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Con pacas de paja se construyeron en dos días los muros de dos habitaciones para una familia damnificada en Hueyapan, Morelos

IMG_7011 - copiaRosa Rojas., Hueyapan, Morelos., Una técnica utilizada ya a finales del siglo XIX en Estados Unidos pero que en México recién se está empezando a popularizar, la construcción con pacas de paja, más el apoyo comunitario, milenaria forma de colaboración entre los pueblos de México, permitió que en dos jornadas –unas 18 horas de trabajo- 34 voluntarios (27 hombres y 7 mujeres), edificaran, los muros de dos habitaciones que permitirán que una familia damnificada por el sismo del pasado 19 de septiembre, recupere la vivienda que perdió en su natal Hueyapan, municipio indígena segregado el pasado diciembre del de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos.

En un fin de semana, sábado y domingo, la solidaridad comunitaria enlazó el fuerte esfuerzo físico de la construcción con la alegría, las ganas, la camaradería, la incredulidad ante una técnica alternativa, algo novedoso para todos/as en este poblado cuya población mayoritaria es indígena nahua, con la apertura de la mente para el aprendizaje de una nueva forma de edificar una casa, más económica y rápida que la construcción tradicional con ladrillos, blocks o adobes, hierro y cemento, una alternativa que todavía despierta dudas y suspicacias.

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Como explicó Rosa Elia Pérez Martínez, quien será la beneficiada, junto con su hijo, José Angel Balcázar Pérez, con este pie de casa construido con pacas de paja de trigo, la desconfianza ante el uso de un material aparentemente tan endeble para recuperar sus casas derribadas por el sismo llevó a que un par de sus familiares a quienes se ofreció el proyecto lo rechazaran. Decidieron mejor esperar a que les llegara en algún momento apoyo del FONDEN, que es la institución gubernamental que está distribuyendo el apoyo oficial para la reconstrucción y dentro del cual se utilizan los materiales de construcción de la “modernidad”.

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La obra, que comprende dos habitaciones de 4 por 4 metros, que tendrán un techo de dos aguas, está siendo financiada por las organizaciones civiles Circulo Inspira, A.C. –que trabaja con voluntarios, inspirando y acompañando a las personas a descubrir su potencial y a expresar su amor a la vida- y el Instituto Mexicano para el Desarrollo de Ciudades Verdes, S.C.; con una donación para este proyecto de tres mil dólares canadienses (algo así como 92 mil pesos).

Dirige la bioconstrucción, también con trabajo voluntario, la arquitecta Ximena Bedregal Sáez, quien explicó que en esta primera etapa se edificaron los muros de ambas habitaciones y en una segunda se construirá el techo de dos aguas.

Previamente a esta jornada se habían construido ya los cimientos de piedra, con varillas incrustadas en forma vertical para fijar en ellas las pacas, que se colocaron entreveradas, con refuerzos de alambrón en forma de U alargada en las esquinas, y fijadas verticalmente con la incrustación de varas de otate. El muro culmina con una especie de escalera de madera que se coloca horizontalmente, se fleja para compactar las pacas y culmina con un relleno con arena como aislante. Los muros deben recubrirse perfectamente con barro y cal para impedir que penetre la humedad. Los pisos pueden ser también de esos materiales.

En los muros de ambas habitaciones se utilizaron unas 200 pacas, con un costo aproximado de 40 pesos cada una. Bedregal explicó que en la bioconstrucción con pacas de paja lo más caro es la mano de obra, que significa algo así como el 75 por ciento del costo de la obra, por lo que la aportación voluntaria de las y los integrantes de amigos/as y familiares representa un ahorro muy significativo.

Al inicio de la jornada Bedregal comentó a quienes participarían en la bioconstrucción las ventajas de la utilización de este material: es económico, se utilizan pacas de los cultivos regionales –trigo, avena, etcétera, sin grano, bien compactas y secas. La construcción es resistente a sismos; térmica, mantiene una temperatura fresca cuando hace calor y acogedora cuando hace frío en el exterior; es resistente al fuego, incluso a muy altas temperaturas; eso sí, como cualquier construcción, requiere de mantenimiento periódico para evitar su deterioro.

La tarde del segundo día llegó para conocer el trabajo que se realizó con la casa de pacas de paja el abuelo de Rosa, la dueña de casa, don Bonifacio Martínez, noventañero quien también perdió su casa por el sismo, y luego de inspeccionar la obra elogió la rapidez con que fue edificada, la economía de la construcción y se mostró satisfecho de sus características. “Aquí no vas a volver a tener frío”, le dijo a su nieta, “ahora nomás hace falta repellarla con tierra para proteger los muros”, comentó.

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También llegaron, curiosas, las 8 mujeres que –además de un hombre- estuvieron colaborando con su trabajo voluntario, invisible, en la cocina, preparando los desayunos y comidas que se ofrecieron a los y las voluntarias. Sorprendidas gratamente por el avance de la obra se retiraron rápidamente porque todavía era necesario ir a lavar los trastes.

La idea de construir una casa para Rosa, nació con la intención de apoyarla a recuperar su hogar pero además, de hacerlo con participación comunitaria y con el interés de enseñar y promover el sistema de bioconstrucción en el marco del proyecto Planteles Educativos Sustentables, financiado por la agencia canadiense Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), en el que participan las tres sedes de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Morelos, la Universidad Politécnica de Morelos y la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Dawson College, de Montreal, Canadá. Se contó además con donativos de particulares de México, Estados Unidos y Canadá que han hecho posible avanzar en la obra.

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Fotos: Rosa Rojas

 

 

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Damnificados de Jojutla, Morelos, mantendrán tomada la delegación de SEDATU en Cuernavaca hasta recibir los recursos para reconstruir sus viviendas

 

Rosa Rojas

Ante la falta de respuestas de autoridades estatales y federales para realizar la reconstrucción de sus casas destruidas parcial o totalmente por el sismo del pasado 19 de septiembre, una treintena de integrantes de familias damnificadas de la ciudad de Jojutla, Morelos, ocuparon el jueves 1 de marzo la delegación de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) en Cuernavaca. A la espera del delegado de la dependencia, Angel Rodrigo Peña Zepeda, pernoctaron ahí porque les dijeron que él llegaría el viernes. Y como no llegó, decidieron permanecer ahí el fin de semana y lo que sea necesario porque, piensan, algún día deberá llegar el funcionario.

Así pues, empezaron a llegar refuerzos, en una combi financiada por el presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, cuya esposa llegó este viernes con víveres para quienes están participando en esta acción desesperada de quienes ya llevan cinco  meses y medio viviendo en tiendas de campaña, soportando los fríos primero y ahora el calor extremo o de arrimados con parientes, sin poder concluir la construcción o reconstrucción de su vivienda porque las tarjetas que entregaron del FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) están congeladas, es decir, se supone que tienen dinero depositado en ellas pero en BANSEFI les dicen que no hay fondos, explicaron.

La mayoría de quienes estaban en el plantón en la SEDATU este viernes son vecinas/os de la colonia Emiliano Zapata, donde resultaron dañadas unas 400 casas, explicó Amada Morán Brito, cuyo domicilio resultó con daño parcial. Con su tarjeta del FONDEN fue a retirar 15 mil pesos para materiales pero “no hay dinero”.

A Guillermina Sánchez Ortiz –quien sufrió daño total de su vivienda- le dijeron en el banco que llevara su tarjeta del FONDEN “a la fundación Alejo Peralta que está en la arrocera San José, donde están también las de Slim, Proviva y Delta, fuimos hace mes y medio, hicimos el contrato, dijeron que nos llamarían pero no nos llaman, sólo nos dicen que esperemos. Vamos a BANSEFI y nos dicen que no hay dinero, desde noviembre estamos esperando. Los gobernantes dicen que ya están liberadas las tarjetas pero fui a comprar material y dijeron que no hay dinero”.

Leonila Espina Campos afirmó que su vivienda sufrió daño total pero la anotaron con daño parcial y le dieron una tarjeta de 15 mil pesos. “Ni con 120 mil pesos podría reconstruir mi casa, los albañiles cobran 400 pesos diarios”. Además mencionó que a quienes les reconocieron daño total les dieron tarjetas de 30 mil pesos para la primera parte “pero sólo les están dando 25 mil pesos y les dijeron que de los otros cinco mil luego les avisan… las tarjetas para material no pasan porque no tienen fondos”.

Similar situación vive Filiberta Montes de Oca Román, que, informó, tiene un hijo enfermo porque hace 9 años tuvo un infarto cerebral y su esposo “es tan viejito que ya casi ni se  mueve”. Están arrimados viviendo con una hija. Su casa sufrió daño total en la colonia Emiliano Zapata. Le dieron una tarjeta para 120 mil pesos “y apenas 15 mil me dieron, voy al banco y no hay sistema o no hay saldo… ya van tres semanas que no tengo para pagarle al albañil, tuve que conseguir un préstamo” pero ante la crisis que vive se vino a la movilización.

Prisca Margarita Manjarrez Salgado, también de la colonia Zapata, informó que por la insalubridad y malas condiciones en las que viven hay muchas enfermedades estomacales y respiratorias, algunos adultos mayores se han puesto graves… el gobierno debería tener respeto por los damnificados, indicó, además hay muchas irregularidades en las tarjetas, muchos errores y no hay como corregirlas, ella sufrió daño total pero le dieron tarjeta de daño parcial y no ha logrado que se la cambien, añadió. “Estamos también muy inconformes con Unidos por Morelos (organismo creado por el gobierno estatal para la reconstrucción) porque no nos han dado apoyo, dijeron que si FONDEN no nos cumplía ellos iban a responder”.

Se le indicó que el gobernador Graco Ramírez aseveró que “Jojutla está de pie”. Ella contestó “estamos de pie porque estamos vivos, expuestos a la rapiña, a las enfermedades… sólo en la colonia Zapata somos 600 familias, vayan a ver, la escuela, la iglesia… Jojutla es una zona comercial pero ahora no hay comercio, la gente no tiene en qué trabajar, no hay dinero para ir a algunos lugares que nos manda el gobierno, vayan a la presidencia, vayan a SEDATU, vayan a BANSEFI, qué les pasa, no somos pelotas para que nos traigan de un lugar a otro. Aquí en SEDATU dicen que tanto por ciento lo da el gobierno federal, tanto por ciento el estatal, pero lo que queremos es que el dinero se refleje en las tarjetas, no en las palabras”, reclamó.

En Jojutla, de acuerdo al censo de SEDATU, hubo 2 mil 579 viviendas dañadas, 2 mil 37 con pérdida total. El alcalde Sotelo Martínez declaró a El Regional, el 22 de febrero, que desde el proceso de demolición fueron abandonados por la SEDATU y hasta esa fecha sólo se habían reconstruido 100 viviendas “pero con recursos de los propios afectados y con el apoyo que el municipio les otorgó, pero nos preguntamos dónde están los recursos etiquetados del FONDEN”, porque sólo en el retiro de escombros el municipio tuvo que erogar un millón de pesos.

 

Fotos: Rosa Rojas

 

 

 

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La sociedad morelense se organiza para evitar arbitrariedades de autoridades estatales en el reparto de la ayuda a damnificados

Un trailer con ayuda para damnificados de Tepoztlán, Morelos, llegó este 23 de septiembre. Participantes en el plantón contra la ampliación de la autopista participaron en la descarga, organizaron la ayuda en despensas y posteriormente colaboraron para repartirla en los barrios afectados. “Somos sólo sociedad civil, nada que ver con partidos ni con la presidencia municipal”, afirmaron donantes y voluntarios.  Fotos: Rosa Rojas

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Rosa Rojas

Tragedias como las que han ocurrido en México con los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el primero afectando más a Oaxaca y Chiapas y el segundo a Morelos -donde se localizó el epicentro, por Axochiapan- y la Ciudad de México, además del Estado de México, sacan lo mejor y lo peor de la gente. En el caso del estado de Morelos se han generado denuncias en el sentido de que los camiones que llegaban de otras entidades con ayuda para los damnificados y que se pretendía repartir directamente en las ciudades y poblados más afectados, eran obligados a dirigirse a las bodegas del DIF estatal y dejar su carga ahí.

El jueves circularon en las redes videos denunciando que tres camiones torton que venían con alimentos, ropa, medicinas, desde Michoacán y Nayarit y querían llevarla directamente a los afectados, fueron obligados mediante patrullas a llevarla al DIF en Cuernavaca. Incluso una bodega estaba tan repleta de cosas que tuvieron que irse a una diferente. Y uno se pregunta ¿por qué si miles de personas están padeciendo falta de alimentos, de techo, de cobijas, de medicinas, por haber sufrido la pérdida total o parcial de sus viviendas la ayuda está almacenada en vez de ser distribuida? lo menos que se piensa es en una ineficacia oficial absoluta  para distribuir esa ayuda, otros dicen que porque el gobierno buscará distribuir las cosas en bolsas con su logotipo y nombre del gobernador, o con el de su partido.

Y no fue ese el único caso denunciado: el viernes, el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en un video grabado en Jantetelco, denunció que tres camiones de provisiones que iban al centro de acopio de Caritas, en el seminario, fueron desviados por las autoridades y se llevaron la ayuda al DIF. El prelado, que no es precisamente del agrado del gobierno de Graco Ramírez por diversas denuncias que ha hecho sobre arbitrariedades oficiales, afirmó: “Esto me parece totalmente injusto, esto no debe ser, esto sobrepasa cualquier lógica moral mínima, yo les suplicó que quienes tienen la autoridad, quienes tienen la forma de detener esto lo hagan. Dios todo es justicia, y aunque ahora se salgan con la suya le tendrán que dar cuentas a dios crean en él o no, yo les suplico cambien de actitud, se los pido por favor y no vean sus intereses sino los intereses del pueblo, como debe ser”…

El mismo viernes Elena Cepeda de León, presidenta del DIF, esposa del gobernador Graco Ramírez, aseveró que se actuará contra Gabriel Rivas Ríos -líder del frente Ciudadano Unido y a quien ligó con Morena- por el delito de robo de al menos 90 toneladas de víveres provenientes de Michoacán y Nayarit, después de que en redes sociales se incitó a un conflicto por la supuesta retención -ordenada presuntamente por el Sistema DIF- de los citados camiones, situación que generó enojo de la sociedad,

Insistió en que se actuará de manera legal en contra de los que hicieron viral el video en las redes sociales sobre la supuesta retención de los camiones y asaltaron los víveres. Así mismo, pidió a la ciudadanía que “no difunda cosas que no son ciertas y tengan fe en los demás”.

El caso es que ante el descontento ciudadano por estas denuncias, y la desconfianza que se tiene en cuestiones oficiales, la sociedad civil se ha organizado para evitar que otros camiones con ayuda sean interceptados por la policía y obligados a descargar en bodegas del DIF.

Un trailer que venía de algún estado del norte del país, Monterrey o Jalisco, se comentó,  llegó el viernes 22 a Cuernavaca, lo llevaron directamente a un domicilio privado y llegaron cientos de señoras con camionetas y automóviles que con sus hijos y algunas con sus maridos, descargaron el camión que traía mucha ropa nueva, leche en polvo, artículos de higiene personal, catres, artículos para bebés, guantes de carnaza, suero, muchas medicinas…

Un testigo presencial informó que la operación fue coordinada por directoras y maestras de varias escuelas privadas que estuvieron convocando a las mamás, esperaron el torton a las  10 de la mañana en la carretera, lo escoltaron a una mansión ubicada en una privada, lo descargaron rápidamente para que no los detectara un helicóptero que andaba sobrevolando la ciudad.

Para hacer el reparto de la ayuda que traía el torton, se fue anotando cada salida, lo que llevaba cada vehículo, la placa, el nombre de la o el responsable del mismo, de qué escuela eran… En tres horas y media ya estaban subiendo las cosas a los automóviles y camionetas para ir a hacer la entrega a diferentes pueblos, de los que ya había una lista, y las indicaciones para llegar. Incluso a la ropa -que era nueva- le quitaron las etiquetas para evitar que -como se ha reportado- algunos vivales simplemente la reciban y la vendan.

Así como ese trailer, se sabe que están llegando varios más, con la instrucción, difundida mediante las redes sociales, de que los choferes, si los detienen policías para interrogarlo y querer llevarlos a las instalaciones del DIF, no digan que llevan ayuda para los damnificados sino carga privada; que los camiones se dirijan a una dirección previamente acordada y que se convoque a amigos, vecinos, conocidos, para que descarguen el camión y repartan la ayuda.

Algo que ha causado preocupación también, y que revela la falta de coordinación que hay entre autoridades estatales y municipales, es que en algunos lugares se han empezado a demoler construcciones -casas- afectadas por el terremoto por orden de autoridades municipales, pero por otra parte autoridades estatales han advertido que eso no debe hacerse hasta que se lleve a cabo un censo de construcciones dañadas por el movimiento telúrico porque de lo contrario se corre el riesgo de que el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) no apoye a los propietarios para su reconstrucción. Incluso recomendó tomar fotografías del inmueble derruido para probar su existencia.

Pero además está la desconfianza de que las autoridades municipales, que deberán colaborar con el Fonden en el censo de inmuebles, manejen éste en forma política para la compra de votos dado que varios presidentes municipales están buscando la candidatura para diputaciones el próximo año. En este asunto lo que se ha sugerido es que se formen comités ciudadanos por barrio o comunidad que exijan supervisar los censos de inmuebles afectados que levante el Fonden, de forma que no se excluya a ningún damnificado. Los sismos, que han despertado una vez más la conciencia de la fuerza que tiene la organización ciudadana, pueden servir para que haya un cambio cualitativo en la participación de la sociedad civil potenciada por el uso de las redes sociales.

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

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Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista “no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa”, acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, “son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final”.

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una “política oligárquica”. Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

sdr

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, “porque se pondría en riesgo a la policía”,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, “todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca”.

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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Radio Nahndiá recibió su concesión de radio comunitaria. Continuaremos con la defensa de los derechos humanos, la cultura mazateca, su autonomía y su territorio: Rosas Blanco

Rosa Rojas

Radio Nahndiá “La radio que nos acompaña”, una radio comunitaria que transmite fundamentalmente en lengua mazateca desde la comunidad oaxaqueña de Mazatlán Villa de las Flores, recibió este 23 febrero del título de concesión de uso social indígena por parte del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), después de una espera de seis años.

Para quienes forman parte de Radio Nahndiá (RN), la obtención del título representa el reto “de diseñar acciones para ejercer plenamente el derecho a la libre expresión e información en un contexto nacional de violencia estructural en el que se inhiben, censuran y desaparecen periodistas y defensores de derechos humanos” aseveró Melquiades Rosas Blanco, representante legal de Mie Nillu Mazateco, A.C., figura legal de esta radiodifusora, con distintivo de llamada XHTFM-FM, que transmite por el 107.9 MHz.

Rosas Blanco explicó en entrevista que la señal llega a 24 municipios en la región mazateca y cuicateca, algunos son mixtecos, nahuas y de habla castellana, la primera lengua que se usa en RN es el mazateco y como “lengua puente” con otros pueblos originarios, el español.

La radio se ha caracterizado por su compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión a través de la lengua materna mazateca con los citados puentes de comunicación con comunidades hablantes de otras lenguas, informó, destacando que  ha realizado la cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales como el magisterial de 2006 en Oaxaca; así como por la difusión de los derechos humanos enfocada el derecho a una vida libre de violencia de género.

Subrayó:  “ante tantos trámites burocráticos que tuvimos que hacer, no debemos caer, por tener ya una concesión, en esa lógica burocrática sino mantener el proyecto político de comunicación como ha sido la defensa de los derechos de las mujeres; fortalecimiento de la identidad de la comunidad mazateca; sostener nuestra libre determinación y autonomía ante el sistema de partidos que viene a trastrocar no solamente la toma de decisiones de la comunidad sino que la divide, porque el partido al final provoca división, enemistad y situaciones de violencia, ahora se hace elección del alcalde de Mazatlán por sistema normativos electorales propios”.

El primer reto para RN es que aunque a las comunidades indígenas no llega la señal abierta en TV, está llegando muy fuerte la señal privada, esos medios de comunicación tanto la TV privada como las radios comerciales están planteando una imagen ciudadana que no responde a los valores de las comunidades, por lo que la radio comunitaria tiene que elaborar estrategias que le permitan seguir transmitiendo una identidad propia y no apropiarse de la que llega de fuera.

Ejemplificó mencionando que esos medios están generando la perdida de la identidad, del respeto a la palabra, del respeto a las personas mayores, de la obligación de cumplir con los cargos comunitarios, la ayuda mutua; esos valores por un lado a los abuelos y abuelas les cuesta mucho trabajo transmitirlos a los jóvenes que se están apropiando de otros y por otra parte está creciendo el grado de alcoholismo; jovencitas y jovencitos se están apalabrando en relaciones que entran en conflicto con los valores de la comunidad con el resultado de hay muchos embarazos a temprana edad.

En Mazatlán ya hay secundaria y bachillerato, los jóvenes reciben información sobre la vida sexual pero no les está dando formación, por ejemplo: no embarazarse a temprana edad, entonces, cuando la joven se embaraza se sale la pareja de allá y se van a la ciudad de Mexico; cuando empiezan a tener conflictos por alguna razón los papás y las mamás no están preparados para resolver o atender a las chicas o a los jóvenes… cuesta trabajo dar una orientación, más si interviene la parte judicial porque se complica la situación…

Se tiene que buscar la forma de crear  sinergias entre estas generaciones nuevas y los mayores, cómo tender un puente que permita una relación intergeneracional, hacerles entender que la vida sexual, si no se lleva de manera responsable, trastoca la vida de la familia y la comunidad. Informarles que si de todas maneras deciden tener relaciones sexuales existen los anticonceptivos para evitar embarazos no deseados

Respecto a la defensa de la tierra y el territorio y sus recursos naturales, ejemplificó señalando que “el agua que hay en la región mazateca y sobre todo en Mazatlán es muy dulce, muy ligera; hay pretensiones de empresas particulares de concesionar los manantiales que tenemos allá, las comunidades están viendo que Conagua les entregue la concesión antes que lleguen las empresas. Ha habido tala de árboles, entonces continuar con la defensa de los bosques, y promover la reforestación con árboles de encino que son fundamentales porque son fabricas naturales de agua”.

PROBLEMAS ENFRENTADOS EN EL CAMINO

Rosas Blanco mencionó que Radio Nahndiá es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y formó parte del grupo de once emisoras comunitarias que solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un título de permiso para operar una frecuencia de radio, el cual fue otorgado el 24 de diciembre de 2004. Entonces se otorgaron 11 títulos. Con la nueva ley hay nuevas solicitudes de concesiones  pero sólo se ha entregado una, en Tlaxcalancingo, Puebla, una comunidad nahua. Otras tres son como refrendo pero no sabemos cuántos expedientes hay pendientes, indicó.

Recordó que fue justamente su activa participación en la cobertura informativa de temas coyunturales en 2006, “lo que ocasionó que un grupo armado apoyado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local, tomará las instalaciones de la radio, lo que mantuvo a la emisora fuera del aire por un periodo de un año y nueve meses”.

Se llevó un proceso legal ante la Procuraduría General de la República (PGR), “que fue caso cerrado en 2009 sin justicia para la radio”. En 2007, por acuerdo de su Asamblea Comunitaria iniciaron la gestión de recursos ante instituciones públicas para obtener apoyo, mismos que sumados a la contribución comunitaria, permitieron la reapertura de Radio Nahndiá, que levantó su antena el 24 de febrero de 2008 para salir al aire en la frecuencia Modulada 107.9 con instalaciones y equipo nuevo.

Informó que en 2010 se inició el proceso de refrendo del título de permiso, que nunca fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) pero los alcanzó la Reforma Constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, en conjunto con las emisoras que forman parte de la AMARC en México y otros colectivos que trabajan temas como libertad de expresión y derecho a la información, los representantes de RN participaron activamente en la discusión de la Reforma Constitucional y Legal para dar cumplimiento al Artículo 2° Constitucional para establecer las bases jurídicas para el desarrollo de las radios comunitarias e indígenas en México.

Añadió que con la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, y la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, el tiempo de espera se hizo mayor, ya que además del refrendo la ley mandataba la transición de la figura de permiso a concesión, lo que solo sería posible a partir del mecanismo indicado en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, mismos que fueron publicados a mediados de 2015.

Rosas Blanco aseveró que la obtención del refrendo y título de concesión de uso social indígena para Mie Nillu Mazateco, A.C. es “un logro parcial para el movimiento de comunicación comunitaria e indígena en México, puesto que, si bien materializa la reivindicación de un derecho plasmado en el Artículo 2° Constitucional que mandata el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación, falta equiparar las leyes estatales que garanticen ese derecho”.

En medio de la celebración, quienes formamos parte de la AMARC- México incluida la Radio Nahndiá, hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que facilite la entrega de concesiones de uso social indígena a los colectivos que están en espera de la aprobación de sus solicitudes por parte del pleno de dicha institución, recordando que desde la publicación de la LFTR en 2014 a la fecha, solo se han autorizado cuatro concesiones de este tipo en todo el país. Ya ninguna radio comunitaria o indígena debe tener que esperar seis años por su refrendo, afirmó Rosas Blanco.

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“Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación” la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila-quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”. 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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