Archivo de la etiqueta: Chiapas

“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

IMG-20170319-WA0008IMG-20170319-WA0005IMG-20170319-WA0000IMG-20170319-WA0006IMG-20170319-WA0009

Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

Deja un comentario

Archivado bajo Chimalapas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desarrollo, Documentos, impunidad, Indígenas, Mujeres, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Paramilitares, Policías, Secretaría de Gobernación, Tortura, Tsotsiles, Uncategorized, Zoques

Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

Deja un comentario

Archivado bajo Chimalapas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, Derechos Políticos, impunidad, Indígenas, Megaproyectos, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Paramilitares, Secretaría de Gobernación, Tortura, Triquis, Tsotsiles, Uncategorized

Solicitan a la CIDH ordenar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) solicitó -este 6 de marzo- al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, “en nombre y representación” de los comuneros, comuneras y familias de la Congregación indígena Nuevo San Andrés, ubicada en  la porción oriental del territorio comunal y municipal de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a favor de los habitantes de dicho poblado.

En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y  Miguel Angel A. García  Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.

“Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con  los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)”.

Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

En contraparte, “una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…”.

Afirman que “es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca,  con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la  integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados  por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo”.

Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación,  por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez,  internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.

El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, “quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada”, agregan.

El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y “ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves  2 de marzo  por la noche ó  el viernes 3, a cualquier hora del día”.

Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017,  el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.

La Defensoría, a su vez, añaden,  instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, “pues a decir del propio Visitador  el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.

Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.

Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH “que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés”.

Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas,  presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y  amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.

Deja un comentario

Archivado bajo Chimalapas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, Derechos Políticos, Discriminación, impunidad, Indígenas, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Paramilitares, Pobreza, Secretaría de Gobernación, Tortura, Tsotsiles, Uncategorized

Chimalapas: crisis por conflictos por tala e invasiones, desatendidos por gobiernos federal y oaxaqueño

Rosa Rojas

 

chimalapas2

 

Una crítica situación se vive en la región de Los Chimalapas, Oaxaca, limítrofe con el estado de Chiapas, donde comuneros zoques de las congregaciones de Benito Juárez y San Antonio, de San Miguel Chimalapa, mantienen retenidas a cinco personas y un helicóptero  oficial, exigiendo que se anulen los permisos de tala otorgados a los chiapanecos del poblado Rodulfo Figueroa, y por otra parte la congregación comunal -también chima– San Francisco La Paz, de Santa María Chimalapa,  anunció que esperarán “pacientemente” unos días a que los gobiernos federal y estatal cumplan la promesa de desalojar a los madereros, ganaderos y latifundistas chiapanecos que han re-invadido sus tierras, antes de emprender acciones directas como pueblo para rescatar su selva.

Hasta este jueves se mantenía la retención de Angel López Sánchez, presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario chiapaneco Rodulfo Figueroa, “que es a la vez cabecera del ilegal municipio chiapaneco Belisario Domínguez”, por estar asentado en territorio oaxaqueño según los comuneros chimas que el 29 de septiembre sorprendieron talando  árboles de pino en el paraje El Quebrachal al ejidatario chiapaneco.

Asimismo estaban retenidos desde el 1 de octubre el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esaú Trujillo Gómez; el cuestionado Presidente del Comisariado de Bienes comunales de San Miguel Chimalapa, José Medel Sánchez Cruz y su presidente del consejo de vigilancia, Rosalino Sánchez Martínez, así como los dos pilotos del helicóptero en el que estas personas arribaron a la zona tratando de que les entregaran a López Sánchez.

Por su parte la comisión de funcionarios del gobierno estatal, encabezada con Víctor Hugo Alejo, consejero jurídico del gobernador Gabino Cue, que busca negociar la entrega de los retenidos y el helicóptero, estaba concentrada el jueves  en la ciudad de Juchitán, exigiendo a las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, que les envíen el citado aparato para subir a dialogar con ellos. Sin embargo el coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, Miguel Angel García, informó vía telefónica que las asambleas comunales de las citadas congregaciones no aceptaron tal condición, “pues por experiencia saben que si entregan el helicóptero, luego los funcionarios menos van a subir, y en cambio, van a querer que sean los comuneros quienes bajen a la ´negociación´… y podrían detenerlos abajo, para tomarlos de rehenes e intercambiar retenidos… algo que ya ha ocurrido varias veces en la historia chimalapa”.

Los comuneros de San Antonio y Benito Juárez exigen para liberar a los retenidos una mesa de diálogo con Roberto Campa Ciprián, subdirector de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), para plantearle sus demandas que son la reinstalación inmediata de la mesa agraria-ambiental, encabezada por el gobierno federal, a través de la Segob, con participación de Semarnat, Profepa, PGR, Sedatu, Procuraduría agraria, Inegi y gobierno de Oaxaca; suspensión total y definitiva “de los ilegales permisos de explotación maderera expedidos por Semarnat desde 2005, en terrenos comunales Chimalapas y castigo a los talamontes con todo el rigor de la ley”.

Asimismo el cumplimiento estricto de los compromisos contenidos en el “Acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad de la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, firmado en la Segob el 22 de diciembre de 2011 y el “respeto irrestricto a la suspensión de plano, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 diciembre 2012, en el marco del juicio de controversia constitucional” entre ambas entidades federativas.

El conflicto entre los zoques chimas y los tzotziles chiapanecos -los ganaderos y latifundistas son mestizos- es de larga data. En un escrito en el que San Francisco La Paz le manifestó su apoyo total a sus hermanos de San Antonio y Benito Juárez, el mismo en el que indican que está esperando el desalojo del paraje La Reforma, los comuneros zoques recordaron que “durante más de 10 años (1982 -1994) fuimos agredidos y fueron violados nuestros derechos indígenas, incluyendo asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, desaparición de comuneros y violación de mujeres, por parte de pistoleros de la ilegal colonia San Isidro La Gringa, encabezada por el entonces gobernador chiapaneco y luego secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido”.

Afirman que “como pueblo nunca dejamos de luchar pacíficamente hasta lograr en septiembre de 1994, la recuperación de 40 mil hectáreas de territorio comunal invadido por ganaderos y narcos de San Isidro La Gringa, contando entonces con el decidido apoyo de los entonces comisariado de nuestra cabecera, Santa María Chimalapas, Zeferino López Mendoza y de nuestros hermanos de la cabecera de San Miguel Chimalapa, comisariado Marbel Reyes así como de un buen número de comunidades y comuneros de todo Chimalapas tanto de Santa María, así como de San Miguel, con quienes entonces hicimos un frente común de defensa del territorio, y contando también con el decidido apoyo del Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas y de la diócesis de Tehuantepec, encabezada entonces por el obispo Arturo Lona Reyes”.

Subrayan que “siempre, los tres niveles de gobierno: el municipal el oaxaqueño y el federal, no hacen caso de las justas denuncias y demandas de nuestros pueblos Chimalapas y que, lamentablemente, nos forzan como pueblos a tener que actuar directamente para lograr la atención de nuestros problemas agrarios y de impune invasión del gobierno chiapaneco, con madereros, ganaderos y latifundistas que saquean y devastan nuestra selva”.

Campa sin embargo se reunió el miércoles 5 de octubre con autoridades estatales, agrarias y municipales de la zona -no con los comuneros de San Antonio y Benito Juárez que han impugnado a esas autoridades- con las que discutió “una estrategia para lograr un plan que permita frenar las invasiones del territorio y detener la tala inmoderada de madera, además de reforzar los patrullajes en la zona”, según informó el sitio fotosnoticias.com.

El funcionario dijo también que se ha atendido a la comunidad de los Chimalapas, tanto a sus autoridades municipales como agrarias, y los hemos sentando a dialogar junto con los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para resolver el conflicto de límites territoriales” y se acordó con la fuerza federal realizar operativos en la zona en conflicto “para detener a los grupos de ejidatarios y colonos que han invadido el territorio de Oaxaca de forma indebida, aplicándose acciones de desalojo para recuperar los predios” y que el estado mexicano está exigiendo a los jueces aplicar “sanciones ejemplares” a los responsables de las invasiones y las talas ilegales de madera en la zona en litigio.

Aseguró además Campa que el conflicto por la indefinición del territorio está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hay avances “significativos” y por ello se ha solicitado en particular al gobierno del estado de Chiapas evitar las invasiones, “creo que ya lo han entendido y han colaborado para frenar tales acciones”, consignó la agencia informativa.

Por su parte http://www.istmopress.com.mx, informó que en Juchitán, Rodrigo Velásquez García, Subsecretario de operación regional de la Secretaría General de Gobierno (Segego) explicó que su intención es dialogar con los comuneros, “sabemos que están muy molestos y lo entendemos, es una lucha de muchos años, sin embargo también queremos que nos entreguen al presunto talamonte de nombre Abel López Sánchez y quién dice ser comisariado de bienes ejidales de Rodulfo Figueroa, una comunidad que se fundó en territorio zoque por el gobierno de Chiapas, él tendrá que pagar si es culpable ante la Fiscalía General de Oaxaca”.

Dijo también que el gobierno de Oaxaca está a la espera de la resolución que pueda emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Sabemos que el gobierno de Chiapas ha desatendido la resolución presidencial del año 1994 en donde le fueron devueltas a Chimalapa 44 mil 900 hectáreas de las cuales se creó el pueblo de Rodulfo Figueroa hace apenas unos años, el conflicto sigue fuerte, sigue vivo, nosotros entendemos la molestia de los comuneros, quienes han visto como su terruño está acabándose por supuestos talamontes no solo de Chiapas, sino de Veracruz, Michoacán y otros estados de la república”.

 

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desarrollo, Ecología, impunidad, Indígenas, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Secretaría de Gobernación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uncategorized