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Amilcingo obtuvo suspensión del gasoducto Morelos

Rosa Rojas

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.

“Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.

Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.

Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”, advirtió el Frente.

Afirmó que la suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.

Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.  

Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.

Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso”.

El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores), castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México”.

“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó  el Frente.

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Con pacas de paja se construyeron en dos días los muros de dos habitaciones para una familia damnificada en Hueyapan, Morelos

IMG_7011 - copiaRosa Rojas., Hueyapan, Morelos., Una técnica utilizada ya a finales del siglo XIX en Estados Unidos pero que en México recién se está empezando a popularizar, la construcción con pacas de paja, más el apoyo comunitario, milenaria forma de colaboración entre los pueblos de México, permitió que en dos jornadas –unas 18 horas de trabajo- 34 voluntarios (27 hombres y 7 mujeres), edificaran, los muros de dos habitaciones que permitirán que una familia damnificada por el sismo del pasado 19 de septiembre, recupere la vivienda que perdió en su natal Hueyapan, municipio indígena segregado el pasado diciembre del de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos.

En un fin de semana, sábado y domingo, la solidaridad comunitaria enlazó el fuerte esfuerzo físico de la construcción con la alegría, las ganas, la camaradería, la incredulidad ante una técnica alternativa, algo novedoso para todos/as en este poblado cuya población mayoritaria es indígena nahua, con la apertura de la mente para el aprendizaje de una nueva forma de edificar una casa, más económica y rápida que la construcción tradicional con ladrillos, blocks o adobes, hierro y cemento, una alternativa que todavía despierta dudas y suspicacias.

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Como explicó Rosa Elia Pérez Martínez, quien será la beneficiada, junto con su hijo, José Angel Balcázar Pérez, con este pie de casa construido con pacas de paja de trigo, la desconfianza ante el uso de un material aparentemente tan endeble para recuperar sus casas derribadas por el sismo llevó a que un par de sus familiares a quienes se ofreció el proyecto lo rechazaran. Decidieron mejor esperar a que les llegara en algún momento apoyo del FONDEN, que es la institución gubernamental que está distribuyendo el apoyo oficial para la reconstrucción y dentro del cual se utilizan los materiales de construcción de la “modernidad”.

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La obra, que comprende dos habitaciones de 4 por 4 metros, que tendrán un techo de dos aguas, está siendo financiada por las organizaciones civiles Circulo Inspira, A.C. –que trabaja con voluntarios, inspirando y acompañando a las personas a descubrir su potencial y a expresar su amor a la vida- y el Instituto Mexicano para el Desarrollo de Ciudades Verdes, S.C.; con una donación para este proyecto de tres mil dólares canadienses (algo así como 92 mil pesos).

Dirige la bioconstrucción, también con trabajo voluntario, la arquitecta Ximena Bedregal Sáez, quien explicó que en esta primera etapa se edificaron los muros de ambas habitaciones y en una segunda se construirá el techo de dos aguas.

Previamente a esta jornada se habían construido ya los cimientos de piedra, con varillas incrustadas en forma vertical para fijar en ellas las pacas, que se colocaron entreveradas, con refuerzos de alambrón en forma de U alargada en las esquinas, y fijadas verticalmente con la incrustación de varas de otate. El muro culmina con una especie de escalera de madera que se coloca horizontalmente, se fleja para compactar las pacas y culmina con un relleno con arena como aislante. Los muros deben recubrirse perfectamente con barro y cal para impedir que penetre la humedad. Los pisos pueden ser también de esos materiales.

En los muros de ambas habitaciones se utilizaron unas 200 pacas, con un costo aproximado de 40 pesos cada una. Bedregal explicó que en la bioconstrucción con pacas de paja lo más caro es la mano de obra, que significa algo así como el 75 por ciento del costo de la obra, por lo que la aportación voluntaria de las y los integrantes de amigos/as y familiares representa un ahorro muy significativo.

Al inicio de la jornada Bedregal comentó a quienes participarían en la bioconstrucción las ventajas de la utilización de este material: es económico, se utilizan pacas de los cultivos regionales –trigo, avena, etcétera, sin grano, bien compactas y secas. La construcción es resistente a sismos; térmica, mantiene una temperatura fresca cuando hace calor y acogedora cuando hace frío en el exterior; es resistente al fuego, incluso a muy altas temperaturas; eso sí, como cualquier construcción, requiere de mantenimiento periódico para evitar su deterioro.

La tarde del segundo día llegó para conocer el trabajo que se realizó con la casa de pacas de paja el abuelo de Rosa, la dueña de casa, don Bonifacio Martínez, noventañero quien también perdió su casa por el sismo, y luego de inspeccionar la obra elogió la rapidez con que fue edificada, la economía de la construcción y se mostró satisfecho de sus características. “Aquí no vas a volver a tener frío”, le dijo a su nieta, “ahora nomás hace falta repellarla con tierra para proteger los muros”, comentó.

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También llegaron, curiosas, las 8 mujeres que –además de un hombre- estuvieron colaborando con su trabajo voluntario, invisible, en la cocina, preparando los desayunos y comidas que se ofrecieron a los y las voluntarias. Sorprendidas gratamente por el avance de la obra se retiraron rápidamente porque todavía era necesario ir a lavar los trastes.

La idea de construir una casa para Rosa, nació con la intención de apoyarla a recuperar su hogar pero además, de hacerlo con participación comunitaria y con el interés de enseñar y promover el sistema de bioconstrucción en el marco del proyecto Planteles Educativos Sustentables, financiado por la agencia canadiense Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), en el que participan las tres sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Morelos, la Universidad Politécnica de Morelos y la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Dawson College, de Montreal, Canadá. Se contó además con donativos de particulares de México, Estados Unidos y Canadá que han hecho posible avanzar en la obra.

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Fotos: Rosa Rojas

 

 

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Riesgo de masacre como la de Acteal se vive en Chalchihuitán, Chiapas, advierte SERAPAZ

IMG-20171126-WA0004Rosa Rojas

La violencia que se vive en los Altos de Chiapas, por un conflicto agrario, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, puede desembocar en una masacre como la ocurrida en Acteal (también municipio de Chenalhó, donde hace 20 años fueron asesinados por paramilitares 45 indígenas) advirtió la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ, que urgió el lanzamiento de una campaña de solidaridad nacional e internacional para atender esta crisis humanitaria.

Con información de autoridades de las comunidades afectadas y párrocos de la región, recogida entre el 24 y 25 de noviembre, SERAPAZ detalló que ya son 4 mil 873 las personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas, desplazadas por ataques a sus comunidades; la mayoría está viviendo en las montañas, con mucho frío en la noche, y otros en la cabecera de Chalchihuitán.

Mencionó  hechos muy lamentables: hay, muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas; hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos ni medicinas porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas y solamente por la vía de Simojovel hay acceso.

Varias casas han sido quemadas, la gente requiere urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños, agregó.

Detalló que en nueve comunidades, de acuerdo a cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

  • Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias, ocho mujeres embarazadas
  • Comunidad de Pom: 436 familias, más de dos mil habitantes, 100 mujeres embarazadas
  • Tzomolton: 107 familias, 800 habitantes, seis mujeres embarazadas
  • C’analumtic: 191 familias, 600 habitantes
  • Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
  • Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
  • Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
  • Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
  • Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

Entre las comunidades afectadas, pero que no han sido desplazadas, mencionó Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun Xulum y Saclum.

De acuerdo a una Acción Urgente sobre este conflicto, emitida el pasado día 22 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la violencia está afectando a unas 70 mil personas.

El Frayba documentó que la violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, “ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal”.

Indicó que la confrontación entre los dos pueblos estalló cuando en 1975, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Ante esta situación, el Frayba urgió al Estado mexicano “a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede suceder mayores violaciones a derechos humanos, ya que tenemos información precisa que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.

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Se organizan las parteras tradicionales de Chiapas contra la violación a sus derechos culturales y a la salud

Rosa Rojasparteras1

Para hacer frente a las políticas institucionales que han estado cambiado el rol de las parteras tradicionales que atendían a las mujeres en sus partos, la falta de reconocimiento de su labor continua en pro de la salud de las comunidades, mujeres niños y niñas y la violación a sus derechos culturales y a la salud, nació en el Tercer Encuentro de Parteras de Chiapas la organización Movimiento de parteras de Chiapas- Flor de Maiz (Nich Ixim).

En el evento, efectuado del 24 al 26 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, participaron además como invitadas tres parteras del Movimiento Nacional de Comadronas de Guatemala y una partera de San Miguel de Allende, Guanajuato.

La organización está integrada por 124 parteras tradicionales y técnicas de 19 municipios y cinco regiones de Chiapas: Selva, Frontera, Zona Norte, Altos y Fraylesca, que son las zonas y territorios de más representativos en cuanto a la práctica y saberes en partería tradicional, se informó en un pronunciamiento en el que señalaron que se vieron obligadas a organizarse debido a que de pronto se les empezó a prohibir la atención, a restringirles las cédulas de nacimiento y sólo se les solicitaba para hacer referencias y acompañamiento a las embarazadas.

Detallaron que desde hace dos años las parteras, junto con organizaciones de la sociedad civil, se han estado reuniendo y organizando para hacer un espacio que promueva los derechos de las parteras y tenga la interlocución directa con actores que realicen cambios para mejorar el ejercicio de la partería tradicional en comunidades, municipios y regiones de Chiapas.

En asamblea delinearon que los objetivos del Movimiento son: Contribuir a la defensa de la partería tradicional como un derecho humano, a la salud, cultural y de las mujeres indígenas, rurales y urbanas; construir estrategias que enlacen y organicen a la partería tradicional y la técnica sin rivalidades, abonando a la salud de las mujeres.

Promover los derechos de las parteras y parteros a atender partos; defender los derechos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva (derechos a decidir sobre su cuerpo y salud); trabajar por el derecho de las mujeres a decidir con quién quieren parir, atenderse y dónde y
salvaguardar el derecho a la salud de las parteras y al reconocimiento de sus saberes.

Subrayaron que como ciudadanas con derechos se organizaron para ejercerlos y por esto demandamos: Reconocimiento y respeto a las parteras sin importar si son certificadas o no;
solicitan credencial de instituciones de salud en caso que de que lo requieran; tener contactos directos con el personal de los hospitales de primer segundo y tercer nivel para referir traslados.

Además, tener diálogo con el sector salud y actores en salud de su estado de manera directa; que el sector salud no las divida ni impida atender a las mujeres y que no decida a quienes si atienden y a quienes no; facilidad para extender los certificados de nacimiento, firmados como parteras.
Entre otras demandas piden la mejora de los servicios de salud en los hospitales y servicios de primer nivel como casas de salud o centros de salud, incluidos los fines de semana y que el sector salud tenga personal capacitado en emergencias obstétricas y sensibles a la cultura de cada pueblo con trato digno.

Igualmente, que haya bancos de sangre suficiente a diferentes niveles de atención, porque esta deficiencia de abasto ha sido causa de muerte materna en muchos casos; dotación de medicamentos y materiales suficientes y que no manden a comprarlos a las parteras ni a las mujeres que refieren; que los servicios de salud no traigan a la embarazada de una lado a otro y que no la rechacen.

Demandan que el sistema de salud en Chiapas cuente con ambulancias con chofer y gasolina para los traslados; apoyos económicos para las parteras o gratificación; apoyos jurídicos y psicológicos en caso de algún problema así como tienen los médicos en los hospitales y apoyo de capacitación a todas las parteras lejanas y cercanas sin condicionamiento.

Señalaron que se estarán reuniendo en comunidades, municipios y a nivel estatal para ir construyendo espacios y estrategias de diálogo, de información y organización que mejoren la calidad de vida de las parteras tradicionales y técnicas y de las mujeres y sus comunidades en su ejercicio al derecho a una atención de calidad y elegida.

Convocaron este encuentro organizaciones de la sociedad civil como Formación y Capacitación, A. C.; Alianza Pediátrica Global; Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas; Comité Promotor de una Maternidad Segura en México; CESC, Sakil Ixim, Casa de la Mujer de Palenque Ixim Anzetic, organizaciones con experiencia y compromiso con la partería tradicional y técnica por más de 20 años.

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Fotos: Adela Bonilla

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La sociedad morelense se organiza para evitar arbitrariedades de autoridades estatales en el reparto de la ayuda a damnificados

Un trailer con ayuda para damnificados de Tepoztlán, Morelos, llegó este 23 de septiembre. Participantes en el plantón contra la ampliación de la autopista participaron en la descarga, organizaron la ayuda en despensas y posteriormente colaboraron para repartirla en los barrios afectados. “Somos sólo sociedad civil, nada que ver con partidos ni con la presidencia municipal”, afirmaron donantes y voluntarios.  Fotos: Rosa Rojas

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Rosa Rojas

Tragedias como las que han ocurrido en México con los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el primero afectando más a Oaxaca y Chiapas y el segundo a Morelos -donde se localizó el epicentro, por Axochiapan- y la Ciudad de México, además del Estado de México, sacan lo mejor y lo peor de la gente. En el caso del estado de Morelos se han generado denuncias en el sentido de que los camiones que llegaban de otras entidades con ayuda para los damnificados y que se pretendía repartir directamente en las ciudades y poblados más afectados, eran obligados a dirigirse a las bodegas del DIF estatal y dejar su carga ahí.

El jueves circularon en las redes videos denunciando que tres camiones torton que venían con alimentos, ropa, medicinas, desde Michoacán y Nayarit y querían llevarla directamente a los afectados, fueron obligados mediante patrullas a llevarla al DIF en Cuernavaca. Incluso una bodega estaba tan repleta de cosas que tuvieron que irse a una diferente. Y uno se pregunta ¿por qué si miles de personas están padeciendo falta de alimentos, de techo, de cobijas, de medicinas, por haber sufrido la pérdida total o parcial de sus viviendas la ayuda está almacenada en vez de ser distribuida? lo menos que se piensa es en una ineficacia oficial absoluta  para distribuir esa ayuda, otros dicen que porque el gobierno buscará distribuir las cosas en bolsas con su logotipo y nombre del gobernador, o con el de su partido.

Y no fue ese el único caso denunciado: el viernes, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en un video grabado en Jantetelco, denunció que tres camiones de provisiones que iban al centro de acopio de Caritas, en el seminario, fueron desviados por las autoridades y se llevaron la ayuda al DIF. El prelado, que no es precisamente del agrado del gobierno de Graco Ramírez por diversas denuncias que ha hecho sobre arbitrariedades oficiales, afirmó: “Esto me parece totalmente injusto, esto no debe ser, esto sobrepasa cualquier lógica moral mínima, yo les suplicó que quienes tienen la autoridad, quienes tienen la forma de detener esto lo hagan. Dios todo es justicia, y aunque ahora se salgan con la suya le tendrán que dar cuentas a dios crean en él o no, yo les suplico cambien de actitud, se los pido por favor y no vean sus intereses sino los intereses del pueblo, como debe ser”…

El mismo viernes Elena Cepeda de León, presidenta del DIF, esposa del gobernador Graco Ramírez, aseveró que se actuará contra Gabriel Rivas Ríos -líder del frente Ciudadano Unido y a quien ligó con Morena- por el delito de robo de al menos 90 toneladas de víveres provenientes de Michoacán y Nayarit, después de que en redes sociales se incitó a un conflicto por la supuesta retención -ordenada presuntamente por el Sistema DIF- de los citados camiones, situación que generó enojo de la sociedad,

Insistió en que se actuará de manera legal en contra de los que hicieron viral el video en las redes sociales sobre la supuesta retención de los camiones y asaltaron los víveres. Así mismo, pidió a la ciudadanía que “no difunda cosas que no son ciertas y tengan fe en los demás”.

El caso es que ante el descontento ciudadano por estas denuncias, y la desconfianza que se tiene en cuestiones oficiales, la sociedad civil se ha organizado para evitar que otros camiones con ayuda sean interceptados por la policía y obligados a descargar en bodegas del DIF.

Un trailer que venía de algún estado del norte del país, Monterrey o Jalisco, se comentó,  llegó el viernes 22 a Cuernavaca, lo llevaron directamente a un domicilio privado y llegaron cientos de señoras con camionetas y automóviles que con sus hijos y algunas con sus maridos, descargaron el camión que traía mucha ropa nueva, leche en polvo, artículos de higiene personal, catres, artículos para bebés, guantes de carnaza, suero, muchas medicinas…

Un testigo presencial informó que la operación fue coordinada por directoras y maestras de varias escuelas privadas que estuvieron convocando a las mamás, esperaron el torton a las  10 de la mañana en la carretera, lo escoltaron a una mansión ubicada en una privada, lo descargaron rápidamente para que no los detectara un helicóptero que andaba sobrevolando la ciudad.

Para hacer el reparto de la ayuda que traía el torton, se fue anotando cada salida, lo que llevaba cada vehículo, la placa, el nombre de la o el responsable del mismo, de qué escuela eran… En tres horas y media ya estaban subiendo las cosas a los automóviles y camionetas para ir a hacer la entrega a diferentes pueblos, de los que ya había una lista, y las indicaciones para llegar. Incluso a la ropa -que era nueva- le quitaron las etiquetas para evitar que -como se ha reportado- algunos vivales simplemente la reciban y la vendan.

Así como ese trailer, se sabe que están llegando varios más, con la instrucción, difundida mediante las redes sociales, de que los choferes, si los detienen policías para interrogarlo y querer llevarlos a las instalaciones del DIF, no digan que llevan ayuda para los damnificados sino carga privada; que los camiones se dirijan a una dirección previamente acordada y que se convoque a amigos, vecinos, conocidos, para que descarguen el camión y repartan la ayuda.

Algo que ha causado preocupación también, y que revela la falta de coordinación que hay entre autoridades estatales y municipales, es que en algunos lugares se han empezado a demoler construcciones -casas- afectadas por el terremoto por orden de autoridades municipales, pero por otra parte autoridades estatales han advertido que eso no debe hacerse hasta que se lleve a cabo un censo de construcciones dañadas por el movimiento telúrico porque de lo contrario se corre el riesgo de que el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) no apoye a los propietarios para su reconstrucción. Incluso recomendó tomar fotografías del inmueble derruido para probar su existencia.

Pero además está la desconfianza de que las autoridades municipales, que deberán colaborar con el Fonden en el censo de inmuebles, manejen éste en forma política para la compra de votos dado que varios presidentes municipales están buscando la candidatura para diputaciones el próximo año. En este asunto lo que se ha sugerido es que se formen comités ciudadanos por barrio o comunidad que exijan supervisar los censos de inmuebles afectados que levante el Fonden, de forma que no se excluya a ningún damnificado. Los sismos, que han despertado una vez más la conciencia de la fuerza que tiene la organización ciudadana, pueden servir para que haya un cambio cualitativo en la participación de la sociedad civil potenciada por el uso de las redes sociales.

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

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Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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