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El gobierno requirió 10 víctimas masacradas en Nochixtlán para iniciar un diálogo sobre su reforma educativa; un mitin de empresarios bastó para que EPN vetara Ley Anticorrupción

Rosa Rojas

En el altar de la intransigencia corrió la sangre, se privó de la vida a diez personas en Nochixtlán, Oaxaca, este domingo 19 de junio, para que finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) accediera a iniciar un diálogo, “en el marco de la ley” con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el conflicto nacido de la imposición a rajatabla de una “reforma educativa” que no es tal, sino una reforma laboral, dizque para evaluar a los maestros y maestras del país.

Diez muertos, tres años de movilizaciones para iniciar recién un diálogo. Los empresarios consiguieron en menos de un mes, con un mitin en el Angel de la Independencia, que EPN vetara unos artículos de la Ley Anticorrupción que “los afectaban”. Todavía hay clases sociales en este paisito.

Desde el lado de la sociedad se repitió hasta el cansancio que una reforma educativa requería de la participación, el consenso, las aportaciones de maestras y maestros, padres y madres de familia, académicos, investigadores… nada valió. El gobierno empezó a hacer evaluaciones absurdas de hasta ocho y más horas de duración, a despedir maestros… el conflicto escaló y llegó a los paros, los bloqueos, las marchas, los plantones, la violación de derechos de movilización, de libertad de expresión, a la represión pura y dura; hasta la saciedad el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, repitió que no habría diálogo si no había previamente una aceptación por parte de la CNTE de su reforma educativa, es decir, habría diálogo sólo si previamente había una rendición incondicional por parte de las y los maestros.

Ahora Nuño ha quedado al margen del mismo porque, dijo, “el diálogo es político, no educativo”. En el colmo del absurdo pretende que no se hable en ese diálogo de la reforma educativa que detonó este conflicto.

Nuño declaró, diez muertos después, que ahora es “momento de apertura, compromiso y tolerancia. Es momento, particularmente en Oaxaca, para que todos pongamos de nuestra parte para distender y poner fin a la violencia”. Una violencia que los gobiernos federal y estatal se han encargado de repetir que ellos no provocaron porque sus policías iban desarmados, pese a las fotografías y filmaciones que prueban lo contrario y ante cuya evidencia acabaron reconociendo que los policías, que dizque iban desarmados, acabaron sacando las armas pero sólo porque fueron atacados por un “grupo radicalizado”.

Las comparsas del gobierno en los medios de comunicación se han encargado de decir que son siete esos grupos “radicalizados” y repiten sus nombres, enumeran a quienes son sus líderes y reproducen la ficha que seguramente salió de los archivos de los sótanos del sistema sobre las presuntas acciones de esos grupos, de los que no dicen directamente que son guerrilleros pero eso queda en el contexto. La CNTE, dicen algunos comentaristas de medios, recibe “apoyo armado”. Hechos y discursos paralelos al diálogo que nos remontan a 1968, a la aparición de los halcones de 1971 y presagia una cacería de brujas contra las organizaciones populares, estatales y nacionales, que se han mencionado en esas publicaciones.

En el diálogo en la Secretaría de Gobernación con la dirigencia de la CNTE que no está en la cárcel, los ejes serían derechos humanos, distensión del conflicto y justicia y será facilitado por una Comisión Nacional de Intermediación formada a propuesta de la CNTE por personalidades independientes.

Ya el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había calificado la masacre de Nochixtlán de situación “grave y extraordinaria, que deberá investigarse de forma exhaustiva, puntual y transparente” para aclarar si fue adecuado el uso de armas por los elementos estatales y federales que participaron en el desalojo de las vías de comunicación, quién dio la orden de disparar, si se siguieron los protocolos señalados para el uso de la fuerza y si la población civil también tenía armas de fuego. Y durante la primera sesión del mismo ofreció ser “conducto” para que los maestros fijen su postura ante el poder Legislativo y !la Secretaría de Educación Pública¡ ya ni la burla perdona el funcionario.

El lunes 27 será la segunda sesión del diálogo en la SEGOB. Ya en la numerosa marcha del viernes 24 en la Ciudad de México los maestros y organizaciones sociales que los apoyan demandaban la renuncia de Nuño, cese a la represión y, como desde hace tres años, anulación de la mal llamada “reforma educativa”.

El contexto nacional en el que se da este diálogo –además de las diez vidas segadas y un centenar de heridos- es el que claramente remarcó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien aseguró que “en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”.

Según nota de La Jornada, el experto señaló que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida; los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son “insuficientes e ineficaces”.

En un informe de seguimiento de las recomendaciones que dejó tras su misión en el país en 2013, el experto aseveró que no ha habido avance alguno en las recomendaciones pasadas, por lo que lamentó la postura del gobierno mexicano y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la policía, llamando a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, así como a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

En lo internacional se tiene clara la crisis de derechos humanos que vive México, agravada por el conflicto por la imposición, literalmente ahora a sangre y fuego, de una reforma educativa que no es tal. Por ello ha habido en muchas ciudades de Francia, España, Alemania, Ecuador, Argentina y Brasil plantones y vigilias para repudiar la violencia en México, repudio que se multiplica en cientos, en miles de mensajes que circulan en las redes sociales demandando solución, no más represión, al conflicto magisterial.

 

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Rechazan UCIZONI y FIOB la campaña oficial contra organizaciones sociales por la masacre de Nochixtlán. Demandan un diálogo que escuche planteamientos magisteriales sobre la reforma educativa

Rosa Rojas

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) -en comunicaciones por separado- condenaron de manera enérgica la violencia empleada en contra de los maestros, sociedad civil y activistas en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado día 19 de junio, cuando ocho personas perdieron la vida y alrededor de cien resultaron heridas y reprobaron que el gobierno responsabilice de esos hechos a organizaciones sociales a las que tacha de “radicales”. Entre las que se han mencionado están el propio FIOB y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

El FIOB responsabilizó de la represión en contra de la población civil y el magisterio en Asunción Nochixtlán, el Istmo y la capital oaxaqueña, al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, así como al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, al tiempo que exigió la salida inmediata de Oaxaca de las fuerzas federales, presentación de los desaparecidos, liberación de los dirigentes magisteriales presos y atención médica a los heridos.

Asimismo urgió al gobierno federal a entablar inmediatamente un diálogo donde escuche los planteamientos de los maestros “y en tanto no haya un acuerdo, de marcha atrás en la implementación de la llamada reforma educativa”.

La UCIZONI condenó la “brutalidad” con la que actuó la policía federal en Jalapa del Marqués, Tequisistlán, Hacienda Blanca, Salina Cruz, Huitzo y Nochixtlán y exigió castigo para los funcionarios federales y estatales responsables de la muerte de por lo menos 10 oaxaqueños y heridas de cientos más. Reclamó la inmediata liberación de los presos políticos del movimiento popular oaxaqueño.

Esta organización denunció “la campaña de criminalización y de linchamiento que vienen promoviendo medios de comunicación, grupos priistas y los gobierno federal y del estado de Oaxaca en contra de dirigentes de organizaciones indígenas, comunicadores independientes y líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Añadió que en Matías Romero, Oaxaca, “han circulado en los últimos días y de manera intensa cadenas en las redes sociales donde se atribuyen a UCIZONI, sección 22 y radio comunitaria Las voces de los pueblos, llamados a saquear comercios trasnacionales pero también a los pequeños negocios. Esta información evidentemente falsa ha creado un ambiente de crispación social que busca restarle base de apoyo al movimiento magisterial pero también procura incriminar a los líderes sociales ante posibles actos de rapiña, ya que han sido vistos grupos de pandilleros provenientes de Salina Cruz y Juchitán merodeando por el centro de la ciudad y en la zona del bloqueo carretero… Más grave aun son las declaraciones de funcionarios federales y estatales que tratan de fincar responsabilidad a organizaciones indígenas en los violentos hechos ocurridos en Nochixtlan”, subrayó.

“Esta campaña de  guerra sucia en contra del movimiento popular  que se promueve desde los medios masivos de comunicación busca a toda costa responsabilizar a líderes sociales de las muertes ocurridas y con ello lograr impunidad para los funcionarios del gobierno federal y estatal que ordenaron a la policía disparar en contra de los manifestantes. A su vez busca justificar la detención y persecución  de dirigentes de organizaciones solidarias con el movimiento magisterial”, aseveró la UCIZONI, exigiendo acabar con la “guerra sucia” contra el magisterio y las organizaciones populares.

El FIOB por su parte apuntó que no debe permitirse el derramamiento de más sangre “en aras de implementar una antipopular medida que en el fondo busca la privatización de la educación pública en México y que no resuelve de raíz el rezago educativo que sufren los pueblos indígenas y sectores vulnerables como mujeres, trabajadores asalariados y campesinos”.

“Si Peña Nieto se muestra incompetente para solucionar este conflicto que ahora estalló (y por el que el pueblo está decidido a manifestarse de manera pacífica), sin hacer uso de la represión como en las dictaduras militares, debería ser destituido de su cargo” agregó la organización subrayando que es doloroso ver que  “en lugar de enfrentar a los narcotraficantes y criminales, los gobiernos federal y estatal se ensañan contra la ciudadanía que sólo quiere que sus hijos puedan ir a la escuela y que la juventud mexicana tenga un mejor futuro como país”.

Reprobó que el gobierno de Gabino Cué esté responsabilizando de los enfrentamientos a organizaciones sociales a las que tacha de radicales, entre ellas al FIOB. La organización recordó que al igual que otras, apoyó a Cué para que llegara a la gubernatura, lo que “no significa que debamos ser cómplices de actos gubernamentales que utilizan la represión y violentan los derechos humanos de quienes se manifiestan por defender conquistas sociales y derechos laborales como la lucha magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a nivel nacional” afirmó.

Rechazó además “el manejo de la información donde se menciona que los líderes sociales son los nuevos millonarios del estado, mostrando una tabla de presupuestos a organizaciones sociales, entre ellas al FIOB. Ese presupuesto fue asignado por el ejecutivo estatal, mismo que ha sido empleado en la ejecución de obras de infraestructura básica y en proyectos de desarrollo humano a través de propuestas de las autoridades, quienes después de cumplir con la normatividad institucional, aprueban sus proyectos y los recursos son entregados a través de la Secretaría de Finanzas a las autoridades municipales. Ningún recurso es entregado a los líderes sociales”.

Agregó que “la táctica del gobierno de Cué Monteagudo de señalar a líderes de organizaciones como el FIOB, MAIZ, y UCIZONI, entre otras asociaciones con trayectoria de lucha social, es la misma que utilizó el priísta Ulises Ruiz hace diez años para desprestigiar al movimiento social que busca acabar con los abusos en Oaxaca. Esta maniobra pretende revertir los hechos quitando la responsabilidad que el gobierno de Oaxaca y el de la República tienen en el estallido de violencia en el estado y apuntar a estas organizaciones y líderes sociales”.

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La tortura busca aterrar a la población para provocar parálisis social frente al despojo: Fazio

Rosa Rojas

La finalidad de la tortura  es destruir al ser humano concreto y al ser político para aterrar a la población; los sistemas que promueven el uso de la tortura “lo hacen con lúcida conciencia” como demostración de poder, indicó Carlos Fazio, catedrático de la UNAM, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de esa casa de estudios.

Por su parte, la antropóloga Elena Azaola informó que se realizaron entrevistas  a jóvenes recluidos en centros de detención de  Coahuila, Morelos, Hidalgo y Sinaloa, lo que reveló que 76 por ciento de ellos fueron víctimas de tortura.

El impacto que queda después de una experiencia así es demoledor, de ahí en adelante ¿en qué autoridad pueden confiar? cuestionó la investigadora, quien leyó algunos de los testimonios del severo maltrato sufrido por los jóvenes de parte de las autoridades que los detuvieron.

En su conferencia, titulada La práctica sistemática y generalizada de la tortura en México, herramienta para la dominación de clase, Fazio mencionó dos casos, la violación de 23 de mujeres detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando era gobernador el ahora presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y el caso del joven  Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa, ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En el caso de Atenco, queda claro que la violencia erótica es la concreción del poder, además de que los policías que cometieron los abusos sexuales y violaciones “cumplían órdenes superiores, es decir había una cadena de mando”.

La tortura en Atenco fue también una demostración de poder y un reflejo de la relación entre los detentadores del poder y los opositores, apuntó.

El también articulista de La Jornada mencionó que en el caso de Mondragón, a diferencia de sus compañeros, que fueron desaparecidos, su cadáver con el rostro desollado no fue ocultado. “La tortura se planificó para ser vista, sus verdugos quisieron enviar un mensaje, por eso tomaron fotos del cadáver y las difundieron por Twitter a sólo cuatro horas de su muerte. El mensaje de terror escrito en el cuerpo de Julio César es la concreción más extrema del uso del poder. Fue como un ritual simbólico que pretendía recordarnos el poder disciplinador del Estado” subrayó.

Fazio mencionó por otra parte que hay intelectuales orgánicos y unos 25 o 30 periodistas de Televisa, TV Azteca, Milenio, que tienen voz en la televisión, radio y en los periódicos, que son utilizados por el gobierno para, por ejemplo, el golpeteo contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar desacreditarlos cuando su investigación llega al papel que desempeñaron los militares en Ayotzinapa.

Hablando de la violencia del Estado, añadió, lo que viene en 2017 y 2018 es una nueva fase de despojo del campesinado pobre, “lo que necesita del miedo, de la parálisis social”, por lo que es necesario multiplicar foros como éste para que haya conocimiento de este estado de cosas. La música, el cine, la poesía tendrían que servir para concientizar a la gente y pasar a la fase de la organización para enfrentar esto, aseveró Fazio.

A su vez Jacinto Rodríguez, de Harvard University, quien disertó sobre El arte de invisibilizar la violencia- Tortura, la función de los medios de comunicación en los años de la Guerra Sucia en México, cuestionó cómo fue posible que la tortura se hiciera costumbre en México, tal cual ha sucedido.

El investigador citó como ejemplo de la construcción del “diseño del enemigo” a través de los medios de comunicación desde 1968, “que es el primer ensayo de lo que vendría después en la guerra sucia”, la columna Granero Político que se publicaba en el diario La Prensa, donde se hablaba de los “terroristas” para referirse a los opositores.

La paradoja es que entonces México recibía a políticos latinoamericanos que eran perseguidos en sus países de origen por gobiernos dictatoriales, para muchos de los cuales no hubo guerra sucia en México, apuntó.

Habló también del papel de los intelectuales, “hay varios niveles en los que se termina invisibilizando la violencia del Estado mexicano” sobre todo en el caso de Luis Echeverría Alvarez, además de la legitimidad mediática que le dan al gobierno los medios de información, que silencian la violencia o caracterizan como terrorismo las acciones de los opositores; hay también una “corresponsabilidad de las universidades” en ese silencio, añadió.

Apuntó que el sistema político mexicano, no sólo el presidente sino “los que regresaron después de 12 años” y que “no sabemos si se vayan en el 2018”, que se dan cuenta de que la historia “es incómoda y es peligrosa” y han vuelto a cerrar los archivos sobre la guerra sucia que abrió Vicente Fox, buscando otra vez invisibilizar la historia.

Afirmó que la gente no tiene en la conciencia lo ocurrido en la guerra sucia por lo que los intelectuales y los medios tienen una gran responsabilidad para difundir lo ocurrido, aunque ahora el internet es un elemento que rompe la correlación, hay que seguir hablando. El sueño, dijo es que  aparezca en la conciencia social en México que el Estado no ha pedido perdón, aunque sea simbólico, por lo que ocurrió en esa etapa de nuestra historia.

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