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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

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En defensa de su tierra contra la minería, Zacualpan gana otro amparo contra la PA y el RAN

Rosa Rojas

La Comunidad Indígena de Zacualpan (CIZ), municipio de Comala, Colima, ganó el amparo 434/15 mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No.38 anuló una asamblea irregular en la que se destituyó a las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales (CBC) y el Consejo de Vigilancia (CV) que defienden el territorio comunal contra la explotación minera, por lo que dichas autoridades continuarán en sus cargos, informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

La REMA detalló que la sentencia del TUA 38 ordenó la continuación en sus cargos de  Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del CBC de Zacualpan, así como de Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del CV.

La citada organización recordó que la sentencia del TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015,  fecha en que la CIZ bloqueó el acceso a la misma para evitar que María Elena Díaz Rivera, entonces Delegada de la Procuraduría Agraria (PA), entrara a legitimar una asamblea  para destituir al Comisariado de Bienes Comunales.

Sin embargo Díaz Rivera “de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad  y en nueve minutos realizó una asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el quorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular”, señaló la REMA.

Agregó que dicha funcionaria fue destituida de su cargo como Delegada de la PA el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia dependencia, ante diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y  más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por  “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”.

La REMA aseveró que el amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.

Asimismo exigió al Gobierno de Colima, a la Procuraduría Agraria y al gobierno municipal de Comala, se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda.

 

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Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

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El gobierno de Colima debe hacer cumplir la ley contra agresores que buscan apoderarse del balneario Ojo de Agua: Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan

Rosa Rojas

El gobierno del estado de Colima debe hacer cumplir la ley y los compromisos firmados ante sus propios funcionarios y desalojar del balneario Ojo de Agua, de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, al grupo de opositores al Comisariado de Bienes Comunales (CBCZ) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio (CIDTZ) que bloquean el camino desde el pasado día 25, cuando atacaron a pedradas a miembros del grupo del comisariado con saldo de siete personas heridas de gravedad.

Así lo señaló  Jesús Santos, integrante del CIDTZ, quien en entrevista vía telefónica precisó que dicho ataque fue perpetrado por seguidores del ex comisariado de Bienes Comunales Carlos Guzmán, quienes bloquearon el camino al balneario impidiendo la salida de turistas, por lo que miembros del Consejo y del CBCZ intervinieron para desbloquearlo, lo que hizo que la gente de Guzmán los atacara a pedradas.

Después de ese incidente, el sábado 26 hubo una reunión con el Secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa, en la que estuvieron el presidente del CBCZ, Taurino Rincón Lorenzo, así como del CIDTZ y de Carlos Guzmán, en la que “el gobierno presionó” para que se acordara que en la administración del balneario -que ha estado en manos del Comisariado como corresponde legalmente-  participen tres miembros del grupo de Guzmán y tres del Comisariado, pero “como trabajadores, no en el manejo de los ingresos del balneario. Se hizo el convenio y el Secretario de Gobierno dijo que si no se respetaba él iba a mandar a los antimotines a quitar a los que estaban bloqueando el camino”, informó Santos.

Sin embargo, el domingo 26 Guzmán y su gente rechazaron el convenio firmado “pero el Secretario de Gobierno rompió su palabra y no los desalojó”, ahora en el bloqueo del camino está también un grupo de policías estatales.

Santos mencionó que el lunes 28 el Secretario de Gobierno convocó a un nuevo diálogo  para proponerle a Taurino “que se elija al administrador del Ojo de Agua. Taurino dijo que él no se iba a prestar a su juego, que el Comisariado de Bienes Comunales tiene el derecho de administrarlo y no lo va a ceder y que si el gobierno no cumplió el primer compromiso de desalojo qué garantiza que cumpla un nuevo convenio”, apuntó.

De acuerdo al Observatorio Social de Occidente, el presidente del Comisariado, Rincón Lorenzo, mencionó que las autoridades estatales no han cumplido con su obligación de resolver la problemática que mantienen los dos grupos de habitantes, puntualizando que el gobierno estatal tiene que hacer entender al grupo que mantiene bloqueado el ingreso al balneario que no les respalda la razón, además de que se está incurriendo en diversas faltas y violentando la seguridad de habitantes y de quienes visitan el centro recreativo.

Puntualizó que tiene que respetarse su personalidad jurídica, ya que están reconocidos por el Registro Agrario Nacional (RAN), con nombramiento ante autoridades federales, estatales y municipal.

Destacó que se presentará una denuncia en contra de las personas que violentaron la seguridad y que agredieron en su mayoría a mujeres de la tercera edad habitantes de la comunidad. Además que en caso de que pueda suscitarse algún incidente, la responsabilidad será del gobierno estatal el cual, afirmó, no ha resuelto nada desde tiempo atrás, siendo solamente un observador.

Se deslinda Bios Iguana

Por su parte la organización ambientalista Bios Iguana se deslindó del ataque a pedradas ocurrido en Zacualpan, luego de que el gobierno colimense en un comunicado informara que “se dio un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios Iguana”.

Bios Iguana -que ha estado asesorando la lucha de la comunidad de Zacualpan contra las dos concesiones mineras por 50 años que se otorgaron sobre su territorio sin consultarlos- negó que hubieran estado en el ataque en Zacualpan y denunció a su vez en un comunicado que el gobierno de José Ignacio Peralta retoma el argumento del anterior gobernador, Mario Anguiano, contra la organización para que la opinión pública crea que ellos son los que promueven la violencia en la comunidad, buscando criminalizar su lucha social en defensa del territorio y de los derechos humanos.

“Rechazamos contundentemente la afirmación de que miembros de nuestra organización estuvieron presentes en la comunidad durante el conflicto del pasado 25 de marzo”,  aseveró Bios Iguana rechazando “enérgicamente que el Gobierno del Estado nos quiera utilizar como pretexto para evadir su responsabilidad no solo de no haber actuado para evitar la violencia, sino para querer desviar la atención de la clara intervención y apoyo que han venido ofreciendo al grupo agresor”.

La organización sostuvo que el Gobierno estatal debe garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos y no argumentar que se conduce con “neutralidad” en el conflicto. Además responsabilizó a Peralta Sánchez de cualquier daño que pudiera ocurrirle a integrantes del CIDTZ o de Bios Iguana.

A su vez la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) repudió el regreso de la violencia contra miembros del CIDTZ -integrante de la red- y recordó que el grupo de Carlos Guzmán “ha intentado, sistemática e ilegalmente, recuperar el control del balneario Ojo de Agua que es propiedad comunal para manejarlo como lo venían haciendo antes de febrero del 2014; bajo una lógica privada y sin ningún tipo de rendición de cuentas hacia la Comunidad Indígena de Zacualpan”.

Mencionó que este episodio de violencia “ocurre también en el marco de la destitución, por parte del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, de su delegada en Colima, la señora María Elena Díaz Rivera, por acusaciones de abuso de poder, calumnias y amenazas en contra de la Comunidad Indígena de Zacualpan”.

La REMA exigió la inmediata intervención de las comisiones Estatal de Derechos Humanos; Nacional de Derechos Humanos e Interamericana de Derechos Humanos, para que, en el uso de sus facultades, “intervengan para detener de manera definitiva la violación sistemática de derechos ejercida hacia los miembros de su red en Colima”; que las autoridades investiguen los hechos denunciados y se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables.

 

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La SRE “no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Gustavo Castro de Honduras afirma su abogado; la Red Iberoamericana de Jueces pide se le permita volver a México

Rosa Rojas

Este es el momento para que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu o directamente el presidente Enrique Peña Nieto, establezcan comunicación con el presidente de Honduras,  Juan Orlando Hernandez y le demanden la aplicación del Tratado de Cooperación Jurídica que hay entre ambos países para que se permita salir de aquel país a Gustavo Castro, testigo y sobreviviente del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, quien al ser retenido está siendo sometido a “violaciones permanentes” a sus derechos humanos, afirmó su abogado defensor, Miguel Angel de los Santos.

“Sentimos que la Cancillería mexicana no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Castro Soto cuya vida se encuentra en riesgo mientras esté en territorio hondureño “y así se lo hicimos saber enfáticamente a la directora de Asuntos Mexicanos en el Extranjero, Reyna Torres”, con quien se entrevistaron este viernes el propio abogado y representantes del Instituto para los Derechos Humanos y Democracia; la organización Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Se le pidió directamente a la funcionaria se solicite al gobierno de Honduras la aplicación de dicho tratado porque la Cancillería mexicana no lo ha hecho; ella explicó lo que se ha hecho “pero la última comunicación que enviaron al Fiscal de Honduras la respondió el funcionario sin hacer referencia al tratado, lo que sugiere que no se ha pedido su aplicación. La respuesta del Fiscal es de fecha 11 de marzo pero fue recibida en la embajada mexicana hasta el día 17… y en ella el Fiscal sugiere que el testigo se acoja al Programa de Testigos Protegidos pero eso haría que Castro Soto pasara al cuidado de las autoridades de Honduras”, explicó De los Santos.

Informó que la directora Torres contestó que “hay que esperar tiempos razonables, aplicar el protocolo… los tiempos razonables son ahora -afirmó el abogado en entrevista- porque Castro Soto lleva ya 15 días retenido -de los 30 que impuso la jueza- y Honduras no está respondiendo la petición de que se levante la alerta migratoria con la urgencia que el caso amerita”, porque además viene el periodo de descanso de Semana Santa. Indicó que Castro está alojado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa, como parte de las medidas cautelares que se le solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la SRE para su defendido.

Por eso, dijo, además le pidieron a la CNDH que amplíe dichas medidas cautelares y que le solicite a la Cancillería que pida expresamente a Honduras la aplicación del tratado mencionado. De los Santos apuntó que además se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con similares demandas.

De los Santos mencionó que lo que está pendiente legalmente es que esta semana se presentaron en Honduras tres recursos jurídicos: una solicitud de reconsideración al Fiscal para que retire la orden de retención de Castro porque el ya aportó todas las pruebas que podía, pues participó en 10 diligencias ante el Ministerio Público y cuatro ante la juez; además, dijo, la medida cautelar la pidió la Fiscalía y la puede retirar cuando ya no es necesaria.

El segundo recurso es un amparo ante la Sala de Apelaciones de Comayagua en el que solicitan se suspenda provisionalmente la resolución de la juez para que Castro pueda salir; mientras tanto van a revisar en dicha sala la citada medida de retención.

El tercer recurso es un habeas corpus ante la Corte Constituyente de Tegucigalpa para que se revise si la citada resolución de la juez cumple con las disposiciones de la Constitución de Honduras y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Además de esos tres recursos, un cuarto recurso sería precisamente que se aplique el citado tratado de Cooperación Jurídica, de marzo de 2004, apuntó. Subrayó que aunque Castro Soto está bajo la protección de la embajada mexicana en Honduras, la lentitud con la que ha actuado la SRE ahora, contrasta “con la celeridad con que se atendió un caso ocurrido recientemente en un país europeo”.”Es un trato inhumano” el que se le está dando a Gustavo Castro por la incertidumbre jurídica en que está, prácticamente detenido en Honduras, convaleciente de las heridas que le causaron durante el asesinato de Berta Cáceres, el que le afectó profundamente dada la cercanía que tenían, y sin poder reunirse con su familia.

Por su parte la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), en una declaración sobre la situación de Castro Soto, manifestó su preocupación por  el hecho de que no se le brinde a éste el trato correspondiente al de haber sido víctima de un intento de homicidio y testigo de la dramática muerte de Cáceres, “y, por el contrario la retención injustificada e innecesaria que se le ha impuesto, produce afectaciones psicológicas derivadas de la incertidumbre y los intentos de la Fiscalía General por mantenerlo bajo su custodia”.

La RIJ, con sede en Chile, se sumó a las peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversos mecanismos universales  de protección de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado de Honduras debe garantizar la seguridad e integridad de Castro Soto mientras se encuentre en el territorio hondureño, y retirar la alerta migratoria lo antes posible para que pueda volver a su país, desde donde podría continuar colaborando con la investigación.  Subrayó que las circunstancias en que éste se encuentra configuran violaciones a sus derechos humanos.

La RIJ, de la que también es parte De los Santos, quien fue comisionado por ésta para trasladarse a Honduras, exigió al gobierno de ese país la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales  involucrados en el crimen. “En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.

Añadió que “la incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva” por lo que instó al Consejo de la Judicatura de Honduras a investigar la actuación de la jueza Victorina Flores, “con la finalidad de determinar las responsabilidades que de su injusta determinación pudieran surgir”.

La RIJ agregó que lamenta “reconocer que el asesinato de Bertha Cáceres y la situación de Gustavo Castro, constituyen un claro reflejo de la debilidad del Estado de Derecho, los niveles de impunidad en el país, y una voluntad incierta con la observancia de los derechos humanos” e instó  al estado hondureño a solicitar a los organismos pertinentes, la instalación urgente, en Honduras, de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “que asegure un acompañamiento internacional a la necesidad de una justicia pronta y castigo a los perpetradores. Esta instancia aseguraría a la comunidad internacional, de que el estado hondureño está comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables”.

 

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Por “actos ilegales y abuso de autoridad” organizaciones sociales nacionales e internacionales piden la remoción de la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima

Rosa Rojas
Redes nacionales e internacionales y diecinueve organizaciones de derechos humanos de ambientalistas, indígenas, de activistas contra la minería entregaron un documento dirigido a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga y al titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, en el que denunciaron “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, por parte de la Delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Colima, María Elena Díaz Rivera, demandando que se le investigue “para considerar su remoción y deslinde penal” por ello.
En el mismo le exponen a los citados funcionarios su preocupación “por el ambiente de violencia” en dicha comunidad “promovido por el gobierno del estado y la delegada de la PA derivado de la intención de imponer actividades mineras en el territorio indígena”.

En particular, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y las y los integrantes de Bios Iguana A.C. “han vivido dos años de amenazas y hostigamiento permanente”, tal como la Misión Internacional y Nacional de Observación para el caso Zacualpan documentó el pasado mes de marzo, y tal como se ha documentado y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, además de otras instancias nacionales e internacionales. “El ambiente de violencia ha sido promovido y apoyado por las autoridades estatales y federales, usando en diversas ocasiones, la fuerza pública en contra de la comunidad indígena”, detallan.

Afirman que Díaz Rivera, ha mostrado permanentemente “su parcialidad y su interés en mantener en el poder al grupo promotor de la minería. No es casual que cuando un grupo de comuneros le solicitó convocar a elecciones en el mes de enero de 2014, para remover al entonces comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, quien pretendía imponer el proyecto minero, ella negó esta posibilidad. Esto, a pesar de que le fue entregada una solicitud con la firma de más de 160 comuneros y respaldada con sus certificados de derechos de uso común”.
Los comuneros quisieron remover a Guzmán por no haber registrado las actas pertinentes en el Registro Agrario Nacional en las cuales asentaron “su ‘no’ contundente en contra de la minería en repetidas asambleas comunitarias desde junio de 2013”.

“Finalmente los comuneros que se negaban a aceptar la mina, llevaron a cabo la Asamblea en el mes de febrero del 2014, respetando la Ley Agraria y con la presencia de un notario público, en donde destituyeron a Carlos Guzmán, nombrando a un nuevo Comisariado y declarando su Territorio Libre de Minería”. El acta de esta asamblea fue ratificada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Antonio Luis Betancourt Sánchez, que reconoció al nuevo comisariado. Sin embargo, le otorgó a la nueva autoridad el tiempo que le quedaba a Carlos Guzmán para terminar su periodo. Después de un proceso de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Colima, se resolvió que efectivamente se tenían que hacer nuevas elecciones, por lo que la propia delegada organizó la nueva elección. “Dicho sea de paso, el Lic. Betancourt fue removido de su cargo por haber dado su resolución a favor de la Comunidad Indígena”, anotan.

Explican que cuando la delegada de la PA convocó las elecciones del nuevo comisariado el 30 de Noviembre de 2014, “ella llevó a la policía estatal y no permitió observadores, ni a la prensa, ni la presencia de un abogado del Consejo Indígena. A pesar de ello, Taurino Rincón, el candidato del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, ganó las elecciones. La elección del comisariado ha restituido la gobernanza desde los propios comuneros, de manera periódica se han llevado a cabo asambleas comunales, se manejaron de manera transparente los recursos comunales, incluso se presentó un amparo contra las concesiones mineras impuestas en su territorio indígena, lo cual resultó en su suspensión de plano hasta que el amparo sea resuelto”.

“Estas acciones para la defensa territorial de los comuneros resultaron contrarias a los intereses de la señora Díaz Rivera, el gobierno del estado y quienes tienen intereses en la imposición de la minería”, por lo que la funcionaria volvió a convocar elecciones el pasado 11 de octubre, tratando de remover al Comisariado Rincón. “Esta acción ha generado un ambiente de tensión y nuevamente increpa a la división comunitaria, caso totalmente contrario a lo que supone es una de las funciones de la Procuraduría Agraria”.

Así, el 11 de octubre, unos cien habitantes de Zacualpan bloquearon la carretera hacia su comunidad para evitar que se realizara la asamblea convocada por la delegada, “por considerar que es producto de la intervención ilegal de la dependencia federal. En la presencia de policía federal y la Procuraduría General de Justicia, la delegada llegó al bloqueo en donde expresó que según ella estaba respondiendo a la petición de un grupo de pobladores. Cuando los habitantes le impidieron su paso hacia la comunidad, abordó un helicóptero de la Policía Estatal para sobrevolar el bloqueo y llegar a la asamblea. Al final, resulta que no hubo quórum para realizar la Asambea, sin embargo la Delegada llevó a cabo la Asamblea e hizo la remoción de Taurino Rincón y nombró a nuevo comisariado como lo mostró ella misma en un video en su página de facebook, esto con los votos de personas que no eran comuneros y sin que el voto fuera secreto, entre otras irregularidades. Afortunadamente, no hubo mayor confrontación ese día, sin embargo, sigue un escenario de zozobra en el pueblo y la alta posibilidad de más agresiones”.

Subrayan que además, la delegada Díaz también ha difamado a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, “contribuyendo a la estigmatización y la criminalización de estas personas, poniendo en riesgo su seguridad física, psicológica y la posibilidad de seguir haciendo su trabajo. En particular, la delegada ha calumniado a la organización ambientalista Bios Iguana (BI), hasta atribuirle a dicha organización la formación de grupos terroristas, la siembra de estupefacientes, y según ella, el despojo al intentar apoderarse de sus terrenos”.
Denuncian asimismo que “debido al clima de violencia y hostigamiento, esta organización (BI) se ha visto imposibilitada para realizar su trabajo dentro de la comunidad, ya que las veces que han intentado ingresar han recibido agresiones físicas y amenazas, todo esto con el beneplácito de la policía estatal. Varios integrantes de Bios Iguana han tenido que abandonar el estado y otros más se han retirado. Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan también han sido amenazados de muerte, permanentemente vigilados por la policía, y han sido sujetos de diversas agresiones a ellas y ellos y sus familias”.

Entre las y los firmantes están la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Sí a la Vida, No a la Minería (Red global) / Yes to Life, No to Mining (Global).
Asimismo organizaciones como Acción Colectiva SOCIOAMBIENTAL, A.C.; Asamblea de pueblos indígenas del istmo en defensa de la tierra y el territorio, Oaxaca;
Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C.; MiningWatch Canada;
Coalición de Solidaridad Zapatista, Sacramento, California EEUU; Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Québec; Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina; FIAN México, A.C.; Alianza Cívica Coahuila; Fronteras Comunes A.C.; Greenpeace Mexico, A.C. ; Salva la Selva/Rainforest Rescue, entre otras.

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