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Paramilitares atacan Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca; hay cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos: CNDCCHIM

Rosa Rojas

La congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María Chimalapa, fue atacada el viernes 24 enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes del estado de Chiapas, con un saldo -hasta el momento- de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y seis comuneros desaparecidos denunció el Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM).

Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de nuevo San Andrés, sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado “el ejército Chamula”.

El CNDCCHIM agregó, que de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Cintalapa, Chiapas.

La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, “llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, pero quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la asamblea de Santa María”.

Recordó que desde 2014 el CNDCCHIM en un comunicado público emitido el 12 octubre, día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció “tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha bio-región”.

En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite este del territorio comunal de Santa María Chimalapa, “de un grupo de corte paramilitar denominado ´el ejército Chamula´ al parecer bajo las órdenes de un pseudo ecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado ´Los Ocotes´, donde con apoyo de autoridades ambientales (CONANP-CONAFOR) y del gobierno de Chiapas, ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo”.

Asimismo se consignaba que la denuncia pública “emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa”.

El comunicado del CNDCCHIM, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante, y el coordinador regional Miguel Angel García, demanda difundir estos hechos correr la voz y estar alertas y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el subsecretario de la Secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz; así como a las comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

 

 

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Radio Nahndiá recibió su concesión de radio comunitaria. Continuaremos con la defensa de los derechos humanos, la cultura mazateca, su autonomía y su territorio: Rosas Blanco

Rosa Rojas

Radio Nahndiá “La radio que nos acompaña”, una radio comunitaria que transmite fundamentalmente en lengua mazateca desde la comunidad oaxaqueña de Mazatlán Villa de las Flores, recibió este 23 febrero del título de concesión de uso social indígena por parte del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), después de una espera de seis años.

Para quienes forman parte de Radio Nahndiá (RN), la obtención del título representa el reto “de diseñar acciones para ejercer plenamente el derecho a la libre expresión e información en un contexto nacional de violencia estructural en el que se inhiben, censuran y desaparecen periodistas y defensores de derechos humanos” aseveró Melquiades Rosas Blanco, representante legal de Mie Nillu Mazateco, A.C., figura legal de esta radiodifusora, con distintivo de llamada XHTFM-FM, que transmite por el 107.9 MHz.

Rosas Blanco explicó en entrevista que la señal llega a 24 municipios en la región mazateca y cuicateca, algunos son mixtecos, nahuas y de habla castellana, la primera lengua que se usa en RN es el mazateco y como “lengua puente” con otros pueblos originarios, el español.

La radio se ha caracterizado por su compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión a través de la lengua materna mazateca con los citados puentes de comunicación con comunidades hablantes de otras lenguas, informó, destacando que  ha realizado la cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales como el magisterial de 2006 en Oaxaca; así como por la difusión de los derechos humanos enfocada el derecho a una vida libre de violencia de género.

Subrayó:  “ante tantos trámites burocráticos que tuvimos que hacer, no debemos caer, por tener ya una concesión, en esa lógica burocrática sino mantener el proyecto político de comunicación como ha sido la defensa de los derechos de las mujeres; fortalecimiento de la identidad de la comunidad mazateca; sostener nuestra libre determinación y autonomía ante el sistema de partidos que viene a trastrocar no solamente la toma de decisiones de la comunidad sino que la divide, porque el partido al final provoca división, enemistad y situaciones de violencia, ahora se hace elección del alcalde de Mazatlán por sistema normativos electorales propios”.

El primer reto para RN es que aunque a las comunidades indígenas no llega la señal abierta en TV, está llegando muy fuerte la señal privada, esos medios de comunicación tanto la TV privada como las radios comerciales están planteando una imagen ciudadana que no responde a los valores de las comunidades, por lo que la radio comunitaria tiene que elaborar estrategias que le permitan seguir transmitiendo una identidad propia y no apropiarse de la que llega de fuera.

Ejemplificó mencionando que esos medios están generando la perdida de la identidad, del respeto a la palabra, del respeto a las personas mayores, de la obligación de cumplir con los cargos comunitarios, la ayuda mutua; esos valores por un lado a los abuelos y abuelas les cuesta mucho trabajo transmitirlos a los jóvenes que se están apropiando de otros y por otra parte está creciendo el grado de alcoholismo; jovencitas y jovencitos se están apalabrando en relaciones que entran en conflicto con los valores de la comunidad con el resultado de hay muchos embarazos a temprana edad.

En Mazatlán ya hay secundaria y bachillerato, los jóvenes reciben información sobre la vida sexual pero no les está dando formación, por ejemplo: no embarazarse a temprana edad, entonces, cuando la joven se embaraza se sale la pareja de allá y se van a la ciudad de Mexico; cuando empiezan a tener conflictos por alguna razón los papás y las mamás no están preparados para resolver o atender a las chicas o a los jóvenes… cuesta trabajo dar una orientación, más si interviene la parte judicial porque se complica la situación…

Se tiene que buscar la forma de crear  sinergias entre estas generaciones nuevas y los mayores, cómo tender un puente que permita una relación intergeneracional, hacerles entender que la vida sexual, si no se lleva de manera responsable, trastoca la vida de la familia y la comunidad. Informarles que si de todas maneras deciden tener relaciones sexuales existen los anticonceptivos para evitar embarazos no deseados

Respecto a la defensa de la tierra y el territorio y sus recursos naturales, ejemplificó señalando que “el agua que hay en la región mazateca y sobre todo en Mazatlán es muy dulce, muy ligera; hay pretensiones de empresas particulares de concesionar los manantiales que tenemos allá, las comunidades están viendo que Conagua les entregue la concesión antes que lleguen las empresas. Ha habido tala de árboles, entonces continuar con la defensa de los bosques, y promover la reforestación con árboles de encino que son fundamentales porque son fabricas naturales de agua”.

PROBLEMAS ENFRENTADOS EN EL CAMINO

Rosas Blanco mencionó que Radio Nahndiá es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y formó parte del grupo de once emisoras comunitarias que solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un título de permiso para operar una frecuencia de radio, el cual fue otorgado el 24 de diciembre de 2004. Entonces se otorgaron 11 títulos. Con la nueva ley hay nuevas solicitudes de concesiones  pero sólo se ha entregado una, en Tlaxcalancingo, Puebla, una comunidad nahua. Otras tres son como refrendo pero no sabemos cuántos expedientes hay pendientes, indicó.

Recordó que fue justamente su activa participación en la cobertura informativa de temas coyunturales en 2006, “lo que ocasionó que un grupo armado apoyado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local, tomará las instalaciones de la radio, lo que mantuvo a la emisora fuera del aire por un periodo de un año y nueve meses”.

Se llevó un proceso legal ante la Procuraduría General de la República (PGR), “que fue caso cerrado en 2009 sin justicia para la radio”. En 2007, por acuerdo de su Asamblea Comunitaria iniciaron la gestión de recursos ante instituciones públicas para obtener apoyo, mismos que sumados a la contribución comunitaria, permitieron la reapertura de Radio Nahndiá, que levantó su antena el 24 de febrero de 2008 para salir al aire en la frecuencia Modulada 107.9 con instalaciones y equipo nuevo.

Informó que en 2010 se inició el proceso de refrendo del título de permiso, que nunca fue resuelto por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) pero los alcanzó la Reforma Constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, en conjunto con las emisoras que forman parte de la AMARC en México y otros colectivos que trabajan temas como libertad de expresión y derecho a la información, los representantes de RN participaron activamente en la discusión de la Reforma Constitucional y Legal para dar cumplimiento al Artículo 2° Constitucional para establecer las bases jurídicas para el desarrollo de las radios comunitarias e indígenas en México.

Añadió que con la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, y la discusión y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, el tiempo de espera se hizo mayor, ya que además del refrendo la ley mandataba la transición de la figura de permiso a concesión, lo que solo sería posible a partir del mecanismo indicado en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, mismos que fueron publicados a mediados de 2015.

Rosas Blanco aseveró que la obtención del refrendo y título de concesión de uso social indígena para Mie Nillu Mazateco, A.C. es “un logro parcial para el movimiento de comunicación comunitaria e indígena en México, puesto que, si bien materializa la reivindicación de un derecho plasmado en el Artículo 2° Constitucional que mandata el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación, falta equiparar las leyes estatales que garanticen ese derecho”.

En medio de la celebración, quienes formamos parte de la AMARC- México incluida la Radio Nahndiá, hacemos un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que facilite la entrega de concesiones de uso social indígena a los colectivos que están en espera de la aprobación de sus solicitudes por parte del pleno de dicha institución, recordando que desde la publicación de la LFTR en 2014 a la fecha, solo se han autorizado cuatro concesiones de este tipo en todo el país. Ya ninguna radio comunitaria o indígena debe tener que esperar seis años por su refrendo, afirmó Rosas Blanco.

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“Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación” la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila-quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”. 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

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Rechazan UCIZONI y FIOB la campaña oficial contra organizaciones sociales por la masacre de Nochixtlán. Demandan un diálogo que escuche planteamientos magisteriales sobre la reforma educativa

Rosa Rojas

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) -en comunicaciones por separado- condenaron de manera enérgica la violencia empleada en contra de los maestros, sociedad civil y activistas en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado día 19 de junio, cuando ocho personas perdieron la vida y alrededor de cien resultaron heridas y reprobaron que el gobierno responsabilice de esos hechos a organizaciones sociales a las que tacha de “radicales”. Entre las que se han mencionado están el propio FIOB y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

El FIOB responsabilizó de la represión en contra de la población civil y el magisterio en Asunción Nochixtlán, el Istmo y la capital oaxaqueña, al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, así como al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, al tiempo que exigió la salida inmediata de Oaxaca de las fuerzas federales, presentación de los desaparecidos, liberación de los dirigentes magisteriales presos y atención médica a los heridos.

Asimismo urgió al gobierno federal a entablar inmediatamente un diálogo donde escuche los planteamientos de los maestros “y en tanto no haya un acuerdo, de marcha atrás en la implementación de la llamada reforma educativa”.

La UCIZONI condenó la “brutalidad” con la que actuó la policía federal en Jalapa del Marqués, Tequisistlán, Hacienda Blanca, Salina Cruz, Huitzo y Nochixtlán y exigió castigo para los funcionarios federales y estatales responsables de la muerte de por lo menos 10 oaxaqueños y heridas de cientos más. Reclamó la inmediata liberación de los presos políticos del movimiento popular oaxaqueño.

Esta organización denunció “la campaña de criminalización y de linchamiento que vienen promoviendo medios de comunicación, grupos priistas y los gobierno federal y del estado de Oaxaca en contra de dirigentes de organizaciones indígenas, comunicadores independientes y líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Añadió que en Matías Romero, Oaxaca, “han circulado en los últimos días y de manera intensa cadenas en las redes sociales donde se atribuyen a UCIZONI, sección 22 y radio comunitaria Las voces de los pueblos, llamados a saquear comercios trasnacionales pero también a los pequeños negocios. Esta información evidentemente falsa ha creado un ambiente de crispación social que busca restarle base de apoyo al movimiento magisterial pero también procura incriminar a los líderes sociales ante posibles actos de rapiña, ya que han sido vistos grupos de pandilleros provenientes de Salina Cruz y Juchitán merodeando por el centro de la ciudad y en la zona del bloqueo carretero… Más grave aun son las declaraciones de funcionarios federales y estatales que tratan de fincar responsabilidad a organizaciones indígenas en los violentos hechos ocurridos en Nochixtlan”, subrayó.

“Esta campaña de  guerra sucia en contra del movimiento popular  que se promueve desde los medios masivos de comunicación busca a toda costa responsabilizar a líderes sociales de las muertes ocurridas y con ello lograr impunidad para los funcionarios del gobierno federal y estatal que ordenaron a la policía disparar en contra de los manifestantes. A su vez busca justificar la detención y persecución  de dirigentes de organizaciones solidarias con el movimiento magisterial”, aseveró la UCIZONI, exigiendo acabar con la “guerra sucia” contra el magisterio y las organizaciones populares.

El FIOB por su parte apuntó que no debe permitirse el derramamiento de más sangre “en aras de implementar una antipopular medida que en el fondo busca la privatización de la educación pública en México y que no resuelve de raíz el rezago educativo que sufren los pueblos indígenas y sectores vulnerables como mujeres, trabajadores asalariados y campesinos”.

“Si Peña Nieto se muestra incompetente para solucionar este conflicto que ahora estalló (y por el que el pueblo está decidido a manifestarse de manera pacífica), sin hacer uso de la represión como en las dictaduras militares, debería ser destituido de su cargo” agregó la organización subrayando que es doloroso ver que  “en lugar de enfrentar a los narcotraficantes y criminales, los gobiernos federal y estatal se ensañan contra la ciudadanía que sólo quiere que sus hijos puedan ir a la escuela y que la juventud mexicana tenga un mejor futuro como país”.

Reprobó que el gobierno de Gabino Cué esté responsabilizando de los enfrentamientos a organizaciones sociales a las que tacha de radicales, entre ellas al FIOB. La organización recordó que al igual que otras, apoyó a Cué para que llegara a la gubernatura, lo que “no significa que debamos ser cómplices de actos gubernamentales que utilizan la represión y violentan los derechos humanos de quienes se manifiestan por defender conquistas sociales y derechos laborales como la lucha magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a nivel nacional” afirmó.

Rechazó además “el manejo de la información donde se menciona que los líderes sociales son los nuevos millonarios del estado, mostrando una tabla de presupuestos a organizaciones sociales, entre ellas al FIOB. Ese presupuesto fue asignado por el ejecutivo estatal, mismo que ha sido empleado en la ejecución de obras de infraestructura básica y en proyectos de desarrollo humano a través de propuestas de las autoridades, quienes después de cumplir con la normatividad institucional, aprueban sus proyectos y los recursos son entregados a través de la Secretaría de Finanzas a las autoridades municipales. Ningún recurso es entregado a los líderes sociales”.

Agregó que “la táctica del gobierno de Cué Monteagudo de señalar a líderes de organizaciones como el FIOB, MAIZ, y UCIZONI, entre otras asociaciones con trayectoria de lucha social, es la misma que utilizó el priísta Ulises Ruiz hace diez años para desprestigiar al movimiento social que busca acabar con los abusos en Oaxaca. Esta maniobra pretende revertir los hechos quitando la responsabilidad que el gobierno de Oaxaca y el de la República tienen en el estallido de violencia en el estado y apuntar a estas organizaciones y líderes sociales”.

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Continuará la defensa del territorio zapoteca contra proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

“Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen” pues ya hay mil 915 aerogeneradores instalados pero 49 por ciento de la población vive en pobreza

Rosa Rojas

El anuncio de que el fondo de pensiones holandés PPGM retiró su tercio de inversión para la construcción de un parque eólico de 132 aerogeneradores en tierras de la comunidad agraria e indígena de Juchitán, no implica que el proyecto se haya detenido, por lo que los mil 166 integrantes del pueblo indígena binni’za (zapoteca) que el 15 de septiembre de 2015 interpusieron un amparo contra los permisos y autorizaciones otorgadas por el gobierno federal a la empresa Eólica del Sur, reiteraron su posición de continuar con la defensa de los derechos de sus pueblos y su territorio.

Así lo señalaron Bettina Cruz, Raymundo Regalado y Alejandro Regalado en un pronunciamiento en el que detallaron que pese a que se obtuvo una suspensión definitiva otorgada por el juez federal, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las secretarías de Energía (SENER), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Eólica del Sur, de manera conjunta, presentaron un recurso de revisión, el cual se está discutiendo en el Tribunal Colegiado de la Federación en la ciudad de Oaxaca.

“Por lo tanto nuestra lucha no ha finalizado, la deuda que PGGM, y el resto de las multinacionales que han invertido en nuestra región, tienen con nuestras comunidades, es grande y va en aumento. Y no nos cansaremos, hasta que se reconozca nuestro derecho a vivir dignamente como pueblos indígenas que somos”, subrayaron.

Recordaron que la suspensión de las obras de construcción solicitada en el amparo referido fue otorgada por el juez séptimo de distrito, con sede en Salina Cruz, Isaías Corona Cornado, debido a que por un lado la CRE otorgó la autorización para la producción de energía eléctrica y por el otro la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto de Eólica del Sur, “ignorando los derechos y convenios internacionales ratificados por el gobierno mexicano, que dictan que previamente a toda autorización federal se debe realizar un proceso amplio de Consulta Previa, Libre e Informada encaminado a obtener el consentimiento de megaproyectos en territorios indígenas, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la carta de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU”.

Resaltaron que hay quienes afirman que por el retiro de PPGM se perderá una inversión de 250 millones de euros que beneficiaría a Oaxaca y a la región del Istmo de Tehuantepec, culpando de ello al “alboroto de las protestas de los indígenas”, pero puntualizaron que en la planicie costera istmeña ya hay 25 proyectos eólicos en operación, que han implicado la instalación de mil 915 aerogeneradores con una inversión de 6,211.5 millones de dólares (www.cre.gob.mx), no obstante lo cual actualmente 49 por ciento de la población del Istmo vive en pobreza o desigualdad social.

Lo anterior se consigna en un estudio presentado por Oxfam y Educa el pasado 29 de marzo. “Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen”, aseveraron y negaron que los pueblos indígenas sean un obstáculo al desarrollo.

“El desarrollo que el gobierno federal y las corporaciones nos imponen choca con nuestra forma de vida y, contrario a lo que pregonan, hasta el momento no nos ha implicado beneficios. Nos ofrecen trabajos temporales y altamente precarios, que anuncian como grandes fuentes de empleo, en vez de promover e impulsar la pesca y la siembra, que son las actividades alrededor de las que hemos recreado nuestra vida los pueblos ikoots y binni’zaa. Dividen a nuestras comunidades, privatizan nuestros bienes naturales y nos hacen vivir bajo amenazas de muerte. Por eso rechazamos sus proyectos desarrollistas neoliberales”, agregaron.

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Comuneros Chimalapas exigen justicia y castigo a los invasores de sus tierras

Rosa Rojas

Con el propósito de dar solución definitiva a la problemática existente en los terrenos comunales,  los comuneros zoques de San Francisco La Paz y la autoridad comunal de Santa María Chimalapa, Oaxaca, demandaron justicia, desalojo total y castigo para los invasores de su territorio, durante la audiencia, realizada el 2 de febrero en el juzgado de garantía de la ciudad de Matías Romero, contra dos de los instigadores de las invasiones, entregados a las autoridades después de mantenerlos “en resguardo” desde el pasado24 de diciembre.

Informó lo anterior el Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT), de Tehuantepec, Oaxaca, que preside el obispo emérito de Tehuantepec, don Arturo Lona Reyes. En un comunicado detalló que  David Vega Guerrero y Leonardo Juan Zárate, las personas entregadas, fueron vinculados a proceso por la comisión de los delitos de despojo agravado, daños y demás delitos que se configuren.

Indicó el CDHT que la autoridad municipal y el comisariado de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca y los comuneros de la Congregación de San Francisco La Paz, estuvieron presentes en la audiencia contra Vega y Zárate, quienes fueron entregados por la autoridad comunitaria el pasado 28 de Enero al Vicefiscal regional del istmo de Tehuantepec,  Luis Sánchez Castellanos, así como al agente del ministerio público adscrito a la subdirección de procesos de Tehuantepec, Juan Carlos García Salud, para que se les incoara proceso.

El pasado 24 de Diciembre,   en la comunidad San Isidro la  Gringa, Chimalapa, fueron “retenidos” por los comuneros zoques: Roberto Martínez Vidal, Joaquín Escandón Vicario, Leonardo Juan Zárate y David Vega Guerrero, originarios de Uxpanapa, Veracruz, acusados de invasión territorial.

La tensión creció e incluso los comuneros amenazaron con quemar a los “retenidos” si las autoridades no desalojaban a los invasores en esta nueva etapa de un conflicto que lleva más de 50 años, en defensa de una superficie de más de 160 mil hectáreas de bosques y selvas que pertenecen a la comunidad chimalapa, una parte de las cuales están invadidas por ganaderos chiapanecos y veracruzanos, que argumentan que esas tierras están en territorio de Chiapas.

Ante esta situación el CDHT y  la  Asociación Civil Maderas del pueblo del Sureste organizaron una “Caravana de Observación Civil y Solidaridad por Los Chimalapas”, en la que participó una  veintena de organizaciones de derechos humanos, de otras comunidades del Istmo y estudiantiles,  que visitó la comunidad de San Francisco la Paz los días  10 y 11 de enero, en la que incluso participó el propio obispo Lona.

Luego de su recorrido, la caravana manifestó a los gobiernos federal, de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, su preocupación “por el tenso clima social” que se vive en la región, por lo que pidió la inmediata implementación del acuerdo al que llegaron “en el sentido de realizar operativos conjuntos de desalojo, de todos los parajes del terreno comunal chimalapa invadido en la zona” de San Isidro La Gringa, así como de castigar a aquellos invasores que hayan derribado selva alta”.

Asimismo, las organizaciones que participaron en dicha caravana solicitaron que los acuerdos logrados entre la Secretaría de Gobernación y los citados gobiernos estatales,  se implementaran en coordinación con las autoridades comunales de la cabecera de Santa María Chimalapa y con las autoridades locales de San Francisco La Paz, para evitar que con cualquier nuevo acto de provocación u hostigamiento por parte de cualquier grupo invasor, se desatara “un clima de violencia que podría resultar de muy lamentables consecuencias”.

En su comunicado se sumaron a la demanda comunal de que se aplique todo el rigor de la ley sobre el líder invasor retenido, David Vega Guerrero, “señalado desde 1990, por las autoridades comunales y organismos de la sociedad civil, como impune autor material e intelectual del secuestro y desaparición del comunero chimalapa, Pablo Escobedo Méndez”, y con ello se haga una investigación a fondo que dé con el paradero de sus restos.

Posteriormente hubo reuniones en Oaxaca y el 20 de enero en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con representantes de las subsecretarías de Derechos Humanos y de Gobierno de esa dependencia, así como de representantes de los gobiernos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, de la PROFEPA y de la Procuraduría General de Justicia, entre otros funcionarios, en la que -de acuerdo a la minuta de la misma- se informó de un operativo en el que se constataron los daños ambientales y la tala cometida por los invasores y denunciada por los comuneros, por lo que el Ministerio Público “tomó denuncia” para solicitar a un juez una orden de desalojo de éstos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, manifestó que se apoyaría a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para solucionar los problemas de tala ilegal y daño ambiental, así como las invasiones, siempre que no hubiera personas retenidas ilegalmente.

El 24 de enero el gobierno oaxaqueño informó de la liberación y entrega a las autoridades  de dos de los retenidos: Roberto Martínez Vidal y Joaquín Escandón Vicario, quienes fueron entregados a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, “en un clima de orden y búsqueda de acuerdos para contribuir a la paz social en la zona de los Chimalapas”.

Este 2 de febrero, en un nuevo paso de distención, se liberó a los otros dos “retenidos”, durante un acto en el que, de acuerdo al comunicado del CDHT, el Vicefiscal Sánchez Castellanos, asumió con la asamblea general de comuneros de San Francisco la Paz, los siguientes compromisos:

“Abstenerse de ejercitar acciones legales en contra de los comuneros y comuneras de San Francisco la Paz, por hechos que deriven de la defensa de su territorio comunal” y  “dar puntual seguimiento a las investigaciones instauradas con motivo del despojo de tierras comunales de San Francisco la Paz, hasta lograr las órdenes judiciales que permitan el desalojo de los invasores”.

“Con esto, la asamblea general de comuneros y comuneras de San Francisco la Paz, hizo la entrega total de los cuatro invasores resguardados desde el 24 de diciembre pasado, dan pasos de cooperación a una solución definitiva de la problemática que se vive en la comunidad, y a la espera del cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos, como se acordaron en las distinta mesas de diálogo donde fueron partícipes”, apuntó el CDHT.

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