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La SCJN “tarde o temprano” deberá discutir la inconstitucionalidad de la Ley Minera y resolver a favor de los pueblos originarios: Serranos Unidos en Resistencia Indígena

 

Rosa Rojas 

Ante la resolución adoptada por  la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en su sesión del 25 de mayo, en el sentido de sobreseer el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena Me´phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero,  sin entrar al fondo de la cuestión planteada por la comunidad de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), de la Sierra Norte de Puebla, advirtió que “ante la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación”.

Por lo pronto, “nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos”, advirtió el dirigente de SURI, Raymundo García Lopez, en un comunicado.

La comunidad tlapaneca de San Miguel del Progreso, logró mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, siguió luchando para que la Suprema Corte de Justicia declarara que la Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pidió  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debía ser sobreseído. Sin embargo, San Miguel del Progreso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

San Miguel del Progreso había señalado que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas renuncias a las concesiones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, “pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos”, poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

La comunidad advirtió también que el 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilitaba a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

García Lopez planteó que de acuerdo con el modelo jurídico adoptado por nuestras instituciones, reforzado con las innovaciones del sistema jurídico interamericano y atendiendo la supremacía de las normas, “es ampliamente reconocida la brecha legal  entre la Constitución General de la República y la Ley Minera, teniendo como referente la propia Jurisprudencia de la SCJN en cuanto a la fuerza de los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República”.

Afirmó que el Estado mexicano autoriza concesiones mineras en las regiones indígenas “de una forma ilegal e ilegítima creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas de los pueblos indígenas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla”.

Añadió que cada vez más la nación se desgarra por este enfrentamiento –a veces silencioso, otras ocasiones público- “sin tomar el Gobierno medidas de solución apegadas a derecho empezando por respetar los Tratados firmados y armonizar la Constitución General de la República y establecer  una Mesa de Alto Nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas. Al contrario, mediante subterfugios legales de abogados patronales incrustados en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos”.

 

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Indígenas Me´phaa de la Montaña de Guerrero llaman a la Suprema Corte de Justicia a declarar inconstitucional la Ley Minera

20160518_113145Rosa Rojas 

Una batalla fundamental para que la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas de México no se quede atrapada en el papel en que están impresas la Constitución, las leyes y reglamentos y empiecen a ser realmente vigentes, está dando la comunidad indígena San Miguel del Progreso – Júba Wajiín en su lengua Me’phaa o tlapaneca– municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, que logró, mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, un triunfo inédito para una comunidad indígena, pero sigue luchando para que la Suprema Corte de Justicia declare que le Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) que protege las derechos colectivos de los pueblos indios.

Representantes de San Miguel del Progreso y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que los asesora, informaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca impedir que el máximo tribunal del país examine el fondo del asunto, es decir, que la Ley Minera viola sus derechos como comunidad indígena, al pedir,  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debe ser sobreseído, es decir, que se suspenda ese proceso. Frente a esta maniobra del gobierno federal, los indígenas  Me’phaa llamaron  a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al analizar el citado amparo el próximo 25 de mayo, garantice los derechos al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Taurino Carrasco, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Valerio Amado Solano, presidente de Bienes Comunales y Maribel González, abogada de Tlachinollan, entre otras personas, explicaron que San Miguel del Progreso interpuso un amparo contra las dos concesiones que había otorgado la Secretaría de Economía, sin consultarle al pueblo, lo que afectaría a  once núcleos agrarios de seis municipios, con unas 240 comunidades asentadas en 168 mil 346 hectáreas, integrantes del CRAADT. En febrero de 2014 el Juez Primero de Distrito de Guerrero emitió una sentencia inédita a favor de la comunidad, dentro de la cual consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras.

Esta sentencia fue impugnada por el Gobierno Federal mediante un recurso de revisión pero San Miguel del Progreso, acompañado por Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

En ese marco, cuando la demanda de San Miguel del Progreso estaba próxima a ser analizada, en octubre del 2015, la comunidad fue notificada por la SCJN de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, se habían desistido simultáneamente de sus títulos, por lo que las concesiones habían sido canceladas.

Para San Miguel del Progreso no cabe duda, señalaron los declarantes, que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas cancelaciones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos como los de la minería a cielo abierto que los amenaza a ellos, pero también eólicos, hidráulicos, gasoductos y de otro tipo que están afectando sus tierras, aguas, bosques, su cultura y poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

Pero hay además otro riesgo para San Miguel del Progreso: El 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Pero la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por San Miguel del Progreso. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe sobreseerse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad solicitó a la Primera Sala que continúe el análisis del caso, ya que el acto reclamado no ha cesado cabalmente todos sus efectos y sobreseer el amparo la dejaría en total desprotección, pues  con la declaratoria de libertad de terreno como consecuencia de la cancelación de las concesiones, otros particulares pueden solicitar nuevas concesiones sobre su territorio.

Es de esperar que la SCJN declare anticonstitucional esa Ley Minera que sólo beneficia a los particulares frente a los derechos de los pueblos indígenas que por siglos han conservado su territorio y recursos naturales contra la depredación que sólo busca grandes ganancias, y que lo han defendido, como lo está haciendo los pueblos indígenas de Tepoztlán, Morelos, los yaquis de Sonora, los nahuas de Ostula, Michoacán y en la Sierra Norte de Puebla y tantos cientos más, tanto con recursos legales como con movilizaciones sociales cuando ha hecho falta.

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Un análisis de por qué peligra el más importante sistema de justicia indígena de México

Hay autoridades que se alejaron de los intereses comunitarios

Crisis de la CRAC-PC, por causas internas e influencia del Estado

Con una agenda oficial se le quiso domesticar: Centro Tlachinollan

Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de abril de 2014, p. 14

El modelo del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero –que está por cumplir 19 años– sufre una implosión porque algunas de sus autoridades se han alejado de los intereses de las comunidades y de los mandatos de las asambleas.

Así lo afirmó en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien dijo que el Estado no es ajeno a esa crisis porque ha tratado dedomesticar a la organización y con dinero imponerle una agenda para que se empiece a deslindar de los temas más espinosos, que tienen que ver con la construcción de la autonomía, la disputa contra las mineras y otros asuntos de defensa del territorio, así como de sus integrantes detenidos.

El antropólogo urgió a retomar un proceso de negociación entre las diferentes fracciones de la CRAC-PC –que se ve difícil, porque están muy polarizados– para rescatar el proyecto histórico de este sistema de justicia indígena que opera en 147 comunidades, donde redujo hasta en 90 por ciento la comisión de delitos.

La confrontación tiene consecuencias, como ya pasó hace días, que entre el Ejército a poner orden y entonces se desmantele el sistema de justicia comunitaria… algo que desde su nacimiento han buscado las autoridades civiles y militares, alertó.

Barrera mencionó que la agenda de Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (CJSLA), ha acabado siendo muy pragmática y muy empatada con los intereses del Estado. Villar fue destituido el 30 de marzo en una asamblea a la cual él no da validez, afirmando que fueminoritaria.

Dicha agenda es apoyo a proyectos productivos, aumentar el recurso económico (un millón de pesos al mes) que les daba el gobierno estatal, el dinero para la construcción de las casas de justicia, armamento, uniformes y quedó desdibujado el tema más político de cómo fortalecer un modelo de seguridad de los pueblos desde la propia cosmovisión y autonomía. Villar empezó a manejar ese recurso sin transparencia ni rendición de cuentas, indicó.

Barrera mencionó que ahora la policía comunitaria se ha vuelto más elitista dentro de los mismos pueblos, pero no para defender los intereses de la comunidad, sino los intereses del grupo que está coordinando la CRAC.

Estimó que la fracción de la CRAC que recuperó la CJSLA el pasado 30 de marzo, que aglutina a consejeros, coordinadores, comisarios, ex comisarios –líderes históricos de la región de la Costa-Montaña–, tiene mayor claridad sobre el sentido original del proyecto, de que los coordinadores estén realmente supeditados a la decisión de las asambleas, de que son las comunidades las que nombran a sus policías, que hay un reglamento interno que debe cumplirse, un proceso de reeducación para quienes delinquen.

Explicó que la crisis detonó por diferencias internas entre las comunidades indígenas y sus dirigentes sobre lo que debe ser un sistema integral de justicia indígena con control de la comunidad, contra el actuar de las autodefensas, más policiaco, como el de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), creada por los hermanos Bruno y Cirino Plácido –que estuvieron entre los fundadores de la CRAC– y trataron de tomar el control de la CJSLA.

La fracción CRAC se defendió poniendo al frente al sector duro, como Eliseo Villar, que era parte del grupo de guardias especiales que fundó el anterior coordinador, Pablo Guzmán.

Cuando el Ejército y la Marina empiezan a detener y desarmar a los grupos comunitarios diciéndoles que ellos son CRAC en su propia comunidad, que no pueden trasladarse a otra comunidad, que tienen que pedir permiso, se da un acuerdo con el gobierno federal para que la Policía Comunitaria registre sus armas, registre quiénes son y que el gobierno les va a dar una credencial de policías comunitarios.

Frente a esto hay dos visiones: por un lado hay críticos que dicen que la CRAC ya cedió parte de su lucha autonómica al Estado, que hay una actitud entreguista, pero también otros dicen que más bien ha ganado terreno en términos de su movimiento y está ahora siendo reconocida por las autoridades, explicó Barrera.

Señaló que Villar además creó la Casa de Justicia de Cochoapa, con los grupos afromestizos en Ometepec, sin consultar a la asamblea, y su gente busca formar grupos de policía comunitaria paralelos que respondan más a los intereses de los coordinadores. Eso es lo más peligroso, porque están generando más clientelas en comunidades donde hay cierta influencia para que hagan contrapeso a los grupos de San Luis Acatlán, que son más críticos y donde no tienen consenso, afirmó.

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