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Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llama a feministas a unirse a la lucha de familiares de desaparecidos

Yan María y Norma Andrade Foto: Rosa Rojas

Rosa Rojas

Un feminismo radical “no es la práctica de pedir derechos ni de empoderarse en la casa del amo”, es una historia y un cuerpo de conocimientos para un proyecto civilizatorio completamente distinto al actual sistema patriarcal y su absolutismo masculinista que ha construido el “des-orden civilizatorio de injusticia, violencia y depredación recurrente que marca la realidad” actual.

Por contra, el feminismo institucional, cuya tarea fue incorporar a las mujeres a las organizaciones sociales preexistentes y partidos políticos, definió desde 1983 la política de las mujeres como lo que “concierne fundamentalmente a la distribución del poder en la sociedad patriarcal” y a medida que desarrolló sus proyectos en estrecha relación con las instancias de poder –Estados, agencias para el desarrollo, organismos internacionales- recibiendo sus beneficios, generó una corriente hegemónica que subsume a muchos sectores del feminismo en sus estrategias, manejos de recursos y metodologías de trabajo, imponiendo “mesura y buen comportamiento”, desmontando los mecanismos autónomos de articulación y fragmentando y destruyendo las prácticas de resistencia y gran parte de la capacidad subversiva del feminismo.

Así lo planteó la feminista radical Ximena Bedregal, durante el homenaje post mortem que el Archivo e Interpretación Histórica del Movimiento de Lesbianas Feministas (AIHMLF) en México 1976-2018 Yan María Yaoyólotl, organizó en honor de Marcela Olavarrieta, fundadora del grupo Acratas, de lesbianas feministas, en 1976.

En este acto también participaron, entre otras ponentes, Norma Andrade, luchadora contra el feminicidio, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la desaparición de su hija Lilia Alejandra, quien fuera asesinada en 2001 e integrante del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC y la propia Yan María Yaoyólotl.

Andrade, en su exposición, explicó que está apoyando la huelga de hambre iniciada el 16 de enero frente a la Secretaría de Gobernación por un grupo de madres de desaparecidos que exigen que dicha dependencia cumpla una serie de demandas, entre ellas el rescate de los cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas en diferentes estados, atención a familiares de las víctimas y la operación de una de las madres que padece miomas.

Mencionó que ahora incluso hay una Comisión para buscar a las víctimas “ya tenemos infraestructura, ya tenemos las leyes pero no hay voluntad política” para atender a familiares y encontrar a los 33 mil desaparecidos que hay en el país. Subrayó que el movimiento lésbico feminista en el que participa Yan María ha apoyado a las madres de desaparecidos y les ha enseñado muchas cosas, entre ellas la importancia de hacer expedientes sobre los casos de desaparecidos.

Llamó además a las feministas a apoyar el movimiento de las y los familiares de desaparecidos ante la falta de atención de las autoridades. Subrayó que en 2017 hubo 798 ejecutados en Ciudad Juárez, Chihuahua de los que 98 eran mujeres, y que hay un gran número de huérfanos por esa violencia, no hay un censo de ellos, por lo que debe haber quienes, como sociedad, se preocupen por ver qué pasa con esos niños. “Así como con su lucha consiguieron el aborto yo les pido que como feministas se unan a nuestra lucha”, añadió Andrade.

Al respecto, Yan María apuntó que las lesbianas feministas “somos mujeres y nos interesan los asuntos de las mujeres”, criticando que los movimientos de la diversidad sexual han dejado estos asuntos por fuera.

En su exposición Bedregal Sáez mencionó que la corriente feminista radical implica una visión y una postura crítica de la macrocultura patriarcal que no omite el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones, las ciudades, las patrias, las herramientas del sistema patriarcal.

Sin embargo, dijo, esta posición crítica podría constituirse en un acto sólo intelectual o hasta doloroso si no se funda y sostiene en la práctica política de relación entre mujeres, “única relación donde nuestros cuerpos se integran, donde encontramos las palabras para nombrar nuestras experiencias, donde nuestra crítica radical a la cultura vigente se ve cobijada y sostenida y donde nuestras experiencias cobran sentido, potenciando así imaginación en libertad, posibilidad de mundo propio, de mundo para sí”.

Para un feminismo radical la práctica política de las mujeres implica la relación entre mujeres para construir libertad femenina desde la cual se haga posible crear lo no creado, fundar lo no fundado en relación con otras, indicó.

Relató que este feminismo radical nació de la práctica de los grupos de autoconciencia, donde las experiencias de vida de las participantes, la mayoría de las veces dolorosas, dejaban de ser un desquicio femenino para, en el diálogo y el compartir con sus hermanas mujeres, pasar a ser, apenas, una marca de la apropiación patriarcal de sus cuerpos y sus vidas; descubrimiento de suyo liberador.

Sin embargo hay quienes buscaron incorporar a las mujeres a las organizaciones de lucha preexistentes “sin visualizar el carácter profundamente misógino, patriarcal y jerárquico de esas instancias”. Ahora se trata de que la feminidad patriarcal tenga una buena cotización en la bolsa de valores masculinos, devolviendo así a las mujeres a la sombra de una historia iluminada por los proyectos e instrumentos de los hombres y haciendo circular a las mujeres en un mercado que no es nuestro y donde nuestra corporalidad sigue sin tener significado ni valor propio”, subrayó.

Mencionó que todo esto se configuró paralelamente a lo que en América Latina se llama “las aperturas democráticas (el fin de las dictaduras militares) que no es otra cosa que la reordenación político económica y espacial del patriarcado capitalista para entrar en su fase mundialista.  Esta reordenación no sólo requiere de la recuperación del espacio económico y físico con sus invasiones y guerras de extramuros, sino además, y en igual importancia, en la recuperación y disciplinamiento de los terrenos de la resistencia”.

Así la década de los 90 estuvo marcada por una apuesta central, impulsada desde espacios de poder y, agazapada tras un aparente ejercicio de diversidad, pluralidad y democracia para desmantelar toda apuesta político/filosófica que le permita al feminismo tanto avanzar en transformaciones radicales que afecten la macrocultura como inventar nuevos caminos para el ser mujer en el mundo, para la construcción de la libertad femenina.

Bedregal mencionó que de manera consciente o inconsciente,  feministas de las corrientes hegemónicas fueron –y siguen siendo- constructoras activas de esta nueva política. La Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijíng (1995) “fue el punto de inflexión definitivo así como la negación del concepto de patriarcado junto al reemplazo del feminismo por el concepto de perspectiva de género y a la adopción de esta palabreja por las instancias de poder terminaron por abrirle nuevamente y de par en par las puertas a lo más rancio, violento y brutal del patriarcado”.

Recordó que incluso alguna feminista no radical como la costarricense Alda Facio escribió: “La incorporación de los discursos de género en las instituciones de la oligarquía internacional como el BM o el BID y el FMI, ha permitido que puedan seguir con sus planes de ajuste estructural sin la oposición del movimiento feminista porque lo está haciendo con perspectiva de género”.

Afirmó Bedregal que “hoy incluso prima una suerte de antifeminismo con perspectiva de género” y que al amparo del postmoderno feminismo de la igualdad, el género y el empoderamiento, “hoy la masculinidad se enseñorea por doquier usando su fuerza para negar ya sin tapujos el cuerpo de las mujeres”. Véase, dijo, el transfeminismo que niega a las mujeres para erguir a cuerpos de varón como las “verdaderas” mujeres porque, dicen, “lo son por voluntad y no por nacimiento; la maternidad subrogada que hace del cuerpo de las mujeres sólo el receptáculo de la voluntad del varón; la feminidad como performance desligada del cuerpo biológico; la prostitución como supuesto acto de ejercicio libre y voluntario del cuerpo, el hostigamiento sexual como una simple torpeza de la emotividad masculina que no tiene nada que ver con cómo se concibe la corporalidad femenina, el feminicidio como un conjunto, en el mejor de los casos, de locos sueltos y agresivos, etc”.

Añadió que la crisis que hoy vivimos es de una gravedad enorme y tiene dimensiones planetarias y civilizatorias, de ahí la creciente necesidad de profundizar la reflexión crítica de la macrocultura patriarcal; la necesidad de recobrar la autogestión de nuestros saberes por encima del saber académico que ya es incapaz de leer la realidad y menos aún de plantear alternativas. De allí la necesidad de recuperar el cuerpo, y antes de que terminen de robárnoslo recobrar su sentido de instrumento indispensable para tocar la vida, repensar su sentido y su valor en la creación de un sentido libre de ser mujeres.  De allí la necesidad imperiosa de crear lo no creado, pensar lo no pensado, fundar lo no fundado, de traer el mundo al mundo y esto para las mujeres sólo es posible en la práctica de relación con otras, en y desde la creación de espacios de construcción colectiva de libertad femenina.

Yan María en su intervención en el homenaje, efectuado el pasado sábado- recordó que Marcela Olavarrieta fue “quien estableció las bases teóricas y prácticas del Movimiento Feminista Radical Anarquista Separatista y la trascendencia del amor político entre mujeres como principio fundamental para edificar al feminismo” y que el Movimiento de Lesbianas Feministas en México (MLF) cuenta con 42 años de lucha ininterrumpida basado en el principio de autonomía política.

Aclaró que el amor político entre mujeres “no es sexo; el sexo entre mujeres es el homosexualismo femenino y el feminismo lésbico es amor político entre mujeres” y comentó que Olavarrieta planteó en su tiempo la abolición de la familia, la creación de comunas y cooperativas y ya en 1976 “previó que el patriarcado iba a coptar el feminismo y lo iba a utilizar en contra de las propias mujeres”.

Yan María aseveró que el generismo académico incluso ha eliminado el concepto de patriarcado. Llamo a las feministas lesbianas a crear organizaciones para resistir los embates del sistema patriarcal, conjuntamente con los movimientos obreros, campesinos e indígenas, como el zapatista. Ella es integrante del Comité de Lesbianas Feministas Zapatistas que  apoya la candidatura a la presidencia de la República de María de Jesús Patricio, propuesta por el Congreso Nacional Indígena.

Ximena Bedregal Foto: Rosa Rojas

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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Solicitan a la CIDH ordenar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) solicitó -este 6 de marzo- al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, “en nombre y representación” de los comuneros, comuneras y familias de la Congregación indígena Nuevo San Andrés, ubicada en  la porción oriental del territorio comunal y municipal de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a favor de los habitantes de dicho poblado.

En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y  Miguel Angel A. García  Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.

“Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con  los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)”.

Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

En contraparte, “una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…”.

Afirman que “es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca,  con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la  integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados  por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo”.

Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación,  por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez,  internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.

El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, “quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada”, agregan.

El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y “ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves  2 de marzo  por la noche ó  el viernes 3, a cualquier hora del día”.

Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017,  el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.

La Defensoría, a su vez, añaden,  instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, “pues a decir del propio Visitador  el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.

Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.

Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH “que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés”.

Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas,  presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y  amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.

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Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por “omisión, negligencia y simulación” del Estado: CIDHM

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De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido “omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio”.

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que “la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios”.

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, “pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad”.  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

“Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida”.

Concluye afirmando “de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas”.

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida “por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos”.

 

 

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Frente al feminicidio, urge que el gobierno de Morelos y las autoridades municipales garanticen la vida y derechos humanos de las mujeres

Rosa Rojas

El gobierno del Estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 10 de agosto de 2015 han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), organización que lleva 16 años documentado el feminicidio en esta entidad, por lo que  hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo.

De acuerdo con la CIDHM, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios.

Al presentar un Informe “sombra” sobre la aplicación de la AVG a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz,  detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios, de los 33 que integran el Estado, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.

Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la entidad. Subrayó la activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la Alerta como por  falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.

Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, es el dato que dio Estrada, en el sentido de que  a las sesiones de trabajo sobre la AVG sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.

Además, el hecho de que la Fiscalía General morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.

Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.

Ya desde fines de mayo pasado la CIDHM había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la AVG y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y personal de la CONAVIM,  que la organización considera que las medidas mencionadas por dicho funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG.

Sobre la creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten la capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuantos elementos -hombres y mujeres-  habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo.

Respecto al Semáforo de Violencia, la CIDHM vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida; tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. Apuntó sin embargo que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Es muy preocupante que a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, sea tan deficiente la aplicación de las medidas que pueden coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la meritoria labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos, por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como ésta, hay que hacer una llamada de atención al Gobernador Graco Ramírez y a las autoridades municipales no sólo de esos ocho municipios, sino de todo el Estado de Morelos, para que cumplan con su deber y apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres que viven en esta entidad.

 

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Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Rosa Rojas

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como “un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México” los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso “incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la “inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos” lo que sólo alienta la impunidad. “Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, pues “no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres” que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe “no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia”, añadió Guevara Rosas, aseverando que “no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada”.

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado “muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio”.

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar “la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles”, le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

 

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