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Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

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Indígenas oaxaqueños denunciaron ante expertos de la ONU violaciones a sus derechos para imponerles megaproyectos

 

Rosa Rojas

Un total de 25 casos de megaproyectos mineros, eólicos y de extracción de hidrocarburos que se están desarrollando en Oaxaca son violatorios de los derechos a la consulta libre previa e informada de comunidades indígenas, así como a la tierra, al territorio y a los bienes naturales, denunciaron miembros de pueblos indígenas y activistas ecologistas y de derechos humanos ante integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GTNUEDH) que realiza una visita oficial a México.

Coordinaron la visita las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH) las cuales informaron que los expertos Dante Pesce y Pavel Sulyandziga se reunieron con comunidades afectadas por ese tipo de proyectos el pasado  1° de septiembre durante la primera visita regional que realizaron en el Estado de Oaxaca, uno de los más afectados por los megaproyectos en México.

Asimismo indicaron que los asistentes denunciaron abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas, gobiernos municipales, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores como el caso de Bernardo Vásquez en San José del Progreso, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos.

Se expuso además la preocupación ante la reciente aprobación de las Zonas Económicas Especiales, que arrancará en la entidad en el puerto de Salina Cruz “y del que no hay tampoco información clara al respecto de las afectaciones directas en las formas de vida de la región”. La reunión se efectuó en la capital oaxaqueña.

Mariano López, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), informó en entrevista telefónica que él expuso cómo la empresa Gas Natural Fenosa (GNF) ingresó a la comunidad de Juchitán a instalar el parque eólico Bií Hioxo “sin ninguna consulta, que hubo hostigamiento de la empresa contra quienes se oponen al proyecto, que provocó división en la comunidad, ahora hay pro eólicos y anti eólicos donde antes todos nos veíamos como hermanos”.

Explicó a los expertos que las bases de algunos aerogeneradores tienen hasta 10 metros de profundidad y que “las perforaciones hechas cerca de la Laguna Superior, que colinda con Playa Vicente, están afectando las venas de los pozos de agua, taponándolas, lo que violenta nuestro derecho al agua y es perjudicial para las plantas medicinales que sólo se dan en esa zona, lo que afecta además nuestro derecho a la salud”.

Aseveró también que la manifestación de impacto ambiental (MIA) que presentó la empresa al gobierno nunca la conocieron los indígenas juchitecos. Ante esa serie de irregularidades interpusieron un amparo con acompañamiento de ProDESC, contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa y otro por las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, para la instalación del parque de la empresa Eólica del Sur.

Mencionó que hay dos procesos de amparo que están esperando respuesta: aún no hay sentencia sobre el amparo interpuesto hace tres años contra GNF, “porque al principio el juzgado pidió que se comprobara que somos comunidad indígena, lo que se hizo con un estudio antropológico; luego que se comprobara que el parque está en terrenos comunales, por lo que se hicieron peritajes… exigimos justicia pronta y expedita”, afirmó López.

Indicó que por escrito se entregó la lista de violaciones en que incurrieron los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso del parque de Eólica del Sur, entre las que enumeró que la consulta respectiva “no fue previa, ya que se habían otorgado permisos a la empresa antes y durante la consulta; no fue libre porque los que estábamos contra el proyecto recibimos amenazas; no fue informada porque solicitamos en 13 oficios cerca de 70 estudios sobre el ruido que producen los aerogeneradores; las afectaciones al agua superficial y subterránea producidas por los parques eólicos ya construidos y otros, que nunca nos entregaron; no fue transparente porque Juchitán tiene 9 secciones y más de 130 colonias y no se realizó en todas y tampoco fue de buena fe”.

En su comunicado las organizaciones informaron que dichas violaciones fueron documentadas por la misión de observación integrada por ProDESC, Codigo DH y PODER junto con otras organizaciones locales. Destacaron que “esta consulta fue para el gobierno mexicano, el modelo de las demás consultas a realizar en el marco de la reforma energética”.

Señalaron que uno de los casos presentados ante el GTNUEDH fue el de la comunidad Agraria de Unión Hidalgo. Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad, expuso la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC, en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (DEMEX) “ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil siendo que las tierras de Juchitán son tierras agrarias, el juicio se encuentra en la etapa final y se espera que el Tribunal Agrario dicte una sentencia lo más apegada a derecho y respetando los derechos humanos de la comunidad”.

El GTNUEDH se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre. La visita cerrará con una conferencia de prensa donde presentarán su informe preliminar, mismo que, incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realicen durante su estancia en nuestro país y las diferentes reuniones que tengan con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas, indicaron.

 

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Urge abrogar la reforma energética peñanietista que sólo favorece a las petroleras transnacionales

Rosa Rojas

La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad, habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector que incidirían en disminución de precios de esos productos para los mexicanos, está resultando en todo lo contrario: iniciando agosto el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo  y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento -el primero fue en julio- a  las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el doméstico de alto consumo.

Así, el precio de la gasolina Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la Premium de 14.81 pesos por libro y el del diesel de 13.98 pesos por litro, es decir, aumentos de 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente; en julio las gasolinas Magna y Premium subieron  24 y 34 centavos respectivamente y en junio ocho centavos.

Por lo que toca a la electricidad, el sector industrial pagará a lo largo de agosto incrementos de entre 5.2 y 7.5 por ciento respecto al precio de agosto de 2015; el comercio de 7.8 a 9 por ciento y los usuarios domésticos de alto consumo 8.9 por ciento. La CFE dijo que en agosto se mantendrán los precios a los usuarios de bajo consumo que incluso, dijo, han bajado 2 por ciento respecto a las de agosto de 2015. Lo que no dijo el gobierno es que los precios que se aplicarán a la industria y al comercio repercutirán en los precios de todos los productos, sin que se haya referido en ningún momento a un aumento a los ya de por si alicaídos salarios.

Según el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, México está pagando una gasolina 23 por ciento más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65 por ciento de la gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos  exportando crudo barato para importar subproductos del petróleo caros, luego de que una sistemática política de desmantelamiento de PEMEX logró desembocar en la reforma energética privatizadora.

Y el PAN, que votó a favor de esa reforma, ahora califica el gasolinazo como “el robo del siglo”, según lo calificaron  sus senadores Mariana Gómez del Campo y Francisco Búrquez, así como el diputado Federico Doring. Este último dijo que es un escándalo que con el gasolinazo el gobierno mexicano recaudará 300 mil millones de pesos adicionales, “que deberían estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y la del país”. Ahora los panistas tratan de deslindarse del atraco que, conjuntamente con el PRI y sus partidos títeres asestaron al pueblo de México con esas reformas, a la vista del voto que en las pasadas elecciones obtuvo para algunos de sus candidatos a gobernadores, buscando así capitalizar el descontento popular que está ocasionando el gobierno federal priista con su política económica, ampliamente compartida por el PAN.

Con todo esto es claro que urge abrogar esa y otras reformas, como la educativa, que están llevando a México a severas crisis sociales y económicas, y que para lograr que se de marcha atrás a esas reformas peñanietistas, será necesario que además de votar contra los candidatos del PRI, se vote contra los del PAN, PVEM y sus otros aliados, pero sobre todo, se organice el pueblo para movilizarse y obligar al gobierno a dar marcha atrás a estas políticas que benefician sobre todo al gran capital transnacional que, ahora, como antes de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, están imponiendo medidas que únicamente incrementan sus ganancias, a costa de la miseria de la mayoría de los y las mexicanas.

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La comunidad indígena de San Miguel del Progreso combate con otro amparo la desprotección por el sobreseimiento de la SCJN de su recurso contra la Ley Minera

Rosa Rojas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 25 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es “preocupante por decir lo menos” el fallo citado. “Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contario”.

Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.

En ese contexto, “para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció  públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.

Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.

Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.

Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.

El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que “es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años”.

Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, “porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos”.

Añadió que como  REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles “y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten”.

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La SCJN “tarde o temprano” deberá discutir la inconstitucionalidad de la Ley Minera y resolver a favor de los pueblos originarios: Serranos Unidos en Resistencia Indígena

 

Rosa Rojas 

Ante la resolución adoptada por  la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en su sesión del 25 de mayo, en el sentido de sobreseer el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena Me´phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero,  sin entrar al fondo de la cuestión planteada por la comunidad de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), de la Sierra Norte de Puebla, advirtió que “ante la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación”.

Por lo pronto, “nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos”, advirtió el dirigente de SURI, Raymundo García Lopez, en un comunicado.

La comunidad tlapaneca de San Miguel del Progreso, logró mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, siguió luchando para que la Suprema Corte de Justicia declarara que la Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pidió  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debía ser sobreseído. Sin embargo, San Miguel del Progreso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

San Miguel del Progreso había señalado que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas renuncias a las concesiones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, “pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos”, poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

La comunidad advirtió también que el 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilitaba a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

García Lopez planteó que de acuerdo con el modelo jurídico adoptado por nuestras instituciones, reforzado con las innovaciones del sistema jurídico interamericano y atendiendo la supremacía de las normas, “es ampliamente reconocida la brecha legal  entre la Constitución General de la República y la Ley Minera, teniendo como referente la propia Jurisprudencia de la SCJN en cuanto a la fuerza de los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República”.

Afirmó que el Estado mexicano autoriza concesiones mineras en las regiones indígenas “de una forma ilegal e ilegítima creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas de los pueblos indígenas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla”.

Añadió que cada vez más la nación se desgarra por este enfrentamiento –a veces silencioso, otras ocasiones público- “sin tomar el Gobierno medidas de solución apegadas a derecho empezando por respetar los Tratados firmados y armonizar la Constitución General de la República y establecer  una Mesa de Alto Nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas. Al contrario, mediante subterfugios legales de abogados patronales incrustados en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos”.

 

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