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Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños se amparan contra disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Rosa Rojas

Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños interpusieron un amparo en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (IFT) por haber realizado una consulta que no estuvo de conformidad con sus costumbres y tradiciones y a través de sus instituciones representativas, para establecer los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

El recurso de amparo indirecto se presentó el pasado 4 de septiembre ante el Juez de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en turno en el Distrito Federal, y fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en telecomunicaciones.

El amparo es contra los lineamientos generales emitidos por el  IFT el pasado 13 de julio, para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “desde el momento en que nunca se convocó a nuestros correspondientes representantes; no se efectuó mediante procedimientos adecuados al no realizarse de conformidad con nuestras costumbres y tradiciones, antes de llevar a cabo actividades que puedan afectar adversamente nuestros intereses o derechos a la propiedad de nuestras tierras, territorios o recursos naturales”, informaron en un comunicado integrantes del Grupo de Trabajo de Comunicación Indígena (GTCI) del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca.

En el mismo señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) declara que la consulta implica que sea de acuerdo a las costumbres y tradiciones, con un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades o pueblos y que el Estado asegure que los pueblos o comunidades tengan conocimiento de los riesgos del plan, proyecto o medidas legislativas; teniendo en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones.

Igualmente, afirman, “la consulta no se realizó de buena fe, de una manera apropiada y mucho menos con la finalidad de llegar a un acuerdo, porque nunca existió la decisión del IFT de tomar en consideración los resultados de la consulta en el diseño final de los lineamientos”.

Esa afirmación “se desprende de dos hechos, principalmente: 1) se previó que los comentarios, opiniones y propuestas no eran vinculantes; y 2) el IFT aprobó los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a las que se refiere el titulo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) -el 10 de julio de 2015- antes de celebrar el Foro Nacional de Devolución y Difusión de los resultados de la Consulta Indígena -16 de julio de 2015-, eliminando la posibilidad de incidencia en esta fase, es decir, de diálogo efectivo. Así, el IFT vulneró el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 1 constitucional” argumentan.

Por lo tanto, subrayan, “no impugnar los lineamientos es legitimar todos los vicios del Estado, los cuales se produjeron tanto en el proceso de la reforma constitucional, como en la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ambos procesos no se nos consultó”, a pesar de que diversas disposiciones les afectan y restringen sus derechos.

Mencionan entre los derechos violados por el IFT el derecho a la consulta –artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-; el derecho a la creación de medios de comunicación en situaciones favorables –artículo 2 constitucional-; el derecho a la audiencia –artículo 2 constitucional-; el derecho a la participación libre –art. 35 constitucional-; o el derecho a recibir información plural y veraz –art.6 constitucional, entre otros.

“Aceptar los Lineamientos del IFT implica continuar tolerando una práctica del Estado que no reconoce ni respeta plenamente los derechos que tenemos los pueblos y comunidades indígenas. Esto es así porque en este caso, el Estado (IFT) pretende que con la incorporación de opiniones sobre cuestiones formales e irrelevantes en los Lineamientos Generales, mismas que no atienden sustancialmente aspectos como el financiamiento o fines de los medios, se validen disposiciones que en el fondo nos son desventajosas y que estuvieron viciadas desde su origen”.

Enfatizan que “en tanto que se trata de la defensa de nuestros derechos reconocidos constitucionalmente y de ninguna manera de dádivas del Estado”  demandan que el IFT lleve a cabo una consulta en forma, cumpliendo las condiciones mínimas establecidas por la jurisprudencia de la COIDH, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, que se realicen mesas de diálogo con el IFT para que se garantice a los pueblos indígenas el derecho a crear medios de comunicación en condiciones más favorables, ampliando sus fines, flexibilizando los requisitos para obtener una concesión que no sean mayores a aquellos de los medios de comunicación de uso público y comercial.

Además que se incluyan fuentes de financiamiento más equitativas, entre las que podrían estar las subvenciones públicas y que no tengan que pagar por el análisis de la solicitud.

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Un análisis de por qué peligra el más importante sistema de justicia indígena de México

Hay autoridades que se alejaron de los intereses comunitarios

Crisis de la CRAC-PC, por causas internas e influencia del Estado

Con una agenda oficial se le quiso domesticar: Centro Tlachinollan

Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de abril de 2014, p. 14

El modelo del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero –que está por cumplir 19 años– sufre una implosión porque algunas de sus autoridades se han alejado de los intereses de las comunidades y de los mandatos de las asambleas.

Así lo afirmó en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien dijo que el Estado no es ajeno a esa crisis porque ha tratado dedomesticar a la organización y con dinero imponerle una agenda para que se empiece a deslindar de los temas más espinosos, que tienen que ver con la construcción de la autonomía, la disputa contra las mineras y otros asuntos de defensa del territorio, así como de sus integrantes detenidos.

El antropólogo urgió a retomar un proceso de negociación entre las diferentes fracciones de la CRAC-PC –que se ve difícil, porque están muy polarizados– para rescatar el proyecto histórico de este sistema de justicia indígena que opera en 147 comunidades, donde redujo hasta en 90 por ciento la comisión de delitos.

La confrontación tiene consecuencias, como ya pasó hace días, que entre el Ejército a poner orden y entonces se desmantele el sistema de justicia comunitaria… algo que desde su nacimiento han buscado las autoridades civiles y militares, alertó.

Barrera mencionó que la agenda de Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (CJSLA), ha acabado siendo muy pragmática y muy empatada con los intereses del Estado. Villar fue destituido el 30 de marzo en una asamblea a la cual él no da validez, afirmando que fueminoritaria.

Dicha agenda es apoyo a proyectos productivos, aumentar el recurso económico (un millón de pesos al mes) que les daba el gobierno estatal, el dinero para la construcción de las casas de justicia, armamento, uniformes y quedó desdibujado el tema más político de cómo fortalecer un modelo de seguridad de los pueblos desde la propia cosmovisión y autonomía. Villar empezó a manejar ese recurso sin transparencia ni rendición de cuentas, indicó.

Barrera mencionó que ahora la policía comunitaria se ha vuelto más elitista dentro de los mismos pueblos, pero no para defender los intereses de la comunidad, sino los intereses del grupo que está coordinando la CRAC.

Estimó que la fracción de la CRAC que recuperó la CJSLA el pasado 30 de marzo, que aglutina a consejeros, coordinadores, comisarios, ex comisarios –líderes históricos de la región de la Costa-Montaña–, tiene mayor claridad sobre el sentido original del proyecto, de que los coordinadores estén realmente supeditados a la decisión de las asambleas, de que son las comunidades las que nombran a sus policías, que hay un reglamento interno que debe cumplirse, un proceso de reeducación para quienes delinquen.

Explicó que la crisis detonó por diferencias internas entre las comunidades indígenas y sus dirigentes sobre lo que debe ser un sistema integral de justicia indígena con control de la comunidad, contra el actuar de las autodefensas, más policiaco, como el de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), creada por los hermanos Bruno y Cirino Plácido –que estuvieron entre los fundadores de la CRAC– y trataron de tomar el control de la CJSLA.

La fracción CRAC se defendió poniendo al frente al sector duro, como Eliseo Villar, que era parte del grupo de guardias especiales que fundó el anterior coordinador, Pablo Guzmán.

Cuando el Ejército y la Marina empiezan a detener y desarmar a los grupos comunitarios diciéndoles que ellos son CRAC en su propia comunidad, que no pueden trasladarse a otra comunidad, que tienen que pedir permiso, se da un acuerdo con el gobierno federal para que la Policía Comunitaria registre sus armas, registre quiénes son y que el gobierno les va a dar una credencial de policías comunitarios.

Frente a esto hay dos visiones: por un lado hay críticos que dicen que la CRAC ya cedió parte de su lucha autonómica al Estado, que hay una actitud entreguista, pero también otros dicen que más bien ha ganado terreno en términos de su movimiento y está ahora siendo reconocida por las autoridades, explicó Barrera.

Señaló que Villar además creó la Casa de Justicia de Cochoapa, con los grupos afromestizos en Ometepec, sin consultar a la asamblea, y su gente busca formar grupos de policía comunitaria paralelos que respondan más a los intereses de los coordinadores. Eso es lo más peligroso, porque están generando más clientelas en comunidades donde hay cierta influencia para que hagan contrapeso a los grupos de San Luis Acatlán, que son más críticos y donde no tienen consenso, afirmó.

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