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Demandan comunicadores una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos

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La emisión de una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos y una reunión urgente con el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, para evaluar las circunstancias de defensa y protección de los periodistas en la entidad, demandaron una cincuentena de reporteros y reporteras de medios locales y nacionales luego de una asamblea en la que constituyeron  el Foro de Periodistas del Estado de Morelos.

En la misma acordaron también renovar la representación del gremio ante el Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas del Estado de Morelos (MEPPEM). Desde el 20 de enero de 2016 las y los periodistas anunciaron que suspendían su participación en esa instancia “por considerar que no existen las condiciones necesarias para su operación”, señalando incluso que “el gobierno del estado no solo no coopera para el buen funcionamiento del mecanismo, sino que es el principal agresor de los trabajadores de la información”.

En la asamblea efectuada este 23 de mayo, se acordó también solicitar respuesta al planteamiento realizado por un grupo de periodistas “sobre la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.

Los integrantes de la representación periodística ante el MEPPEM -electos por unanimidad- son, como propietarios: Jaime Luis Brito Vázquez, María Esther Martínez , Leticia Villaseñor, Pedro Tonatzin Sánchez Segura, Victor Manuel Carrillo Ocaranza y como suplentes: Héctor Raúl González, Luis Roberto Rodríguez, Edgar Arroyo, Clara Meza, y Yesenia Daniel.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH Morelos), Jorge Arturo Olivares Brito, anunció su salida del MEPPEM “luego de que un grupo de periodistas le solicitó abandonara el organismo”, informó el diario Avance de Morelos el pasado 22 de mayo.

Olivares Brito advirtió que dejaría de participar en esa instancia “mientras no existan las condiciones de diálogo y acuerdos que permitan la inclusión del gremio periodístico en total búsqueda de un trabajo que permita la investigación y sanción de cualquier ataque a la expresión libre, tomando en cuenta a las principales víctimas que son precisamente las y los reporteros, periodistas y comunicadores, cuya representación se encuentra ausente en un mecanismo que se debe a ellos, sus derechos y su dignidad”.

Agregó que la CDH Morelos ha manifestado en reiteradas ocasiones “su extrañamiento ante la idea de trabajar un mecanismo de protección a periodistas, sin periodistas, pues desde hace tiempo el gremio decidió retirarse de la estructura ante la falta de certeza en protocolos de actuación y otros aspectos bien conocidos”.

Del año 2010 a la fecha la comisión ha investigado al menos 17 casos graves de ataques a la libertad de expresión, sobre todo al gremio periodístico. Se han emitido 4 recomendaciones, además de estar en proceso de integración 6 más; por ello, la CDH Morelos forma parte del mecanismo de protección, indicó Olivares Brito.

 

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Periodistas de Morelos exigen a Graco Ramírez cesar a funcionario que amenazó y descalificó el trabajo periodístico

protestajavier valdez-rosa16may17Rosa Rojas

Agresiones “sistemáticas” a periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales por parte del coordinador de asesores del gobierno estatal, Gustavo Martínez, denunciaron 32 comunicadores/as de Morelos al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, en una carta en la que le plantean que el citado funcionario “cínica y abiertamente usa las redes sociales para amenazar, denostar, demeritar, humillar, intimidar y descalificar el trabajo periodístico”, por lo que exigen su cese inmediato “pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
En la misiva, publicada en el diario El Regional del Sur, las y los periodistas le manifiestan a Ramírez Garrido Abreu, que no puede pasarse por alto “y mucho menos encubrirse al amparo del gobierno de Morelos” dicha situación. “Por diversas vías hemos denunciado cómo este servidor público usa el cargo para agredir a los periodistas morelenses” indican.
Subrayan que en el recuento de la administración actual “ningún servidor público de cualquier nivel e institución implicada en agresiones contra periodistas ha sido sometido a los procesos administrativos y penales correspondientes y mucho menos sancionado”.
“La permisibilidad otorgada a su coordinador de asesores, Gustavo Martínez, es una muestra pública muy clara de que no hay voluntad de prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las y los periodistas”, le indican al gobernador de Morelos y le cuestionan si “acaso espera su gobierno que un funcionario como Gustavo Martínez pase de la ofensa y la amenaza a la agresión física o la privación de la vida de alguno de nosotros”.
La tolerancia de estas actitudes -añaden -“deja una línea muy delgada entre ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información y perder la vida en defensa de estas garantías constitucionales”.
Por ello, afirman, “consideramos que Gustavo Martínez ha cometido actos graves contra las y los compañeros periodistas, y ha obstaculizado el ejercicio de la libre expresión. Ante las evidencias públicas y que usted mismo puede consultar en las redes sociales, es que exigimos el cese inmediato de ese funcionario, pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno”.
“Esperamos su pronta respuesta, y que esto quede como otro de los antecedentes, que por supuesto documentaremos ante las organizaciones nacionales e internacionales”, finaliza la carta de las y los periodistas.
El documento se puede consultar en: http://elregional.com.mx/Fotos/?id=9508
En su sitio de Facebook, el funcionario en cuestión publicó el pasado 18 de mayo lo siguiente:
 Ofrezco una disculpa pública a los comunicadores y comunicadoras que se hayan sentido ofendidos, vituperados o amenazados por opiniones vertidas por mí en este medio con respecto de su trabajo. Tengo la firme convicción de que el periodismo crítico es un factor fundamental en la consolidación de la democracia y sostengo que la labor comunicativa también debe pasar por la evaluación de la ciudadanía. No obstante, para evitar que mi postura personal se confunda con la función pública que desempeño, ni con la opinión de gobierno, me abstendré de postear comentario alguno en ese tema.

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El Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denuncia que se prepara una orden de aprehensión en su contra

 Foto Foto: La Jornada

Rosa Rojas

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, aseveró hoy que se está preparando una orden de aprehensión en su contra que promovería la Fiscalía Anticorrupción acusándolo de malversar mil 800 millones de pesos del presupuesto universitario durante 2014.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Segunda Feria del Libro UAEM “Sembrando futuro”, que se realiza en el campus principal de la institución en la ciudad de Cuernavaca,  indicó que la presunta orden de aprehensión se derivaría de que “justo cuando estábamos en la exhumación de los cuerpos de Tetelcingo (a mediados de 2016 labores en las que la institución apoyó a familiares de desaparecidos para la exhumación de cadáveres de una fosa clandestina gubernamental N. de la R.) coordinaron de manera facciosa una auditoría donde no me dieron a conocer las observaciones de la misma, y me llamaron a una audiencia de solventación sin que conociera yo de las observaciones”.

Añadió que se le está queriendo aplicar  “una ley como servidor público que no me aplica, donde me quieren aplicar una ley de deuda pública que tampoco me aplica, y donde no han podido demostrar ningún faltante, ningún desvío de recursos en donde yo haya malversado los fondos de la Universidad con fines de un enriquecimiento ilícito; todo indica que es algo que está orquestado; seguramente en su momento estaremos ya dando nosotros los pormenores de estas actuaciones facciosas”.

Cuestionado sobre cómo cree que se podría concretar esa orden de aprehensión, Vera Jiménez comentó que podría ser como “lo que hicieron con el alcalde de Cuautla, llevarme ante una audiencia de un juez de consigna que me va a declarar la prisión preventiva, no porque me condene sino porque me están imputando mil 800 millones de pesos; quiere decir que me robé más del presupuesto de la Universidad y los trabajadores están tranquilos porque no les pague su salario” durante todo ese año.

Esa acusación es “un absurdo, nuestro presupuesto no llega a mil 800 millones de pesos y me imponen mil 800 millones de pesos, lo cual habla, además de la torpeza, así como no saben contar muertos, porque está claro, decían que en las fosas de Jojutla habían 35 (cadáveres) y ya van 60 y pico, restos humanos de cuerpos diferentes y sigue habiendo más, pues tampoco saben contar pesos y centavos porque siempre les sobran a su favor”.

Se le preguntó si solicitará amparo contra esa presunta orden de aprehensión y contestó que él está siguiendo una estrategia de defensa legal y utilizaría ese recurso si sus abogados lo recomiendan “pero cuando se corrompe todo en un estado, ya no tenemos garantías de contar realmente con un derecho que nos asista ¿no? Entonces estamos buscando la manera de enfrentar y de que este asunto realmente lo atraiga la Federación y que la Federación, así como se llevó lo de Sedesol (un caso donde hubo también acusación de malos manejos ) donde se llevó a la PGR  y entregamos la información, nosotros solventamos todo lo que teníamos que solventar y no se ha determinado ninguna orden de aprehensión en mi contra”.

Respecto a la situación de violencia e inseguridad que ha repuntado, a pregunta expresa sobre si considera viable que el ejército intervenga para combatirlas, el Rector de la UAEM comentó que “sí tenemos que articularnos con la Federación, sí tenemos que buscar el apoyo por parte de la Federación pero no del ejército”.

Durante la inauguración  de la Segunda Feria del Libro UAEM el escritor Paco Ignacio Taibo II dio una charla sobre cómo la lectura influenció su vida desde la infancia. En la feria participan más de 50 editoriales y se llevarán a cabo una treintena de presentaciones de libros, talleres y actividades culturales y musicales, tanto en el campus norte como en el Museo de Arte Indígena y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En éstos últimos se realizarán los días 29 y 30 de este mes actividades con motivo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil “lectores del Futuro” de la UAEM.

 

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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, “porque se pondría en riesgo a la policía”,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, “todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca”.

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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Solicitan a la CIDH ordenar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) solicitó -este 6 de marzo- al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, “en nombre y representación” de los comuneros, comuneras y familias de la Congregación indígena Nuevo San Andrés, ubicada en  la porción oriental del territorio comunal y municipal de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a favor de los habitantes de dicho poblado.

En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y  Miguel Angel A. García  Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.

“Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con  los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)”.

Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

En contraparte, “una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…”.

Afirman que “es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca,  con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la  integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados  por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo”.

Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación,  por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez,  internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.

El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, “quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada”, agregan.

El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y “ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves  2 de marzo  por la noche ó  el viernes 3, a cualquier hora del día”.

Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017,  el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.

La Defensoría, a su vez, añaden,  instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, “pues a decir del propio Visitador  el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.

Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.

Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH “que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés”.

Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas,  presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y  amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.

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