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Peritos de la Fiscalía de Morelos carecen de equipo básico para investigar la creciente violencia: Asociación de Ayuda a Víctimas

 

Rosa Rojas

Es alarmante que ante la creciente violencia que se vive en el estado de Morelos, donde además continúan las desapariciones de mujeres, el área de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de los recursos necesarios para realizar la investigación y el levantamiento de pruebas en los lugares donde se cometen los delitos, contaminando la escena del crimen, lo que puede llevar a que se incremente la impunidad advirtieron integrantes de la Asociación de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables.

Eduardo Sánchez Lazo y Abimelec Morales Quiroz, miembros de dicha organización, que son también integrantes de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recordaron que la fundación Digna Ochoa de Morelos, reporta que en el presente gobierno de Graco Ramírez -que cumple cuatro años- han desaparecido 166 mujeres de las cuales solamente 43 han regresado con vida.

Se desconoce el paradero de 123 mujeres desaparecidas entre enero de 2013 a enero de 2017; la situación más difícil para la población es que la Fiscalía General del Estado mantiene la teoría de no investigar estas desapariciones ante la probabilidad de “que se hayan ido con el novio”, lo que afirmaron, no es permisible para una fiscalía ya que “independientemente de los motivos que pueden originar estas desapariciones, deben investigarse y resolverse a la brevedad para tranquilidad de las personas”. Cuestionaron “¿Acaso no existe la intención de saber su paradero? ¿Estarán en la fosa de Jojutla o en las cámaras frigoríficas” de la fiscalía? Reclamando que dicha dependencia debe transparentar todas las carpetas de investigación de esos casos.

Respecto a la falta de los recursos con que deben contar los peritos de la FGE, señalaron que el pasado 6 febrero 2017 (cuando una familia en el municipio de Temixco fue atacada por individuos encapuchados que les dispararon, asesinando a dos hombres y una bebé de ocho meses de edad y resultando otros dos personas heridas), se pudo observar cómo los peritos de la FGE manipulaban la escena sin guantes, sin los overoles especiales para ello y botas desechables para evitar contaminar la escena.

Informaron que investigaron por qué se intervino de esa manera tan errónea en ese caso de gran impacto social y se les informó que actualmente esa área se encuentra con muchas carencias: a los peritos les proporcionan sólo entre tres y cinco pares de guantes para  una guardia y un overol, no les dan material para rastreo y levantamiento de huellas dactilares; no tienen tóner para imprimir sus informes y se les limita la gasolina. Incluso comentaron que a veces los mismos peritos deben adquirir el material con sus propios recursos para poder entregar sus informes.

Aseguraron que el discurso del fiscal general del Estado no es congruente ya que es “absurdo gritar a los cuatro vientos que se invertirán millones de pesos en tecnología para el área pericial y que cuentan con acreditación del programa internacional de asistencia y entrenamiento en investigación criminal (ICITAP por sus siglas en inglés) cuando lo mínimo indispensable no lo subsanan”.

Reclamaron que debe incrementarse por lo menos al triple el número de peritos de la fiscalía además de otorgarles todo el material necesario para que se haga una investigación profesional de los hechos delictivos que se cometen en la entidad.

 

 

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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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Frente al feminicidio, urge que el gobierno de Morelos y las autoridades municipales garanticen la vida y derechos humanos de las mujeres

Rosa Rojas

El gobierno del Estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 10 de agosto de 2015 han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), organización que lleva 16 años documentado el feminicidio en esta entidad, por lo que  hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo.

De acuerdo con la CIDHM, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios.

Al presentar un Informe “sombra” sobre la aplicación de la AVG a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz,  detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios, de los 33 que integran el Estado, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.

Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la entidad. Subrayó la activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la Alerta como por  falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.

Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, es el dato que dio Estrada, en el sentido de que  a las sesiones de trabajo sobre la AVG sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.

Además, el hecho de que la Fiscalía General morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.

Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.

Ya desde fines de mayo pasado la CIDHM había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la AVG y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y personal de la CONAVIM,  que la organización considera que las medidas mencionadas por dicho funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG.

Sobre la creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten la capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuantos elementos -hombres y mujeres-  habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo.

Respecto al Semáforo de Violencia, la CIDHM vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida; tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. Apuntó sin embargo que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Es muy preocupante que a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, sea tan deficiente la aplicación de las medidas que pueden coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la meritoria labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos, por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como ésta, hay que hacer una llamada de atención al Gobernador Graco Ramírez y a las autoridades municipales no sólo de esos ocho municipios, sino de todo el Estado de Morelos, para que cumplan con su deber y apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres que viven en esta entidad.

 

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Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

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El predictamen senatorial de la ley general sobre desaparición forzada no cumple los estándares internacionales de derechos humanos ni las exigencias de las víctimas

Conf Campaña Nal contra la Desaparicion Forzada. Foto Rosa RojasRosa Rojas

El predictamen sobre el proyecto de “Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y cometida por particulares” elaborado por cuatro comisiones senatoriales, sigue sin reconocer “que la desaparición forzada en México es una política sistemática y generalizada del Estado Mexicano” pues desde el título “parte del supuesto de que la mayoría de las personas que han sido desaparecidas en México han sido desaparecidas por particulares y no por agentes del Estado”.

Dicho documento “no corresponde a las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, denunciaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (CNCDF), quienes advirtieron que la integración superficial de algunas de las observaciones que le entregaron a las comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios legislativos del Senado “es un intento por legitimar el borrador de predictamen de ley para posteriormente poder argumentar que esta ley se hizo con el consentimiento y participación de las víctimas”.

Entre dichas observaciones están que se agregue un artículo que especifique que los presuntos responsables de cometer los delitos de desaparición forzada sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles, quedando excluida toda jurisdicción especial, en particular, la correspondiente a las fuerzas armadas.

También se tendrá que sancionar penalmente a toda la cadena de mando sin importar fueros ni jerarquías; que se separe de manera definitiva a los agentes del Estado involucrados en la comisión de este delito y sean inhabilitados de por vida para el desempeño de cualquier empleo o comisión pública, además de la pena de privación de la libertad que les sea impuesta.

Nadir Reyes del Comité Hasta Encontrarlos; Zita Loyo del Comité Cerezo México; Adrian Ciriaco del Comité de solidaridad y derechos humanos Monseñor Romero; Carlos Ramírez del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y Pascual de Jesús González del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, advirtieron que el discurso del Estado va dirigido a hacer creer que quienes cometen las desapariciones son, en su generalidad, particulares, “lo cual es sumamente preocupante y peligroso ya que con ello elude su responsabilidad en las desapariciones forzadas”.

Ramírez por su parte afirmó que e l FNLS ha constatado dolorosamente, en el caso de su compañero Fidencio Gómez Santis, desaparecido el pasado 5 de marzo,  cómo “se escamotea la justicia”  cuando las autoridades están tratando de encuadrar esta desaparición como si hubiera sido cometida por particulares y fuera un caso aislado, cuando por lo contrario, la desaparición forzada es parte de una “política generalizada de violación de derechos humanos que se convierte en política de Estado”.

Al dar a conocer su posicionamiento respecto a dicho predictamen, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, los integrantes de la CNCDF indicaron que en el contexto actual de “supuesta guerra contra el narcotráfico”, desafortunadamente, las desapariciones forzadas han proliferado, y el Estado “ha intentado, por todos los medios”, de deslindarse de su responsabilidad de buscar, investigar, prevenir y sancionar la desaparición forzada Subrayaron que los expertos en derechos humanos indican que “la desaparición forzada es siempre un crimen de Estado”, sea por comisión o por omisión.

“Un aspecto sumamente importante y preocupante es que en el borrador del predictamen de Ley no se considere a la víctima directa como víctima. Solamente hace referencia a la víctima como aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de la desaparición de un familiar o allegado, más no se reconoce como víctima a la persona directamente afectada por la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares”, por lo que se debe  definir que “se entiende por víctimas, a las personas que individual o colectivamente, hayan padecido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos y libertades fundamentales, que afecten su dignidad, incluidas todas las acciones que proscriben el abuso de poder”.
Informaron que los legisladores que integran dichas comisiones han incumplido sus compromisos con las organizaciones sociales que presentaron sus proyectos para la elaboración de la ley,  no han compartido de manera formal y oficial el borrador del dictamen ni han cumplido con las fechas de reunión para analizar dicho borrador. Demandaron que no se les haga a un lado en la discusión y elaboración del dictamen y advirtieron que, si se aprueba esta ley sin incorporar sus observaciones para corregir los errores que contiene, se promoverán acciones de inconstitucionalidad y amparos para rechazarla.

Entre las observaciones de la CNCDF al predictamen citado señalan que la redacción del título “Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y la cometida por particulares”, hace alusión a que la desaparición forzada también es cometida por particulares, por lo que de inicio se plantea modificarlo para que quede como: “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares”, tal como propuso la Campaña en su iniciativa entregada al Senado.

Insistieron en que no se utilice, como se hace ahora en el predictamen, el término de “persona no localizada”, a fin de no confundir ni restar responsabilidades ya que una persona no localizada no entra dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y por sí mismo no considera un delito o una violación a los derechos humanos. Se deben establecer sólo dos términos: las personas víctimas de desaparición forzada y las personas víctimas de desaparición cometida por particulares, así como la debida definición de cada una.

Exigieron que se retome para tipificar el delito de desaparición forzada la definición del Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas que establece que las desapariciones forzadas son cometidas por Agentes del estado, o por grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, ya sea que oficialmente se encuentren en funciones o no.

Además se considera necesario que en la ley se cuente con un apartado específico en el cual se establezca la obligación del Ministerio público de reclasificar el delito por el de desaparición forzada cuando se tenga la evidencia de participación directa o indirecta de agentes del Estado o desaparición cometida por particulares cuando haya elementos que así lo indiquen.

Sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas del que habla el predictamen, consideran que es sumamente complejo y burocrático, hace énfasis en los casos de desaparición cometida por particulares y no servirá para la búsqueda e investigación de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en tanto no las reconoce como tal y mucho menos las que se vienen sucediendo desde los años 60.

En el predictamen se habla de desarrollar unidades de análisis de contexto para poder determinar, zonas, lugares y patrones de cómo operan los presuntos responsables, pero éstos se centran sólo en el crimen organizado, es decir, en estudiar el contexto de cómo se dan las desapariciones cometidas por particulares, por lo que propone la CNCDF crear dos unidades: una específica para desaparición forzada y otra para desaparición por particulares.

Asimismo señalan que en el borrador de predictamen se deja en segundo término la investigación y sanción de los responsables. “Se avala y respalda la búsqueda a cargo de los familiares con el objeto de que el Estado no asuma su responsabilidad en la obligación de la búsqueda para dar el paradero real de las víctimas, en la investigación y sanción de los responsables”.

Afirman que esta ley no garantizará el derecho que tienen los familiares y las victimas a acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, ya que se busca sobreponer un derecho por otro al poner mayor centralidad en el acceso sólo a la verdad, relevando el derecho a la Justicia y se sigue equiparando la reparación integral del daño a la indemnización monetaria y a la asistencia que otorga el Estado, lo cual no es reparación integral del daño, ya que para que esta se pueda dar, es necesario que las victimas tengan acceso de manera integral a los derechos de verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición.

 

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La SRE “no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Gustavo Castro de Honduras afirma su abogado; la Red Iberoamericana de Jueces pide se le permita volver a México

Rosa Rojas

Este es el momento para que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu o directamente el presidente Enrique Peña Nieto, establezcan comunicación con el presidente de Honduras,  Juan Orlando Hernandez y le demanden la aplicación del Tratado de Cooperación Jurídica que hay entre ambos países para que se permita salir de aquel país a Gustavo Castro, testigo y sobreviviente del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, quien al ser retenido está siendo sometido a “violaciones permanentes” a sus derechos humanos, afirmó su abogado defensor, Miguel Angel de los Santos.

“Sentimos que la Cancillería mexicana no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Castro Soto cuya vida se encuentra en riesgo mientras esté en territorio hondureño “y así se lo hicimos saber enfáticamente a la directora de Asuntos Mexicanos en el Extranjero, Reyna Torres”, con quien se entrevistaron este viernes el propio abogado y representantes del Instituto para los Derechos Humanos y Democracia; la organización Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Se le pidió directamente a la funcionaria se solicite al gobierno de Honduras la aplicación de dicho tratado porque la Cancillería mexicana no lo ha hecho; ella explicó lo que se ha hecho “pero la última comunicación que enviaron al Fiscal de Honduras la respondió el funcionario sin hacer referencia al tratado, lo que sugiere que no se ha pedido su aplicación. La respuesta del Fiscal es de fecha 11 de marzo pero fue recibida en la embajada mexicana hasta el día 17… y en ella el Fiscal sugiere que el testigo se acoja al Programa de Testigos Protegidos pero eso haría que Castro Soto pasara al cuidado de las autoridades de Honduras”, explicó De los Santos.

Informó que la directora Torres contestó que “hay que esperar tiempos razonables, aplicar el protocolo… los tiempos razonables son ahora -afirmó el abogado en entrevista- porque Castro Soto lleva ya 15 días retenido -de los 30 que impuso la jueza- y Honduras no está respondiendo la petición de que se levante la alerta migratoria con la urgencia que el caso amerita”, porque además viene el periodo de descanso de Semana Santa. Indicó que Castro está alojado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa, como parte de las medidas cautelares que se le solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la SRE para su defendido.

Por eso, dijo, además le pidieron a la CNDH que amplíe dichas medidas cautelares y que le solicite a la Cancillería que pida expresamente a Honduras la aplicación del tratado mencionado. De los Santos apuntó que además se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con similares demandas.

De los Santos mencionó que lo que está pendiente legalmente es que esta semana se presentaron en Honduras tres recursos jurídicos: una solicitud de reconsideración al Fiscal para que retire la orden de retención de Castro porque el ya aportó todas las pruebas que podía, pues participó en 10 diligencias ante el Ministerio Público y cuatro ante la juez; además, dijo, la medida cautelar la pidió la Fiscalía y la puede retirar cuando ya no es necesaria.

El segundo recurso es un amparo ante la Sala de Apelaciones de Comayagua en el que solicitan se suspenda provisionalmente la resolución de la juez para que Castro pueda salir; mientras tanto van a revisar en dicha sala la citada medida de retención.

El tercer recurso es un habeas corpus ante la Corte Constituyente de Tegucigalpa para que se revise si la citada resolución de la juez cumple con las disposiciones de la Constitución de Honduras y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Además de esos tres recursos, un cuarto recurso sería precisamente que se aplique el citado tratado de Cooperación Jurídica, de marzo de 2004, apuntó. Subrayó que aunque Castro Soto está bajo la protección de la embajada mexicana en Honduras, la lentitud con la que ha actuado la SRE ahora, contrasta “con la celeridad con que se atendió un caso ocurrido recientemente en un país europeo”.”Es un trato inhumano” el que se le está dando a Gustavo Castro por la incertidumbre jurídica en que está, prácticamente detenido en Honduras, convaleciente de las heridas que le causaron durante el asesinato de Berta Cáceres, el que le afectó profundamente dada la cercanía que tenían, y sin poder reunirse con su familia.

Por su parte la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), en una declaración sobre la situación de Castro Soto, manifestó su preocupación por  el hecho de que no se le brinde a éste el trato correspondiente al de haber sido víctima de un intento de homicidio y testigo de la dramática muerte de Cáceres, “y, por el contrario la retención injustificada e innecesaria que se le ha impuesto, produce afectaciones psicológicas derivadas de la incertidumbre y los intentos de la Fiscalía General por mantenerlo bajo su custodia”.

La RIJ, con sede en Chile, se sumó a las peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversos mecanismos universales  de protección de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado de Honduras debe garantizar la seguridad e integridad de Castro Soto mientras se encuentre en el territorio hondureño, y retirar la alerta migratoria lo antes posible para que pueda volver a su país, desde donde podría continuar colaborando con la investigación.  Subrayó que las circunstancias en que éste se encuentra configuran violaciones a sus derechos humanos.

La RIJ, de la que también es parte De los Santos, quien fue comisionado por ésta para trasladarse a Honduras, exigió al gobierno de ese país la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales  involucrados en el crimen. “En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.

Añadió que “la incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva” por lo que instó al Consejo de la Judicatura de Honduras a investigar la actuación de la jueza Victorina Flores, “con la finalidad de determinar las responsabilidades que de su injusta determinación pudieran surgir”.

La RIJ agregó que lamenta “reconocer que el asesinato de Bertha Cáceres y la situación de Gustavo Castro, constituyen un claro reflejo de la debilidad del Estado de Derecho, los niveles de impunidad en el país, y una voluntad incierta con la observancia de los derechos humanos” e instó  al estado hondureño a solicitar a los organismos pertinentes, la instalación urgente, en Honduras, de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “que asegure un acompañamiento internacional a la necesidad de una justicia pronta y castigo a los perpetradores. Esta instancia aseguraría a la comunidad internacional, de que el estado hondureño está comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables”.

 

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Representantes de organizaciones de la sociedad civil participarán en el Senado en la redacción del dictamen de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición

20160317_120646Rosa Rojas

Las comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado accedieron a que representantes de organizaciones de derechos humanos y de víctimas se incorporen al equipo técnico que redactará el dictamen de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición, informó Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México. La primera reunión de metodología es este viernes 18 de marzo.

Explicó que una comisión de integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (CCDF) fue recibida luego de la marcha realizada este jueves para exigir su incorporación a la comisión redactora del dictamen para que sus propuestas sean incorporadas en la iniciativa. Por la Comisión de Justicia estuvo el presidente, senador Fernando Yunes; por la de Derechos Humanos, su presidenta, senadora Angélica de la Peña y por la de Gobernación el secretario técnico, Publio Rivera.

En la reunión se acordó que representantes de la CCDF -se está pidiendo que sean dos- se incorporarán a la comisión redactora como expertos de la sociedad civil, indicó Cerezo.

Comentó asimismo que representantes de  otros colectivos de la sociedad civil también tendrán participación en esa labor. Aparentemente serían siete los que participarán en la comisión técnica para el dictamen de la iniciativa.

La CCDF demanda a los senadores que se retomen las propuestas contenidas en la iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada -respaldada por 274 organizaciones- que fue elaborada por las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos, misma que fue entregada al Senado desde el pasado 3 de septiembre de 2015.

Esta iniciativa contiene una serie de puntos que no están contemplados en la iniciativa presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual ya desde su título debe incorporar el concepto “desaparición forzada”, para que esté acorde con los estándares internacionales,  indicó Cerezo.

Señaló que la iniciativa de Peña Nieto habla de “funcionarios o servidores públicos” cuando los estándares internacionales hablan de “agentes del Estado”, lo que incluye también a miembros del ejército; se propone también en la iniciativa presentada al Senado por la CCDF crear un Instituto Autónomo Forense y se le destine un presupuesto específico para la aplicación de la ley porque en la iniciativa oficial no se le destina un presupuesto, una muestra de que, dijo, “hay falta de voluntad política” para atender este gran problema.

La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada está integrada por: el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

 

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