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La SCJN “tarde o temprano” deberá discutir la inconstitucionalidad de la Ley Minera y resolver a favor de los pueblos originarios: Serranos Unidos en Resistencia Indígena

 

Rosa Rojas 

Ante la resolución adoptada por  la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en su sesión del 25 de mayo, en el sentido de sobreseer el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena Me´phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero,  sin entrar al fondo de la cuestión planteada por la comunidad de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), de la Sierra Norte de Puebla, advirtió que “ante la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación”.

Por lo pronto, “nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos”, advirtió el dirigente de SURI, Raymundo García Lopez, en un comunicado.

La comunidad tlapaneca de San Miguel del Progreso, logró mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, siguió luchando para que la Suprema Corte de Justicia declarara que la Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pidió  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debía ser sobreseído. Sin embargo, San Miguel del Progreso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

San Miguel del Progreso había señalado que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas renuncias a las concesiones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, “pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos”, poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

La comunidad advirtió también que el 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilitaba a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

García Lopez planteó que de acuerdo con el modelo jurídico adoptado por nuestras instituciones, reforzado con las innovaciones del sistema jurídico interamericano y atendiendo la supremacía de las normas, “es ampliamente reconocida la brecha legal  entre la Constitución General de la República y la Ley Minera, teniendo como referente la propia Jurisprudencia de la SCJN en cuanto a la fuerza de los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República”.

Afirmó que el Estado mexicano autoriza concesiones mineras en las regiones indígenas “de una forma ilegal e ilegítima creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas de los pueblos indígenas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla”.

Añadió que cada vez más la nación se desgarra por este enfrentamiento –a veces silencioso, otras ocasiones público- “sin tomar el Gobierno medidas de solución apegadas a derecho empezando por respetar los Tratados firmados y armonizar la Constitución General de la República y establecer  una Mesa de Alto Nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas. Al contrario, mediante subterfugios legales de abogados patronales incrustados en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos”.

 

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El Ifetel otorga libertad de expresión a quien puede pagarla y censura las radios comunitarias indígenas: Radio Comunitaria de Tlaxcalancingo

Rosa Rojas 

 

Sin realizar peritajes técnicos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ha denegado a una comunidad de Cholula, Puebla, el otorgamiento de una radio comunitaria en frecuencia modulada (FM) argumentando “no disponibilidad espectral” y en cambio “reserva de manera discriminatoria” las frecuencias 90.9 y 104.3 de fm para radios comerciales en el centro de Puebla, denunció la organización Radio Comunitaria de Tlaxcalancingo (RCT) radio Cholollan.

La citada organización denunció que en Cholula “sólo existe libertad de expresión para quien puede pagarla y censura para los pueblos indígenas” pues el Ifetel denegó, en abril de 2015, la solicitud de RCT de contar con su propio medio de comunicación, diciendo que no existe disponibilidad espectral “sin haber siquiera realizado las pruebas técnicas que arrojaran éste resultado, mucho menos haberlo demostrado”.

Así, el Ifetel incumple con la obligación que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en el sentido de que “el Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora”, agregó.

Ante la negativa del Ifetel, que calificó de “censura previa” RCT explicó el tortuoso proceso legal que ha debido seguir para reforzar su petición: “la comunidad nahua de Tlaxcalancingo se amparó bajo el proceso 1312/2015 ejerciendo y argumentando su derecho al artículo 2º constitucional y al Derecho de Audiencias, solicitando se haga un peritaje para comprobar la ´no disponibilidad espectral´ que decía el Ifetel”.

En el proceso -explicó- el Ifetel puso en duda el interés legítimo de RCT y “de manera sorpresiva”, en agosto de 2015 la Juez Rafaela Reyna Franco Flores del Primer Juzgado en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en el Distrito Federal (DF), sobreseyó el amparo antes de celebrarse la prueba pericial y audiencia constitucional, por lo que se interpuso el recurso de revisión 122/2015.

En octubre, “el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia, reconoció el interés legítimo del amparo si es interpuesto por pueblos indígenas, quedando demostrada la identidad indígena de Tlaxcalancingo en el expediente”.

Al ganarse el recurso de revisión, se reanudó el proceso y se nombró a un perito, “supuestamente imparcial”, por parte de la Justicia Federal y un perito por parte del Ifetel; Tlaxcalancingo no pudo ofrecer un perito particular propio por falta de recursos económicos. Sin embargo el perito Alfredo Loza Pérez, “se negó a realizar los cálculos solicitados argumentando que eso le correspondía al Ifetel o a la comunidad de Tlaxcalancingo” y “sin haber realizado cálculo alguno y sólo basándose en las declaraciones del Ifetel”, le dio la razón a la dependencia afirmando “que no existe disposición espectral”.

Ante eso “por segunda vez el Ifetel pretendió, sin éxito, desechar el amparo 1312/2015, ya que se objetó sobre la forma de resolver éste peritaje oficial y la Juez determinó que el perito aclare la forma de llegar a sus resultados o en su caso amplíe el estudio y dictamen, ya que en ninguno de los estudios que han elaborado los dos peritos queda demostrada la “no disposición del espectro” para ésta región cholulteca” agregó RCT.

Informó asimismo que en Cholula hay 17 estaciones de las 25 permitidas en FM sobre la misma región, de la cuales 12 son comerciales, cuatro públicas, una religiosa y ni una sola comunitaria e indígena que atienda las necesidades propias de la población indígena y campesina.

Explicó que el Ifetel sostiene que no hay disponibilidad de frecuencias porque una radio de 12 kilómetros de cobertura -que es la que se está solicitando- podría interferir con radios de la Ciudad de México, Veracruz, Cuernavaca o el Estado de México, “que se encuentran a una distancia de hasta más de más de 130 kilómetros”.

Además, agregó, el Ifetel en su respuesta, dijo también tener “reservadas en proceso deliberativo” las estaciones 90.9 y 104.3 de fm para otras radios, sin estar publicadas en el Registro Público de Concesiones, y aún cuando de la solicitud de información 0912100021115 realizada por Tlaxcalancingo, el departamento de Unidad de Concesiones y Servicios del Ifetel dijo que no había nuevos trámites de concesión pendientes en la zona”. Con eso quedó claro que esa dependencia está reservando estas frecuencias “de modo discriminativo” afirmó RCT.

Subrayó que el Ifetel ha otorgado permisos a 20 frecuencias de FM, ninguna de ellas comunitaria, denunciando que la dependencia está utilizando la norma de interferencia de campos sin basarse en cálculos y datos reales “a modo para negar frecuencias de radio y reservarlas al sector comercial”.

Por ello “denunciamos que durante el proceso de ejercicio de nuestros derechos, desde el cierre de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec (el 4 de agosto de 2014) a la fecha, la aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones es parcial, inclinada a imposibilitar los procesos de solicitud de concesión para los proyectos de comunicación comunitarios y de los pueblos indígenas e incumple con la justa distribución de frecuencias para la región Cholulteca, ya que reserva el espectro radioeléctrico para el mejor postor” afirmó.

RCT aseveró que con la nueva aplicación que ha lanzado el Ifetel para que cualquier persona pueda denunciar radios que no tengan permiso en el país, se está impulsando la criminalización hacia las comunidades y pueblos indígenas que ejercen su derecho a la comunicación, “y cuando los pueblos solicitan la venia o permiso del Estado, este mañosamente lo niega, pretendiendo la desaparición de medios comunitarios críticos y al servicio de sus pueblos”.

“Estamos recurriendo a la ley porque el Estado en su discurso dice que la violamos por no pedir permiso. Pero a cada paso que damos nos encontramos con que el Ifetel y los diferentes órganos de gobierno, una y otra vez violan nuestros derechos y faltan a sus obligaciones para con los pueblos indígenas. Pero nosotros no dejaremos de exigir y ejercer nuestros derechos, porque no puede haber democracia si no hay apertura de medios de comunicación y una justa distribución de su administración. Sabemos por tanto que las radios que sirven a una comunidad y funcionan sin concesión no están fuera de derecho. Y sabemos también que es nuestro derecho utilizar el espectro radioeléctrico para ejercer nuestra libertad de expresión” añadió RCT.

 

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Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños se amparan contra disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Rosa Rojas

Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños interpusieron un amparo en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (IFT) por haber realizado una consulta que no estuvo de conformidad con sus costumbres y tradiciones y a través de sus instituciones representativas, para establecer los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

El recurso de amparo indirecto se presentó el pasado 4 de septiembre ante el Juez de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en turno en el Distrito Federal, y fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en telecomunicaciones.

El amparo es contra los lineamientos generales emitidos por el  IFT el pasado 13 de julio, para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “desde el momento en que nunca se convocó a nuestros correspondientes representantes; no se efectuó mediante procedimientos adecuados al no realizarse de conformidad con nuestras costumbres y tradiciones, antes de llevar a cabo actividades que puedan afectar adversamente nuestros intereses o derechos a la propiedad de nuestras tierras, territorios o recursos naturales”, informaron en un comunicado integrantes del Grupo de Trabajo de Comunicación Indígena (GTCI) del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca.

En el mismo señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) declara que la consulta implica que sea de acuerdo a las costumbres y tradiciones, con un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades o pueblos y que el Estado asegure que los pueblos o comunidades tengan conocimiento de los riesgos del plan, proyecto o medidas legislativas; teniendo en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones.

Igualmente, afirman, “la consulta no se realizó de buena fe, de una manera apropiada y mucho menos con la finalidad de llegar a un acuerdo, porque nunca existió la decisión del IFT de tomar en consideración los resultados de la consulta en el diseño final de los lineamientos”.

Esa afirmación “se desprende de dos hechos, principalmente: 1) se previó que los comentarios, opiniones y propuestas no eran vinculantes; y 2) el IFT aprobó los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a las que se refiere el titulo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) -el 10 de julio de 2015- antes de celebrar el Foro Nacional de Devolución y Difusión de los resultados de la Consulta Indígena -16 de julio de 2015-, eliminando la posibilidad de incidencia en esta fase, es decir, de diálogo efectivo. Así, el IFT vulneró el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 1 constitucional” argumentan.

Por lo tanto, subrayan, “no impugnar los lineamientos es legitimar todos los vicios del Estado, los cuales se produjeron tanto en el proceso de la reforma constitucional, como en la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ambos procesos no se nos consultó”, a pesar de que diversas disposiciones les afectan y restringen sus derechos.

Mencionan entre los derechos violados por el IFT el derecho a la consulta –artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-; el derecho a la creación de medios de comunicación en situaciones favorables –artículo 2 constitucional-; el derecho a la audiencia –artículo 2 constitucional-; el derecho a la participación libre –art. 35 constitucional-; o el derecho a recibir información plural y veraz –art.6 constitucional, entre otros.

“Aceptar los Lineamientos del IFT implica continuar tolerando una práctica del Estado que no reconoce ni respeta plenamente los derechos que tenemos los pueblos y comunidades indígenas. Esto es así porque en este caso, el Estado (IFT) pretende que con la incorporación de opiniones sobre cuestiones formales e irrelevantes en los Lineamientos Generales, mismas que no atienden sustancialmente aspectos como el financiamiento o fines de los medios, se validen disposiciones que en el fondo nos son desventajosas y que estuvieron viciadas desde su origen”.

Enfatizan que “en tanto que se trata de la defensa de nuestros derechos reconocidos constitucionalmente y de ninguna manera de dádivas del Estado”  demandan que el IFT lleve a cabo una consulta en forma, cumpliendo las condiciones mínimas establecidas por la jurisprudencia de la COIDH, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, que se realicen mesas de diálogo con el IFT para que se garantice a los pueblos indígenas el derecho a crear medios de comunicación en condiciones más favorables, ampliando sus fines, flexibilizando los requisitos para obtener una concesión que no sean mayores a aquellos de los medios de comunicación de uso público y comercial.

Además que se incluyan fuentes de financiamiento más equitativas, entre las que podrían estar las subvenciones públicas y que no tengan que pagar por el análisis de la solicitud.

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