En Morelos el feminicidio ha alcanzado grados de “genocidio”: CIDHM

Rosa Rojas

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El feminicidio en el estado de Morelos ha alcanzado grados de “genocidio”, que es un crimen contra la humanidad, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) en voz de su Coordinadora de Investigación, Paloma Estrada, quien destacó que entre los años 2000 a 2018 se cometieron 935 feminicidios en 32 de los 33 municipios de la entidad.

Durante la presentación del reporte La geografía del feminicidio en Morelos 2000-2018 y la Alerta de Violencia de Género (AVG), precisó que 286 de estos feminicidios se perpetraron después de la declaratoria -en agosto de 2015- de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de la entidad. Se ha podido constatar que la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles, afirmó.

De acuerdo con la clasificación del registro que ha hecho la CIDHM sobre los feminicidios en Morelos entre los años 2000 y 2018, el grado de “genocidio” (con entre 96.8 a 184 feminicidios) se ha alcanzado en el municipio de Cuernavaca, con 184 cometidos; en grado “extremo” (con entre 51.6 a 93.6 feminicidios) están Jiutepec, con 87; Temixco con 69; Cuautla con 56. En grado “muy alto” (con 25.8 a 51.6) están Ayala con 27; Emiliano Zapata con 35; Huitzilac con 29; Jojutla con 31; Miacatlán con 26; Puente de Ixtla con 36; Tepoztlán con 32; Tlaltizapán con 27; Xochitepec con 40; Yautepec con 50; Zacatepec con 28.

En este documento se ha sistematizado toda la información que la CIDHM ha ido presentando a través de las diversas investigaciones e informes a lo largo de 18 años. En él se muestra plenamente con datos duros “que los diferentes gobiernos que han pasado durante varios sexenios han incumplido con su obligación de preservar la vida y la libertad de las mujeres” se indica.

En la presentación, Estrada subrayó que en Morelos hay feminicidio pese a la AVG debido a la persistencia de condiciones de exclusión social, injusticia y violación de los derechos humanos. No se respeta el estado de derecho y hay violencia institucional en cuanto a los derechos para las mujeres, que se visibiliza en la falta de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la justicia y en la impunidad en torno a los casos de feminicidios.

Tanto ella como José Martínez, Coordinador de Comunicación de la CIDHM, urgieron a las nuevas autoridades tanto del gobierno del Estado como las municipales y con integrantes del Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría estatal a tener reuniones con la organización para coordinar el trabajo en defensa de los derechos de las mujeres.

Cuestionados respecto a la respuesta de las autoridades ante los feminicidios, informaron que ninguna de las que ha habido durante el lapso estudiado ha cumplido con todas las recomendaciones que se hacen para prevenir y castigar estos crímenes; son unas 25 recomendaciones que contempla la AVG, empezando por que no se ha hecho la base de datos de los feminicidios por parte del Instituto de las Mujeres, de forma que se ha dado seguimiento a la cobertura periodística para registrar las causas de las situaciones extremas de violencia; documentar la violencia contra las mujeres y dar cuenta de la actuación de las instancias gubernamentales.

Respecto a si ha habido resultados en el combate al feminicidio, Martínez y Estrada manifestaron que aunque ha habido algunas detenciones y sentencias contra feminicidas, ha habido falta de transparencia para dar la información por parte de las autoridades; en 2018 solamente se habló de que habían condenado a una mujer y a un hombre, pero el hombre se amparó y salió en libertad. Martínez indicó que la Fiscalía se quejó en una reunión de que algunos jueces –hombres y mujeres- no valoran adecuadamente las pruebas; que si no se integran los expedientes adecuadamente se exonera a los detenidos, que muchas veces no cumplen con el protocolo para combatir el feminicidio…

En el reporte de la CIDHM se señala asimismo que las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad.

El rango de edad de las mujeres asesinadas en un mayor porcentaje se encuentra entre los 21 a 30 años, con un 21.6%, seguida de las mujeres de entre 31 a 40 años, con un 14.65%, y en tercer lugar tenemos a las de 11 a 20 con un 10.69%. Son 32 de los 33 Municipios de la entidad morelense que forman parte del Mapa del Feminicidio.

Añade que las consecuencias sociales son igualmente dañinas, “porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables”.

Uno de los primeros objetivos de la AVG ha sido que se atienda la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que éstos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones” advierte, subrayando que es necesario que las organizaciones solicitantes del Mecanismo (de AVG) estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar”.

Añade que “los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran, ya que aún no hay un funcionamiento adecuado del Banco Estatal de Datos sobre hechos de violencia que sufren las mujeres, que sirva para homologar la información y sistematizar las medidas que se desprendan de su análisis. Asimismo, es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración”.

Añade que es un hecho que “si no hay continuidad en las políticas y acciones de las instituciones, más lejos quedan los objetivos trazados. La rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas solo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito federal, el académico, hasta el municipal para combatir éste flagelo que priva de vidas a tantas mujeres y niñas”.

Foto Rosa Rojas: de izquierda a derecha: Ovidio Camarena, del Sindicato del Instituto de Tecnología del Agua, Juliana Quintanilla, presidenta de la CIDHM, José Martínez, Paloma Estrada, Lilia Flores y Marco Aurelio Palma integrantes de la CIDHM.