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Inicia nueva etapa en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos pese consulta “amañada” de AMLO: FPDTA-MPT

Foto: Rosa Rojas

Rosa Rojas

Cuernavaca, Mor., 25 de febrero., Después de la consulta “amañada e impuesta” sin respetar los derechos de los pueblos indígenas que resultarán afectados, se abre una nueva etapa de lucha en contra de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su conjunto, misma que fue inaugurada  con el asesinato de Samir Flores Soberanes; “esto apenas empieza” afirmaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT).

Juan Carlos Flores, uno de los dirigentes en esta lucha que estuvo preso en Puebla durante varios meses bajo cargos falsos por oponerse al PIM, subrayó que falta que se resuelvan por lo menos cinco amparos, que logren retirar el plantón de zapatistas en Apatlaco que se oponen a que se entregue a la termoeléctrica el agua que utilizan para riego,  además que se presentarán denuncias ante instancias internacionales “contra esta consulta ilegal e ilegítima”.

Flores afirmó: “Falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas comienza”, reiteró.

Aseveró que anoche, al iniciarse el conteo de votos, los resultados que iban recibiendo de las casillas eran que iba ganando el “no”, pero sin supervisión externa el gobierno que organizó la consulta y el conteo dice que ganó el “si”.

Jaime Domínguez, quien también fue detenido y torturado por su oposición al PIM, mencionó que además de la intimidación el día de la consulta, previamente él y otros integrantes del Frente recibieron llamadas intimidatorias. “Samir pagó la insensibilidad de Andrés Manuel López Obrador”, quien, dijo, en ningún momento ha mencionado el nombre de su compañero asesinado, “un día antes lo critica y un día después aparece asesinado”. Junto con Flores mencionó que han recibido amenazas en las redes, y dado que el fiscal de Morelos insiste en su versión de que a Samir lo asesinó el crimen organizado, demandaron que atraiga la investigación del caso la Fiscalía nacional.

Al respecto, mencionó que la consulta fue impuesta, llena de intimidación, con presencia de ejército, policía estatal y federal y sobrevuelo de helicópteros, ello obviamente inhibe la participación de la gente que está en desacuerdo con el proyecto. Además que existió coacción del voto desde los ofrecimientos de bajar los costos de luz si se votaba por el sí, hasta instruir a trabajadores del gobierno para votar a favor de la termo o usar funcionarios y presidentes municipales para convencer a la gente de votar sí a la termo. 

Sin embargo, en la región Oriente de Morelos, con una población total de 405 mil habitantes, donde están los pueblos que serán afectados por el PIM, ganó el “no” a la termoeléctrica con 11 mil 295 votos contra 4 mil 975 que votó por el “si”. Detalló: en Yecapixtla, mil 541 votos “no” contra 595 “si”; en Ocuituco 271 contra 173; Tetela 592 contra 30; Hueyapan mil 114 contra 5; Ayala 3 mil 834 contra 384; Cuautla 3 mil 943 contra 3 mil 888. En Hueyapan, Zacualpan, Temoac y Jantetelco o se destruyeron urnas y boletas o se retiraron.

Martín Ortiz Salazar, presidente del Comisariado Ejidal de Tenextepango, manifestó por su parte que los campesinos no van a retirar el plantón que mantienen en Apatlaco para evitar que se concluya el acueducto y que se lleven el agua del río Cuautla para la termoeléctrica, porque se llevarían 245 litros por segundo y les devolverían 60 litros por segundo, pero además contaminada. Informó que se sumarán cuatro ejidos más al plantón. Y a pregunta expresó que “es muy posible que haya represión” porque este gobierno –el de AMLO- “camaleónico”, no cumple sus compromisos –esto en alusión a la afirmación de AMLO de que su gobierno no va a reprimir-.

En un comunicado del Frente, se afirma: “Luchamos contra Felipe Calderón contra el proyecto, contra Peña Nieto y ahora lucharemos contra López Obrador, para nosotros el nombre no es lo que importa, sino la estrategia del Estado de imponer los intereses del capital sobre los pueblos indígenas”. Apuntaron que la consulta de López Obrador “fue un fracaso para su gobierno, pues pretendía legitimar un proyecto que terminó siendo más repudiado y que, a pesar de según haber ganado el “sí”, mucha gente no está de acuerdo con el proyecto y los pueblos afectados que votaron, votaron en su mayoría por el “no” al PIM”.

En conferencia de prensa frente al palacio de gobierno, indicaron que como lo habían anunciado, sería la población externa al megaproyecto la que sustituiría la decisión de las comunidades, “lo sucedido fue una burla a las comunidades afectadas que votaron por el no. No fue un mandar obedeciendo, como dice Obrador, fue mandar a la chingada los derechos de los pueblos indígenas”.

“Fueron diversas las formas de los pueblos de decir no al PIM, protestar contra la instalación de casillas bañadas de sangre, realización de asambleas por usos y costumbres de los pueblos, votar por el no, levantar actas de asamblea y actas locales del resultado de las votaciones en cada comunidad para que se respete la decisión del pueblo, volantear, perifonear, informar, etc. Son varios datos y acciones que en próximos días daremos a conocer porque ahora por la premura de los tiempos aún estamos recibiendo y procesando”, agregaron.

“Los resultados de la consulta sobre la termoeléctrica fueron los esperados, los anunciados cuando una consulta se realiza de manera amañada, con los dados cargados y resultados poco confiables, pues es el gobierno quien tenía interés en el sí, el que organizó la consulta, la vigiló, la contó y emitió los resultados, sin que hubiera un órgano autónomo que se encargara de ello”.

“Reiteramos que las manifestaciones realizadas en la consulta impuesta por el Presidente Obrador, fueron protestas legítimas que obedecen al desacuerdo de los pueblos de no ser tomados en cuenta, de que, a pesar de ser violentados e ignorados, a pesar de contar con la razón en sus justas demandas y con el respaldo de la CNDH, la ONU y diversas organizaciones, académicos, artistas y pueblos en general que señalan que esta consulta viola el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a pesar de todo ello la consulta se impuso sin escucharnos”.

A la par que Obrador anuncia los resultados de su consulta, acepta que en México “hay mucho racismo todavía”, y en eso le damos la razón: para realizar esta consulta nunca se sentó a platicarla con los pueblos indígenas afectados, ni mucho menos planearla junto con ellos y que fuera conforme a los derechos de los pueblos indígenas y los estándares nacionales e internacionales sobre el proceso de consulta. Sigue existiendo racismo porque un Presidente de la República que se hincó ante los pueblos indígenas después de su toma de protesta, nos sigue tratando como niños chiquitos que no pueden decidir o peor, como objetos. Hay racismo porque en esta consulta no se le permitió a los pueblos indígenas decidir sobre su territorio, ni siquiera se les preguntó previamente, solo se les reprimió, amenazó, persiguió, torturo, encarceló y ahora, hasta asesinó.

Hay racismo porque se prefiere cumplir contratos favorables a las empresas y que afectan la economía del Estado, que cumplir Obrador la palabra empeñada a los pueblos que creyeron en él. Porque se prefiere contaminar el medio ambiente, la salud de los pueblos indígenas, poner en doble riesgo a las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl y despojar a los pueblos del uso y disfrute preferente de sus recursos naturales. Hay racismo porque la gente que votó a favor del sí a la termo, lo hizo por las razones que manifestó en las redes sociales y las urnas: “porque apoyó a mi Presidente”, “ya déjenlo trabajar”, “todo contamina, no sean ignorantes”, “quiero que me bajen la luz, aunque se ponga en riesgo a los pueblos”, “tengo derecho a decidir sobre los pueblos”, “son una minoría (los pueblos)” y una serie de descalificativos más que no vale la pena decir”.

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Demandan cancelar la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca por el asesinato del opositor Samir Flores

Rosa Rojas

En el marco de una jornada nacional de movilización para protestar por el asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los líderes del movimiento contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la termoeléctrica de Huexca, se realizaron una marcha y mitin en la capital morelense en la que se responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este crimen y se exigió que se cancelen tanto ese proyecto como la consulta que respecto al funcionamiento de dicha planta está organizando la federación para este fin de semana.

Por otra parte, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, pidió, en conferencia de prensa, que ya no se efectúe la citada consulta “porque no hay condiciones de seguridad” para efectuarla después del asesinato de Flores Soberanes. En días pasados el Comité del Comisariado Ejidal de Tenextepango, Morelos, había solicitado en escrito enviado al obispo Ramón Castro Castro, su apoyo para difundir la negativa de los campesinos a que funcione la termoeléctrica porque afectará la disposición de agua de 7 mil ejidatarios, 32 comunidades 35 mil familias y 17 mil 991 hectáreas de riego al reducir la cantidad de agua destinada a cada ejido.

Unas 300 personas, integrantes de diversas organizaciones, marcharon desde El Calvario hasta la plaza de Armas coreando consignas como “Samir no murió, el gobierno lo mató”, “Con dados cargados la consulta es ilegal”, “justicia para Samir, castigo a los asesinos”, “No a la consulta amañada”, “Vida si, termo no”, “La vida no se negocia, la muerte no se consulta”. Una pancarta reclamaba: “Hemos apoyado en todo a AMLO pero en lo de la termoeléctrica no es justo”.

En el mitin frente al palacio de gobierno manifestaron su demanda de justicia para Samir y el rechazo a la termoeléctrica, al PIM y a la consulta “amañada” de AMLO, Gilberto López y Rivas, investigador, Gabriel Rivas de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado, Omar Cota del Partido Comunista, Rafael Murua del Consejo de Pueblos, José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Estrella López de Conciencia Alternativa de Morelos, Susana Díaz Pineda del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quienes subrayaron la necesidad de movilización popular frente a la imposición de megaproyectos.

Unos llamaron a boicotear la consulta convocada por AMLO no permitiendo la instalación de las urnas y otros a que si se decide acudir a  votar se vote por el “no” al funcionamiento de la termoeléctrica. Rivas informó que posteriormente las organizaciones discutirían que acciones se llevarán a cabo durante la consulta, siempre en forma pacífica. Hubo coincidencia en condenar la criminalización que de Samir hizo el fiscal morelense apenas unas horas después de su asesinato al afirmar que el crimen había sido obra de la delincuencia organizada y no tuvo relación con la oposición a la termoeléctrica. Se demandó que el fuero federal atraiga la investigación del asesinato de Flores Soberanes pero también que se lleve a las instancias internacionales, como en el caso de Atenco.

               López y Rivas sostuvo que en los últimos 10 días, desde que AMLO apoyó el PIM, “se ha caído la cuarta transformación” porque además de la termoeléctrica están en marcha megaproyectos como éste, el Tren Maya, el proyecto transístmico, la siembra de miles de hectáreas de árboles maderables. Con el asesinato de Samir se confirma que estos proyectos “van acompañados de la represión y la muerte”. Esta traición de AMLO –quien durante su campaña había sostenido que debía frenarse el PIM-  “es una traición como la de Guajardo a Zapata”, afirmó.

Coincidió con otros de los oradores en que además de que la consulta es “una gran simulación, no tiene ningún asidero legal, violenta los protocolos del Convenio 169  de la OIT firmado por México, “es un capricho presidencial para poner en marcha el PIM”, además de que el gobierno está gastando el dinero del pueblo en la propaganda a favor de la termoeléctrica en los medios de comunicación de Morelos y de una consulta que está cargada por el peso de la decisión de AMLO a favor del PIM.

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Feministas denuncian que el gobierno de Morelos incumple compromisos contra la violencia feminicida

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Rosa Rojas

Integrantes del Frente Feminista de Morelos (FFM) denunciaron que pese a que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en el estado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha incumplido en los cuatro meses que lleva en el cargo, todos los compromisos firmados con las organizaciones de la sociedad civil durante su campaña para enfrentar este grave problema y “no se aprecia el interés por hacerlo”.

En cambio “desde la oficialidad se niega que tales problemas tengan que ver con razones de género”, las desapariciones de mujeres continúan, el fiscal Uriel Carmona “minimiza la desaparición y se niega a trabajar  de la mano de la sociedad civil, pese a que se lo hemos solicitado formalmente” él habla “como si las mujeres solitas se murieran”; el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, descalificó ante la prensa los testimonio de mujeres que han sufrido intentos de privación ilegal de la libertad, llamando a “no compartir esos testimonios para no crear pánico”, y no se ha nombrado titular a la Comisión para Personas Desaparecidas.

En conferencia de prensa denunciaron también que se perdió el recurso de cinco millones de pesos para acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y no se ha presentado el cuarto informe de avances, “si es que los hay”, de la misma.

María Trinidad Gutiérrez, de la organización Género 33, integrante del FFM, subrayó que en éste hay preocupación porque “no vemos voluntad de trabajar en los compromisos” firmados por Blanco, como una mesa bimestral para presentar los informes sobre las acciones realizadas. El Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (SEPASE) debería estar comprometido en un programa de trabajo para que todas las dependencias que lo integran cumplan con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Morelos pero “no vemos acciones, sólo declaraciones”.

Tampoco se ha cumplido con reforzar el presupuesto del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ni de los Centros de Justicia para las Mujeres, o el de instruir a la Fiscalía General para que revise todas y cada una de las averiguaciones y carpetas de investigación sobre casos de feminicidios y entregue un estado de avance de cada una.

Subrayó que les preocupa que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, “que se atrevió a decir que los feminicidios podrían estar relacionados con la supuesta honorabilidad de las mujeres, volviendo al viejo discurso que responsabiliza a las víctimas y justifica la violencia”, (al decir que las víctimas estaban realizando labores “impropias de una dama”), y aunque el funcionario ofreció una disculpa, “no queremos sus disculpas, queremos trabajo efectivo para salvaguardar la vida y la libertad de las mujeres”. “No necesitamos ser damas, necesitamos seguridad y justicia”, enfatizó.

Ante este panorama, el FFM está convocando a organizar una fuerza estatal amplia que combata la violencia contra las mujeres, pero además, dijo, la Fiscalía y las y los funcionarios del gobierno deben capacitarse en materia de AVG, se necesita no sólo presupuesto sino capacidad para enfrentar el problema.

Mencionó también que el Frente ha buscado reunirse con las 14 diputadas de diversos partidos que hay en la Cámara de Diputados local, pero de ellas sólo dos las han recibido y no se conoce que tengan algún programa de trabajo para legislar para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Por otra parte las participantes en la rueda de prensa lamentaron y condenaron el asesinato de Samir Amin Flores Soberanes en Amilcingo, luchador por los derechos de los pueblos indígenas y opositor a la termoeléctrica de Huexca. Este clima de violencia y el asunto de la termoeléctrica va a trascender más allá de las fronteras de México, se tiene que respetar la decisión de los pueblos, señaló Gutiérrez.

Estuvieron presentes en la conferencia, del Consejo de Defensoras de Morelos Micaela Bocanegra y Alicia Arines; del Observatrio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio Violeta Luna y Patricia Bedolla, del propio Frente Angélica Sánchez.

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La SCJN ordena restituir 280 hectáreas a la comunidad de Tepoztlán, Morelos

Rosa Rojas

24 de octubre de 2018., Después de una lucha que por casi 20 años libró la comunidad agraria de Tepoztlán, Morelos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó se le restituyan las 280 hectáreas que la empresa Pirámides y Convento quería utilizar para un club de golf. La institución determinó que los pobladores de la comunidad son los beneficiados del título de bienes comunales de 1929, y no la empresa, que alegaba su propiedad a partir de oficios emitidos por la autoridad agraria en la década de los 60s.

En la resolución presidencial de 1929 se determina que las tierras se otorgaban a la comunidad para que las explotara de manera agrícola para su subsistencia, además de que en la misma se les impuso a los comuneros una serie de obligaciones para conservar y acrecentar las áreas forestales de la zona.

Por esta razón, informó la SCJN en un comunicado, las tierras no podrán destinarse, en ningún otro caso, para un uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado, bajo su entera responsabilidad, por la autoridad administrativa correspondiente.

Con la resolución la Suprema Corte, 2 mil 449 integrantes de la comunidad de Tepoztlán se beneficiarán al recuperar sus tierras, ya que el supremo tribunal consideró que los oficios presentados por la empresa no demostraron que ésta fuera propietaria de los terrenos en disputa, pues de su contenido no se advertía con toda certeza que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen accedido a excluir del régimen agrario ciertas porciones de sus tierras.

La SCJN precisa asimismo que en el supuesto de que la comunidad inicie en el futuro juicios agrarios en contra de otras personas que tengan propiedades en la zona, los tribunales tendrán que valorar los títulos con que tales habitantes se ostenten como propietarios, en específico, señala, la manifestación de voluntad de los integrantes de la comunidad en el sentido de transmitir la titularidad de los predios, así como la formalización de las transmisiones correspondientes.

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En la Consulta Indígena Maya autoridades actúan como cómplices de transnacionales de semillas transgénicas, denuncia la Misión de Observación

 

Rosa Rojas

Organizaciones no gubernamentales integrantes de la Misión de Observación (MO) de la Consulta Indígena Maya a comunidades de Campeche y Yucatán, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si permiten o no la siembra en su región de soya genéticamente modificada (GM) -o soya transgénica-, advirtieron que dicha consulta está en riesgo de convertirse en una “consulta fallida” como la que se ha realizado entre los indígenas yaquis de Sonora, dado que las autoridades federales no están cumpliendo con los principios de que sea previa, libre, informada, de buena fe,  y culturalmente adecuada, es decir de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Valeria Enríquez, de Organic Consumers México; Rodrigo LLanes, del Colegio de Antropólogos de Yucatán; Edmundo Pozo de FUNDAR y María Colín de Greenpeace México, organizaciones que son parte de las 25 que integran la MO, reprobaron en conferencia de prensa el pasado 13 julio, la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), instituciones responsables de organizar la consulta por permitir “graves irregularidades” en las sesiones de la fase de “acuerdos previos” llevadas a cabo los días 30 junio y 1 de julio en los municipios campechanos de Hopelchén y Tenabo.

Los citados representantes de la MO, informaron que los funcionarios de dichas dependencias permitieron la presencia, sin habérselo informado a las comunidades mayas, de un centenar de agricultores menonitas y productores de otras comunidades que están a favor de la siembra de soya transgénica, quienes ocuparon los espacios del salón donde se llevaría a cabo la reunión y aunque los representantes de las comunidades indígenas manifestaron que no había condiciones para realizar la reunión y solicitaron se suspendiera ésta por no haber condiciones mínimas de seguridad y respeto y sólo se les entregara el plan de trabajo, las autoridades decidieron llevar a cabo la reunión en dos salones separados: en una los representantes de las comunidades y en otra los simpatizantes de la siembra de soya transgénica, en su mayoría ajenos a las comunidades.

Esa división aseveraron, generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, “propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial, quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes”.

Los indígenas mayas representantes de 31 comunidades de Hopelchén y siete de Tenabo, lograron que la SCJN ordenara la suspensión de la siembra de soya transgénica en Campeche hasta en tanto se realizara esta consulta, conforme a disposiciones nacionales y de convenios internacionales firmados por México que nuestro país está obligado a respetar. Sin embargo, como se ha visto en la consulta a las comunidades yaquis de Sonora en el caso de un acueducto que los despojaría del agua a la que tienen derecho, así como en la consulta que se llevó a cabo en Juchitán, Oaxaca, sobre la construcción de un parque eólico, la actitud de las autoridades de la Sagarpa, de la CDI y en el caso de la consulta maya la Cibiogem, es más bien la de quienes pretenden cubrir un requisito burocrático para darle visos de legalidad a la decisión, ya tomada, de beneficiar a las empresas transnacionales que están detrás de este y otros megaproyectos.

En el caso de la consulta maya, otra vez se están violentando los principios de buena fe, imparcial, libre, culturalmente adecuada, con el hacer y dejar hacer que los funcionarios de las mencionadas dependencias federales llevan a cabo, porque incluso, como denunciaron los representantes de la MO, varios de los grupos de productores ajenos a las comunidades favorables a la siembra de soya transgénica se transportaron en camionetas de empresas relacionadas con la transnacional Monsanto, principal interesada en los permisos de siembra de soya y otras semillas transgénicas en el país, y que por lo tanto debería mantenerse alejada de la consulta, sin que los funcionarios tomaran medidas para impedir el hostigamiento de esos grupos contra representantes de las comunidades campechanas.

Incluso los productores que exigen que se les permita sembrar ya la soya transgénica, llegaron a amenazar a todos los asistentes “con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en la que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas”.

El reporte de la MO afirma que “la pasividad de las autoridades responsables duró varias horas por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del delegado de la Sagarpa en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de seis comunidades”, declaraciones, que reiteró al día siguiente  ante medios de comunicación.

Los representantes de la MO subrayaron a su vez que la consulta debe ser vinculante, no sólo informativa como han declarado algunas de esas autoridades mencionadas.

Indicaron que las comunidades que lograron la sentencia de la SCJN para suspender la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán para realizar esta consulta incluso han solicitado la reparación del daño que ya ha ocasionado que en 2015 se hayan sembrado en la península 8 mil 590 hectáreas de soya transgénica. Sin embargo la Suprema Corte no discutió el fondo del asunto sino solamente ordenó la suspensión de la siembra y la realización de la consulta, lo que es grave porque debería aplicarse el principio precautorio para evitar los impactos al medio ambiente y a la salud.

Entre los impactos negativos de la siembra de soya transgénica mencionaron la contaminación por el insecticida glifosfato de los mantos acuíferos, la dispersión de semillas genéticamente modificadas en áreas protegidas, la desforestación que es grave en Campeche y va ligada a la desecación de aguadas, la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, lo que causa un grave daño a las 25 mil familias que viven de la explotación y exportación de la miel en Campeche y Yucatán; afectación a la salud por las fumigaciones aéreas, entre otros graves impactos ambientales y a la salud de la población.

Incluso indicaron que ya se ha encontrado glifosfato en muestras de orina de pobladores así como en garrafones de agua. Además, las comunidades mayas podrían perder el mercado alemán de la miel que tienen actualmente porque ese país exige un abasto libre de transgénicos.

Con la división en dos grupos que realizaron las autoridades federales del 30 junio, una parte de productores de la comunidad Vicente Guerrero Iturbide afirmó que ya hay agricultores que están sembrando soya genéticamente modificada en sus tierras. De comprobarse esto se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN, por lo que la MO recomendó que SENASICA realice inspecciones y en su caso la destrucción de dichos sembradíos y que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo necesario para cumplir con la resolución de la Suprema Corte.

Habría que ver que dice la SCJN respecto a la actitud cómplice con las transnacionales de transgénicos que están asumiendo las autoridades federales involucradas. Hacerse de la vista gorda ante las violaciones cometidas puede leerse también como complicidad. Somos muchos quienes creemos que no basta con dictar una sentencia sino que también debe vigilar que ésta se cumpla cabalmente. Bastante cara nos sale esa institución que debe ser garante del estado de derecho en este país que ya hace rato está muy chueco.

 

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La paz social en Tepoztlán, Morelos, depende de que la SCJN restituya a la comunidad indígena 280 hectáreas en las que se pretende construir un club de golf

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Francisco Almazan Berezaluce, primer presidente del  Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán y Asunción Rojas Cuevas, actual presidente del mismo.

Rosa Rojas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver, este miércoles 12 de septiembre, el amparo en revisión de un juicio iniciado en 1999 por la comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos, para la restitución de 280 hectáreas en donde una empresa pretende construir un campo de golf. Los tepoztecos han ganado tres juicios a favor de la comunidad pero ahora, al parecer, el máximo tribunal de justicia del país estaría por echar atrás todo el procedimiento, lo que vendría a sumar un agravio más contra quienes incluso con sangre han defendido su territorio ancestral reconocido en una resolución presidencial de 1929.

“Nosotros creemos en las leyes”, por eso han seguido el juicio durante tantos años, afirmaron integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, pero por lo pronto los 2 mil 449 comuneros están alertas ante la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora para resolver el amparo directo en revisión 40/2017, que de acuerdo al proyecto de sentencia publicado por la SCJN, pretende que se revisen oficios de exclusión –que los indígenas afirman son ilegales- favorables a la empresa, antes KS (del empresario Francisco Kladt Sobrino) y ahora Pirámide y Convento S.A. de C.V.– “pero para que haya paz social en Tepoztlán se deben respetar las tierras de la comunidad”. Advirtieron que ante una resolución adversa acudirán ante tribunales internacionales.

Asunción Rojas Cuevas, presidente, Benigno Montaño Robles, secretario, Domingo Rodríguez Rodríguez, tesorero, Francisco Almazan Berezaluce, quien fue primer presidente del comisariado; Marcelino Carrillo, presidente del Consejo de Vigilancia, todos del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, subrayaron que “hay sospechas de que la SCJN pretende favorecer a la empresa con una cuestión dilatoria, tratando de envolver el conflicto para que no le den la razón a la comunidad” porque hay intereses económicos y políticos muy fuertes detrás.

En un comunicado, mencionan que bajo la figura legal empresarial están organizados figuras como “el ex presidente Luis Echeverría y sus hijos, Oscar Fernández Malvido –del grupo Maizoro- el notario público Hugo Salgado del Grupo Carso, el empresario salinista Luis Slim Sayeg –integrante del Grupo Carso, dueños de Teléfonos de México-, Xóchitl de Garay –esposa de Alfonso Garay, uno de los propietarios del que era el Banco del Atlántico-, Gabriel Haddad –empresario de Morelos-, Eduardo Abud del Grupo ICA, Rafael Fernández McGregor del Grupo Ixe, Carlos González Barquera –cabeza del emporio Té Laggs- y Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, entre otros millonarios que ´crearon´su fortuna a la sombra o emparentando con el poder”.

Subrayaron que esas tierras –parte de las 26 mil hectáreas comunales-, son, además de sagradas, zona de recarga de acuíferos para el propio pueblo, del valle de Cuernavaca y de la Ciudad de México, que deben ser preservadas también para proteger el ambiente y para el cultivo de alimentos, no para ser utilizadas para un campo de golf que beneficiará a unos cuantos, que ofrece “empleos sin futuro”, proyecto que han logrado detener durante 24 años y que ahora pretende apoderarse también de 400 hectáreas más.

Carlos Rojas, asesor legal de la comunidad, explicó que el proceso de defensa ha pasado por diversas instancias y ninguna ha emitido sentencia contra la comunidad. Tepoztlán ha recibido cuatro resoluciones del Tribunal Unitario Agrario, siete del Superior Agrario y el miércoles habría una más, pero desgraciadamente el proyecto de sentencia propone amparar a la empresa sin tomar en cuenta la “contundencia” de la citada resolución presidencial, su acta de posesión y deslinde y su plano, documentos que “jamás fueron impugnados por nadie” y pretende devolver el expediente al Tribunal Superior Agrario para que haga otro estudio, con lo cual al parecer la SCJN está declinando su competencia, pues de ninguna manera se podría acreditar que la propiedad en litigio pertenece a la empresa. Subrayó además que el proyecto no se fundamentó en la normatividad pertinente tanto nacional como internacional aplicable a las comunidades indígenas.

Mencionó Rojas que un argumento del proyecto de resolución es que deben revisarse los oficios de exclusión de las 280 hectáreas a favor de la empresa porque en 1929 no existía la exclusión en la ley, pero resulta que la resolución presidencial de reconocimiento de las tierras de Tepoztlán es de 1929 y los oficios citados son de 1952, entonces pretende otorgarle a la empresa un derecho con base en una ley que no existía cuando fue emitida la resolución sobre las tierras de la comunidad de Tepoztlán y con documentos de fecha posterior a la misma.

Las autoridades comunales aclararon que “no estamos en contra de los que están adquiriendo tierras en la zona urbana, con ellos no es el pleito pues algunos comuneros que necesitaban dinero han vendido alguna tierra”. Comentaron que al parecer la SCJN tiene la intención de seguir haciendo tiempo a favor de ese grupo empresarial tal vez con el objetivo de “cansar a los comuneros y empujar una salida negociada”, pero están equivocados quienes piensan eso porque la comunidad indígena de Tepoztlan seguirá defendiendo su territorio ancestral heredado de sus antepasados.

Añadieron que “en estos momentos como nación a nadie le conviene” que se produzca un movimiento en Tepoztlán como el de 1995. Se dio justamente contra la construcción de ese campo del golf por el Grupo KS y provocó un enardecida movilización comunitaria, apoyada por otras comunidades indígenas, grupos civiles, organizaciones ecologistas,  que llevaron a la toma del palacio municipal, ingobernabilidad y a una insurrección política pacífica. Por lo pronto las autoridades comunales indicaron que además de informar en reuniones con los comuneros de la situación actual, se está convocando a una asamblea para tomar decisiones en función de lo que determine la SCJN.

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Tepoztlán, Morelos – comunidad indígena- defensa del territorio ancestral- Suprema Corte de Justicia de la Nación- Grupo KS– Pirámide y Convento S.A. de C.V. –insurrección social – paz social- tribunales internacionales

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Con pacas de paja se construyeron en dos días los muros de dos habitaciones para una familia damnificada en Hueyapan, Morelos

IMG_7011 - copiaRosa Rojas., Hueyapan, Morelos., Una técnica utilizada ya a finales del siglo XIX en Estados Unidos pero que en México recién se está empezando a popularizar, la construcción con pacas de paja, más el apoyo comunitario, milenaria forma de colaboración entre los pueblos de México, permitió que en dos jornadas –unas 18 horas de trabajo- 34 voluntarios (27 hombres y 7 mujeres), edificaran, los muros de dos habitaciones que permitirán que una familia damnificada por el sismo del pasado 19 de septiembre, recupere la vivienda que perdió en su natal Hueyapan, municipio indígena segregado el pasado diciembre del de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos.

En un fin de semana, sábado y domingo, la solidaridad comunitaria enlazó el fuerte esfuerzo físico de la construcción con la alegría, las ganas, la camaradería, la incredulidad ante una técnica alternativa, algo novedoso para todos/as en este poblado cuya población mayoritaria es indígena nahua, con la apertura de la mente para el aprendizaje de una nueva forma de edificar una casa, más económica y rápida que la construcción tradicional con ladrillos, blocks o adobes, hierro y cemento, una alternativa que todavía despierta dudas y suspicacias.

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Como explicó Rosa Elia Pérez Martínez, quien será la beneficiada, junto con su hijo, José Angel Balcázar Pérez, con este pie de casa construido con pacas de paja de trigo, la desconfianza ante el uso de un material aparentemente tan endeble para recuperar sus casas derribadas por el sismo llevó a que un par de sus familiares a quienes se ofreció el proyecto lo rechazaran. Decidieron mejor esperar a que les llegara en algún momento apoyo del FONDEN, que es la institución gubernamental que está distribuyendo el apoyo oficial para la reconstrucción y dentro del cual se utilizan los materiales de construcción de la “modernidad”.

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La obra, que comprende dos habitaciones de 4 por 4 metros, que tendrán un techo de dos aguas, está siendo financiada por las organizaciones civiles Circulo Inspira, A.C. –que trabaja con voluntarios, inspirando y acompañando a las personas a descubrir su potencial y a expresar su amor a la vida- y el Instituto Mexicano para el Desarrollo de Ciudades Verdes, S.C.; con una donación para este proyecto de tres mil dólares canadienses (algo así como 92 mil pesos).

Dirige la bioconstrucción, también con trabajo voluntario, la arquitecta Ximena Bedregal Sáez, quien explicó que en esta primera etapa se edificaron los muros de ambas habitaciones y en una segunda se construirá el techo de dos aguas.

Previamente a esta jornada se habían construido ya los cimientos de piedra, con varillas incrustadas en forma vertical para fijar en ellas las pacas, que se colocaron entreveradas, con refuerzos de alambrón en forma de U alargada en las esquinas, y fijadas verticalmente con la incrustación de varas de otate. El muro culmina con una especie de escalera de madera que se coloca horizontalmente, se fleja para compactar las pacas y culmina con un relleno con arena como aislante. Los muros deben recubrirse perfectamente con barro y cal para impedir que penetre la humedad. Los pisos pueden ser también de esos materiales.

En los muros de ambas habitaciones se utilizaron unas 200 pacas, con un costo aproximado de 40 pesos cada una. Bedregal explicó que en la bioconstrucción con pacas de paja lo más caro es la mano de obra, que significa algo así como el 75 por ciento del costo de la obra, por lo que la aportación voluntaria de las y los integrantes de amigos/as y familiares representa un ahorro muy significativo.

Al inicio de la jornada Bedregal comentó a quienes participarían en la bioconstrucción las ventajas de la utilización de este material: es económico, se utilizan pacas de los cultivos regionales –trigo, avena, etcétera, sin grano, bien compactas y secas. La construcción es resistente a sismos; térmica, mantiene una temperatura fresca cuando hace calor y acogedora cuando hace frío en el exterior; es resistente al fuego, incluso a muy altas temperaturas; eso sí, como cualquier construcción, requiere de mantenimiento periódico para evitar su deterioro.

La tarde del segundo día llegó para conocer el trabajo que se realizó con la casa de pacas de paja el abuelo de Rosa, la dueña de casa, don Bonifacio Martínez, noventañero quien también perdió su casa por el sismo, y luego de inspeccionar la obra elogió la rapidez con que fue edificada, la economía de la construcción y se mostró satisfecho de sus características. “Aquí no vas a volver a tener frío”, le dijo a su nieta, “ahora nomás hace falta repellarla con tierra para proteger los muros”, comentó.

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También llegaron, curiosas, las 8 mujeres que –además de un hombre- estuvieron colaborando con su trabajo voluntario, invisible, en la cocina, preparando los desayunos y comidas que se ofrecieron a los y las voluntarias. Sorprendidas gratamente por el avance de la obra se retiraron rápidamente porque todavía era necesario ir a lavar los trastes.

La idea de construir una casa para Rosa, nació con la intención de apoyarla a recuperar su hogar pero además, de hacerlo con participación comunitaria y con el interés de enseñar y promover el sistema de bioconstrucción en el marco del proyecto Planteles Educativos Sustentables, financiado por la agencia canadiense Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), en el que participan las tres sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Morelos, la Universidad Politécnica de Morelos y la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Dawson College, de Montreal, Canadá. Se contó además con donativos de particulares de México, Estados Unidos y Canadá que han hecho posible avanzar en la obra.

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Fotos: Rosa Rojas

 

 

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