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Damnificados de Jojutla, Morelos, mantendrán tomada la delegación de SEDATU en Cuernavaca hasta recibir los recursos para reconstruir sus viviendas

 

Rosa Rojas

Ante la falta de respuestas de autoridades estatales y federales para realizar la reconstrucción de sus casas destruidas parcial o totalmente por el sismo del pasado 19 de septiembre, una treintena de integrantes de familias damnificadas de la ciudad de Jojutla, Morelos, ocuparon el jueves 1 de marzo la delegación de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) en Cuernavaca. A la espera del delegado de la dependencia, Angel Rodrigo Peña Zepeda, pernoctaron ahí porque les dijeron que él llegaría el viernes. Y como no llegó, decidieron permanecer ahí el fin de semana y lo que sea necesario porque, piensan, algún día deberá llegar el funcionario.

Así pues, empezaron a llegar refuerzos, en una combi financiada por el presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, cuya esposa llegó este viernes con víveres para quienes están participando en esta acción desesperada de quienes ya llevan cinco  meses y medio viviendo en tiendas de campaña, soportando los fríos primero y ahora el calor extremo o de arrimados con parientes, sin poder concluir la construcción o reconstrucción de su vivienda porque las tarjetas que entregaron del FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) están congeladas, es decir, se supone que tienen dinero depositado en ellas pero en BANSEFI les dicen que no hay fondos, explicaron.

La mayoría de quienes estaban en el plantón en la SEDATU este viernes son vecinas/os de la colonia Emiliano Zapata, donde resultaron dañadas unas 400 casas, explicó Amada Morán Brito, cuyo domicilio resultó con daño parcial. Con su tarjeta del FONDEN fue a retirar 15 mil pesos para materiales pero “no hay dinero”.

A Guillermina Sánchez Ortiz –quien sufrió daño total de su vivienda- le dijeron en el banco que llevara su tarjeta del FONDEN “a la fundación Alejo Peralta que está en la arrocera San José, donde están también las de Slim, Proviva y Delta, fuimos hace mes y medio, hicimos el contrato, dijeron que nos llamarían pero no nos llaman, sólo nos dicen que esperemos. Vamos a BANSEFI y nos dicen que no hay dinero, desde noviembre estamos esperando. Los gobernantes dicen que ya están liberadas las tarjetas pero fui a comprar material y dijeron que no hay dinero”.

Leonila Espina Campos afirmó que su vivienda sufrió daño total pero la anotaron con daño parcial y le dieron una tarjeta de 15 mil pesos. “Ni con 120 mil pesos podría reconstruir mi casa, los albañiles cobran 400 pesos diarios”. Además mencionó que a quienes les reconocieron daño total les dieron tarjetas de 30 mil pesos para la primera parte “pero sólo les están dando 25 mil pesos y les dijeron que de los otros cinco mil luego les avisan… las tarjetas para material no pasan porque no tienen fondos”.

Similar situación vive Filiberta Montes de Oca Román, que, informó, tiene un hijo enfermo porque hace 9 años tuvo un infarto cerebral y su esposo “es tan viejito que ya casi ni se  mueve”. Están arrimados viviendo con una hija. Su casa sufrió daño total en la colonia Emiliano Zapata. Le dieron una tarjeta para 120 mil pesos “y apenas 15 mil me dieron, voy al banco y no hay sistema o no hay saldo… ya van tres semanas que no tengo para pagarle al albañil, tuve que conseguir un préstamo” pero ante la crisis que vive se vino a la movilización.

Prisca Margarita Manjarrez Salgado, también de la colonia Zapata, informó que por la insalubridad y malas condiciones en las que viven hay muchas enfermedades estomacales y respiratorias, algunos adultos mayores se han puesto graves… el gobierno debería tener respeto por los damnificados, indicó, además hay muchas irregularidades en las tarjetas, muchos errores y no hay como corregirlas, ella sufrió daño total pero le dieron tarjeta de daño parcial y no ha logrado que se la cambien, añadió. “Estamos también muy inconformes con Unidos por Morelos (organismo creado por el gobierno estatal para la reconstrucción) porque no nos han dado apoyo, dijeron que si FONDEN no nos cumplía ellos iban a responder”.

Se le indicó que el gobernador Graco Ramírez aseveró que “Jojutla está de pie”. Ella contestó “estamos de pie porque estamos vivos, expuestos a la rapiña, a las enfermedades… sólo en la colonia Zapata somos 600 familias, vayan a ver, la escuela, la iglesia… Jojutla es una zona comercial pero ahora no hay comercio, la gente no tiene en qué trabajar, no hay dinero para ir a algunos lugares que nos manda el gobierno, vayan a la presidencia, vayan a SEDATU, vayan a BANSEFI, qué les pasa, no somos pelotas para que nos traigan de un lugar a otro. Aquí en SEDATU dicen que tanto por ciento lo da el gobierno federal, tanto por ciento el estatal, pero lo que queremos es que el dinero se refleje en las tarjetas, no en las palabras”, reclamó.

En Jojutla, de acuerdo al censo de SEDATU, hubo 2 mil 579 viviendas dañadas, 2 mil 37 con pérdida total. El alcalde Sotelo Martínez declaró a El Regional, el 22 de febrero, que desde el proceso de demolición fueron abandonados por la SEDATU y hasta esa fecha sólo se habían reconstruido 100 viviendas “pero con recursos de los propios afectados y con el apoyo que el municipio les otorgó, pero nos preguntamos dónde están los recursos etiquetados del FONDEN”, porque sólo en el retiro de escombros el municipio tuvo que erogar un millón de pesos.

 

Fotos: Rosa Rojas

 

 

 

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La sociedad morelense se organiza para evitar arbitrariedades de autoridades estatales en el reparto de la ayuda a damnificados

Un trailer con ayuda para damnificados de Tepoztlán, Morelos, llegó este 23 de septiembre. Participantes en el plantón contra la ampliación de la autopista participaron en la descarga, organizaron la ayuda en despensas y posteriormente colaboraron para repartirla en los barrios afectados. “Somos sólo sociedad civil, nada que ver con partidos ni con la presidencia municipal”, afirmaron donantes y voluntarios.  Fotos: Rosa Rojas

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Rosa Rojas

Tragedias como las que han ocurrido en México con los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el primero afectando más a Oaxaca y Chiapas y el segundo a Morelos -donde se localizó el epicentro, por Axochiapan- y la Ciudad de México, además del Estado de México, sacan lo mejor y lo peor de la gente. En el caso del estado de Morelos se han generado denuncias en el sentido de que los camiones que llegaban de otras entidades con ayuda para los damnificados y que se pretendía repartir directamente en las ciudades y poblados más afectados, eran obligados a dirigirse a las bodegas del DIF estatal y dejar su carga ahí.

El jueves circularon en las redes videos denunciando que tres camiones torton que venían con alimentos, ropa, medicinas, desde Michoacán y Nayarit y querían llevarla directamente a los afectados, fueron obligados mediante patrullas a llevarla al DIF en Cuernavaca. Incluso una bodega estaba tan repleta de cosas que tuvieron que irse a una diferente. Y uno se pregunta ¿por qué si miles de personas están padeciendo falta de alimentos, de techo, de cobijas, de medicinas, por haber sufrido la pérdida total o parcial de sus viviendas la ayuda está almacenada en vez de ser distribuida? lo menos que se piensa es en una ineficacia oficial absoluta  para distribuir esa ayuda, otros dicen que porque el gobierno buscará distribuir las cosas en bolsas con su logotipo y nombre del gobernador, o con el de su partido.

Y no fue ese el único caso denunciado: el viernes, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en un video grabado en Jantetelco, denunció que tres camiones de provisiones que iban al centro de acopio de Caritas, en el seminario, fueron desviados por las autoridades y se llevaron la ayuda al DIF. El prelado, que no es precisamente del agrado del gobierno de Graco Ramírez por diversas denuncias que ha hecho sobre arbitrariedades oficiales, afirmó: “Esto me parece totalmente injusto, esto no debe ser, esto sobrepasa cualquier lógica moral mínima, yo les suplicó que quienes tienen la autoridad, quienes tienen la forma de detener esto lo hagan. Dios todo es justicia, y aunque ahora se salgan con la suya le tendrán que dar cuentas a dios crean en él o no, yo les suplico cambien de actitud, se los pido por favor y no vean sus intereses sino los intereses del pueblo, como debe ser”…

El mismo viernes Elena Cepeda de León, presidenta del DIF, esposa del gobernador Graco Ramírez, aseveró que se actuará contra Gabriel Rivas Ríos -líder del frente Ciudadano Unido y a quien ligó con Morena- por el delito de robo de al menos 90 toneladas de víveres provenientes de Michoacán y Nayarit, después de que en redes sociales se incitó a un conflicto por la supuesta retención -ordenada presuntamente por el Sistema DIF- de los citados camiones, situación que generó enojo de la sociedad,

Insistió en que se actuará de manera legal en contra de los que hicieron viral el video en las redes sociales sobre la supuesta retención de los camiones y asaltaron los víveres. Así mismo, pidió a la ciudadanía que “no difunda cosas que no son ciertas y tengan fe en los demás”.

El caso es que ante el descontento ciudadano por estas denuncias, y la desconfianza que se tiene en cuestiones oficiales, la sociedad civil se ha organizado para evitar que otros camiones con ayuda sean interceptados por la policía y obligados a descargar en bodegas del DIF.

Un trailer que venía de algún estado del norte del país, Monterrey o Jalisco, se comentó,  llegó el viernes 22 a Cuernavaca, lo llevaron directamente a un domicilio privado y llegaron cientos de señoras con camionetas y automóviles que con sus hijos y algunas con sus maridos, descargaron el camión que traía mucha ropa nueva, leche en polvo, artículos de higiene personal, catres, artículos para bebés, guantes de carnaza, suero, muchas medicinas…

Un testigo presencial informó que la operación fue coordinada por directoras y maestras de varias escuelas privadas que estuvieron convocando a las mamás, esperaron el torton a las  10 de la mañana en la carretera, lo escoltaron a una mansión ubicada en una privada, lo descargaron rápidamente para que no los detectara un helicóptero que andaba sobrevolando la ciudad.

Para hacer el reparto de la ayuda que traía el torton, se fue anotando cada salida, lo que llevaba cada vehículo, la placa, el nombre de la o el responsable del mismo, de qué escuela eran… En tres horas y media ya estaban subiendo las cosas a los automóviles y camionetas para ir a hacer la entrega a diferentes pueblos, de los que ya había una lista, y las indicaciones para llegar. Incluso a la ropa -que era nueva- le quitaron las etiquetas para evitar que -como se ha reportado- algunos vivales simplemente la reciban y la vendan.

Así como ese trailer, se sabe que están llegando varios más, con la instrucción, difundida mediante las redes sociales, de que los choferes, si los detienen policías para interrogarlo y querer llevarlos a las instalaciones del DIF, no digan que llevan ayuda para los damnificados sino carga privada; que los camiones se dirijan a una dirección previamente acordada y que se convoque a amigos, vecinos, conocidos, para que descarguen el camión y repartan la ayuda.

Algo que ha causado preocupación también, y que revela la falta de coordinación que hay entre autoridades estatales y municipales, es que en algunos lugares se han empezado a demoler construcciones -casas- afectadas por el terremoto por orden de autoridades municipales, pero por otra parte autoridades estatales han advertido que eso no debe hacerse hasta que se lleve a cabo un censo de construcciones dañadas por el movimiento telúrico porque de lo contrario se corre el riesgo de que el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) no apoye a los propietarios para su reconstrucción. Incluso recomendó tomar fotografías del inmueble derruido para probar su existencia.

Pero además está la desconfianza de que las autoridades municipales, que deberán colaborar con el Fonden en el censo de inmuebles, manejen éste en forma política para la compra de votos dado que varios presidentes municipales están buscando la candidatura para diputaciones el próximo año. En este asunto lo que se ha sugerido es que se formen comités ciudadanos por barrio o comunidad que exijan supervisar los censos de inmuebles afectados que levante el Fonden, de forma que no se excluya a ningún damnificado. Los sismos, que han despertado una vez más la conciencia de la fuerza que tiene la organización ciudadana, pueden servir para que haya un cambio cualitativo en la participación de la sociedad civil potenciada por el uso de las redes sociales.

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Vecinos de Tepoztlán, Morelos, mantendrán su plantón para que la SCT presente los permisos que dice tener para la ampliación de la autopista

 

davRosa Rojas

Vecinos de Tepoztlán que desde el pasado 20 de mayo han mantenido -día y noche- el plantón que bloquea el ingreso a ese pueblo mágico por el lado de la autopista esperan que esta semana se defina si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentará, como se le exige con esa movilización, en asamblea pública, los permisos oficiales y comunales que dice tener para la construcción de la ampliación de esa vía sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.

Dicho plantón lo realizan integrantes de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) en protesta por la ilegal tala de más de 300 árboles -un ecocidio- que una empresa pagada por la SCT llevó a cabo el 19 de mayo. Los vecinos informaron que unas 150 personas se reúnen cada tarde en el bloqueo y por la noche se mantiene una guardia de 15 a 20 personas.

Este 30 de mayo trascendió que había reunión de funcionarios de las dependencias federales y estatales en Palacio de Gobierno en Cuernavaca, donde se estaba discutiendo la situación de Tepoztlán. Se esperaba que de ahí salga la definición sobre el siguiente paso de las autoridades: diálogo o represión.

El FUDT recordó en un comunicado que el ecocidio cometido con la reanudación de los trabajos de la ampliación de la autopista es “ilegal y violatoria” de sus derechos porque las tierras donde se pretende hacer la ampliación son comunales y no existe permiso alguno de la Asamblea de Comuneros para permitir la obra.

“Es más, en la asamblea del 10 de marzo de 2013 se acordó instalar el Campamento El Caudillo del Sur en los linderos entre las tierras comunales y ejidales para vigilar y proteger el territorio. Sin embargo, el 23 de julio de ese mismo año, Graco Ramírez (gobernador del estado) ordenó el desalojo del Campamento por la policía estatal. Ése es un delito que se debería perseguir pero Graco Ramírez goza de la misma impunidad que la mayoría de los gobernadores en nuestro país. Exigimos que las autoridades federales frenen esta obra ilegal y abran una investigación en contra de Graco Ramírez por el desalojo del 23 de julio de 2013”.

Al realizarse las obras en la zona del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas, el FUDT exige que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) “hagan su trabajo y detengan inmediatamente las obras”, mismas que también violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Política Nacional de Cambio Climático

Subraya que además se viola también el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (POET) que también prohíbe las construcciones de ese tipo de obras, por lo que demandan que el presidente municipal, Lauro Salazar Garrido,  convoque a una reunión de emergencia del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (COET) y a todas las instancias involucradas: SCT, SEMARNAT, CONAMP, CONAFOR, Gobierno del Estado, Cabildo de Tepoztlán y cualquier otra instancia que sea necesaria, para exigir que se cancele la obra inmediatamente y se establezca un diálogo público y respetuoso con la sociedad.

Mientras esto no suceda continuará haciendo “las acciones de resistencia y desobediencia civil pacíficas que consideremos necesarias para que esta reunión se lleve a cabo” asevera el FUDT, al tiempo que agradece las múltiples muestras de apoyo recibidas de organizaciones de Morelos y nacionales, como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares, Morena Tepoztlán, entre otras.

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Fotos: Rosa Rojas

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Demandan comunicadores una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos

protestaperiodistas16may17Rosa Rojas

La emisión de una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos y una reunión urgente con el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, para evaluar las circunstancias de defensa y protección de los periodistas en la entidad, demandaron una cincuentena de reporteros y reporteras de medios locales y nacionales luego de una asamblea en la que constituyeron  el Foro de Periodistas del Estado de Morelos.

En la misma acordaron también renovar la representación del gremio ante el Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas del Estado de Morelos (MEPPEM). Desde el 20 de enero de 2016 las y los periodistas anunciaron que suspendían su participación en esa instancia “por considerar que no existen las condiciones necesarias para su operación”, señalando incluso que “el gobierno del estado no solo no coopera para el buen funcionamiento del mecanismo, sino que es el principal agresor de los trabajadores de la información”.

En la asamblea efectuada este 23 de mayo, se acordó también solicitar respuesta al planteamiento realizado por un grupo de periodistas “sobre la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.

Los integrantes de la representación periodística ante el MEPPEM -electos por unanimidad- son, como propietarios: Jaime Luis Brito Vázquez, María Esther Martínez , Leticia Villaseñor, Pedro Tonatzin Sánchez Segura, Victor Manuel Carrillo Ocaranza y como suplentes: Héctor Raúl González, Luis Roberto Rodríguez, Edgar Arroyo, Clara Meza, y Yesenia Daniel.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH Morelos), Jorge Arturo Olivares Brito, anunció su salida del MEPPEM “luego de que un grupo de periodistas le solicitó abandonara el organismo”, informó el diario Avance de Morelos el pasado 22 de mayo.

Olivares Brito advirtió que dejaría de participar en esa instancia “mientras no existan las condiciones de diálogo y acuerdos que permitan la inclusión del gremio periodístico en total búsqueda de un trabajo que permita la investigación y sanción de cualquier ataque a la expresión libre, tomando en cuenta a las principales víctimas que son precisamente las y los reporteros, periodistas y comunicadores, cuya representación se encuentra ausente en un mecanismo que se debe a ellos, sus derechos y su dignidad”.

Agregó que la CDH Morelos ha manifestado en reiteradas ocasiones “su extrañamiento ante la idea de trabajar un mecanismo de protección a periodistas, sin periodistas, pues desde hace tiempo el gremio decidió retirarse de la estructura ante la falta de certeza en protocolos de actuación y otros aspectos bien conocidos”.

Del año 2010 a la fecha la comisión ha investigado al menos 17 casos graves de ataques a la libertad de expresión, sobre todo al gremio periodístico. Se han emitido 4 recomendaciones, además de estar en proceso de integración 6 más; por ello, la CDH Morelos forma parte del mecanismo de protección, indicó Olivares Brito.

 

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Periodistas de Morelos exigen a Graco Ramírez cesar a funcionario que amenazó y descalificó el trabajo periodístico

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Agresiones “sistemáticas” a periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales por parte del coordinador de asesores del gobierno estatal, Gustavo Martínez, denunciaron 32 comunicadores/as de Morelos al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, en una carta en la que le plantean que el citado funcionario “cínica y abiertamente usa las redes sociales para amenazar, denostar, demeritar, humillar, intimidar y descalificar el trabajo periodístico”, por lo que exigen su cese inmediato “pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
En la misiva, publicada en el diario El Regional del Sur, las y los periodistas le manifiestan a Ramírez Garrido Abreu, que no puede pasarse por alto “y mucho menos encubrirse al amparo del gobierno de Morelos” dicha situación. “Por diversas vías hemos denunciado cómo este servidor público usa el cargo para agredir a los periodistas morelenses” indican.
Subrayan que en el recuento de la administración actual “ningún servidor público de cualquier nivel e institución implicada en agresiones contra periodistas ha sido sometido a los procesos administrativos y penales correspondientes y mucho menos sancionado”.
“La permisibilidad otorgada a su coordinador de asesores, Gustavo Martínez, es una muestra pública muy clara de que no hay voluntad de prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las y los periodistas”, le indican al gobernador de Morelos y le cuestionan si “acaso espera su gobierno que un funcionario como Gustavo Martínez pase de la ofensa y la amenaza a la agresión física o la privación de la vida de alguno de nosotros”.
La tolerancia de estas actitudes -añaden -“deja una línea muy delgada entre ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información y perder la vida en defensa de estas garantías constitucionales”.
Por ello, afirman, “consideramos que Gustavo Martínez ha cometido actos graves contra las y los compañeros periodistas, y ha obstaculizado el ejercicio de la libre expresión. Ante las evidencias públicas y que usted mismo puede consultar en las redes sociales, es que exigimos el cese inmediato de ese funcionario, pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
“Esperamos su pronta respuesta, y que esto quede como otro de los antecedentes, que por supuesto documentaremos ante las organizaciones nacionales e internacionales”, finaliza la carta de las y los periodistas.
El documento se puede consultar en: http://elregional.com.mx/Fotos/?id=9508
En su sitio de Facebook, el funcionario en cuestión publicó el pasado 18 de mayo lo siguiente:
 Ofrezco una disculpa pública a los comunicadores y comunicadoras que se hayan sentido ofendidos, vituperados o amenazados por opiniones vertidas por mí en este medio con respecto de su trabajo. Tengo la firme convicción de que el periodismo crítico es un factor fundamental en la consolidación de la democracia y sostengo que la labor comunicativa también debe pasar por la evaluación de la ciudadanía. No obstante, para evitar que mi postura personal se confunda con la función pública que desempeño, ni con la opinión de gobierno, me abstendré de postear comentario alguno en ese tema.

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