nosotros hemos tenido que hacer nuestros propios mecanismos de riesgo para evacuar a los compañeros de zonas de riesgo cuando son amenazados” comentó.

“No estamos participando en este mecanismo -afirmó- porque no hay las condiciones para que estemos presentes, seis periodistas han sido amenazados y a uno ya se le entregó el botón de seguridad, luego de que el gobernador fuera interpelado por uno de nuestros compañeros para decirle que hace dos años no se dirige la prensa y no responde una sola pregunta y de inmediato se dieron amenazas, de forma muy concreta se está documentando cómo a través de las redes sociales, el jefe de asesores del gobierno del Estado, Gustavo Martínez, es el encargado de hacer denostaciones, amenazar y hacer señalamientos en contra de varios compañeros”

Agregó que otro de los asuntos “es que se está solicitando la intervención de la policía cibernética para que investigue los ataques de que están siendo objetos los compañeros que están haciendo un esfuerzo independiente, varios portales han sido bajados cuando se difunde alguna información incómoda para el gobierno del estado y estamos pidiendo que se intervenga por parte de la policía Federal porque esos ataques solamente pueden ser registrados en estados antidemocráticos como Venezuela, como los países del Medio Oriente, no es posible que con … el dinero de los impuestos de los mexicanos estén pagando empresas que están haciendo esta labor precisamente para tirar los portales. Éstos ciberataques documentados se tiene que investigar quién es el responsable, de donde está saliendo el dinero para financiar a estas empresas que se están encargando de detener esta información que fluye hacia los ciudadanos en esta entidad”.

Subrayó que se está pidiendo a las autoridades que intervengan para “que no se registren en Morelos zonas de excepción, zonas de silencio como es el caso de Puente de Ixtla y Amacuzac, donde no es posible realizar una labor periodística sin recibir amenazas y también de la zona oriente de Morelos donde tampoco fluye la información; hay una tarea sistemática una política sistemática de los encargados de la función estatal de seguridad pública, de Alberto Capella Ibarra (Comisionado Estatal de Seguridad Pública), para impedir la labor de los medios; entendemos que proteger las escenas del crimen es importante pero la forma en que se aplican los protocolos es para impedir que los medios registren la violencia que se da en la entidad prácticamente de manera cotidiana”.

Posteriormente, en entrevista, afirmó que los periodistas morelenses “han sido tan claros como para solicitar a la Secretaría de Gobernación que nos investigue, que investigue nuestros ingresos, la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, nuestra forma de vida, para que quede claro, nosotros no nos vamos a callar, no nos vamos a paralizar por miedo pero sí queremos que cuando pasa algo lo primero que se dice de un periodista es ´andaba con una mujer, por eso lo mataron, por infiel´, ´Ah es que estaba coludido con la delincuencia organizada´, para eliminar todo ese tipo de situaciones hemos pedido quienes cubrimos noticias de riesgo, seamos investigados, que se sepa quiénes somos, y la forma en que se realiza el trabajo para que el día de mañana no haya ningún tipo de excusa para decir que lo que nos pasó o lo que nos pueda pasar tiene que ver con algo ilícito, algo ilegal o algo irregular que hayamos cometido en nuestro desempeño”.

Agregó que el citado Capella, ha implantado protocolos que dificultan el trabajo de los periodistas. “Hay una política sistemática de inhibir la presencia de los periodistas en las zonas de riesgo, en las escenas del crimen, hay un protocolo que evidentemente nos limita a no ingresar y lo entendemos, pero no es lo mismo que se ponga un cordón de seguridad a 50 metros a que se ponga seguridad a 2 kilómetros, eso para nosotros implica que se está impidiendo la labor de los medios, es decir que se nos está impidiendo documentar qué es lo que pasa en las escenas del crimen”.

Puntualizó: “lo decimos porque en un caso muy concreto, una balacera que se registró en la colonia Papayos (el pasado 13 de enero), en lo que se conoce como la colonia Montessori en Ahuatepec, logramos tomar una fotografía donde se documenta la detención de 10 sicarios que posteriormente al llegar a la PGR ya no son 10, son seis, y que después resulta que entre ellos iba un líder de uno de los cárteles de la sierra de Guerrero que son los mayores productores de amapola en el país y es dejado en libertad, ni siquiera llega a la PGR… entonces para nosotros es importante, ya que tomamos el riesgo de salir, que se nos permita documentar lo que ocurre en las escenas del crimen y no que se haga esta política sistemática de impedirnos documentar lo que ocurre en las calles”.

Durante la protesta de las y los periodistas por el asesinato del colega Javier Valdez, se leyeron fragmentos de sus declaraciones, que reflejan la conciencia del peligro que corría por su labor profesional, hechas en entrevistas o durante la presentación de algunos de sus varios libros sobre la violencia y el accionar del narcotráfico en Sinaloa, y se recordó que las amenazas y asesinatos contra periodistas se agudizaron con la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón y ha continuado  durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con lo que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 126 periodistas en el país, de los cuales 61 de 2011 a la fecha y de ellos seis en lo que va de este año.

Fotos: Rosa Rojas

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El Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denuncia que se prepara una orden de aprehensión en su contra

 Foto Foto: La Jornada

Rosa Rojas

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, aseveró hoy que se está preparando una orden de aprehensión en su contra que promovería la Fiscalía Anticorrupción acusándolo de malversar mil 800 millones de pesos del presupuesto universitario durante 2014.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Segunda Feria del Libro UAEM “Sembrando futuro”, que se realiza en el campus principal de la institución en la ciudad de Cuernavaca,  indicó que la presunta orden de aprehensión se derivaría de que “justo cuando estábamos en la exhumación de los cuerpos de Tetelcingo (a mediados de 2016 labores en las que la institución apoyó a familiares de desaparecidos para la exhumación de cadáveres de una fosa clandestina gubernamental N. de la R.) coordinaron de manera facciosa una auditoría donde no me dieron a conocer las observaciones de la misma, y me llamaron a una audiencia de solventación sin que conociera yo de las observaciones”.

Añadió que se le está queriendo aplicar  “una ley como servidor público que no me aplica, donde me quieren aplicar una ley de deuda pública que tampoco me aplica, y donde no han podido demostrar ningún faltante, ningún desvío de recursos en donde yo haya malversado los fondos de la Universidad con fines de un enriquecimiento ilícito; todo indica que es algo que está orquestado; seguramente en su momento estaremos ya dando nosotros los pormenores de estas actuaciones facciosas”.

Cuestionado sobre cómo cree que se podría concretar esa orden de aprehensión, Vera Jiménez comentó que podría ser como “lo que hicieron con el alcalde de Cuautla, llevarme ante una audiencia de un juez de consigna que me va a declarar la prisión preventiva, no porque me condene sino porque me están imputando mil 800 millones de pesos; quiere decir que me robé más del presupuesto de la Universidad y los trabajadores están tranquilos porque no les pague su salario” durante todo ese año.

Esa acusación es “un absurdo, nuestro presupuesto no llega a mil 800 millones de pesos y me imponen mil 800 millones de pesos, lo cual habla, además de la torpeza, así como no saben contar muertos, porque está claro, decían que en las fosas de Jojutla habían 35 (cadáveres) y ya van 60 y pico, restos humanos de cuerpos diferentes y sigue habiendo más, pues tampoco saben contar pesos y centavos porque siempre les sobran a su favor”.

Se le preguntó si solicitará amparo contra esa presunta orden de aprehensión y contestó que él está siguiendo una estrategia de defensa legal y utilizaría ese recurso si sus abogados lo recomiendan “pero cuando se corrompe todo en un estado, ya no tenemos garantías de contar realmente con un derecho que nos asista ¿no? Entonces estamos buscando la manera de enfrentar y de que este asunto realmente lo atraiga la Federación y que la Federación, así como se llevó lo de Sedesol (un caso donde hubo también acusación de malos manejos ) donde se llevó a la PGR  y entregamos la información, nosotros solventamos todo lo que teníamos que solventar y no se ha determinado ninguna orden de aprehensión en mi contra”.

Respecto a la situación de violencia e inseguridad que ha repuntado, a pregunta expresa sobre si considera viable que el ejército intervenga para combatirlas, el Rector de la UAEM comentó que “sí tenemos que articularnos con la Federación, sí tenemos que buscar el apoyo por parte de la Federación pero no del ejército”.

Durante la inauguración  de la Segunda Feria del Libro UAEM el escritor Paco Ignacio Taibo II dio una charla sobre cómo la lectura influenció su vida desde la infancia. En la feria participan más de 50 editoriales y se llevarán a cabo una treintena de presentaciones de libros, talleres y actividades culturales y musicales, tanto en el campus norte como en el Museo de Arte Indígena y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En éstos últimos se realizarán los días 29 y 30 de este mes actividades con motivo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil “lectores del Futuro” de la UAEM.

 

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Peritos de la Fiscalía de Morelos carecen de equipo básico para investigar la creciente violencia: Asociación de Ayuda a Víctimas

 

Rosa Rojas

Es alarmante que ante la creciente violencia que se vive en el estado de Morelos, donde además continúan las desapariciones de mujeres, el área de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de los recursos necesarios para realizar la investigación y el levantamiento de pruebas en los lugares donde se cometen los delitos, contaminando la escena del crimen, lo que puede llevar a que se incremente la impunidad advirtieron integrantes de la Asociación de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables.

Eduardo Sánchez Lazo y Abimelec Morales Quiroz, miembros de dicha organización, que son también integrantes de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recordaron que la fundación Digna Ochoa de Morelos, reporta que en el presente gobierno de Graco Ramírez -que cumple cuatro años- han desaparecido 166 mujeres de las cuales solamente 43 han regresado con vida.

Se desconoce el paradero de 123 mujeres desaparecidas entre enero de 2013 a enero de 2017; la situación más difícil para la población es que la Fiscalía General del Estado mantiene la teoría de no investigar estas desapariciones ante la probabilidad de “que se hayan ido con el novio”, lo que afirmaron, no es permisible para una fiscalía ya que “independientemente de los motivos que pueden originar estas desapariciones, deben investigarse y resolverse a la brevedad para tranquilidad de las personas”. Cuestionaron “¿Acaso no existe la intención de saber su paradero? ¿Estarán en la fosa de Jojutla o en las cámaras frigoríficas” de la fiscalía? Reclamando que dicha dependencia debe transparentar todas las carpetas de investigación de esos casos.

Respecto a la falta de los recursos con que deben contar los peritos de la FGE, señalaron que el pasado 6 febrero 2017 (cuando una familia en el municipio de Temixco fue atacada por individuos encapuchados que les dispararon, asesinando a dos hombres y una bebé de ocho meses de edad y resultando otros dos personas heridas), se pudo observar cómo los peritos de la FGE manipulaban la escena sin guantes, sin los overoles especiales para ello y botas desechables para evitar contaminar la escena.

Informaron que investigaron por qué se intervino de esa manera tan errónea en ese caso de gran impacto social y se les informó que actualmente esa área se encuentra con muchas carencias: a los peritos les proporcionan sólo entre tres y cinco pares de guantes para  una guardia y un overol, no les dan material para rastreo y levantamiento de huellas dactilares; no tienen tóner para imprimir sus informes y se les limita la gasolina. Incluso comentaron que a veces los mismos peritos deben adquirir el material con sus propios recursos para poder entregar sus informes.

Aseguraron que el discurso del fiscal general del Estado no es congruente ya que es “absurdo gritar a los cuatro vientos que se invertirán millones de pesos en tecnología para el área pericial y que cuentan con acreditación del programa internacional de asistencia y entrenamiento en investigación criminal (ICITAP por sus siglas en inglés) cuando lo mínimo indispensable no lo subsanan”.

Reclamaron que debe incrementarse por lo menos al triple el número de peritos de la fiscalía además de otorgarles todo el material necesario para que se haga una investigación profesional de los hechos delictivos que se cometen en la entidad.

 

 

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Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por “omisión, negligencia y simulación” del Estado: CIDHM

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De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido “omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio”.

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que “la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios”.

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, “pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad”.  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

“Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida”.

Concluye afirmando “de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas”.

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida “por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos”.

 

 

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