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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, “porque se pondría en riesgo a la policía”,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, “todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca”.

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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Radio Nahndiá recibió su concesión de radio comunitaria. Continuaremos con la defensa de los derechos humanos, la cultura mazateca, su autonomía y su territorio: Rosas Blanco

Rosa Rojas

Radio Nahndiá “La radio que nos acompaña”, una radio comunitaria que transmite fundamentalmente en lengua mazateca desde la comunidad oaxaqueña de Mazatlán Villa de las Flores, recibió este 23 febrero del título de concesión de uso social indígena por parte del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), después de una espera de seis años.

Para quienes forman parte de Radio Nahndiá (RN), la obtención del título representa el reto “de diseñar acciones para ejercer plenamente el derecho a la libre expresión e información en un contexto nacional de violencia estructural en el que se inhiben, censuran y desaparecen periodistas y defensores de derechos humanos” aseveró Melquiades Rosas Blanco, representante legal de Mie Nillu Mazateco, A.C., figura legal de esta radiodifusora, con distintivo de llamada XHTFM-FM, que transmite por el 107.9 MHz.

Rosas Blanco explicó en entrevista que la señal llega a 24 municipios en la región mazateca y cuicateca, algunos son mixtecos, nahuas y de habla castellana, la primera lengua que se usa en RN es el mazateco y como “lengua puente” con otros pueblos originarios, el español.

La radio se ha caracterizado por su compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión a través de la lengua materna mazateca con los citados puentes de comunicación con comunidades hablantes de otras lenguas, informó, destacando que  ha realizado la cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales como el magisterial de 2006 en Oaxaca; así como por la difusión de los derechos humanos enfocada el derecho a una vida libre de violencia de género.

Subrayó:  “ante tantos trámites burocráticos que tuvimos que hacer, no debemos caer, por tener ya una concesión, en esa lógica burocrática sino mantener el proyecto político de comunicación como ha sido la defensa de los derechos de las mujeres; fortalecimiento de la identidad de la comunidad mazateca; sostener nuestra libre determinación y autonomía ante el sistema de partidos que viene a trastrocar no solamente la toma de decisiones de la comunidad sino que la divide, porque el partido al final provoca división, enemistad y situaciones de violencia, ahora se hace elección del alcalde de Mazatlán por sistema normativos electorales propios”.

El primer reto para RN es que aunque a las comunidades indígenas no llega la señal abierta en TV, está llegando muy fuerte la señal privada, esos medios de comunicación tanto la TV privada como las radios comerciales están planteando una imagen ciudadana que no responde a los valores de las comunidades, por lo que la radio comunitaria tiene que elaborar estrategias que le permitan seguir transmitiendo una identidad propia y no apropiarse de la que llega de fuera.

Ejemplificó mencionando que esos medios están generando la perdida de la identidad, del respeto a la palabra, del respeto a las personas mayores, de la obligación de cumplir con los cargos comunitarios, la ayuda mutua; esos valores por un lado a los abuelos y abuelas les cuesta mucho trabajo transmitirlos a los jóvenes que se están apropiando de otros y por otra parte está creciendo el grado de alcoholismo; jovencitas y jovencitos se están apalabrando en relaciones que entran en conflicto con los valores de la comunidad con el resultado de hay muchos embarazos a temprana edad.

En Mazatlán ya hay secundaria y bachillerato, los jóvenes reciben información sobre la vida sexual pero no les está dando formación, por ejemplo: no embarazarse a temprana edad, entonces, cuando la joven se embaraza se sale la pareja de allá y se van a la ciudad de Mexico; cuando empiezan a tener conflictos por alguna razón los papás y las mamás no están preparados para resolver o atender a las chicas o a los jóvenes… cuesta trabajo dar una orientación, más si interviene la parte judicial porque se complica la situación…

Se tiene que buscar la forma de crear  sinergias entre estas generaciones nuevas y los mayores, cómo tender un puente que permita una relación intergeneracional, hacerles entender que la vida sexual, si no se lleva de manera responsable, trastoca la vida de la familia y la comunidad. Informarles que si de todas maneras deciden tener relaciones sexuales existen los anticonceptivos para evitar embarazos no deseados

Respecto a la defensa de la tierra y el territorio y sus recursos naturales, ejemplificó señalando que “el agua que hay en la región mazateca y sobre todo en Mazatlán es muy dulce, muy ligera; hay pretensiones de empresas particulares de concesionar los manantiales que tenemos allá, las comunidades están viendo que Conagua les entregue la concesión antes que lleguen las empresas. Ha habido tala de árboles, entonces continuar con la defensa de los bosques, y promover la reforestación con árboles de encino que son fundamentales porque son fabricas naturales de agua”.

PROBLEMAS ENFRENTADOS EN EL CAMINO

Rosas Blanco mencionó que Radio Nahndiá es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y formó parte del grupo de once emisoras comunitarias que solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un título de permiso para operar una frecuencia de radio, el cual fue otorgado el 24 de diciembre de 2004. Entonces se otorgaron 11 títulos. Con la nueva ley hay nuevas solicitudes de concesiones  pero sólo se ha entregado una, en Tlaxcalancingo, Puebla, una comunidad nahua. Otras tres son como refrendo pero no sabemos cuántos expedientes hay pendientes, indicó.

Recordó que fue justamente su activa participación en la cobertura informativa de temas coyunturales en 2006, “lo que ocasionó que un grupo armado apoyado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local, tomará las instalaciones de la radio, lo que mantuvo a la emisora fuera del aire por un periodo de un año y nueve meses”.

Se llevó un proceso legal ante la Procuraduría General de la República (PGR), “que fue caso cerrado en 2009 sin justicia para la radio”. En 2007, por acuerdo de su Asamblea Comunitaria iniciaron la gestión de recursos ante instituciones públicas para obtener apoyo, mismos que sumados a la contribución comunitaria, permitieron la reapertura de Radio Nahndiá, que levantó su antena el 24 de febrero de 2008 para salir al aire en la frecuencia Modulada 107.9 con instalaciones y equipo nuevo.

Informó que en 2010 se inició el proceso de refrendo del título de permiso, que nunca fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) pero los alcanzó la Reforma Constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, en conjunto con las emisoras que forman parte de la AMARC en México y otros colectivos que trabajan temas como libertad de expresión y derecho a la información, los representantes de RN participaron activamente en la discusión de la Reforma Constitucional y Legal para dar cumplimiento al Artículo 2° Constitucional para establecer las bases jurídicas para el desarrollo de las radios comunitarias e indígenas en México.

Añadió que con la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, y la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, el tiempo de espera se hizo mayor, ya que además del refrendo la ley mandataba la transición de la figura de permiso a concesión, lo que solo sería posible a partir del mecanismo indicado en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, mismos que fueron publicados a mediados de 2015.

Rosas Blanco aseveró que la obtención del refrendo y título de concesión de uso social indígena para Mie Nillu Mazateco, A.C. es “un logro parcial para el movimiento de comunicación comunitaria e indígena en México, puesto que, si bien materializa la reivindicación de un derecho plasmado en el Artículo 2° Constitucional que mandata el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación, falta equiparar las leyes estatales que garanticen ese derecho”.

En medio de la celebración, quienes formamos parte de la AMARC- México incluida la Radio Nahndiá, hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que facilite la entrega de concesiones de uso social indígena a los colectivos que están en espera de la aprobación de sus solicitudes por parte del pleno de dicha institución, recordando que desde la publicación de la LFTR en 2014 a la fecha, solo se han autorizado cuatro concesiones de este tipo en todo el país. Ya ninguna radio comunitaria o indígena debe tener que esperar seis años por su refrendo, afirmó Rosas Blanco.

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“Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación” la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila-quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”. 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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Peritos de la Fiscalía de Morelos carecen de equipo básico para investigar la creciente violencia: Asociación de Ayuda a Víctimas

 

Rosa Rojas

Es alarmante que ante la creciente violencia que se vive en el estado de Morelos, donde además continúan las desapariciones de mujeres, el área de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de los recursos necesarios para realizar la investigación y el levantamiento de pruebas en los lugares donde se cometen los delitos, contaminando la escena del crimen, lo que puede llevar a que se incremente la impunidad advirtieron integrantes de la Asociación de Ayuda a Víctimas y Grupos Vulnerables.

Eduardo Sánchez Lazo y Abimelec Morales Quiroz, miembros de dicha organización, que son también integrantes de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recordaron que la fundación Digna Ochoa de Morelos, reporta que en el presente gobierno de Graco Ramírez -que cumple cuatro años- han desaparecido 166 mujeres de las cuales solamente 43 han regresado con vida.

Se desconoce el paradero de 123 mujeres desaparecidas entre enero de 2013 a enero de 2017; la situación más difícil para la población es que la Fiscalía General del Estado mantiene la teoría de no investigar estas desapariciones ante la probabilidad de “que se hayan ido con el novio”, lo que afirmaron, no es permisible para una fiscalía ya que “independientemente de los motivos que pueden originar estas desapariciones, deben investigarse y resolverse a la brevedad para tranquilidad de las personas”. Cuestionaron “¿Acaso no existe la intención de saber su paradero? ¿Estarán en la fosa de Jojutla o en las cámaras frigoríficas” de la fiscalía? Reclamando que dicha dependencia debe transparentar todas las carpetas de investigación de esos casos.

Respecto a la falta de los recursos con que deben contar los peritos de la FGE, señalaron que el pasado 6 febrero 2017 (cuando una familia en el municipio de Temixco fue atacada por individuos encapuchados que les dispararon, asesinando a dos hombres y una bebé de ocho meses de edad y resultando otros dos personas heridas), se pudo observar cómo los peritos de la FGE manipulaban la escena sin guantes, sin los overoles especiales para ello y botas desechables para evitar contaminar la escena.

Informaron que investigaron por qué se intervino de esa manera tan errónea en ese caso de gran impacto social y se les informó que actualmente esa área se encuentra con muchas carencias: a los peritos les proporcionan sólo entre tres y cinco pares de guantes para  una guardia y un overol, no les dan material para rastreo y levantamiento de huellas dactilares; no tienen tóner para imprimir sus informes y se les limita la gasolina. Incluso comentaron que a veces los mismos peritos deben adquirir el material con sus propios recursos para poder entregar sus informes.

Aseguraron que el discurso del fiscal general del Estado no es congruente ya que es “absurdo gritar a los cuatro vientos que se invertirán millones de pesos en tecnología para el área pericial y que cuentan con acreditación del programa internacional de asistencia y entrenamiento en investigación criminal (ICITAP por sus siglas en inglés) cuando lo mínimo indispensable no lo subsanan”.

Reclamaron que debe incrementarse por lo menos al triple el número de peritos de la fiscalía además de otorgarles todo el material necesario para que se haga una investigación profesional de los hechos delictivos que se cometen en la entidad.

 

 

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Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por “omisión, negligencia y simulación” del Estado: CIDHM

Rosa Rojascidh30ene16

De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido “omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio”.

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que “la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios”.

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, “pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad”.  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

“Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida”.

Concluye afirmando “de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas”.

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida “por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos”.

 

 

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85 mujeres jóvenes han desaparecido en Morelos desde 2012; el gobierno estatal niega que haya un problema de trata de personas: CDHDO

 

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Cuernavaca, Mor., 15 de noviembre., En lo que va del gobierno de Graco Ramírez -que inició en octubre de 2012- han desaparecido en Morelos 85 jovencitas, de ellas seis en el último mes; en el estado hay un problema de trata de mujeres que el gobierno estatal niega, “la Fiscalía dice que estamos inventando y el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dice que se van con el novio” denunció  Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO).

Entrevistada en el marco del Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales, comentó que hay un corredor de trata, con lo que se denomina “giros rojos”, en las zonas sur y en  el oriente de la entidad, hacia los estados de Puebla y Veracruz. A la cabeza de este problema van los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, precisó.

“Aunque la Fiscalía dice que estamos inventando, los datos se extraen de las mismas fichas de la dependencia”, agregó Díaz Pineda, explicando que de los casos que manejan sólo hay dos en los que las familias subieron directamente las fotografías de las jóvenes desaparecidas a internet. Apuntó que si fuera el caso de que las jóvenes desaparecidas se haya ido con el novio “la situación es más grave, hay que ver por qué tantos novios están llevándose a las chicas, dado que hay no sólo comercio sexual sino trabajo esclavo en la agricultura o en casas, tráfico de órganos…”.

Indicó que la Fiscalía afirmó haber encontrado a dos de las chicas que se fueron en octubre, una dicen que se fue con el novio y otra huyendo de la violencia en su casa, pero no proporciona más datos de qué fue lo que ocurrió con ellas. Y hablan de dos niños que fueron sustraídos por el papá, pero nosotras sólo hablamos de niñas, comentó.

Mencionó que el CDHDO está de acuerdo con el pedido de Javier Sicilia -dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)- en que “deben investigarse los giros rojos para ver si no hay entre las mujeres enfermedades de transmisión sexual y en que se haga un banco de datos de ADN para que cuando la familia de una desaparecida vaya a denunciar se haga una fiscalización pronta, porque las 72 horas que da la Fiscalía son tremendas, en ese tiempo no sólo pueden sacarla del estado sino del país”.

Informó Díaz Pineda que el CDHDO empezó a hacer investigación sobre las desaparecidas a raíz de la investigación de la UAEM sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, bajando información de internet de desaparecidas de hasta 29 años -el grueso de las desaparecidas tiene entre 13 y 17 años- y hay una niña de 6 años.

Detalló que las fosas de Tetelcingo empezaron a abrirse a principios de este año, por orden de un juez, ya que la Fiscalía se negaba a ello, y encontraron además del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, a quien buscaba su familia, los de 117 personas más, entre ellos el de una niña de 10 años quien “se presume estaba en situación de trata porque tenía las uñas pintadas con esmalte permanente” y cuyo cuerpo no ha sido reclamado.

Añadió que con el ADN de los cuerpos encontrados en Tetelcingo la UAEM hizo un primer banco de datos, junto con la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría General de la República. Ahora falta que cada que una familia vaya a denunciar una desaparición se pueda hacer el cruce de los datos, eso es algo que se tiene que hacer a nivel nacional; comentó que existe un banco de ese tipo, la Plataforma México a nivel federal, “pero no se alimenta continuamente”.

 

 

 

 

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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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