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85 mujeres jóvenes han desaparecido en Morelos desde 2012; el gobierno estatal niega que haya un problema de trata de personas: CDHDO

 

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Cuernavaca, Mor., 15 de noviembre., En lo que va del gobierno de Graco Ramírez -que inició en octubre de 2012- han desaparecido en Morelos 85 jovencitas, de ellas seis en el último mes; en el estado hay un problema de trata de mujeres que el gobierno estatal niega, “la Fiscalía dice que estamos inventando y el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dice que se van con el novio” denunció  Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO).

Entrevistada en el marco del Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales, comentó que hay un corredor de trata, con lo que se denomina “giros rojos”, en las zonas sur y en  el oriente de la entidad, hacia los estados de Puebla y Veracruz. A la cabeza de este problema van los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, precisó.

“Aunque la Fiscalía dice que estamos inventando, los datos se extraen de las mismas fichas de la dependencia”, agregó Díaz Pineda, explicando que de los casos que manejan sólo hay dos en los que las familias subieron directamente las fotografías de las jóvenes desaparecidas a internet. Apuntó que si fuera el caso de que las jóvenes desaparecidas se haya ido con el novio “la situación es más grave, hay que ver por qué tantos novios están llevándose a las chicas, dado que hay no sólo comercio sexual sino trabajo esclavo en la agricultura o en casas, tráfico de órganos…”.

Indicó que la Fiscalía afirmó haber encontrado a dos de las chicas que se fueron en octubre, una dicen que se fue con el novio y otra huyendo de la violencia en su casa, pero no proporciona más datos de qué fue lo que ocurrió con ellas. Y hablan de dos niños que fueron sustraídos por el papá, pero nosotras sólo hablamos de niñas, comentó.

Mencionó que el CDHDO está de acuerdo con el pedido de Javier Sicilia -dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)- en que “deben investigarse los giros rojos para ver si no hay entre las mujeres enfermedades de transmisión sexual y en que se haga un banco de datos de ADN para que cuando la familia de una desaparecida vaya a denunciar se haga una fiscalización pronta, porque las 72 horas que da la Fiscalía son tremendas, en ese tiempo no sólo pueden sacarla del estado sino del país”.

Informó Díaz Pineda que el CDHDO empezó a hacer investigación sobre las desaparecidas a raíz de la investigación de la UAEM sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, bajando información de internet de desaparecidas de hasta 29 años -el grueso de las desaparecidas tiene entre 13 y 17 años- y hay una niña de 6 años.

Detalló que las fosas de Tetelcingo empezaron a abrirse a principios de este año, por orden de un juez, ya que la Fiscalía se negaba a ello, y encontraron además del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, a quien buscaba su familia, los de 117 personas más, entre ellos el de una niña de 10 años quien “se presume estaba en situación de trata porque tenía las uñas pintadas con esmalte permanente” y cuyo cuerpo no ha sido reclamado.

Añadió que con el ADN de los cuerpos encontrados en Tetelcingo la UAEM hizo un primer banco de datos, junto con la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría General de la República. Ahora falta que cada que una familia vaya a denunciar una desaparición se pueda hacer el cruce de los datos, eso es algo que se tiene que hacer a nivel nacional; comentó que existe un banco de ese tipo, la Plataforma México a nivel federal, “pero no se alimenta continuamente”.

 

 

 

 

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Los pueblos cuestionan los megaproyectos en la amazonía

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Amazon_rainforest.jpg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia&h=329&w=400&sz=79&tbnid=QJaK6z67O-XOIM:&tbnh=93&tbnw=113&prev=/search%3Fq%3DAmazonia%2Bfotos%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Amazonia+fotos&docid=b16iH0EsxbRI2M&hl=es&sa=X&ei=_Km9TtTNCsma2gW6yJC1BQ&ved=0CCIQ9QEwAA&dur=3439 Rosa Rojas

La Paz, Bolivia., Marzo de 2008., Con el compromiso concreto de promover una alianza internacional entre campesinos, indígenas, ecologistas, investigadores y trabajadores, y de luchar contra la destrucción de la Amazonía que con el pretexto del desarrollo impulsan grandes intereses empresariales apoyados por los gobiernos de Brasil y Perú —y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional—, concluyó aquí el primer encuentro de “Construcción de la sustentabilidad desde la visión de los pueblos indígenas de Latinoamérica”. Participaron dirigentes indígenas e intelectuales de Ecuador, Guatemala, Perú, Brasil, Colombia, México, Portugal y Bolivia, bajo el auspicio del gobierno boliviano, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y la Cooperación y Ayuda para el Desarrollo Endógeno (Copas-Latinoamérica).

El encuentro se desarrolló entre el 19 y el 21 de febrero y en él se adoptó el citado compromiso, a propuesta del dirigente del Sindicato de Siringueiros (trabajadores caucheros de la zona selvática) de Acre, Brasil, Osmarino Aman¬cio, sucesor en la dirigencia sindical del primer mártir ecologista, Chico Méndes, asesinado por un ganadero en 1988 por su defensa de la Amazonía ante la devastación por el avance de la ganadería.

En el documento de la reunión se cuestionan los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comunidad Andina de Fomento (CAF), involucran a 12 países de la región e incluyen la cuenca sur amazónica. Esos proyectos son impulsados por “los mismos grupos que han desencadenado una profunda devastación de la vida ambiental de la Amazonía los últimos 40 años: madereros, ganaderos, grandes empresas mineras y de construcción civil de carreteras en nuestra región”.

Se pide apoyo en la lucha “por la inmediata suspensión de las obras de las hidroeléctricas sobre la cuenca del río Madera” —de aguas transfronterizas que corren por el territorio brasileño y boliviano— de las represas Jirau y Santo Antonio, cuya construcción ocasionará “graves inundaciones de inmensas extensiones, de pueblos originarios y campesinos”, con el desplazamiento de 200 mil personas, para la generación de “energía barata [que] servirá a los mismos grandes grupos que tanto devastaron y tanta miseria dejaron”.

Se proclama la necesidad de abrir “un amplio proceso de diálogo con los pueblos de la Amazonía y los pueblos de buena fe” del mundo para que juntos encuentren “las prioridades y la alternativa para la vida de todos”, procurando “la suspensión de todas las concesiones en la Amazonía en su conjunto”.

Amancio denunció que el presidente brasileño, Luis Inazio Lula da Silva, no sólo ha puesto a subasta millones de hectáreas de la selva amazónica para que entren a devastarla grandes compañías madereras y ganaderos, sino que elaboró una Ley de Florestas Públicas con la que “va a privatizarlas todas” —hay 18 proyectos de construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, más la construcción de las citadas hidroeléctricas.

“Lula está mercantilizando la Amazonía. Eramos aliados en la década de los 80 pero Lula traicionó al movimiento. No hizo la reforma agraria, pensábamos que iba a frenar los transgénicos y los oficializó, y ahora el proyecto de biocombustible, de siembra de soya transgénica para etanol. A eso es a lo que nosotros llamamos traición”, afirmó Amancio.

En el encuentro intervinieron intelectuales como Boaventura de Sousa, de Portugal; Carlos Porto, de Brasil; Fernando Huanacuni, Esteban Ticona, Raúl Prada y Luis Tapia, bolivianos; Felipe Gómez, líder espiritual maya de Guatemala; Stephan Rist y José Estermann, de Suiza, el mexicano Enrique Leff, entre otros.

En el acto inaugural participaron el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez y el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), Elías Quelca, y en la clausura, la ahora ex ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero y el canciller boliviano, David Choquehuanca.

El canciller, reconocido intelectual aymara, planteó que para los pueblos originarios lo más importante no es el dinero, la ganancia, sino la vida, “por eso no buscamos una vida armónica sólo entre las personas sino entre el ser humano y la naturaleza”, por eso es importante aprender a movernos de acuerdo a las leyes de la naturaleza, dijo.

Los aymaras, explicó, no buscan vivir mejor “sino vivir bien”. El modelo de desarrollo occidental impuesto ha logrado que algunas personas vivan mejor pero eso ha ocasionado varias crisis en el mundo: ambiental, alimenticia, energética, institucional.

Ahora la sociedad occidental empieza a destinar millones y millones de dólares para desarrollo sostenible y a hablar del desarrollo armónico. Eso hace que se vuelvan los ojos al conocimiento y los valores de los pueblos originarios.

El encuentro se organizó para discutir las categorías de desarrollo y desarrollo sostenible y el discurso de la sustentabilidad emergente desde las luchas de los pueblos indígenas y campesinos en América Latina, “que apuestan por la construcción de sociedades sustentables e igualitarias”.

El viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, organizador del evento por el gobierno boliviano, explicó que de ese diálogo entre los saberes, surgiría una Declaración de Principios y Responsabilidades para en¬marcar la construcción de sociedades sustentables e igualitarias.

Se busca, indicó, crear un centro, cuya sede estaría en Bolivia, no sólo para discutir este tema sino para generar una agenda de trabajo y buscar cómo ponerla en práctica.

Sin embargo, durante la ceremonia de clausura, Alberto Rodríguez informó a nombre de los dirigentes de la CIDOB, Conamaq, de los Trabajadores Campesinos y de los Colonizadores, que habían decidido retirarse “y no firmar ninguna declaración por considerar que en el encuentro no hubo suficiente participación de las organizaciones indígenas”, ni bolivianas ni internacionales, como la Coordinadora de la Cuenca Amazónica o el Consejo Andino de Organizaciones Indígenas.

Posteriormente, en entrevista, Rodríguez informó que se acordó con el viceministro Ramos que en agosto se realizará en Bolivia un nuevo encuentro con esta temática, “pero recalcando fuertemente que haya participación de las organizaciones de los pueblos indígenas latinoamericanos”.

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