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Chimalapas: crisis por conflictos por tala e invasiones, desatendidos por gobiernos federal y oaxaqueño

Rosa Rojas

 

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Una crítica situación se vive en la región de Los Chimalapas, Oaxaca, limítrofe con el estado de Chiapas, donde comuneros zoques de las congregaciones de Benito Juárez y San Antonio, de San Miguel Chimalapa, mantienen retenidas a cinco personas y un helicóptero  oficial, exigiendo que se anulen los permisos de tala otorgados a los chiapanecos del poblado Rodulfo Figueroa, y por otra parte la congregación comunal -también chima– San Francisco La Paz, de Santa María Chimalapa,  anunció que esperarán “pacientemente” unos días a que los gobiernos federal y estatal cumplan la promesa de desalojar a los madereros, ganaderos y latifundistas chiapanecos que han re-invadido sus tierras, antes de emprender acciones directas como pueblo para rescatar su selva.

Hasta este jueves se mantenía la retención de Angel López Sánchez, presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario chiapaneco Rodulfo Figueroa, “que es a la vez cabecera del ilegal municipio chiapaneco Belisario Domínguez”, por estar asentado en territorio oaxaqueño según los comuneros chimas que el 29 de septiembre sorprendieron talando  árboles de pino en el paraje El Quebrachal al ejidatario chiapaneco.

Asimismo estaban retenidos desde el 1 de octubre el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esaú Trujillo Gómez; el cuestionado Presidente del Comisariado de Bienes comunales de San Miguel Chimalapa, José Medel Sánchez Cruz y su presidente del consejo de vigilancia, Rosalino Sánchez Martínez, así como los dos pilotos del helicóptero en el que estas personas arribaron a la zona tratando de que les entregaran a López Sánchez.

Por su parte la comisión de funcionarios del gobierno estatal, encabezada con Víctor Hugo Alejo, consejero jurídico del gobernador Gabino Cue, que busca negociar la entrega de los retenidos y el helicóptero, estaba concentrada el jueves  en la ciudad de Juchitán, exigiendo a las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, que les envíen el citado aparato para subir a dialogar con ellos. Sin embargo el coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, Miguel Angel García, informó vía telefónica que las asambleas comunales de las citadas congregaciones no aceptaron tal condición, “pues por experiencia saben que si entregan el helicóptero, luego los funcionarios menos van a subir, y en cambio, van a querer que sean los comuneros quienes bajen a la ´negociación´… y podrían detenerlos abajo, para tomarlos de rehenes e intercambiar retenidos… algo que ya ha ocurrido varias veces en la historia chimalapa”.

Los comuneros de San Antonio y Benito Juárez exigen para liberar a los retenidos una mesa de diálogo con Roberto Campa Ciprián, subdirector de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), para plantearle sus demandas que son la reinstalación inmediata de la mesa agraria-ambiental, encabezada por el gobierno federal, a través de la Segob, con participación de Semarnat, Profepa, PGR, Sedatu, Procuraduría agraria, Inegi y gobierno de Oaxaca; suspensión total y definitiva “de los ilegales permisos de explotación maderera expedidos por Semarnat desde 2005, en terrenos comunales Chimalapas y castigo a los talamontes con todo el rigor de la ley”.

Asimismo el cumplimiento estricto de los compromisos contenidos en el “Acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad de la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, firmado en la Segob el 22 de diciembre de 2011 y el “respeto irrestricto a la suspensión de plano, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 diciembre 2012, en el marco del juicio de controversia constitucional” entre ambas entidades federativas.

El conflicto entre los zoques chimas y los tzotziles chiapanecos -los ganaderos y latifundistas son mestizos- es de larga data. En un escrito en el que San Francisco La Paz le manifestó su apoyo total a sus hermanos de San Antonio y Benito Juárez, el mismo en el que indican que está esperando el desalojo del paraje La Reforma, los comuneros zoques recordaron que “durante más de 10 años (1982 -1994) fuimos agredidos y fueron violados nuestros derechos indígenas, incluyendo asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, desaparición de comuneros y violación de mujeres, por parte de pistoleros de la ilegal colonia San Isidro La Gringa, encabezada por el entonces gobernador chiapaneco y luego secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido”.

Afirman que “como pueblo nunca dejamos de luchar pacíficamente hasta lograr en septiembre de 1994, la recuperación de 40 mil hectáreas de territorio comunal invadido por ganaderos y narcos de San Isidro La Gringa, contando entonces con el decidido apoyo de los entonces comisariado de nuestra cabecera, Santa María Chimalapas, Zeferino López Mendoza y de nuestros hermanos de la cabecera de San Miguel Chimalapa, comisariado Marbel Reyes así como de un buen número de comunidades y comuneros de todo Chimalapas tanto de Santa María, así como de San Miguel, con quienes entonces hicimos un frente común de defensa del territorio, y contando también con el decidido apoyo del Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas y de la diócesis de Tehuantepec, encabezada entonces por el obispo Arturo Lona Reyes”.

Subrayan que “siempre, los tres niveles de gobierno: el municipal el oaxaqueño y el federal, no hacen caso de las justas denuncias y demandas de nuestros pueblos Chimalapas y que, lamentablemente, nos forzan como pueblos a tener que actuar directamente para lograr la atención de nuestros problemas agrarios y de impune invasión del gobierno chiapaneco, con madereros, ganaderos y latifundistas que saquean y devastan nuestra selva”.

Campa sin embargo se reunió el miércoles 5 de octubre con autoridades estatales, agrarias y municipales de la zona -no con los comuneros de San Antonio y Benito Juárez que han impugnado a esas autoridades- con las que discutió “una estrategia para lograr un plan que permita frenar las invasiones del territorio y detener la tala inmoderada de madera, además de reforzar los patrullajes en la zona”, según informó el sitio fotosnoticias.com.

El funcionario dijo también que se ha atendido a la comunidad de los Chimalapas, tanto a sus autoridades municipales como agrarias, y los hemos sentando a dialogar junto con los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para resolver el conflicto de límites territoriales” y se acordó con la fuerza federal realizar operativos en la zona en conflicto “para detener a los grupos de ejidatarios y colonos que han invadido el territorio de Oaxaca de forma indebida, aplicándose acciones de desalojo para recuperar los predios” y que el estado mexicano está exigiendo a los jueces aplicar “sanciones ejemplares” a los responsables de las invasiones y las talas ilegales de madera en la zona en litigio.

Aseguró además Campa que el conflicto por la indefinición del territorio está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hay avances “significativos” y por ello se ha solicitado en particular al gobierno del estado de Chiapas evitar las invasiones, “creo que ya lo han entendido y han colaborado para frenar tales acciones”, consignó la agencia informativa.

Por su parte http://www.istmopress.com.mx, informó que en Juchitán, Rodrigo Velásquez García, Subsecretario de operación regional de la Secretaría General de Gobierno (Segego) explicó que su intención es dialogar con los comuneros, “sabemos que están muy molestos y lo entendemos, es una lucha de muchos años, sin embargo también queremos que nos entreguen al presunto talamonte de nombre Abel López Sánchez y quién dice ser comisariado de bienes ejidales de Rodulfo Figueroa, una comunidad que se fundó en territorio zoque por el gobierno de Chiapas, él tendrá que pagar si es culpable ante la Fiscalía General de Oaxaca”.

Dijo también que el gobierno de Oaxaca está a la espera de la resolución que pueda emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Sabemos que el gobierno de Chiapas ha desatendido la resolución presidencial del año 1994 en donde le fueron devueltas a Chimalapa 44 mil 900 hectáreas de las cuales se creó el pueblo de Rodulfo Figueroa hace apenas unos años, el conflicto sigue fuerte, sigue vivo, nosotros entendemos la molestia de los comuneros, quienes han visto como su terruño está acabándose por supuestos talamontes no solo de Chiapas, sino de Veracruz, Michoacán y otros estados de la república”.

 

 

 

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Comuneros Chimalapas exigen justicia y castigo a los invasores de sus tierras

Rosa Rojas

Con el propósito de dar solución definitiva a la problemática existente en los terrenos comunales,  los comuneros zoques de San Francisco La Paz y la autoridad comunal de Santa María Chimalapa, Oaxaca, demandaron justicia, desalojo total y castigo para los invasores de su territorio, durante la audiencia, realizada el 2 de febrero en el juzgado de garantía de la ciudad de Matías Romero, contra dos de los instigadores de las invasiones, entregados a las autoridades después de mantenerlos “en resguardo” desde el pasado24 de diciembre.

Informó lo anterior el Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT), de Tehuantepec, Oaxaca, que preside el obispo emérito de Tehuantepec, don Arturo Lona Reyes. En un comunicado detalló que  David Vega Guerrero y Leonardo Juan Zárate, las personas entregadas, fueron vinculados a proceso por la comisión de los delitos de despojo agravado, daños y demás delitos que se configuren.

Indicó el CDHT que la autoridad municipal y el comisariado de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca y los comuneros de la Congregación de San Francisco La Paz, estuvieron presentes en la audiencia contra Vega y Zárate, quienes fueron entregados por la autoridad comunitaria el pasado 28 de Enero al Vicefiscal regional del istmo de Tehuantepec,  Luis Sánchez Castellanos, así como al agente del ministerio público adscrito a la subdirección de procesos de Tehuantepec, Juan Carlos García Salud, para que se les incoara proceso.

El pasado 24 de Diciembre,   en la comunidad San Isidro la  Gringa, Chimalapa, fueron “retenidos” por los comuneros zoques: Roberto Martínez Vidal, Joaquín Escandón Vicario, Leonardo Juan Zárate y David Vega Guerrero, originarios de Uxpanapa, Veracruz, acusados de invasión territorial.

La tensión creció e incluso los comuneros amenazaron con quemar a los “retenidos” si las autoridades no desalojaban a los invasores en esta nueva etapa de un conflicto que lleva más de 50 años, en defensa de una superficie de más de 160 mil hectáreas de bosques y selvas que pertenecen a la comunidad chimalapa, una parte de las cuales están invadidas por ganaderos chiapanecos y veracruzanos, que argumentan que esas tierras están en territorio de Chiapas.

Ante esta situación el CDHT y  la  Asociación Civil Maderas del pueblo del Sureste organizaron una “Caravana de Observación Civil y Solidaridad por Los Chimalapas”, en la que participó una  veintena de organizaciones de derechos humanos, de otras comunidades del Istmo y estudiantiles,  que visitó la comunidad de San Francisco la Paz los días  10 y 11 de enero, en la que incluso participó el propio obispo Lona.

Luego de su recorrido, la caravana manifestó a los gobiernos federal, de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, su preocupación “por el tenso clima social” que se vive en la región, por lo que pidió la inmediata implementación del acuerdo al que llegaron “en el sentido de realizar operativos conjuntos de desalojo, de todos los parajes del terreno comunal chimalapa invadido en la zona” de San Isidro La Gringa, así como de castigar a aquellos invasores que hayan derribado selva alta”.

Asimismo, las organizaciones que participaron en dicha caravana solicitaron que los acuerdos logrados entre la Secretaría de Gobernación y los citados gobiernos estatales,  se implementaran en coordinación con las autoridades comunales de la cabecera de Santa María Chimalapa y con las autoridades locales de San Francisco La Paz, para evitar que con cualquier nuevo acto de provocación u hostigamiento por parte de cualquier grupo invasor, se desatara “un clima de violencia que podría resultar de muy lamentables consecuencias”.

En su comunicado se sumaron a la demanda comunal de que se aplique todo el rigor de la ley sobre el líder invasor retenido, David Vega Guerrero, “señalado desde 1990, por las autoridades comunales y organismos de la sociedad civil, como impune autor material e intelectual del secuestro y desaparición del comunero chimalapa, Pablo Escobedo Méndez”, y con ello se haga una investigación a fondo que dé con el paradero de sus restos.

Posteriormente hubo reuniones en Oaxaca y el 20 de enero en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con representantes de las subsecretarías de Derechos Humanos y de Gobierno de esa dependencia, así como de representantes de los gobiernos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, de la PROFEPA y de la Procuraduría General de Justicia, entre otros funcionarios, en la que -de acuerdo a la minuta de la misma- se informó de un operativo en el que se constataron los daños ambientales y la tala cometida por los invasores y denunciada por los comuneros, por lo que el Ministerio Público “tomó denuncia” para solicitar a un juez una orden de desalojo de éstos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, manifestó que se apoyaría a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para solucionar los problemas de tala ilegal y daño ambiental, así como las invasiones, siempre que no hubiera personas retenidas ilegalmente.

El 24 de enero el gobierno oaxaqueño informó de la liberación y entrega a las autoridades  de dos de los retenidos: Roberto Martínez Vidal y Joaquín Escandón Vicario, quienes fueron entregados a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, “en un clima de orden y búsqueda de acuerdos para contribuir a la paz social en la zona de los Chimalapas”.

Este 2 de febrero, en un nuevo paso de distención, se liberó a los otros dos “retenidos”, durante un acto en el que, de acuerdo al comunicado del CDHT, el Vicefiscal Sánchez Castellanos, asumió con la asamblea general de comuneros de San Francisco la Paz, los siguientes compromisos:

“Abstenerse de ejercitar acciones legales en contra de los comuneros y comuneras de San Francisco la Paz, por hechos que deriven de la defensa de su territorio comunal” y  “dar puntual seguimiento a las investigaciones instauradas con motivo del despojo de tierras comunales de San Francisco la Paz, hasta lograr las órdenes judiciales que permitan el desalojo de los invasores”.

“Con esto, la asamblea general de comuneros y comuneras de San Francisco la Paz, hizo la entrega total de los cuatro invasores resguardados desde el 24 de diciembre pasado, dan pasos de cooperación a una solución definitiva de la problemática que se vive en la comunidad, y a la espera del cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos, como se acordaron en las distinta mesas de diálogo donde fueron partícipes”, apuntó el CDHT.

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