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Amilcingo obtuvo suspensión del gasoducto Morelos

Rosa Rojas

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.

Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.

Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”, advirtió el Frente.

Afirmó que la suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.  

Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.

Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso”.

El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores), castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México”.

“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó  el Frente.

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Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llama a feministas a unirse a la lucha de familiares de desaparecidos

Yan María y Norma Andrade Foto: Rosa Rojas

Rosa Rojas

Un feminismo radical “no es la práctica de pedir derechos ni de empoderarse en la casa del amo”, es una historia y un cuerpo de conocimientos para un proyecto civilizatorio completamente distinto al actual sistema patriarcal y su absolutismo masculinista que ha construido el “des-orden civilizatorio de injusticia, violencia y depredación recurrente que marca la realidad” actual.

Por contra, el feminismo institucional, cuya tarea fue incorporar a las mujeres a las organizaciones sociales preexistentes y partidos políticos, definió desde 1983 la política de las mujeres como lo que “concierne fundamentalmente a la distribución del poder en la sociedad patriarcal” y a medida que desarrolló sus proyectos en estrecha relación con las instancias de poder –Estados, agencias para el desarrollo, organismos internacionales- recibiendo sus beneficios, generó una corriente hegemónica que subsume a muchos sectores del feminismo en sus estrategias, manejos de recursos y metodologías de trabajo, imponiendo “mesura y buen comportamiento”, desmontando los mecanismos autónomos de articulación y fragmentando y destruyendo las prácticas de resistencia y gran parte de la capacidad subversiva del feminismo.

Así lo planteó la feminista radical Ximena Bedregal, durante el homenaje post mortem que el Archivo e Interpretación Histórica del Movimiento de Lesbianas Feministas (AIHMLF) en México 1976-2018 Yan María Yaoyólotl, organizó en honor de Marcela Olavarrieta, fundadora del grupo Acratas, de lesbianas feministas, en 1976.

En este acto también participaron, entre otras ponentes, Norma Andrade, luchadora contra el feminicidio, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la desaparición de su hija Lilia Alejandra, quien fuera asesinada en 2001 e integrante del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC y la propia Yan María Yaoyólotl.

Andrade, en su exposición, explicó que está apoyando la huelga de hambre iniciada el 16 de enero frente a la Secretaría de Gobernación por un grupo de madres de desaparecidos que exigen que dicha dependencia cumpla una serie de demandas, entre ellas el rescate de los cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas en diferentes estados, atención a familiares de las víctimas y la operación de una de las madres que padece miomas.

Mencionó que ahora incluso hay una Comisión para buscar a las víctimas “ya tenemos infraestructura, ya tenemos las leyes pero no hay voluntad política” para atender a familiares y encontrar a los 33 mil desaparecidos que hay en el país. Subrayó que el movimiento lésbico feminista en el que participa Yan María ha apoyado a las madres de desaparecidos y les ha enseñado muchas cosas, entre ellas la importancia de hacer expedientes sobre los casos de desaparecidos.

Llamó además a las feministas a apoyar el movimiento de las y los familiares de desaparecidos ante la falta de atención de las autoridades. Subrayó que en 2017 hubo 798 ejecutados en Ciudad Juárez, Chihuahua de los que 98 eran mujeres, y que hay un gran número de huérfanos por esa violencia, no hay un censo de ellos, por lo que debe haber quienes, como sociedad, se preocupen por ver qué pasa con esos niños. “Así como con su lucha consiguieron el aborto yo les pido que como feministas se unan a nuestra lucha”, añadió Andrade.

Al respecto, Yan María apuntó que las lesbianas feministas “somos mujeres y nos interesan los asuntos de las mujeres”, criticando que los movimientos de la diversidad sexual han dejado estos asuntos por fuera.

En su exposición Bedregal Sáez mencionó que la corriente feminista radical implica una visión y una postura crítica de la macrocultura patriarcal que no omite el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones, las ciudades, las patrias, las herramientas del sistema patriarcal.

Sin embargo, dijo, esta posición crítica podría constituirse en un acto sólo intelectual o hasta doloroso si no se funda y sostiene en la práctica política de relación entre mujeres, “única relación donde nuestros cuerpos se integran, donde encontramos las palabras para nombrar nuestras experiencias, donde nuestra crítica radical a la cultura vigente se ve cobijada y sostenida y donde nuestras experiencias cobran sentido, potenciando así imaginación en libertad, posibilidad de mundo propio, de mundo para sí”.

Para un feminismo radical la práctica política de las mujeres implica la relación entre mujeres para construir libertad femenina desde la cual se haga posible crear lo no creado, fundar lo no fundado en relación con otras, indicó.

Relató que este feminismo radical nació de la práctica de los grupos de autoconciencia, donde las experiencias de vida de las participantes, la mayoría de las veces dolorosas, dejaban de ser un desquicio femenino para, en el diálogo y el compartir con sus hermanas mujeres, pasar a ser, apenas, una marca de la apropiación patriarcal de sus cuerpos y sus vidas; descubrimiento de suyo liberador.

Sin embargo hay quienes buscaron incorporar a las mujeres a las organizaciones de lucha preexistentes “sin visualizar el carácter profundamente misógino, patriarcal y jerárquico de esas instancias”. Ahora se trata de que la feminidad patriarcal tenga una buena cotización en la bolsa de valores masculinos, devolviendo así a las mujeres a la sombra de una historia iluminada por los proyectos e instrumentos de los hombres y haciendo circular a las mujeres en un mercado que no es nuestro y donde nuestra corporalidad sigue sin tener significado ni valor propio”, subrayó.

Mencionó que todo esto se configuró paralelamente a lo que en América Latina se llama “las aperturas democráticas (el fin de las dictaduras militares) que no es otra cosa que la reordenación político económica y espacial del patriarcado capitalista para entrar en su fase mundialista.  Esta reordenación no sólo requiere de la recuperación del espacio económico y físico con sus invasiones y guerras de extramuros, sino además, y en igual importancia, en la recuperación y disciplinamiento de los terrenos de la resistencia”.

Así la década de los 90 estuvo marcada por una apuesta central, impulsada desde espacios de poder y, agazapada tras un aparente ejercicio de diversidad, pluralidad y democracia para desmantelar toda apuesta político/filosófica que le permita al feminismo tanto avanzar en transformaciones radicales que afecten la macrocultura como inventar nuevos caminos para el ser mujer en el mundo, para la construcción de la libertad femenina.

Bedregal mencionó que de manera consciente o inconsciente,  feministas de las corrientes hegemónicas fueron –y siguen siendo- constructoras activas de esta nueva política. La Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijíng (1995) “fue el punto de inflexión definitivo así como la negación del concepto de patriarcado junto al reemplazo del feminismo por el concepto de perspectiva de género y a la adopción de esta palabreja por las instancias de poder terminaron por abrirle nuevamente y de par en par las puertas a lo más rancio, violento y brutal del patriarcado”.

Recordó que incluso alguna feminista no radical como la costarricense Alda Facio escribió: “La incorporación de los discursos de género en las instituciones de la oligarquía internacional como el BM o el BID y el FMI, ha permitido que puedan seguir con sus planes de ajuste estructural sin la oposición del movimiento feminista porque lo está haciendo con perspectiva de género”.

Afirmó Bedregal que “hoy incluso prima una suerte de antifeminismo con perspectiva de género” y que al amparo del postmoderno feminismo de la igualdad, el género y el empoderamiento, “hoy la masculinidad se enseñorea por doquier usando su fuerza para negar ya sin tapujos el cuerpo de las mujeres”. Véase, dijo, el transfeminismo que niega a las mujeres para erguir a cuerpos de varón como las “verdaderas” mujeres porque, dicen, “lo son por voluntad y no por nacimiento; la maternidad subrogada que hace del cuerpo de las mujeres sólo el receptáculo de la voluntad del varón; la feminidad como performance desligada del cuerpo biológico; la prostitución como supuesto acto de ejercicio libre y voluntario del cuerpo, el hostigamiento sexual como una simple torpeza de la emotividad masculina que no tiene nada que ver con cómo se concibe la corporalidad femenina, el feminicidio como un conjunto, en el mejor de los casos, de locos sueltos y agresivos, etc”.

Añadió que la crisis que hoy vivimos es de una gravedad enorme y tiene dimensiones planetarias y civilizatorias, de ahí la creciente necesidad de profundizar la reflexión crítica de la macrocultura patriarcal; la necesidad de recobrar la autogestión de nuestros saberes por encima del saber académico que ya es incapaz de leer la realidad y menos aún de plantear alternativas. De allí la necesidad de recuperar el cuerpo, y antes de que terminen de robárnoslo recobrar su sentido de instrumento indispensable para tocar la vida, repensar su sentido y su valor en la creación de un sentido libre de ser mujeres.  De allí la necesidad imperiosa de crear lo no creado, pensar lo no pensado, fundar lo no fundado, de traer el mundo al mundo y esto para las mujeres sólo es posible en la práctica de relación con otras, en y desde la creación de espacios de construcción colectiva de libertad femenina.

Yan María en su intervención en el homenaje, efectuado el pasado sábado- recordó que Marcela Olavarrieta fue “quien estableció las bases teóricas y prácticas del Movimiento Feminista Radical Anarquista Separatista y la trascendencia del amor político entre mujeres como principio fundamental para edificar al feminismo” y que el Movimiento de Lesbianas Feministas en México (MLF) cuenta con 42 años de lucha ininterrumpida basado en el principio de autonomía política.

Aclaró que el amor político entre mujeres “no es sexo; el sexo entre mujeres es el homosexualismo femenino y el feminismo lésbico es amor político entre mujeres” y comentó que Olavarrieta planteó en su tiempo la abolición de la familia, la creación de comunas y cooperativas y ya en 1976 “previó que el patriarcado iba a coptar el feminismo y lo iba a utilizar en contra de las propias mujeres”.

Yan María aseveró que el generismo académico incluso ha eliminado el concepto de patriarcado. Llamo a las feministas lesbianas a crear organizaciones para resistir los embates del sistema patriarcal, conjuntamente con los movimientos obreros, campesinos e indígenas, como el zapatista. Ella es integrante del Comité de Lesbianas Feministas Zapatistas que  apoya la candidatura a la presidencia de la República de María de Jesús Patricio, propuesta por el Congreso Nacional Indígena.

Ximena Bedregal Foto: Rosa Rojas

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Detienen a 12 estudiantes de Ayotzinapa, se exige liberarlos

Otra vez la represión contra los normalistas de Ayotzinapa; ahora son 12 los detenidos, con la agravante de que la policía hizo disparos de armas de fuego contra el vehículo en el que viajaban… ¡libertad a los detenidos! ¡exigimos que no se dispare contra las manifestaciones populares!. Este es el comunicado que enviaron los padres y madres de los estudiantes:
Ayotzinapa morirá el día que muera el Sol.
 
Ayotzinapa, Guerrero a 13 de septiembre de 2017.- A las ocho de la mañana de este día al rededor de 60 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se trasladaron a Chilpancingo, Guerrero para realizar actividades de boteo, al ir de regreso a Tixtla a la altura del punto denominado el tunel la Policía del Estado de Guerrero, disparó en varias ocasiones a las llantas del autobús ponchándolas por lo que le dió alcance al autobús 1512 de la línea estrella de Oro registrándose una agresión con un saldo de 12 estudiantes detenidos.
 
Padres y madres de los 43 y estudiantes condenamos la artera agresión a nuestros jóvenes y exigimos un alto a la represión y criminalización de Ayotzinapa, alto al uso excesivo de la fuerza contra nuestros compañeros y al uso de armas en manifestaciones públicas.
Pedimos una investigación contra los Policías que dispararon al autobús 1512 y a la cadena de mando y que sean procesados y sancionados.
 
Otra vez Ayotzinapa pone los detenidos, otra vez las balas de la Policía corrupta y criminal contra nosotros.
 
Pero les decimos no frenarán nuestra lucha y anhelos de verdad y justicia y presentación con vida de nuestros 43. Si por levantar la voz y exigir verdad y justicia nos van a seguir disparando, correremos el riesgos tenemos 43 motivos para hacerlo.
 
Aunado a lo anterior un grupo de estudiantes y Padres de los 43 que andan en la ciudad de México en la madrugada de hoy fue hostigado por hombres armados que preguntaban y vigilaban a la Comisión de Padres y estudiantes.
 
FRATERNALMENTE
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
 
Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa.
 
¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA, VENCEREMOS!
 
H. Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, Guerrero.

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Vecinos de Tepoztlán, Morelos, mantendrán su plantón para que la SCT presente los permisos que dice tener para la ampliación de la autopista

 

davRosa Rojas

Vecinos de Tepoztlán que desde el pasado 20 de mayo han mantenido -día y noche- el plantón que bloquea el ingreso a ese pueblo mágico por el lado de la autopista esperan que esta semana se defina si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentará, como se le exige con esa movilización, en asamblea pública, los permisos oficiales y comunales que dice tener para la construcción de la ampliación de esa vía sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.

Dicho plantón lo realizan integrantes de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) en protesta por la ilegal tala de más de 300 árboles -un ecocidio- que una empresa pagada por la SCT llevó a cabo el 19 de mayo. Los vecinos informaron que unas 150 personas se reúnen cada tarde en el bloqueo y por la noche se mantiene una guardia de 15 a 20 personas.

Este 30 de mayo trascendió que había reunión de funcionarios de las dependencias federales y estatales en Palacio de Gobierno en Cuernavaca, donde se estaba discutiendo la situación de Tepoztlán. Se esperaba que de ahí salga la definición sobre el siguiente paso de las autoridades: diálogo o represión.

El FUDT recordó en un comunicado que el ecocidio cometido con la reanudación de los trabajos de la ampliación de la autopista es “ilegal y violatoria” de sus derechos porque las tierras donde se pretende hacer la ampliación son comunales y no existe permiso alguno de la Asamblea de Comuneros para permitir la obra.

“Es más, en la asamblea del 10 de marzo de 2013 se acordó instalar el Campamento El Caudillo del Sur en los linderos entre las tierras comunales y ejidales para vigilar y proteger el territorio. Sin embargo, el 23 de julio de ese mismo año, Graco Ramírez (gobernador del estado) ordenó el desalojo del Campamento por la policía estatal. Ése es un delito que se debería perseguir pero Graco Ramírez goza de la misma impunidad que la mayoría de los gobernadores en nuestro país. Exigimos que las autoridades federales frenen esta obra ilegal y abran una investigación en contra de Graco Ramírez por el desalojo del 23 de julio de 2013”.

Al realizarse las obras en la zona del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas, el FUDT exige que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) “hagan su trabajo y detengan inmediatamente las obras”, mismas que también violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Política Nacional de Cambio Climático

Subraya que además se viola también el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (POET) que también prohíbe las construcciones de ese tipo de obras, por lo que demandan que el presidente municipal, Lauro Salazar Garrido,  convoque a una reunión de emergencia del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (COET) y a todas las instancias involucradas: SCT, SEMARNAT, CONAMP, CONAFOR, Gobierno del Estado, Cabildo de Tepoztlán y cualquier otra instancia que sea necesaria, para exigir que se cancele la obra inmediatamente y se establezca un diálogo público y respetuoso con la sociedad.

Mientras esto no suceda continuará haciendo “las acciones de resistencia y desobediencia civil pacíficas que consideremos necesarias para que esta reunión se lleve a cabo” asevera el FUDT, al tiempo que agradece las múltiples muestras de apoyo recibidas de organizaciones de Morelos y nacionales, como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares, Morena Tepoztlán, entre otras.

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Fotos: Rosa Rojas

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El Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denuncia que se prepara una orden de aprehensión en su contra

 Foto Foto: La Jornada

Rosa Rojas

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, aseveró hoy que se está preparando una orden de aprehensión en su contra que promovería la Fiscalía Anticorrupción acusándolo de malversar mil 800 millones de pesos del presupuesto universitario durante 2014.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Segunda Feria del Libro UAEM “Sembrando futuro”, que se realiza en el campus principal de la institución en la ciudad de Cuernavaca,  indicó que la presunta orden de aprehensión se derivaría de que “justo cuando estábamos en la exhumación de los cuerpos de Tetelcingo (a mediados de 2016 labores en las que la institución apoyó a familiares de desaparecidos para la exhumación de cadáveres de una fosa clandestina gubernamental N. de la R.) coordinaron de manera facciosa una auditoría donde no me dieron a conocer las observaciones de la misma, y me llamaron a una audiencia de solventación sin que conociera yo de las observaciones”.

Añadió que se le está queriendo aplicar  “una ley como servidor público que no me aplica, donde me quieren aplicar una ley de deuda pública que tampoco me aplica, y donde no han podido demostrar ningún faltante, ningún desvío de recursos en donde yo haya malversado los fondos de la Universidad con fines de un enriquecimiento ilícito; todo indica que es algo que está orquestado; seguramente en su momento estaremos ya dando nosotros los pormenores de estas actuaciones facciosas”.

Cuestionado sobre cómo cree que se podría concretar esa orden de aprehensión, Vera Jiménez comentó que podría ser como “lo que hicieron con el alcalde de Cuautla, llevarme ante una audiencia de un juez de consigna que me va a declarar la prisión preventiva, no porque me condene sino porque me están imputando mil 800 millones de pesos; quiere decir que me robé más del presupuesto de la Universidad y los trabajadores están tranquilos porque no les pague su salario” durante todo ese año.

Esa acusación es “un absurdo, nuestro presupuesto no llega a mil 800 millones de pesos y me imponen mil 800 millones de pesos, lo cual habla, además de la torpeza, así como no saben contar muertos, porque está claro, decían que en las fosas de Jojutla habían 35 (cadáveres) y ya van 60 y pico, restos humanos de cuerpos diferentes y sigue habiendo más, pues tampoco saben contar pesos y centavos porque siempre les sobran a su favor”.

Se le preguntó si solicitará amparo contra esa presunta orden de aprehensión y contestó que él está siguiendo una estrategia de defensa legal y utilizaría ese recurso si sus abogados lo recomiendan “pero cuando se corrompe todo en un estado, ya no tenemos garantías de contar realmente con un derecho que nos asista ¿no? Entonces estamos buscando la manera de enfrentar y de que este asunto realmente lo atraiga la Federación y que la Federación, así como se llevó lo de Sedesol (un caso donde hubo también acusación de malos manejos ) donde se llevó a la PGR  y entregamos la información, nosotros solventamos todo lo que teníamos que solventar y no se ha determinado ninguna orden de aprehensión en mi contra”.

Respecto a la situación de violencia e inseguridad que ha repuntado, a pregunta expresa sobre si considera viable que el ejército intervenga para combatirlas, el Rector de la UAEM comentó que “sí tenemos que articularnos con la Federación, sí tenemos que buscar el apoyo por parte de la Federación pero no del ejército”.

Durante la inauguración  de la Segunda Feria del Libro UAEM el escritor Paco Ignacio Taibo II dio una charla sobre cómo la lectura influenció su vida desde la infancia. En la feria participan más de 50 editoriales y se llevarán a cabo una treintena de presentaciones de libros, talleres y actividades culturales y musicales, tanto en el campus norte como en el Museo de Arte Indígena y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En éstos últimos se realizarán los días 29 y 30 de este mes actividades con motivo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil “lectores del Futuro” de la UAEM.

 

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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, “porque se pondría en riesgo a la policía”,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, “todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca”.

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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