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En defensa de su tierra contra la minería, Zacualpan gana otro amparo contra la PA y el RAN

Rosa Rojas

La Comunidad Indígena de Zacualpan (CIZ), municipio de Comala, Colima, ganó el amparo 434/15 mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No.38 anuló una asamblea irregular en la que se destituyó a las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales (CBC) y el Consejo de Vigilancia (CV) que defienden el territorio comunal contra la explotación minera, por lo que dichas autoridades continuarán en sus cargos, informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

La REMA detalló que la sentencia del TUA 38 ordenó la continuación en sus cargos de  Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del CBC de Zacualpan, así como de Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del CV.

La citada organización recordó que la sentencia del TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015,  fecha en que la CIZ bloqueó el acceso a la misma para evitar que María Elena Díaz Rivera, entonces Delegada de la Procuraduría Agraria (PA), entrara a legitimar una asamblea  para destituir al Comisariado de Bienes Comunales.

Sin embargo Díaz Rivera “de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad  y en nueve minutos realizó una asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el quorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular”, señaló la REMA.

Agregó que dicha funcionaria fue destituida de su cargo como Delegada de la PA el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia dependencia, ante diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y  más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por  “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”.

La REMA aseveró que el amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.

Asimismo exigió al Gobierno de Colima, a la Procuraduría Agraria y al gobierno municipal de Comala, se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda.

 

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La escasez de agua debe obligarnos a mejorar la gestión y distribución del líquido pero evitando su privatización

Rosa Rojas

La escasez de agua, un problema que se ha visto exacerbado por el cambio climático y que afecta en mayor medida a la población pobre, tiende a agravarse y fue identificada por el Banco Mundial (BM) como amenaza importante al crecimiento económico y la estabilidad global.

De acuerdo a información publicada en La Jornada, la falta del vital líquido puede reducir en 6 por ciento el producto interno bruto en algunas regiones, “debido a que es esencial en varios procesos productivos; provocar migraciones de grupos de población en busca de mejores oportunidades económicas y de subsistencia, y generar conflictos, incluso violentos, señaló el BM en el informe Situación crítica: el cambio climático, el agua y la economía“, difundido el 3 de mayo.

En su estudio, el Banco Mundial menciona que el cambio climático tiene efecto diferenciado por regiones y estratos de ingreso. En América Latina y el Caribe, el calentamiento afectará dramáticamente los ecosistemas en toda la región, pero en especial la selva amazónica, lo que, apunta, constituye una amenaza para aquellos que dependen de los ecosistemas para su subsistencia.

La menor disponibilidad de agua también tiene consecuencias sobre la oferta de alimentos, por lo que afectará en mayor medida a los pobres, indica el informe. En América Latina y el Caribe, la población de menor ingreso dedica poco menos de la mitad de su gasto a comprar alimentos y bebidas, en contraste con el estrato más alto, que canaliza a ese fin menos de 20 por ciento del mismo.

En el documento también se habla de la necesidad de “una planificación más adecuada a la hora de asignar los recursos hídricos, la adopción de incentivos para aumentar la eficiencia hídrica y la realización de inversiones en infraestructura destinadas a promover la seguridad en el suministro y la disponibilidad de agua”.

En las regiones extremadamente secas del mundo, añade, deben adoptarse políticas de mayor alcance para evitar el uso ineficiente del agua. Según el informe, para lidiar con los factores de estrés climático se requieren políticas y reformas más contundentes.

El informe advierte que la menor cantidad de agua dulce y la competencia que generan otros usos, como la generación de energía y la agricultura, podrían llevar a que para 2050 la disponibilidad del líquido en las ciudades se reduzca en casi dos tercios respecto de los niveles de 2015.

“Hay una luz de esperanza”, manifestó Richard Damania, autor del informe y economista principal del Banco Mundial. “Cuando los Gobiernos responden a la escasez de agua promoviendo la eficiencia y asignando incluso el 25 por ciento del agua a usos más productivos, las pérdidas disminuyen drásticamente y, en el caso de algunas regiones, incluso desaparecen. La mejora en la gestión de los recursos hídricos genera altos dividendos económicos”.

La advertencia del Banco Mundial es importante pero debe hacer que las organizaciones de usuarios del agua, los mismo urbanas que rurales, reaccionen tanto para averiguar a qué se refiere ese organismo que ha impuesto medidas neoliberales y la privatización de los sistemas de agua, cuando habla de “promover la eficiencia” y asignar hasta 25 por ciento del líquido a “usos más productivos”, porque un uso productivo podría ser, para una transnacional como la Coca-Cola, destinar el agua para producir sus nocivos refrescos, acaparando, como busca hacerlo, manantiales y pozos.

Además, promover la eficiencia en términos neoliberales resulta en privatizar los sistemas de agua potable de pueblos y ciudades, incrementando los precios dizque para promover el ahorro del líquido y evitar el desperdicio, lo que puede llevar, como ocurrió en Cochabamba, Bolivia, a la “guerra del agua” que llevó finalmente a la caída del gobernante que la había privatizado y la llegada de Evo Morales al gobierno, pero esa es otra historia.

Para el caso de México lo que requerimos es frenar el crecimiento exponencial del cuasi monopolio cocacolero y otras empresas de esa laya, no sólo con la lucha de los pueblos para evitar la privatización del agua, sino también educando a nuestros niños y jóvenes sobre los problemas para la salud que traen esas bebidas, con exceso de azúcar u otros edulcorantes, prohibiendo su venta en las escuelas y en su entorno cercano, y su excesiva publicidad.

Tanto la salud de niñas y niños, jóvenes y personas adultas se verá beneficiada como su economía si se dan pasos para disminuir el consumo de refrescos y bebidas “energizantes”, al mismo tiempo que los habitantes de pueblos y ciudades se organizan para controlar sus sistemas de agua potable o evitar que los gobiernos municipales y estatales privaticen su manejo además de vigilar que  le den mayor atención y presupuesto a la reparación de las redes de distribución, en las cuales a veces se pierde más de 30 por ciento del líquido por fugas en las mismas.

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Continuará la defensa del territorio zapoteca contra proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

“Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen” pues ya hay mil 915 aerogeneradores instalados pero 49 por ciento de la población vive en pobreza

Rosa Rojas

El anuncio de que el fondo de pensiones holandés PPGM retiró su tercio de inversión para la construcción de un parque eólico de 132 aerogeneradores en tierras de la comunidad agraria e indígena de Juchitán, no implica que el proyecto se haya detenido, por lo que los mil 166 integrantes del pueblo indígena binni’za (zapoteca) que el 15 de septiembre de 2015 interpusieron un amparo contra los permisos y autorizaciones otorgadas por el gobierno federal a la empresa Eólica del Sur, reiteraron su posición de continuar con la defensa de los derechos de sus pueblos y su territorio.

Así lo señalaron Bettina Cruz, Raymundo Regalado y Alejandro Regalado en un pronunciamiento en el que detallaron que pese a que se obtuvo una suspensión definitiva otorgada por el juez federal, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las secretarías de Energía (SENER), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Eólica del Sur, de manera conjunta, presentaron un recurso de revisión, el cual se está discutiendo en el Tribunal Colegiado de la Federación en la ciudad de Oaxaca.

“Por lo tanto nuestra lucha no ha finalizado, la deuda que PGGM, y el resto de las multinacionales que han invertido en nuestra región, tienen con nuestras comunidades, es grande y va en aumento. Y no nos cansaremos, hasta que se reconozca nuestro derecho a vivir dignamente como pueblos indígenas que somos”, subrayaron.

Recordaron que la suspensión de las obras de construcción solicitada en el amparo referido fue otorgada por el juez séptimo de distrito, con sede en Salina Cruz, Isaías Corona Cornado, debido a que por un lado la CRE otorgó la autorización para la producción de energía eléctrica y por el otro la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto de Eólica del Sur, “ignorando los derechos y convenios internacionales ratificados por el gobierno mexicano, que dictan que previamente a toda autorización federal se debe realizar un proceso amplio de Consulta Previa, Libre e Informada encaminado a obtener el consentimiento de megaproyectos en territorios indígenas, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la carta de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU”.

Resaltaron que hay quienes afirman que por el retiro de PPGM se perderá una inversión de 250 millones de euros que beneficiaría a Oaxaca y a la región del Istmo de Tehuantepec, culpando de ello al “alboroto de las protestas de los indígenas”, pero puntualizaron que en la planicie costera istmeña ya hay 25 proyectos eólicos en operación, que han implicado la instalación de mil 915 aerogeneradores con una inversión de 6,211.5 millones de dólares (www.cre.gob.mx), no obstante lo cual actualmente 49 por ciento de la población del Istmo vive en pobreza o desigualdad social.

Lo anterior se consigna en un estudio presentado por Oxfam y Educa el pasado 29 de marzo. “Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen”, aseveraron y negaron que los pueblos indígenas sean un obstáculo al desarrollo.

“El desarrollo que el gobierno federal y las corporaciones nos imponen choca con nuestra forma de vida y, contrario a lo que pregonan, hasta el momento no nos ha implicado beneficios. Nos ofrecen trabajos temporales y altamente precarios, que anuncian como grandes fuentes de empleo, en vez de promover e impulsar la pesca y la siembra, que son las actividades alrededor de las que hemos recreado nuestra vida los pueblos ikoots y binni’zaa. Dividen a nuestras comunidades, privatizan nuestros bienes naturales y nos hacen vivir bajo amenazas de muerte. Por eso rechazamos sus proyectos desarrollistas neoliberales”, agregaron.

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Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

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Para enfrentar a la derecha el gobierno de la Ciudad de México debe propiciar la participación popular en la elaboración de la Constitución local: Foro de Inmujeres

Rosa Rojas

La ciudadanía de la Ciudad de México (CDMX) debe estar preparada para defender los irrenunciables derechos ya conquistados en largos años de lucha, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que éstos sean incluidos en la Constitución que será elaborada por la Asamblea Constituyente (AC), se planteó durante el foro Democracia e igualdad de género en las constituciones latinoamericanas.

En el evento -realizado los días 28 y 29 de abril, organizado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres de la CDMX y ONU Mujeres- se hicieron serios cuestionamientos por parte de algunas participantes a la forma en que se constituirá la AC, señalando que “más que  una asamblea constituyente es una asamblea constituida” pues de 100 diputados/as sólo 60 serán electos por el principio de representación proporcional y 40 serán designados: 14 por la Cámara de Diputados y 14 por la de Senadores; seis por el presidente de la república y seis por el jefe de gobierno de la CDMX. “Eso es violatorio de nuestro derecho al voto”, se dijo e incluso se cuestionó la legalidad del proceso constituyente en marcha, además de si es oportuno que se lleve a cabo en este momento.

A estos cuestionamientos, la Secretaria del Trabajo de la CDMX, Amalia García, contestó señalando que “la composición de la Constituyente no es la deseable sino la posible”, que había una resistencia para que se hiciera una Constitución que se requiere para la CDMX, porque, ejemplificó, los avances de política pública que se lograron en Zacatecas siendo ella gobernadora “no se plasmaron en una Constitución y en el momento que cambió el gobierno, desaparecieron… los avances ganados en el DF pueden desaparecer porque están en leyes secundarias”, apuntó.

Durante el primer día hubo un “conversatorio nacional” en el que participaron especialistas mexicanas: la ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero; Marta Lamas, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Ana Laura Magaloni de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Elsa Conde, de Ciudad Feminista.

Hubo también un “conversatorio internacional” con participación de la abogada feminista y ex asambleísta de Ecuador, María Paula Romo; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Verónica Uriona; la Coordinadora de Análisis Estratégico del PNUD -guatemalteca- Catalina Soberania y la Jefa de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU Mujeres, Catalina Soberanis.

El segundo día cerca de un centenar de asistentes al foro participaron en discusiones en 10 mesas sobre derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las mujeres, haciendo análisis y propuestas para la Constitución de la CDMX.

La participación en este foro fue sólo por invitación, por lo que una de las conclusiones de las mesas que tuvieron lugar el segundo día fue que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realice una serie de foros abiertos, con amplia participación de personas y organizaciones sociales para informar del proceso constituyente, recoger las propuestas ciudadanas sobre qué tipo de Constitución se quiere y los derechos y obligaciones tanto del Estado como de la ciudadanía, que, se afirmó, debe tener una participación vinculante, mediante la creación de consejos y cabildos, en la toma de decisiones de las autoridades para la elaboración y ejecución de políticas públicas y el ejercicio de los derechos.

Asimismo se exigió que a todo derecho consagrado en la Constitución de la CDMX deberá corresponder un presupuesto que permita garantizar su ejercicio para que no quede en letra muerta.

Debe haber, se subrayó, una movilización social desde abajo, abrir el debate sobre los derechos ya ganados para que haya una amplia participación en este proceso porque “la derecha se está preparando para dar marcha atrás a conquistas de las mujeres como la ILE o el matrimonio igualitario”, el estado laico, para anular derechos como a la salud, a la educación o al agua mediante la privatización.

Se planteó que la Constitución deberá tener perspectiva de  género, que debe haber progresividad en los derechos, que se debe avanzar en la paridad y combatir y castigar la discriminación económica, social, laboral, cultural, de las mujeres. Se debe exigir que todos los funcionarios públicos tengan perspectiva de género, que sea el Estado el que se haga cargo del cuidado de las personas, niños/as, personas mayores, discapacitadas, que ahora está bajo la responsabilidad de las mujeres.

Debe plasmarse el derecho a la vivienda tomando medidas para evitar la expulsión de las personas de bajos ingresos de sus colonias y barrios por la especulación de las inmobiliarias; derecho a los espacios públicos a un medio ambiente sustentable y a políticas públicas  para la atención a las personas mayores, a las mujeres en reclusión, a una educación integral con perspectiva de género y educación sexual , a una vida libre de violencia.

Se planteó asimismo que debe remarcar el derecho a la autonomía y a la autodeterminación; respeto a los usos, costumbres y cultura de los pueblos indígenas que no contravengan los derechos de las mujeres; retomar en la Constitución de la CDMX los tratados internacionales y las obligaciones y recomendaciones que de ellos emanan, entre otras muchas propuestas.

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Por “actos ilegales y abuso de autoridad” organizaciones sociales nacionales e internacionales piden la remoción de la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima

Rosa Rojas
Redes nacionales e internacionales y diecinueve organizaciones de derechos humanos de ambientalistas, indígenas, de activistas contra la minería entregaron un documento dirigido a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga y al titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, en el que denunciaron “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, por parte de la Delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Colima, María Elena Díaz Rivera, demandando que se le investigue “para considerar su remoción y deslinde penal” por ello.
En el mismo le exponen a los citados funcionarios su preocupación “por el ambiente de violencia” en dicha comunidad “promovido por el gobierno del estado y la delegada de la PA derivado de la intención de imponer actividades mineras en el territorio indígena”.

En particular, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y las y los integrantes de Bios Iguana A.C. “han vivido dos años de amenazas y hostigamiento permanente”, tal como la Misión Internacional y Nacional de Observación para el caso Zacualpan documentó el pasado mes de marzo, y tal como se ha documentado y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, además de otras instancias nacionales e internacionales. “El ambiente de violencia ha sido promovido y apoyado por las autoridades estatales y federales, usando en diversas ocasiones, la fuerza pública en contra de la comunidad indígena”, detallan.

Afirman que Díaz Rivera, ha mostrado permanentemente “su parcialidad y su interés en mantener en el poder al grupo promotor de la minería. No es casual que cuando un grupo de comuneros le solicitó convocar a elecciones en el mes de enero de 2014, para remover al entonces comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, quien pretendía imponer el proyecto minero, ella negó esta posibilidad. Esto, a pesar de que le fue entregada una solicitud con la firma de más de 160 comuneros y respaldada con sus certificados de derechos de uso común”.
Los comuneros quisieron remover a Guzmán por no haber registrado las actas pertinentes en el Registro Agrario Nacional en las cuales asentaron “su ‘no’ contundente en contra de la minería en repetidas asambleas comunitarias desde junio de 2013”.

“Finalmente los comuneros que se negaban a aceptar la mina, llevaron a cabo la Asamblea en el mes de febrero del 2014, respetando la Ley Agraria y con la presencia de un notario público, en donde destituyeron a Carlos Guzmán, nombrando a un nuevo Comisariado y declarando su Territorio Libre de Minería”. El acta de esta asamblea fue ratificada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Antonio Luis Betancourt Sánchez, que reconoció al nuevo comisariado. Sin embargo, le otorgó a la nueva autoridad el tiempo que le quedaba a Carlos Guzmán para terminar su periodo. Después de un proceso de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Colima, se resolvió que efectivamente se tenían que hacer nuevas elecciones, por lo que la propia delegada organizó la nueva elección. “Dicho sea de paso, el Lic. Betancourt fue removido de su cargo por haber dado su resolución a favor de la Comunidad Indígena”, anotan.

Explican que cuando la delegada de la PA convocó las elecciones del nuevo comisariado el 30 de Noviembre de 2014, “ella llevó a la policía estatal y no permitió observadores, ni a la prensa, ni la presencia de un abogado del Consejo Indígena. A pesar de ello, Taurino Rincón, el candidato del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, ganó las elecciones. La elección del comisariado ha restituido la gobernanza desde los propios comuneros, de manera periódica se han llevado a cabo asambleas comunales, se manejaron de manera transparente los recursos comunales, incluso se presentó un amparo contra las concesiones mineras impuestas en su territorio indígena, lo cual resultó en su suspensión de plano hasta que el amparo sea resuelto”.

“Estas acciones para la defensa territorial de los comuneros resultaron contrarias a los intereses de la señora Díaz Rivera, el gobierno del estado y quienes tienen intereses en la imposición de la minería”, por lo que la funcionaria volvió a convocar elecciones el pasado 11 de octubre, tratando de remover al Comisariado Rincón. “Esta acción ha generado un ambiente de tensión y nuevamente increpa a la división comunitaria, caso totalmente contrario a lo que supone es una de las funciones de la Procuraduría Agraria”.

Así, el 11 de octubre, unos cien habitantes de Zacualpan bloquearon la carretera hacia su comunidad para evitar que se realizara la asamblea convocada por la delegada, “por considerar que es producto de la intervención ilegal de la dependencia federal. En la presencia de policía federal y la Procuraduría General de Justicia, la delegada llegó al bloqueo en donde expresó que según ella estaba respondiendo a la petición de un grupo de pobladores. Cuando los habitantes le impidieron su paso hacia la comunidad, abordó un helicóptero de la Policía Estatal para sobrevolar el bloqueo y llegar a la asamblea. Al final, resulta que no hubo quórum para realizar la Asambea, sin embargo la Delegada llevó a cabo la Asamblea e hizo la remoción de Taurino Rincón y nombró a nuevo comisariado como lo mostró ella misma en un video en su página de facebook, esto con los votos de personas que no eran comuneros y sin que el voto fuera secreto, entre otras irregularidades. Afortunadamente, no hubo mayor confrontación ese día, sin embargo, sigue un escenario de zozobra en el pueblo y la alta posibilidad de más agresiones”.

Subrayan que además, la delegada Díaz también ha difamado a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, “contribuyendo a la estigmatización y la criminalización de estas personas, poniendo en riesgo su seguridad física, psicológica y la posibilidad de seguir haciendo su trabajo. En particular, la delegada ha calumniado a la organización ambientalista Bios Iguana (BI), hasta atribuirle a dicha organización la formación de grupos terroristas, la siembra de estupefacientes, y según ella, el despojo al intentar apoderarse de sus terrenos”.
Denuncian asimismo que “debido al clima de violencia y hostigamiento, esta organización (BI) se ha visto imposibilitada para realizar su trabajo dentro de la comunidad, ya que las veces que han intentado ingresar han recibido agresiones físicas y amenazas, todo esto con el beneplácito de la policía estatal. Varios integrantes de Bios Iguana han tenido que abandonar el estado y otros más se han retirado. Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan también han sido amenazados de muerte, permanentemente vigilados por la policía, y han sido sujetos de diversas agresiones a ellas y ellos y sus familias”.

Entre las y los firmantes están la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Sí a la Vida, No a la Minería (Red global) / Yes to Life, No to Mining (Global).
Asimismo organizaciones como Acción Colectiva SOCIOAMBIENTAL, A.C.; Asamblea de pueblos indígenas del istmo en defensa de la tierra y el territorio, Oaxaca;
Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C.; MiningWatch Canada;
Coalición de Solidaridad Zapatista, Sacramento, California EEUU; Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Québec; Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina; FIAN México, A.C.; Alianza Cívica Coahuila; Fronteras Comunes A.C.; Greenpeace Mexico, A.C. ; Salva la Selva/Rainforest Rescue, entre otras.

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