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En Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” denuncian durante la protesta por el asesinato de Javier Valdez

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Rosa Rojas

En el estado de Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” clamaba una de las pancartas que portaba una treintena de periodistas -reporteros/as, fotógrafos/as, camarógrafos/as- que realizaron una protesta frente al palacio de gobierno estatal por el asesinato, este 15 mayo, de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada en Culiacán, Sinaloa.

A las exigencias de ¡justicia!, a las exclamaciones de ¡basta de impunidad!, ¡no nos van a callar!¡no se mata la verdad matando a periodistas! se sumó la denuncia de periodistas de medios de la entidad que en voz de Pedro Tonatzin, corresponsal del diario Excélsior, aseveraron que en Morelos el mecanismo de protección a los periodistas no está operando, pese a lo que diga el gobierno, porque seis reporteros que formaban parte del mismo dejaron de participar en él desde enero de 2016 ante la actitud de las autoridades contra la prensa.

Tonatzin informó que seis periodistas morelenses fueron a finales de abril a solicitar protección al mecanismo de la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), donde los colocaron en un “análisis de riesgos y al caso más urgente le dieron un botón de pánico y los otros casos se están analizando. Nosotros hemos tenido que hacer nuestros propios mecanismos de riesgo para evacuar a los compañeros de zonas de riesgo cuando son amenazados” comentó.

“No estamos participando en este mecanismo -afirmó- porque no hay las condiciones para que estemos presentes, seis periodistas han sido amenazados y a uno ya se le entregó el botón de seguridad, luego de que el gobernador fuera interpelado por uno de nuestros compañeros para decirle que hace dos años no se dirige la prensa y no responde una sola pregunta y de inmediato se dieron amenazas, de forma muy concreta se está documentando cómo a través de las redes sociales, el jefe de asesores del gobierno del Estado, Gustavo Martínez, es el encargado de hacer denostaciones, amenazar y hacer señalamientos en contra de varios compañeros”

Agregó que otro de los asuntos “es que se está solicitando la intervención de la policía cibernética para que investigue los ataques de que están siendo objetos los compañeros que están haciendo un esfuerzo independiente, varios portales han sido bajados cuando se difunde alguna información incómoda para el gobierno del estado y estamos pidiendo que se intervenga por parte de la policía Federal porque esos ataques solamente pueden ser registrados en estados antidemocráticos como Venezuela, como los países del Medio Oriente, no es posible que con … el dinero de los impuestos de los mexicanos estén pagando empresas que están haciendo esta labor precisamente para tirar los portales. Éstos ciberataques documentados se tiene que investigar quién es el responsable, de donde está saliendo el dinero para financiar a estas empresas que se están encargando de detener esta información que fluye hacia los ciudadanos en esta entidad”.

Subrayó que se está pidiendo a las autoridades que intervengan para “que no se registren en Morelos zonas de excepción, zonas de silencio como es el caso de Puente de Ixtla y Amacuzac, donde no es posible realizar una labor periodística sin recibir amenazas y también de la zona oriente de Morelos donde tampoco fluye la información; hay una tarea sistemática una política sistemática de los encargados de la función estatal de seguridad pública, de Alberto Capella Ibarra (Comisionado Estatal de Seguridad Pública), para impedir la labor de los medios; entendemos que proteger las escenas del crimen es importante pero la forma en que se aplican los protocolos es para impedir que los medios registren la violencia que se da en la entidad prácticamente de manera cotidiana”.

Posteriormente, en entrevista, afirmó que los periodistas morelenses “han sido tan claros como para solicitar a la Secretaría de Gobernación que nos investigue, que investigue nuestros ingresos, la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, nuestra forma de vida, para que quede claro, nosotros no nos vamos a callar, no nos vamos a paralizar por miedo pero sí queremos que cuando pasa algo lo primero que se dice de un periodista es ´andaba con una mujer, por eso lo mataron, por infiel´, ´Ah es que estaba coludido con la delincuencia organizada´, para eliminar todo ese tipo de situaciones hemos pedido quienes cubrimos noticias de riesgo, seamos investigados, que se sepa quiénes somos, y la forma en que se realiza el trabajo para que el día de mañana no haya ningún tipo de excusa para decir que lo que nos pasó o lo que nos pueda pasar tiene que ver con algo ilícito, algo ilegal o algo irregular que hayamos cometido en nuestro desempeño”.

Agregó que el citado Capella, ha implantado protocolos que dificultan el trabajo de los periodistas. “Hay una política sistemática de inhibir la presencia de los periodistas en las zonas de riesgo, en las escenas del crimen, hay un protocolo que evidentemente nos limita a no ingresar y lo entendemos, pero no es lo mismo que se ponga un cordón de seguridad a 50 metros a que se ponga seguridad a 2 kilómetros, eso para nosotros implica que se está impidiendo la labor de los medios, es decir que se nos está impidiendo documentar qué es lo que pasa en las escenas del crimen”.

Puntualizó: “lo decimos porque en un caso muy concreto, una balacera que se registró en la colonia Papayos (el pasado 13 de enero), en lo que se conoce como la colonia Montessori en Ahuatepec, logramos tomar una fotografía donde se documenta la detención de 10 sicarios que posteriormente al llegar a la PGR ya no son 10, son seis, y que después resulta que entre ellos iba un líder de uno de los cárteles de la sierra de Guerrero que son los mayores productores de amapola en el país y es dejado en libertad, ni siquiera llega a la PGR… entonces para nosotros es importante, ya que tomamos el riesgo de salir, que se nos permita documentar lo que ocurre en las escenas del crimen y no que se haga esta política sistemática de impedirnos documentar lo que ocurre en las calles”.

Durante la protesta de las y los periodistas por el asesinato del colega Javier Valdez, se leyeron fragmentos de sus declaraciones, que reflejan la conciencia del peligro que corría por su labor profesional, hechas en entrevistas o durante la presentación de algunos de sus varios libros sobre la violencia y el accionar del narcotráfico en Sinaloa, y se recordó que las amenazas y asesinatos contra periodistas se agudizaron con la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón y ha continuado  durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con lo que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 126 periodistas en el país, de los cuales 61 de 2011 a la fecha y de ellos seis en lo que va de este año.

Fotos: Rosa Rojas

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Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Rosa Rojas

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como “un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México” los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso “incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la “inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos” lo que sólo alienta la impunidad. “Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, pues “no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres” que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe “no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia”, añadió Guevara Rosas, aseverando que “no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada”.

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado “muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio”.

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar “la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles”, le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

 

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