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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, “porque se pondría en riesgo a la policía”,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, “todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca”.

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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“Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación” la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila-quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”. 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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Peritos de la Fiscalía de Morelos carecen de equipo básico para investigar la creciente violencia: Asociación de Ayuda a Víctimas

 

Rosa Rojas

Es alarmante que ante la creciente violencia que se vive en el estado de Morelos, donde además continúan las desapariciones de mujeres, el área de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de los recursos necesarios para realizar la investigación y el levantamiento de pruebas en los lugares donde se cometen los delitos, contaminando la escena del crimen, lo que puede llevar a que se incremente la impunidad advirtieron integrantes de la Asociación de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables.

Eduardo Sánchez Lazo y Abimelec Morales Quiroz, miembros de dicha organización, que son también integrantes de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recordaron que la fundación Digna Ochoa de Morelos, reporta que en el presente gobierno de Graco Ramírez -que cumple cuatro años- han desaparecido 166 mujeres de las cuales solamente 43 han regresado con vida.

Se desconoce el paradero de 123 mujeres desaparecidas entre enero de 2013 a enero de 2017; la situación más difícil para la población es que la Fiscalía General del Estado mantiene la teoría de no investigar estas desapariciones ante la probabilidad de “que se hayan ido con el novio”, lo que afirmaron, no es permisible para una fiscalía ya que “independientemente de los motivos que pueden originar estas desapariciones, deben investigarse y resolverse a la brevedad para tranquilidad de las personas”. Cuestionaron “¿Acaso no existe la intención de saber su paradero? ¿Estarán en la fosa de Jojutla o en las cámaras frigoríficas” de la fiscalía? Reclamando que dicha dependencia debe transparentar todas las carpetas de investigación de esos casos.

Respecto a la falta de los recursos con que deben contar los peritos de la FGE, señalaron que el pasado 6 febrero 2017 (cuando una familia en el municipio de Temixco fue atacada por individuos encapuchados que les dispararon, asesinando a dos hombres y una bebé de ocho meses de edad y resultando otros dos personas heridas), se pudo observar cómo los peritos de la FGE manipulaban la escena sin guantes, sin los overoles especiales para ello y botas desechables para evitar contaminar la escena.

Informaron que investigaron por qué se intervino de esa manera tan errónea en ese caso de gran impacto social y se les informó que actualmente esa área se encuentra con muchas carencias: a los peritos les proporcionan sólo entre tres y cinco pares de guantes para  una guardia y un overol, no les dan material para rastreo y levantamiento de huellas dactilares; no tienen tóner para imprimir sus informes y se les limita la gasolina. Incluso comentaron que a veces los mismos peritos deben adquirir el material con sus propios recursos para poder entregar sus informes.

Aseguraron que el discurso del fiscal general del Estado no es congruente ya que es “absurdo gritar a los cuatro vientos que se invertirán millones de pesos en tecnología para el área pericial y que cuentan con acreditación del programa internacional de asistencia y entrenamiento en investigación criminal (ICITAP por sus siglas en inglés) cuando lo mínimo indispensable no lo subsanan”.

Reclamaron que debe incrementarse por lo menos al triple el número de peritos de la fiscalía además de otorgarles todo el material necesario para que se haga una investigación profesional de los hechos delictivos que se cometen en la entidad.

 

 

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Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por “omisión, negligencia y simulación” del Estado: CIDHM

Rosa Rojascidh30ene16

De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido “omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio”.

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que “la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios”.

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, “pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad”.  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

“Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida”.

Concluye afirmando “de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas”.

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida “por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos”.

 

 

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El estado mexicano debe garantizar el derecho a defender los derechos humanos pues los principales agresores de defensoras y periodistas son servidores públicos: CIDHM

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Campaña “Defensoras de derechos humanos creemos y creamos”,

Rosa Rojas

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) hizo hoy un enérgico llamado al Estado mexicano para que cumpla con su deber de garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales, “más aún a sabiendas de que los principales agresores de las defensoras de derechos humanos y las periodistas son los propios servidores públicos”.

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Juliana Quintanilla y José Martínez Cruz, de la CIDHM, presentaron en una acción frente al palacio de gobierno morelense,  la campaña “Defensoras de derechos humanos creemos y creamos”, que consiste en la divulgación, del 25 noviembre al 10 diciembre, de una serie de materiales impresos y electrónicos para visibilizar el aporte de las defensoras a la sociedad y sus comunidades, así como el contexto adverso que enfrentan para el ejercicio de su labor.

Informaron que ante la ausencia de estadística oficial, la RNDDHM -integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 estados del país- registró y sistematizó información de que entre 2010 y 2016, han sido asesinadas 41 defensoras de derechos humanos, 11 de las cuales eran periodistas.

Los ataques más frecuentes contra las defensoras son: intimidación y hostigamiento psicológicos; calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; amenazas, advertencias y ultimátum; restricciones a la libertad de expresión; detención arbitraria y privación ilegal de la libertad.

Las defensoras más agredidas son quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de información y libertad de expresión y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. La Red destacó que a partir de 2012 “se observa con mayor frecuencia el uso faccioso del sistema de procuración y administración de justicia para inhibir y mermar la labor de las defensoras”.

Quintanilla y Martínez informaron que se llevaron a cabo acciones similares en otros 15 puntos del país: Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Jalisco; Chihuahua; Baja California; Chiapas; Atoyac, Guerrero; y Puebla. Entre los contenidos de la campaña se encuentran postales de reconocimiento al quehacer de las defensoras y carteles para exigir justicia por las compañeras asesinadas.

Subrayaron que es en la zona sur del estado – Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Zacatepec- donde son más frecuentes el hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de periodistas e incluso ha habido presidentes municipales que agreden a los informadores al ser cuestionados, como es el caso de Angelina Albarrán, corresponsal de El Sol de Cuernavaca en Jojutla, quien es una de las más agregidas. Indicaron que los ayudantes de un ex presidente municipal de Amacuzac, que después fue diputado local, golpearon a varios periodistas de medios locales durante una protesta que hubo en el Congreso estatal, en Cuernavaca.

Agregaron que en Morelos el Mecanismo para Protección a Periodistas ha documentado 27 casos de agresiones a informadoras, incluidos robo, golpes, hostigamiento y amenazas. Detallaron que si bien hay una Ley Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, en Morelos la ley  no incluye a éstas últimas, pero la CIDHM ha presentado un protocolo que las incluye y se está discutiendo además en el Congreso Local la elaboración de una ley estatal para ello.

Subrayaron que los aportes de las defensoras y periodistas son muchos y diversos y suelen pasar desapercibidos, particularmente si se está en crisis de derechos humanos como en el México actual.

“Las defensoras salvan vidas; logran aprobación de leyes y políticas públicas para que las mujeres y niñas accedan a una vida libre de violencia y empujan su aplicación. Las defensoras y periodistas contribuyen a que el territorio sigue en manos de la comunidad, de los pueblos originarios, frente a los intereses privados que lo acechan. Por ello esta campaña es en homenaje a las defensoras de derechos humanos de todo el país, a las periodistas que trabajan en pro de los derechos humanos”, indicaron.

 

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La legendaria líder sindical Dolores Huerta, se une a la lucha contra El Súper-Chedraui, en Los Ángeles

Rosa Rojas

Los empleados de El Súper encabezarán, este martes 22 de noviembre, junto con cientos de miembros de la comunidad que los apoya, una gran protesta afuera de la tienda El Súper #13, en el Sur de Los Angeles. El pasado mes de agosto, esa tienda fue cerrada por el Condado de Los Angeles después de que inspectores de salubridad descubrieron decenas de “restos de excremento de ratones, frescos y secos” en toda la tienda, se indica  en un comunicado.

Trabajadores sindicalizados de tiendas de autoservicio El Súper, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), continúan su lucha de más de tres años en busca de lograr un contrato sindical justo que les garantice turnos de tiempo completo, suficientes días por enfermedad pagados, salarios justos, dignidad y respeto en el trabajo.

El texto consigna declaraciones del Presidente del Local 770 del sindicato UFCW, Ricardo F. Icaza, de que “la dedicación y firmeza de nuestros miembros en El Súper son una inspiración para la lucha más amplia por los derechos de los trabajadores migrantes… nuestros miembros en El Súper necesitan jornadas con más horas garantizadas para que ellos puedan trabajar para acabar con las crisis de salud pública como la que vimos en la Tienda 13 el pasado mes de agosto”.

La manifestación de protesta del martes se llevará a cabo después de importantes victorias de esta campaña, durante el tercer trimestre del 2016. Primero, después de varios meses de acciones afuera de las salas de cine Cinépolis en Estados Unidos, el Director General de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña –miembro del consejo de administración del Grupo Comercial Chedraui (la empresa filial de El Súper)–  renunció a su puesto en la directiva de Chedraui. Segundo, el persistente impacto del actual boicot de consumidores a El Súper resultó en otro trimestre de ventas negativas en los supermercados de la cadena. Los analistas habían pronosticado un 2 por ciento de aumento en las ventas, sin embargo, la empresa reportó una disminución del 0.4 por ciento en las ventas en el último trimestre, añade el texto.

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FIOB recomienda cautela a unos 25 mil indígenas que trabajan en California ante la llegada de Trump

 La organización lleva 25 años luchando por los derechos de pueblos originarios 

Rosa Rojas

El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (EU)”es algo terrible porque nos pone en una situación muy delicada”, tanto por el racismo que se ha desatado como porque están en riesgo de ser deportados unos 25 mil indígenas, mixtecos en su mayoría pero también triquis y zapotecos, que trabajan en campos de California -en Oxnard, Salinas, Santa María, Los Angeles, San Diego- muchos de ellos afiliados al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), informó el consejero de esta organización, Eleuterio Suárez.

Entrevistado vía telefónica en el marco del aniversario de la creación del FIOB, que este 19 de noviembre celebrará con un acto cívico cultural en Tijuana, Baja California, un cuarto de siglo de vida luchando “por los principios de libertad, justicia, democracia e igualdad para los migrantes y pueblos originarios” tanto en EU como en México, señaló que la mayoría de ellos son indocumentados, muchos no hablan bien el español, “estamos tratando de apoyarlos para que se hagan ciudadanos para que sus derechos sean válidos en EU”, indicó.

Datos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, publicados en medios nacionales, estiman que en California trabajan unos 150 mil de los 1.5 millones de oaxaqueños radicados en EU, distribuidos en los estados de California, Oregón, Washington, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y Georgia.

Suárez detalló que en muchos casos son familias completas -primero llegaron los papás, luego fueron llegando los hijos y las esposas- y si hay deportaciones las familias quedarán divididas. “Les damos asesoría para tratar de activarse en el área donde están viviendo, dándoles ideas de no salir tanto, no andar manejando porque la policía por cualquier motivo va a tratar de arrestarlos si andan manejando sin licencia, que los que trabajan no salgan con la familia porque salían a sentarse afuera de las grandes tiendas a esperar a que los contraten”.

Reconoció que si extraditan a los millones de indocumentados de los que habló Trump los agricultores estadunidenses se quedarán sin mano de obra. Pero lo cierto es que “hay miedo con las leyes de deportación”. Citó como ejemplo que en Illinois murió un joven “y la familia se está peleando porque no quieren que el cuerpo se vaya a Oaxaca, tienen miedo de ir a decir que ellos son los familiares de la persona que murió porque tienen miedo de que los vayan a deportar” y en el consulado de México en Illinois dicen que ellos no pueden hacer nada si no va la familia.

“También hay personas oaxaqueñas que ya tienen sus documentos y se ponen en contra de los paisanos… ya tenemos dos casos documentados de que fueron a denunciar a los compañeros con las autoridades… a veces traen pleitos desde sus comunidades” de origen, apuntó.

De esas y otras cuestiones se hablará en este aniversario de la organización, comentó Suárez, quien es encargado de la comunidad Colonia Obrera Tercera Sección del FIOB en Tijuana.

El FIOB se constituyó, primero como Frente Mixteco Zapoteco Binacional (FM-ZB), el 5 de octubre de 1991, en la Ciudad de Los Ángeles, California, por decenas de hombres y mujeres indígenas integrantes de las organizaciones Comité Cívico Popular Mixteco (CCPM), Asociación Cívica Benito Juárez de Oaxaca (ACBJO), Organización del Pueblo Explotado y Oprimido (OPEO), la Comunidad Tlacolulense en Los Ángeles (COTLA) y la Organización Regional de Oaxaca (ORO).

El FIOB informó que en su caminar ha logrado importantes avances “pero son más los problemas y las necesidades de nuestros pueblos que día con día reclaman ser escuchados y ser incluidos en las políticas de gobierno para erradicar la pobreza y la marginación, la corrupción y la violación de los derechos constitucionales”.

Entre sus logros la organización enumeró que ha logrado desarrollar proyectos de fortalecimiento de la cultura en los estados de Oaxaca y Baja California, México y en California, EU; opciones de ahorro y crédito en ese país; apoyo para el traslado de migrantes fallecidos en EU y Baja California; fortalecimiento de la gestión ante instancias federales para la ejecución de obras de infraestructura básica en las comunidades oaxaqueñas y un programa de intérpretes en mixteco, zapoteco y triqui para la defensa de los derechos laborales y humanos en EU y Baja California.

Asimismo, la conquista de espacios en el poder legislativo en Oaxaca; obtención de triunfos electorales en ayuntamientos; empoderamiento institucional en agencias municipales; obtención de apoyos en proyectos productivos de impacto familiar y comunitario en municipios de Oaxaca y el establecimiento de convenios con fundaciones para impulsar proyectos de procuración de justicia, desarrollo humano, derechos laborales, seguridad alimentaria, reinserción de migrantes a sus comunidades de origen, equidad de género y opciones productivas familiares.

Mencionó además que ha contribuido en la elaboración de iniciativas de ley y propuestas sobre programas para migrantes en el estado de Oaxaca; ha realizado talleres de sensibilidad, derechos laborales, derechos indígenas y derechos humanos en Baja California; se fundó el FIOB en la Ciudad de México y el Estado de México; se ha logrado mayor democratización en la designación de las estructuras de dirección; mayor horizontalidad en la toma de decisiones y apoyo al desarrollo del liderazgo de las mujeres.

Por otra parte, mencionó que entre los retos que deberá enfrentar el FIOB es involucrar a jóvenes para garantizar el futuro de la organización; educar ideológicamente a la militancia para garantizar la vigencia de los principios y valores estipulados en sus documentos básicos, seguir expandiendo la presencia del FIOB a nivel nacional, buscar y ejercer el poder con la máxima que dice: “mandando, obedeciendo al pueblo”.

 

 

 

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