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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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Solicitan a la CIDH ordenar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) solicitó -este 6 de marzo- al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, “en nombre y representación” de los comuneros, comuneras y familias de la Congregación indígena Nuevo San Andrés, ubicada en  la porción oriental del territorio comunal y municipal de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a favor de los habitantes de dicho poblado.

En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y  Miguel Angel A. García  Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.

“Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con  los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)”.

Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

En contraparte, “una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…”.

Afirman que “es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca,  con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la  integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados  por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo”.

Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación,  por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez,  internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.

El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, “quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada”, agregan.

El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y “ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves  2 de marzo  por la noche ó  el viernes 3, a cualquier hora del día”.

Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017,  el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.

La Defensoría, a su vez, añaden,  instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, “pues a decir del propio Visitador  el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.

Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.

Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH “que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés”.

Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas,  presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y  amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.

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Radio Nahndiá recibió su concesión de radio comunitaria. Continuaremos con la defensa de los derechos humanos, la cultura mazateca, su autonomía y su territorio: Rosas Blanco

Rosa Rojas

Radio Nahndiá “La radio que nos acompaña”, una radio comunitaria que transmite fundamentalmente en lengua mazateca desde la comunidad oaxaqueña de Mazatlán Villa de las Flores, recibió este 23 febrero del título de concesión de uso social indígena por parte del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), después de una espera de seis años.

Para quienes forman parte de Radio Nahndiá (RN), la obtención del título representa el reto “de diseñar acciones para ejercer plenamente el derecho a la libre expresión e información en un contexto nacional de violencia estructural en el que se inhiben, censuran y desaparecen periodistas y defensores de derechos humanos” aseveró Melquiades Rosas Blanco, representante legal de Mie Nillu Mazateco, A.C., figura legal de esta radiodifusora, con distintivo de llamada XHTFM-FM, que transmite por el 107.9 MHz.

Rosas Blanco explicó en entrevista que la señal llega a 24 municipios en la región mazateca y cuicateca, algunos son mixtecos, nahuas y de habla castellana, la primera lengua que se usa en RN es el mazateco y como “lengua puente” con otros pueblos originarios, el español.

La radio se ha caracterizado por su compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión a través de la lengua materna mazateca con los citados puentes de comunicación con comunidades hablantes de otras lenguas, informó, destacando que  ha realizado la cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales como el magisterial de 2006 en Oaxaca; así como por la difusión de los derechos humanos enfocada el derecho a una vida libre de violencia de género.

Subrayó:  “ante tantos trámites burocráticos que tuvimos que hacer, no debemos caer, por tener ya una concesión, en esa lógica burocrática sino mantener el proyecto político de comunicación como ha sido la defensa de los derechos de las mujeres; fortalecimiento de la identidad de la comunidad mazateca; sostener nuestra libre determinación y autonomía ante el sistema de partidos que viene a trastrocar no solamente la toma de decisiones de la comunidad sino que la divide, porque el partido al final provoca división, enemistad y situaciones de violencia, ahora se hace elección del alcalde de Mazatlán por sistema normativos electorales propios”.

El primer reto para RN es que aunque a las comunidades indígenas no llega la señal abierta en TV, está llegando muy fuerte la señal privada, esos medios de comunicación tanto la TV privada como las radios comerciales están planteando una imagen ciudadana que no responde a los valores de las comunidades, por lo que la radio comunitaria tiene que elaborar estrategias que le permitan seguir transmitiendo una identidad propia y no apropiarse de la que llega de fuera.

Ejemplificó mencionando que esos medios están generando la perdida de la identidad, del respeto a la palabra, del respeto a las personas mayores, de la obligación de cumplir con los cargos comunitarios, la ayuda mutua; esos valores por un lado a los abuelos y abuelas les cuesta mucho trabajo transmitirlos a los jóvenes que se están apropiando de otros y por otra parte está creciendo el grado de alcoholismo; jovencitas y jovencitos se están apalabrando en relaciones que entran en conflicto con los valores de la comunidad con el resultado de hay muchos embarazos a temprana edad.

En Mazatlán ya hay secundaria y bachillerato, los jóvenes reciben información sobre la vida sexual pero no les está dando formación, por ejemplo: no embarazarse a temprana edad, entonces, cuando la joven se embaraza se sale la pareja de allá y se van a la ciudad de Mexico; cuando empiezan a tener conflictos por alguna razón los papás y las mamás no están preparados para resolver o atender a las chicas o a los jóvenes… cuesta trabajo dar una orientación, más si interviene la parte judicial porque se complica la situación…

Se tiene que buscar la forma de crear  sinergias entre estas generaciones nuevas y los mayores, cómo tender un puente que permita una relación intergeneracional, hacerles entender que la vida sexual, si no se lleva de manera responsable, trastoca la vida de la familia y la comunidad. Informarles que si de todas maneras deciden tener relaciones sexuales existen los anticonceptivos para evitar embarazos no deseados

Respecto a la defensa de la tierra y el territorio y sus recursos naturales, ejemplificó señalando que “el agua que hay en la región mazateca y sobre todo en Mazatlán es muy dulce, muy ligera; hay pretensiones de empresas particulares de concesionar los manantiales que tenemos allá, las comunidades están viendo que Conagua les entregue la concesión antes que lleguen las empresas. Ha habido tala de árboles, entonces continuar con la defensa de los bosques, y promover la reforestación con árboles de encino que son fundamentales porque son fabricas naturales de agua”.

PROBLEMAS ENFRENTADOS EN EL CAMINO

Rosas Blanco mencionó que Radio Nahndiá es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y formó parte del grupo de once emisoras comunitarias que solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un título de permiso para operar una frecuencia de radio, el cual fue otorgado el 24 de diciembre de 2004. Entonces se otorgaron 11 títulos. Con la nueva ley hay nuevas solicitudes de concesiones  pero sólo se ha entregado una, en Tlaxcalancingo, Puebla, una comunidad nahua. Otras tres son como refrendo pero no sabemos cuántos expedientes hay pendientes, indicó.

Recordó que fue justamente su activa participación en la cobertura informativa de temas coyunturales en 2006, “lo que ocasionó que un grupo armado apoyado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local, tomará las instalaciones de la radio, lo que mantuvo a la emisora fuera del aire por un periodo de un año y nueve meses”.

Se llevó un proceso legal ante la Procuraduría General de la República (PGR), “que fue caso cerrado en 2009 sin justicia para la radio”. En 2007, por acuerdo de su Asamblea Comunitaria iniciaron la gestión de recursos ante instituciones públicas para obtener apoyo, mismos que sumados a la contribución comunitaria, permitieron la reapertura de Radio Nahndiá, que levantó su antena el 24 de febrero de 2008 para salir al aire en la frecuencia Modulada 107.9 con instalaciones y equipo nuevo.

Informó que en 2010 se inició el proceso de refrendo del título de permiso, que nunca fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) pero los alcanzó la Reforma Constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, en conjunto con las emisoras que forman parte de la AMARC en México y otros colectivos que trabajan temas como libertad de expresión y derecho a la información, los representantes de RN participaron activamente en la discusión de la Reforma Constitucional y Legal para dar cumplimiento al Artículo 2° Constitucional para establecer las bases jurídicas para el desarrollo de las radios comunitarias e indígenas en México.

Añadió que con la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, y la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, el tiempo de espera se hizo mayor, ya que además del refrendo la ley mandataba la transición de la figura de permiso a concesión, lo que solo sería posible a partir del mecanismo indicado en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, mismos que fueron publicados a mediados de 2015.

Rosas Blanco aseveró que la obtención del refrendo y título de concesión de uso social indígena para Mie Nillu Mazateco, A.C. es “un logro parcial para el movimiento de comunicación comunitaria e indígena en México, puesto que, si bien materializa la reivindicación de un derecho plasmado en el Artículo 2° Constitucional que mandata el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación, falta equiparar las leyes estatales que garanticen ese derecho”.

En medio de la celebración, quienes formamos parte de la AMARC- México incluida la Radio Nahndiá, hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que facilite la entrega de concesiones de uso social indígena a los colectivos que están en espera de la aprobación de sus solicitudes por parte del pleno de dicha institución, recordando que desde la publicación de la LFTR en 2014 a la fecha, solo se han autorizado cuatro concesiones de este tipo en todo el país. Ya ninguna radio comunitaria o indígena debe tener que esperar seis años por su refrendo, afirmó Rosas Blanco.

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Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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El Senado debe ejercer su autonomía ante la iniciativa presidencial contra la tortura que “puede fomentarla”: ONGS de derechos humanos

Rosa Rojas

La iniciativa de ley contra la tortura enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en diciembre “incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz” por lo que se requiere que el Poder Legislativo actúe con autonomía y retome las propuestas que ya se habían trabajado con organizaciones de derechos humanos conforme a estándares internacionales.

Así lo plantearon este miércoles representantes de 28 organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles promotoras de justicia, así como familiares y víctimas sobrevivientes de tortura que  aseveraron que la propuesta presidencial “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación” de la práctica de la tortura y  desconoce varios de los contenidos mínimos que esta Ley debe tener como por ejemplo el excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

“Resulta inaceptable que, pese a que existe una prohibición expresa de utilizar estas pruebas e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal, la iniciativa del Ejecutivo permita la admisibilidad de estas pruebas” manifestaron agregando que los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes deben tener las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura.

En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el director de éste, Mario Patrón, subrayó que “existe el riesgo de que se apruebe una ley que no sólo prevenga y castigue la tortura sino que la puede fomentar”.

Ahí brindaron su testimonio Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura; las madres de sobrevivientes de tortura que aún están encarcelados: Francia Henao Agudelo, (Caso Nino Colman) y Rosa Mora, (Caso Tlaxcala). Estas dos últimas informaron que sus casos los llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo Mora, “porque no es justo que familias sencillas, que trabajan, el gobierno venga a destruirlas porque eso es una corrupción terrible”.

Las organizaciones convocantes, que en octubre de 2015 participaron en una serie de consultas a través de la Procuraduría General de la República para hacer propuestas respecto a esta ley, señalaron que se había llegado a acuerdos sobre los estándares que debería contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, mismos que no recogió la iniciativa presidencial, como la citada exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura.

Asimismo indicaron que en la iniciativa del Ejecutivo se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes), y que es realizado por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes, en general más apegados a los estándares internacionales.

Debe incluirse además una formulación conforme a dichos estándares en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, “y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos. Igualmente, deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también, para las imputadas y procesadas”.

Manifestaron que en esta ley se deben establecer los lineamientos para un efectivo monitoreo de las condiciones de detención con el fin de erradicar la tortura.

Miguel Sarre Iguíniz, investigador del ITAM y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU de 2006‐2010, advirtió que “la Secretaría de Gobernación está poniendo obstáculos para que se garanticen los derechos humanos en reclusión” por lo que exhortó al Senado a no ceder a esas presiones.

“La tortura es una calamidad política y las calamidades tienen responsables, en este caso la Secretaría de Gobernación”, aseveró.

En su documento las organizaciones plantean  la necesidad de que la Ley Nacional de Ejecución Penal -actualmente en discusión en el Senado- dote de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores, así como el ingreso de organismos independientes y de periodistas a las prisiones. “De lo contrario, dicha Ley socavará cualquier disposición de la Ley General contra la Tortura sobre prevención, investigación y sanción de la tortura y malos tratos en lugares de detención”.

Sin embargo, afirmó Sarre, hay un embate de la SEGOB, concretamente de su enlace legislativo, el subsecretario Felipe Solís acero, “y yo señalo que hay responsabilidad directa del señor secretario porque no puedo concebir cómo en una relación interinstitucional entre poderes, el subsecretario Solís Acero hable por cuenta propia sin consultar al secretario de Gobernación en una cuestión tan importante siendo, reitero, que la SEGOB es la responsable de impulsar la política de derechos humanos en este país y que la está socavando en la ley que van a operar las instituciones que tiene a su cargo”.

Subrayó que se pide que la ley y los jueces de ejecución tengan control sobre personas procesadas y personas sentenciadas; que vean no solamente el tema de reductivos o beneficios de ley sino todas las condiciones de internamiento, y que existan procedimientos judiciales, “la SEGOB quiere quitar todos los procedimientos judiciales de defensa diciendo que está el juicio de amparo ¿cuándo van a poder ir al juicio de amparo los que están en cárceles en lugares muy remotos? y … el tema de la sociedad civil, queremos el acceso a organizaciones independientes a los centros de reclusión; ellos dicen que es afectar la seguridad de los centros, (nosotros) decimos que la seguridad en los centros no la ponen en riesgo ni los periodistas ni las organizaciones sino sus propias deficiencias”.

Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hizo un llamado “muy fuerte al Senado que tiene que demostrar su independencia del Ejecutivo… demostrar que tiene autonomía y sí puede hacer la diferencia” porque lo que se está viendo es que “hay una total contradicción entre lo que se dice y lo que se hace” respecto a la tortura, que es una práctica generalizada en el país.

Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, afirmó, a manera de conclusión “que la práctica de la tortura es aberrante, insostenible, que se da por dos motivos entre muchos otros: uno es que manifiesta la incapacidad que tiene la autoridad para investigar dentro del marco legal y dos, porque para los políticos, para las autoridades, está funcionando”.

“Saludamos que el presidente haya mandado la iniciativa pero tenemos una preocupación especial porque ya había habido desde hace meses interlocución con la Comisión de Justicia, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Gobierno, pensábamos que se estaban tomando los elementos y que íbamos por el camino conjunto de consolidar un instrumento más que ayudara precisamente a este nuevo sistema penal acusatorio… con esto vemos que quieren que todo el esfuerzo que se ha hecho… se vaya a la basura”.

LLamó a que se abra la interlocución con todas esas comisiones senatoriales “para verdaderamente crear y asegurar que esta ley tenga los mínimos necesarios, no porque pensemos… que la ley va a solucionar, va a erradicar la tortura, pero es un paso con el cual necesitamos contar”, para que dicha ley incorpore los mayores estándares internacionales para frenar una tragedia que están viviendo miles si no es que millones de familias.

Informó que en Nuevo León, se realizó una investigación tres estados donde encontraron que el 70 por ciento de las personas recluidas en los penales afirman haber sido víctimas de tortura. “Entonces es un problema muy grave, muy serio y si verdaderamente las autoridades quieren que demos un paso cualitativo hacia la legalidad tenemos que poner cuando menos el camino para erradicarla y por eso exigimos que se abra este interlocución y que se respeten estas exigencias tanto internacionales, nacionales y locales”.

Entre otras organizaciones participantes en este esfuerzo se cuentan la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los Centros de Derechos Humanos las Mujeres, Fray Bartolome de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Paso del Norte, Zeferino Ladrillero, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

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