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Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

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Zocalo CDMX tomado

Rosa Rojas

El zócalo de la Ciudad de México está tomado, no por los y las maestras, a quienes no han dejado entrar a base de represión, sino por quienes verdaderamente mandan en este país. Ahí van a estar hasta el 5 de agosto en gigantesco plantón que ocupa toda la plancha de cemento.zocalo tomado

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El gobierno requirió 10 víctimas masacradas en Nochixtlán para iniciar un diálogo sobre su reforma educativa; un mitin de empresarios bastó para que EPN vetara Ley Anticorrupción

Rosa Rojas

En el altar de la intransigencia corrió la sangre, se privó de la vida a diez personas en Nochixtlán, Oaxaca, este domingo 19 de junio, para que finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) accediera a iniciar un diálogo, “en el marco de la ley” con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el conflicto nacido de la imposición a rajatabla de una “reforma educativa” que no es tal, sino una reforma laboral, dizque para evaluar a los maestros y maestras del país.

Diez muertos, tres años de movilizaciones para iniciar recién un diálogo. Los empresarios consiguieron en menos de un mes, con un mitin en el Angel de la Independencia, que EPN vetara unos artículos de la Ley Anticorrupción que “los afectaban”. Todavía hay clases sociales en este paisito.

Desde el lado de la sociedad se repitió hasta el cansancio que una reforma educativa requería de la participación, el consenso, las aportaciones de maestras y maestros, padres y madres de familia, académicos, investigadores… nada valió. El gobierno empezó a hacer evaluaciones absurdas de hasta ocho y más horas de duración, a despedir maestros… el conflicto escaló y llegó a los paros, los bloqueos, las marchas, los plantones, la violación de derechos de movilización, de libertad de expresión, a la represión pura y dura; hasta la saciedad el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, repitió que no habría diálogo si no había previamente una aceptación por parte de la CNTE de su reforma educativa, es decir, habría diálogo sólo si previamente había una rendición incondicional por parte de las y los maestros.

Ahora Nuño ha quedado al margen del mismo porque, dijo, “el diálogo es político, no educativo”. En el colmo del absurdo pretende que no se hable en ese diálogo de la reforma educativa que detonó este conflicto.

Nuño declaró, diez muertos después, que ahora es “momento de apertura, compromiso y tolerancia. Es momento, particularmente en Oaxaca, para que todos pongamos de nuestra parte para distender y poner fin a la violencia”. Una violencia que los gobiernos federal y estatal se han encargado de repetir que ellos no provocaron porque sus policías iban desarmados, pese a las fotografías y filmaciones que prueban lo contrario y ante cuya evidencia acabaron reconociendo que los policías, que dizque iban desarmados, acabaron sacando las armas pero sólo porque fueron atacados por un “grupo radicalizado”.

Las comparsas del gobierno en los medios de comunicación se han encargado de decir que son siete esos grupos “radicalizados” y repiten sus nombres, enumeran a quienes son sus líderes y reproducen la ficha que seguramente salió de los archivos de los sótanos del sistema sobre las presuntas acciones de esos grupos, de los que no dicen directamente que son guerrilleros pero eso queda en el contexto. La CNTE, dicen algunos comentaristas de medios, recibe “apoyo armado”. Hechos y discursos paralelos al diálogo que nos remontan a 1968, a la aparición de los halcones de 1971 y presagia una cacería de brujas contra las organizaciones populares, estatales y nacionales, que se han mencionado en esas publicaciones.

En el diálogo en la Secretaría de Gobernación con la dirigencia de la CNTE que no está en la cárcel, los ejes serían derechos humanos, distensión del conflicto y justicia y será facilitado por una Comisión Nacional de Intermediación formada a propuesta de la CNTE por personalidades independientes.

Ya el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había calificado la masacre de Nochixtlán de situación “grave y extraordinaria, que deberá investigarse de forma exhaustiva, puntual y transparente” para aclarar si fue adecuado el uso de armas por los elementos estatales y federales que participaron en el desalojo de las vías de comunicación, quién dio la orden de disparar, si se siguieron los protocolos señalados para el uso de la fuerza y si la población civil también tenía armas de fuego. Y durante la primera sesión del mismo ofreció ser “conducto” para que los maestros fijen su postura ante el poder Legislativo y !la Secretaría de Educación Pública¡ ya ni la burla perdona el funcionario.

El lunes 27 será la segunda sesión del diálogo en la SEGOB. Ya en la numerosa marcha del viernes 24 en la Ciudad de México los maestros y organizaciones sociales que los apoyan demandaban la renuncia de Nuño, cese a la represión y, como desde hace tres años, anulación de la mal llamada “reforma educativa”.

El contexto nacional en el que se da este diálogo –además de las diez vidas segadas y un centenar de heridos- es el que claramente remarcó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien aseguró que “en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”.

Según nota de La Jornada, el experto señaló que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida; los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son “insuficientes e ineficaces”.

En un informe de seguimiento de las recomendaciones que dejó tras su misión en el país en 2013, el experto aseveró que no ha habido avance alguno en las recomendaciones pasadas, por lo que lamentó la postura del gobierno mexicano y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la policía, llamando a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, así como a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

En lo internacional se tiene clara la crisis de derechos humanos que vive México, agravada por el conflicto por la imposición, literalmente ahora a sangre y fuego, de una reforma educativa que no es tal. Por ello ha habido en muchas ciudades de Francia, España, Alemania, Ecuador, Argentina y Brasil plantones y vigilias para repudiar la violencia en México, repudio que se multiplica en cientos, en miles de mensajes que circulan en las redes sociales demandando solución, no más represión, al conflicto magisterial.

 

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La Constitución de la Ciudad de México deberá ser sometida a referéndum o carecerá de legitimidad: Las Constituyentes CDMX

Rosa Rojas

El proceso Constituyente de la Ciudad de México, resultado de la Reforma Política aprobada el pasado 26 de enero de este año, se distingue por ser  “antidemocrático” y adolece de “un grave déficit de legitimidad” ya que está “diseñado para que la derecha se  apropie de espacios que la ciudadanía no le otorgó” afirma el grupo feminista Las Constituyentes CDMX quienes exigen que la Constitución que salga de ese proceso deberá ser sometida a referéndum de las y los ciudadanos capitalinos, a fin de garantizar una constitución democrática, ciudadana, incluyente y popular.

En un documento dirigido al Jefe de Gobierno de la CDMX, al Consejo Redactor de la Constitución y a la Asamblea Constituyente (una vez instalada), reforzado por la apertura de una petición vía internet: https://www.change.org/p/jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-la-constituci%C3%B3n-cdmx-debe-ser-sometida-a-refer%C3%A9ndum?recruiter=10684695&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink que el cual convocan a la ciudadanía para que la firme, argumentan que  la votación del pasado 5 de junio se destacó por el alto abstencionismo (71 por ciento) “signo de apatía y hartazgo de las y los ciudadanos frente al sistema político”.

Asimismo, que a la ciudadanía solo se le permitió elegir a través del voto a 60 de los 100 asambleístas que conformarían la Asamblea Constituyente por lo cual “quienes no obtuvieron el mayor número de votos (PRI, PAN, PANAL, PV y aliados) son mayoría en la Asamblea Constituyente por los 40 que designaron de forma directa y no consultada el Gobierno Federal (Peña Nieto), el Jefe de Gobierno (Mancera) y el Congreso”.

Señalan que las y los representantes independientes no contaron con las mismas condiciones de participación, “siendo la partidocracia quienes secuestraron en su totalidad el proceso electoral, político, jurídico y ahora constitucional”.

Subrayan que aunque el Consejo redactor de la Constitución designando por el jefe de gobierno, “se conformó por personas notables en distintos ámbitos no provienen de ningún proceso democrático”. 

Advierten además que la elección se llevó a cabo bajo la vía de representación proporcional, haciendo de toda la ciudad una sola circunscripción “lo que no garantiza la representación de todos los territorios de las 16 delegaciones en la conformación de la Asamblea Constituyente (más de cinco de las y los integrantes de esta Asamblea por la vía de designación no son habitantes de la CDMX aunque cumplan con el requisito de ser legislador@s)”.

“La ciudadanía desconoce la trascendencia del proceso Constituyente y sus implicaciones en la vida, derechos y forma de gobierno que éste representaría. Por ello consideramos, que una vez que esté lista la propuesta de Ley que configuraría un nuevo pacto social, económico y político, debe someterse a conocimiento y Referéndum de las y los ciudadanos capitalinos, a fin de garantizar una constitución democrática, ciudadana, incluyente y popular” manifiestan Las Constituyentes CDMX subrayando que el referéndum es la herramienta necesaria y adecuada para subsanar parte de la debilidad respecto a legitimidad y representatividad del proceso constituyente.

Por ello insisten en que se firme esta petición en https://www.change.org/p/jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-la-constituci%C3%B3n-cdmx-debe-ser-sometida-a-refer%C3%A9ndum?recruiter=10684695&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink y se comparta en todas las redes a que se tenga acceso.

En la página https://lasconstituyentescdmx.wordpress.com/2016/05/29/irrenunciables/ esta organización informa sus objetivos y principios irrenunciables y se pronuncia “por una Asamblea Constituyente Feminista, incluyente, laica, pacifista y paritaria que garantice la igualdad, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos humanos. Que represente la multiculturalidad de nuestra Ciudad, la diversidad sexo–genérica, étnica, de condiciones físicas, de ideas y creencias que en ella existen. Una constituyente con una visión intergeneracional, sustentable, de universalidad y accesibilidad, bajo una ética de transparencia y rendición de cuentas que privilegie en todo momento la participación ciudadana. Por una Ciudad que incorpore una visión integral de lo que somos las personas, sus diversas identidades y las diversas formas de ser mujer”.

Reclaman que la Constitución de la CDMX debe recoger los logros de las mujeres que en esta metrópoli “hemos sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión, al plantear con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para nosotras, hasta hace muy poco negados: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo, el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción. Revindicando nuestro derecho a la ciudad como actoras políticas”.

Denuncian, entre otras cuestiones, “el riesgo que implica la sobre representación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la Constituyente oficialista, contra los logros y avances de nuestros derechos humanos, imponiendo su visión misógina, patriarcal, heteronormada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual. Juicio y castigo a los culpables” y llaman a incorporarse a un proceso para construir una Ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

 

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Candidatas a la Constituyente de la CDMX recogen la agenda de feministas: incluye aborto legal, matrimonios entre personas del mismo sexo y una vida libre de violencia

Rosa Rojas

“La sobrerrepresentación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la constituyente oficialista representa un riesgo contra los logros y avances de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México imponiendo su visión misógina, patriarcal, hetero normada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual” advierte el documento que la red de mujeres que aglutina a diversas corrientes feministas, denominada “Las Constituyentes CDMX (LCCDMX)” entregó a una docena de candidatas de diversos partidos a la Asamblea Constituyente (AC).

En dicho documento la citada red afirma que la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México y la conformación de una asamblea constituyente con 40 de los asambleístas por asignación directa y el resto por la vía de los partidos políticos y candidaturas independientes, “obedece a un reacomodo de los poderes fácticos y antidemocráticos, alejada de la construcción social que en su momento movilizó al movimiento urbano popular como respuesta al pasmo gubernamental federal y local ante las devastadoras consecuencias del terremoto de 1985”.

Es, agregan, “una visión apartada de la vocación democrática de las fuerzas políticas y sociales… que impulsaron la democratización de la jefatura de gobierno y por supuesto, lejos de los planteamientos ciudadanos, progresistas y feministas que se han construido y consolidado en las últimas dos décadas”.

Subrayan que las mujeres de la Ciudad de México como parte de los movimientos y organizaciones urbano -populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jovenas organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión, y en sus hogares, han sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión al plantear, con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para las mujeres hasta hace muy poco negados, los cuales deberán ser garantizados en la primera Constitución de la Ciudad de México.

Mencionan entre ellos “el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, reivindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas”.

Señalan que acompañarán sororalmente, desde una posición autónoma, independiente y crítica a las candidatas por cualquiera de las vías hacia la AC, ya sea por designación, vía partidos políticos o independientes “siempre y cuando cuenten con una visión feminista de género y tengan un compromiso claro, probado y público con los derechos humanos de todas las mujeres”.

Exigen como piso mínimo irrenunciable de cara al proceso constituyente el principio de progresividad en derechos conquistados -ni un paso atrás en la interrupción legal del embarazo, matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho a adoptar, por mencionar algunos -; ampliación de derechos en función de los desafíos de próximas generaciones e innovación en aquellas áreas en donde todavía no hay avances sustantivos, como el derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidado con base en el criterio de sostenibilidad de la vida; garantías de una ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

Asimismo prevención, atención y seguimiento que garantiza todas las mujeres una vida libre de violencias; garantía de una educación laica, gratuita, incluyente igualitaria en todo el sistema educativo de la CDMX. Educación sexual a todos los niveles eliminando estereotipos culturales discriminatorios; derecho a una vida digna a través de garantizar el trabajo decente y de calidad, vivienda digna y seguridad social universal, el apoderamiento económico de las mujeres.

Reclaman reconocimiento del respaldo económico; trabajo doméstico y de cuidados remunerado con reconocimiento de derechos laborales; salud integral que respete el derecho a ser informadas para decidir con libertad y autodeterminación de los cuerpos y vidas de las mujeres; a la voluntad anticipada, cuidados paliativos, no ser sometida a experimentos médicos y científicos sin conocimiento; garantizar la prevención y atención de las enfermedades típicas de las mujeres como el cáncer; atender con calidad los embarazos y partos para combatir la violencia obstétrica y en su caso sancionarla.

Además, mecanismos institucionales y ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas respecto al presupuesto etiquetado con perspectiva de género; presupuestos transversales etiquetados para hacer efectivos los derechos de las mujeres; creación del Observatorio Ciudadano de Mujeres como órgano de Contraloría social; justicia redistributiva que acorte la brecha de desigualdad entre la población; políticas públicas basadas en los principios de igualdad sustantiva.

También, garantía del derecho a un medio ambiente limpio y saludable y con una perspectiva metropolitana; la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a la auto adscripción y autoidentificación; paridad sustantiva horizontal y vertical con igualdad de oportunidades en la representación popular, órganos administrativos y jurisdiccionales, así como otros mecanismos de potenciación de las mujeres; derecho a la cultura y a la libertad de expresión; respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres; seguridad pública basada en un paradigma de seguridad ciudadana y combate frontal contra la corrupción entre otros.

En el documento informan que se acordó en la red LCCDMX dar continuidad en el seguimiento de armonización en la política pública, leyes reglamentarias y observación de su cumplimiento; conformar un equipo de observación; demandar un plebiscito o referéndum que legitime la constitución redactada y desplegar en territorio el trabajo deliberativo hacia una Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la ciudad de México; promoción de una ética y cultura feminista; avanzar en un diagnóstico participativo feminista regional y vincularse con diversos grupos y organizaciones de mujeres para el cumplimiento de su propósito central sobre la constitución y su seguimiento.

En la reunión participaron las candidatas a la AC,  Irma Lara postulada por Morena; Marcela Lagarde, Lol Kin Castañeda, Tohyanene Ledesma, candidatas por el PRD; Orfe Castillo y su suplente Elsa Conde, candidatas independientes, Gabriela Delgado y Gloria Careaga  candidatas externas de Movimiento Ciudadano entre otras, quienes se comprometieron a hacer suya y promover la adopción de la agenda feminista de llegar a ser electas como asambleístas para la redacción de la nueva Constitución de la ciudad de México.

 

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Disability Rights Internacional denunciará a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por torturas y violaciones contra discapacitados

Rosa Rojas

Una denuncia escalofriante de Disability Rights International (DRI) que trabaja por los derechos de personas con discapacidad intelectual, publicó el jueves 11 de mayo el sitio en internet www.animalpolítico.com, en la que esta organización no gubernamental internacional acusa que “tras 20 años de trabajo en el país, no ha visto avances para evitar que personas con discapacidad intelectual sean víctimas de tortura, violencia sexual y esterilización forzada”.
DRI anunció que ante la falta de avances y compromiso de parte del Estado mexicano, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar casos de abusos “atroces” y violaciones en contra de personas con discapacidad “que se cometen con el consentimiento de autoridades”.
Uno de los casos emblemáticos que menciona DRI es el de Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C., que alojaba a 37 personas con discapacidad intelectual y recibía recursos públicos tanto federales como locales. Se notificó a las autoridades de la capital mexicana sobre los abusos cometidos en ese lugar desde junio de 2014 y otra vez en mayo de 2015, cuando esa organización publicó el informe “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México”, pero no fue sino hasta el pasado 5 de mayo que el Gobierno de la Ciudad de México informó que esas personas fueron reubicadas en otros centros, tras la clausura, en abril, de las instalaciones de esa casa hogar.
DRI subrayó que “nadie está en prisión por los abusos cometidos y aunque les presentamos el caso, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni siquiera se asignó un expediente al caso”, lo que habla muy mal, además, del desempeño de esta comisión.
Entre los abusos denunciados están la esterilización forzada de mujeres internas como respuesta a los abusos sexuales de los que son víctimas, porque, argumentaron las autoridades mexicanas, “no podían protegerlas de abusos sexuales y era mejor evitar las consecuencias de esos abusos que seguramente podían ocurrir”.
También DRI denunció el uso de jaulas de un metro cuadrado para encerrar y “contener” a niños y adultos; la presencia de personas con las manos atadas detrás de la espalda para limitar su movimiento o grupos de 25 pacientes que permanecían todo el día en un espacio de 10 metros caminando en círculos.
Aún con la denuncia de todos esos abusos y violaciones, el Gobierno de la Ciudad de México, que se suponía tiene algunas de las políticas públicas más avanzadas del país en la atención de personas marginadas, en situación de abandono o discapacitadas, se tardó dos años en atender esa denuncia. Pero además la reubicación ocurrió en otras instituciones en las que también se priva de libertad a personas con discapacidad intelectual en contra de su voluntad, subrayó DRI.
Hay que mencionar que tanto en la capital mexicana como en otras ciudades del país se puede ver a personas con deficiencia mental en situación de calle, abandonadas, desnutridas, deambulando sin ninguna atención institucional.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en una comunidad como cualquier otro ciudadano. No hay forma de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad mientras las mantengan en el encierro involuntario. Eso es lo que ocurre en México y por eso acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, quien también refirió que recibieron amenazas e intimidación en la víspera de informar a la prensa sobre la posibilidad de llevar este problema ante la CIDH, por lo que cancelaron la conferencia de prensa que iban a dar y decidieron reunirse en forma privada con algunos periodistas.
En el informe antes citado, DRI explica que la justicia para las personas discapacitadas sometidas a las torturas y abusos denunciados, “requiere un cambio fundamental en el modelo institucional. El cambio es posible -las personas con discapacidad han demostrado en todo el mundo que pueden vivir vidas buenas y significativas al ser parte de la comunidad. El cambio comienza con el gobierno creando hogares y apoyos basados en la comunidad para las personas con discapacidad y poniendo fin a la tortura. La justicia depende de estas reformas- así como la reparación del daño a las víctimas y el enjuiciamiento de los perpetradores del abuso, la trata y la tortura de las personas con discapacidad”.
Asimismo, asevera que “la falta de servicios públicos en la Ciudad de México, o en cualquier parte del país, para atender en la comunidad a las personas con discapacidad, no tiene justificación debido a la enorme atención internacional que el tema ha recibido -incluyendo la denuncia por parte de autoridades de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.
DRI añade que tras la publicación de su informe en el año 2000, Derechos Humanos y Salud Mental: México (disponible en www.DRIadvocacy.org), el gobierno mexicano llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). “Al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad. Pero México no ha implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones” afirma. Nuevamente se evidencia el abismo entre el discurso de las autoridades y los hechos.

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Frente al proceso Constituyente en la Ciudad de México “cooptado por la partidocracia” se convocará a una Constituyente Feminista, “democrática, ciudadana, diversa y popular”

constitfem3Rosa Rojas

El proceso hacia la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México (ACCDMX) ha sido “cerrado, cooptado, pactado” entre los partidos políticos de izquierda, centro y derecha “a puertas cerradas, no representa a la ciudadanía”, por lo que mujeres feministas de la capital mexicana están llevando a cabo un proceso abierto “rumbo a la constituyente paritaria: por una Constitución democrática, popular, ciudadana, diversa y feminista” que vaya más allá de la emisión de un voto el 5 de junio. “No estamos ligadas a ningún partido ni al gobierno de la ciudad”, precisaron integrantes de la comisión organizadora del colectivo Las Constituyentes CDMX.

En conferencia de prensa informaron que el Segundo encuentro de Mujeres hacia la constituyente feminista y de mujeres de la CDMX – con la participación los días 13 y 14 de mayo de cerca de un centenar de mujeres y algunos hombres en 10 mesas de trabajo- culminará con la convocatoria para efectuar la citada asamblea durante el mes de julio, cuyas conclusiones definan “qué instituciones, qué gobierno y qué ciudad queremos” así como los mecanismos de participación ciudadana que deben ampliarse, que se entregarán a las y los asambleístas para que las tomen en cuenta en la elaboración de la Constitución local.

La ACCDMX sesionará a partir del próximo 15 de septiembre y deberá concluir a más tardar el 31 de marzo de 2017, a partir de la discusión del proyecto que envíe el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. La premisa del encuentro hacia la Constituyente Feminista es “ni un paso atrás en los derechos ya conquistados”, subrayaron Mar Cruz, Esther Tovar, Adriana Luna Parra, Yndira Sandoval, Chantal Lecona y Yazmín Pérez Haro, algunas de las participantes en la rueda de prensa.

Plantearon que como se ha dado el proceso hacia la Constituyente se corre el riesgo de que haya mayoría de personas de la derecha y la ultraderecha, sean del partido que sean, entre las y los asambleístas, por lo que llamaron a organizarse y movilizarse para evitar retrocesos como el que se pretende imponer en Veracruz, donde con la iniciativa de la arquidiócesis católica de Xalapa se está tratando de dar marcha atrás al derecho de las veracruzanas de interrumpir un embarazo producto de una violación. “Condenamos la intervención de la arquidiócesis”, afirmaron. Ellas son parte de quienes organizaron un mitin de protesta ante la delegación de Veracruz en demanda de parar esa violación a derechos ya conquistados.

Enfatizaron que “la partidocracia tiene secuestrado el proceso hacia la Asamblea Constituyente” si bien hicieron un reconocimiento a las mujeres feministas y progresistas que defienden los logros de las capitalinas y coadyuvan para tratar de impedir que se imponga una agenda “conservadora, patriarcal y machista”.

La Constituyente Feminista hará una evaluación de las prácticas políticas partidistas porque los partidos sólo están llamando a la emisión del voto el 5 de junio pero de lo que se trata es de hacer una profunda reflexión política para construir una ciudadanía participativa porque este es un proceso que no se agota con la emisión del voto el 5 de junio. Después habrá que decidir qué pasa con las alcaldías, con los pueblos, los barrios…

“somos una respuesta rebelde ante la falta de democracia que ha habido en este proceso”, afirmaron.

Indicaron que la Constituyente Feminista no es un coto cerrado sino que está abierto a todos los feminismos para su participación, lo que no ha ocurrido en las consultas organizadas por el gobierno local y algunos partidos, incluso uno en el Senado, que han sido cerradas -como ocurrió con un foro de Inmujeres-CDMX que fue para expertas y por invitación-, si bien reconocieron que ha habido otros foros, éstos, dijeron “han sido insuficientes, con poca participación, la ciudadanía no sabe para qué están llamando a votar el 5 de junio, la base no está interviniendo”, afirmaron.

Informaron que en este proceso han realizado foros delegacionales y regionales que se continuarán en el proceso hacia la Constituyente Feminista.

En su convocatoria para este encuentro, afirman que la primera Constitución de la Ciudad de México debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos conquistados por las mujeres en la CDMX, hasta hace muy poco tiempo negados, como “el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo, el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción. Revindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas”.

“Como parte de los movimientos y organizaciones urbano-populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jóvenas y mayores organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión y en nuestros hogares, hemos sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión, al plantear con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para nosotras”, y el proceso de la Constituyente Feminista es “un esfuerzo por continuar y consolidar el trabajo emprendido”.

Ello para definir un piso mínimo de consensos en torno a ejes estratégicos (contenidos) que deben recogerse en la nueva Constitución y en los proyectos de Ciudad que se debaten y construir la ruta de incidencia  y reforzar el proceso organizativo del movimiento necesario para influir en los contenidos de la Constitución y los procesos constituyentes en curso.

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