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Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llama a feministas a unirse a la lucha de familiares de desaparecidos

Yan María y Norma Andrade Foto: Rosa Rojas

Rosa Rojas

Un feminismo radical “no es la práctica de pedir derechos ni de empoderarse en la casa del amo”, es una historia y un cuerpo de conocimientos para un proyecto civilizatorio completamente distinto al actual sistema patriarcal y su absolutismo masculinista que ha construido el “des-orden civilizatorio de injusticia, violencia y depredación recurrente que marca la realidad” actual.

Por contra, el feminismo institucional, cuya tarea fue incorporar a las mujeres a las organizaciones sociales preexistentes y partidos políticos, definió desde 1983 la política de las mujeres como lo que “concierne fundamentalmente a la distribución del poder en la sociedad patriarcal” y a medida que desarrolló sus proyectos en estrecha relación con las instancias de poder –Estados, agencias para el desarrollo, organismos internacionales- recibiendo sus beneficios, generó una corriente hegemónica que subsume a muchos sectores del feminismo en sus estrategias, manejos de recursos y metodologías de trabajo, imponiendo “mesura y buen comportamiento”, desmontando los mecanismos autónomos de articulación y fragmentando y destruyendo las prácticas de resistencia y gran parte de la capacidad subversiva del feminismo.

Así lo planteó la feminista radical Ximena Bedregal, durante el homenaje post mortem que el Archivo e Interpretación Histórica del Movimiento de Lesbianas Feministas (AIHMLF) en México 1976-2018 Yan María Yaoyólotl, organizó en honor de Marcela Olavarrieta, fundadora del grupo Acratas, de lesbianas feministas, en 1976.

En este acto también participaron, entre otras ponentes, Norma Andrade, luchadora contra el feminicidio, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la desaparición de su hija Lilia Alejandra, quien fuera asesinada en 2001 e integrante del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC y la propia Yan María Yaoyólotl.

Andrade, en su exposición, explicó que está apoyando la huelga de hambre iniciada el 16 de enero frente a la Secretaría de Gobernación por un grupo de madres de desaparecidos que exigen que dicha dependencia cumpla una serie de demandas, entre ellas el rescate de los cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas en diferentes estados, atención a familiares de las víctimas y la operación de una de las madres que padece miomas.

Mencionó que ahora incluso hay una Comisión para buscar a las víctimas “ya tenemos infraestructura, ya tenemos las leyes pero no hay voluntad política” para atender a familiares y encontrar a los 33 mil desaparecidos que hay en el país. Subrayó que el movimiento lésbico feminista en el que participa Yan María ha apoyado a las madres de desaparecidos y les ha enseñado muchas cosas, entre ellas la importancia de hacer expedientes sobre los casos de desaparecidos.

Llamó además a las feministas a apoyar el movimiento de las y los familiares de desaparecidos ante la falta de atención de las autoridades. Subrayó que en 2017 hubo 798 ejecutados en Ciudad Juárez, Chihuahua de los que 98 eran mujeres, y que hay un gran número de huérfanos por esa violencia, no hay un censo de ellos, por lo que debe haber quienes, como sociedad, se preocupen por ver qué pasa con esos niños. “Así como con su lucha consiguieron el aborto yo les pido que como feministas se unan a nuestra lucha”, añadió Andrade.

Al respecto, Yan María apuntó que las lesbianas feministas “somos mujeres y nos interesan los asuntos de las mujeres”, criticando que los movimientos de la diversidad sexual han dejado estos asuntos por fuera.

En su exposición Bedregal Sáez mencionó que la corriente feminista radical implica una visión y una postura crítica de la macrocultura patriarcal que no omite el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones, las ciudades, las patrias, las herramientas del sistema patriarcal.

Sin embargo, dijo, esta posición crítica podría constituirse en un acto sólo intelectual o hasta doloroso si no se funda y sostiene en la práctica política de relación entre mujeres, “única relación donde nuestros cuerpos se integran, donde encontramos las palabras para nombrar nuestras experiencias, donde nuestra crítica radical a la cultura vigente se ve cobijada y sostenida y donde nuestras experiencias cobran sentido, potenciando así imaginación en libertad, posibilidad de mundo propio, de mundo para sí”.

Para un feminismo radical la práctica política de las mujeres implica la relación entre mujeres para construir libertad femenina desde la cual se haga posible crear lo no creado, fundar lo no fundado en relación con otras, indicó.

Relató que este feminismo radical nació de la práctica de los grupos de autoconciencia, donde las experiencias de vida de las participantes, la mayoría de las veces dolorosas, dejaban de ser un desquicio femenino para, en el diálogo y el compartir con sus hermanas mujeres, pasar a ser, apenas, una marca de la apropiación patriarcal de sus cuerpos y sus vidas; descubrimiento de suyo liberador.

Sin embargo hay quienes buscaron incorporar a las mujeres a las organizaciones de lucha preexistentes “sin visualizar el carácter profundamente misógino, patriarcal y jerárquico de esas instancias”. Ahora se trata de que la feminidad patriarcal tenga una buena cotización en la bolsa de valores masculinos, devolviendo así a las mujeres a la sombra de una historia iluminada por los proyectos e instrumentos de los hombres y haciendo circular a las mujeres en un mercado que no es nuestro y donde nuestra corporalidad sigue sin tener significado ni valor propio”, subrayó.

Mencionó que todo esto se configuró paralelamente a lo que en América Latina se llama “las aperturas democráticas (el fin de las dictaduras militares) que no es otra cosa que la reordenación político económica y espacial del patriarcado capitalista para entrar en su fase mundialista.  Esta reordenación no sólo requiere de la recuperación del espacio económico y físico con sus invasiones y guerras de extramuros, sino además, y en igual importancia, en la recuperación y disciplinamiento de los terrenos de la resistencia”.

Así la década de los 90 estuvo marcada por una apuesta central, impulsada desde espacios de poder y, agazapada tras un aparente ejercicio de diversidad, pluralidad y democracia para desmantelar toda apuesta político/filosófica que le permita al feminismo tanto avanzar en transformaciones radicales que afecten la macrocultura como inventar nuevos caminos para el ser mujer en el mundo, para la construcción de la libertad femenina.

Bedregal mencionó que de manera consciente o inconsciente,  feministas de las corrientes hegemónicas fueron –y siguen siendo- constructoras activas de esta nueva política. La Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijíng (1995) “fue el punto de inflexión definitivo así como la negación del concepto de patriarcado junto al reemplazo del feminismo por el concepto de perspectiva de género y a la adopción de esta palabreja por las instancias de poder terminaron por abrirle nuevamente y de par en par las puertas a lo más rancio, violento y brutal del patriarcado”.

Recordó que incluso alguna feminista no radical como la costarricense Alda Facio escribió: “La incorporación de los discursos de género en las instituciones de la oligarquía internacional como el BM o el BID y el FMI, ha permitido que puedan seguir con sus planes de ajuste estructural sin la oposición del movimiento feminista porque lo está haciendo con perspectiva de género”.

Afirmó Bedregal que “hoy incluso prima una suerte de antifeminismo con perspectiva de género” y que al amparo del postmoderno feminismo de la igualdad, el género y el empoderamiento, “hoy la masculinidad se enseñorea por doquier usando su fuerza para negar ya sin tapujos el cuerpo de las mujeres”. Véase, dijo, el transfeminismo que niega a las mujeres para erguir a cuerpos de varón como las “verdaderas” mujeres porque, dicen, “lo son por voluntad y no por nacimiento; la maternidad subrogada que hace del cuerpo de las mujeres sólo el receptáculo de la voluntad del varón; la feminidad como performance desligada del cuerpo biológico; la prostitución como supuesto acto de ejercicio libre y voluntario del cuerpo, el hostigamiento sexual como una simple torpeza de la emotividad masculina que no tiene nada que ver con cómo se concibe la corporalidad femenina, el feminicidio como un conjunto, en el mejor de los casos, de locos sueltos y agresivos, etc”.

Añadió que la crisis que hoy vivimos es de una gravedad enorme y tiene dimensiones planetarias y civilizatorias, de ahí la creciente necesidad de profundizar la reflexión crítica de la macrocultura patriarcal; la necesidad de recobrar la autogestión de nuestros saberes por encima del saber académico que ya es incapaz de leer la realidad y menos aún de plantear alternativas. De allí la necesidad de recuperar el cuerpo, y antes de que terminen de robárnoslo recobrar su sentido de instrumento indispensable para tocar la vida, repensar su sentido y su valor en la creación de un sentido libre de ser mujeres.  De allí la necesidad imperiosa de crear lo no creado, pensar lo no pensado, fundar lo no fundado, de traer el mundo al mundo y esto para las mujeres sólo es posible en la práctica de relación con otras, en y desde la creación de espacios de construcción colectiva de libertad femenina.

Yan María en su intervención en el homenaje, efectuado el pasado sábado- recordó que Marcela Olavarrieta fue “quien estableció las bases teóricas y prácticas del Movimiento Feminista Radical Anarquista Separatista y la trascendencia del amor político entre mujeres como principio fundamental para edificar al feminismo” y que el Movimiento de Lesbianas Feministas en México (MLF) cuenta con 42 años de lucha ininterrumpida basado en el principio de autonomía política.

Aclaró que el amor político entre mujeres “no es sexo; el sexo entre mujeres es el homosexualismo femenino y el feminismo lésbico es amor político entre mujeres” y comentó que Olavarrieta planteó en su tiempo la abolición de la familia, la creación de comunas y cooperativas y ya en 1976 “previó que el patriarcado iba a coptar el feminismo y lo iba a utilizar en contra de las propias mujeres”.

Yan María aseveró que el generismo académico incluso ha eliminado el concepto de patriarcado. Llamo a las feministas lesbianas a crear organizaciones para resistir los embates del sistema patriarcal, conjuntamente con los movimientos obreros, campesinos e indígenas, como el zapatista. Ella es integrante del Comité de Lesbianas Feministas Zapatistas que  apoya la candidatura a la presidencia de la República de María de Jesús Patricio, propuesta por el Congreso Nacional Indígena.

Ximena Bedregal Foto: Rosa Rojas

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Periodistas de Morelos exigen a Graco Ramírez cesar a funcionario que amenazó y descalificó el trabajo periodístico

protestajavier valdez-rosa16may17Rosa Rojas

Agresiones “sistemáticas” a periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales por parte del coordinador de asesores del gobierno estatal, Gustavo Martínez, denunciaron 32 comunicadores/as de Morelos al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, en una carta en la que le plantean que el citado funcionario “cínica y abiertamente usa las redes sociales para amenazar, denostar, demeritar, humillar, intimidar y descalificar el trabajo periodístico”, por lo que exigen su cese inmediato “pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
En la misiva, publicada en el diario El Regional del Sur, las y los periodistas le manifiestan a Ramírez Garrido Abreu, que no puede pasarse por alto “y mucho menos encubrirse al amparo del gobierno de Morelos” dicha situación. “Por diversas vías hemos denunciado cómo este servidor público usa el cargo para agredir a los periodistas morelenses” indican.
Subrayan que en el recuento de la administración actual “ningún servidor público de cualquier nivel e institución implicada en agresiones contra periodistas ha sido sometido a los procesos administrativos y penales correspondientes y mucho menos sancionado”.
“La permisibilidad otorgada a su coordinador de asesores, Gustavo Martínez, es una muestra pública muy clara de que no hay voluntad de prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las y los periodistas”, le indican al gobernador de Morelos y le cuestionan si “acaso espera su gobierno que un funcionario como Gustavo Martínez pase de la ofensa y la amenaza a la agresión física o la privación de la vida de alguno de nosotros”.
La tolerancia de estas actitudes -añaden -“deja una línea muy delgada entre ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información y perder la vida en defensa de estas garantías constitucionales”.
Por ello, afirman, “consideramos que Gustavo Martínez ha cometido actos graves contra las y los compañeros periodistas, y ha obstaculizado el ejercicio de la libre expresión. Ante las evidencias públicas y que usted mismo puede consultar en las redes sociales, es que exigimos el cese inmediato de ese funcionario, pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
“Esperamos su pronta respuesta, y que esto quede como otro de los antecedentes, que por supuesto documentaremos ante las organizaciones nacionales e internacionales”, finaliza la carta de las y los periodistas.
El documento se puede consultar en: http://elregional.com.mx/Fotos/?id=9508
En su sitio de Facebook, el funcionario en cuestión publicó el pasado 18 de mayo lo siguiente:
 Ofrezco una disculpa pública a los comunicadores y comunicadoras que se hayan sentido ofendidos, vituperados o amenazados por opiniones vertidas por mí en este medio con respecto de su trabajo. Tengo la firme convicción de que el periodismo crítico es un factor fundamental en la consolidación de la democracia y sostengo que la labor comunicativa también debe pasar por la evaluación de la ciudadanía. No obstante, para evitar que mi postura personal se confunda con la función pública que desempeño, ni con la opinión de gobierno, me abstendré de postear comentario alguno en ese tema.

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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Solicitan a la CIDH ordenar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) solicitó -este 6 de marzo- al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, “en nombre y representación” de los comuneros, comuneras y familias de la Congregación indígena Nuevo San Andrés, ubicada en  la porción oriental del territorio comunal y municipal de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a favor de los habitantes de dicho poblado.

En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y  Miguel Angel A. García  Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.

“Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con  los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)”.

Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

En contraparte, “una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…”.

Afirman que “es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca,  con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la  integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados  por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo”.

Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación,  por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez,  internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.

El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, “quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada”, agregan.

El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y “ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves  2 de marzo  por la noche ó  el viernes 3, a cualquier hora del día”.

Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017,  el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.

La Defensoría, a su vez, añaden,  instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, “pues a decir del propio Visitador  el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.

Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.

Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH “que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés”.

Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas,  presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y  amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.

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El gobierno de Oaxaca negó enviar protección al poblado Nuevo San Andrés, porque “se pondría en riesgo la seguridad de la policía”: CNDCCHIM

Rosa Rojas

El Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM) denunció que el gobierno de Oaxaca “se negó a otorgar las medidas cautelares que le solicitó la que Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para proteger la comunidad de Nuevo San Andrés de un posible ataque del autodenominado ejército chamula, argumentando que se pondría en riesgo la seguridad de la policía oaxaqueña”.

Miguel Angel García, del CNDCCHIM, informó que le solicitaron al titular de la DDHPO, Arturo Peimbert, copia de la carta en la que la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca dio oficialmente dicha respuesta. Además, ante esta negativa del gobierno estatal para proteger a la comunidad de Nuevo San Andrés, se está elaborando, a nombre del poblado, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se está organizando también una caravana de observación y protección civil para el poblado de Nuevo San Andrés en la que participen integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de las comunidades indígenas, comuneros, campesinos y periodistas.

García agregó que copia de las solicitudes de protección a los indígenas tsotsiles habitantes de Nuevo San Andrés ante las amenazas de los paramilitares chiapanecos mencionados, se han enviado a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, solicitando su intervención urgente, pero el titular de la misma, Roberto Campa no ha dado ninguna respuesta.

El visitador general de la DDHPO, maestro Juan Rodríguez Ramos, envió el pasado 1 marzo el oficio número 002948, expediente DDHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, al Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, en el que la defensoría le solicita  “la adopción de una medida cautelar en vía de colaboración, a efecto de que conforme a sus atribuciones, realice las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida y a la seguridad física de los habitantes” de la congregación Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapas, Juchitán, Oaxaca, con motivo de la petición que vía telefónica presentó Ramiro Ruíz, agente de la citada congregación, “quien manifestó tener conocimiento de que un grupo armado proveniente del estado de Chiapas, pretende ingresar a la comunidad y dañar a sus habitantes”.

García informó que Rodríguez Ramos le comunicó verbalmente este sábado 4 marzo que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, por lo que el CNDCCHIM solicitó al titular de la DDHPO copia del oficio de respuesta, y que informe qué medidas va a tomar la defensoría ante esta negativa del gobierno estatal a garantizar la seguridad de la citada congregación.

Indicó que Rodríguez Ramos le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos; el visitador dijo que ante esa respuesta del gobierno del Estado la DDHPO tenía que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

Subrayó García que las familias de Nuevo San Andrés “están muy angustiadas porque en Cintalapa, Chiapas, está creciendo el rumor  de que el ejército chamula está convocando gentes para ir a arrasar la congregación y por otro lado, en los Chimalapas ya está corriendo el rumor de que comuneros zoques van a ir masivamente a la zona para defender el poblado”.

 

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Paramilitares atacan Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca; hay cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos: CNDCCHIM

Rosa Rojas

La congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María Chimalapa, fue atacada el viernes 24 enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes del estado de Chiapas, con un saldo -hasta el momento- de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y seis comuneros desaparecidos denunció el Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM).

Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de nuevo San Andrés, sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado “el ejército Chamula”.

El CNDCCHIM agregó, que de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Cintalapa, Chiapas.

La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, “llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, pero quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la asamblea de Santa María”.

Recordó que desde 2014 el CNDCCHIM en un comunicado público emitido el 12 octubre, día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció “tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha bio-región”.

En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite este del territorio comunal de Santa María Chimalapa, “de un grupo de corte paramilitar denominado ´el ejército Chamula´ al parecer bajo las órdenes de un pseudo ecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado ´Los Ocotes´, donde con apoyo de autoridades ambientales (CONANP-CONAFOR) y del gobierno de Chiapas, ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo”.

Asimismo se consignaba que la denuncia pública “emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa”.

El comunicado del CNDCCHIM, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante, y el coordinador regional Miguel Angel García, demanda difundir estos hechos correr la voz y estar alertas y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el subsecretario de la Secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz; así como a las comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

 

 

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