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“Traición a la patria” la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de “traición” contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que “mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos”.

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, “generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo”.

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se “maiceó” (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando “entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas “.

Con esos memorándums “las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo”, indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, “ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT”.

Detalló que tan sólo las empresas eólicas “instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio”.

Así, “ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…”por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, “den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México”.

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¿Habrá huelga en La Jornada?

Rosa Rojas- Se supone que este 30 de junio puede estallar la huelga en La Jornada. Alguna vez que la estallamos, en la oficina de Balderas, los compañeros sindicalistas, campesinos, colonos, estudiantes… que llegaban a expresarnos su solidaridad a los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (SITRAJOR),  nos pedían que tuviéramos cuidado, que no fuéramos a aniquilar ese diario progre ¿será lo mismo ahora? Veremos qué pasa mañana:

Del muro de Rosa Paz en Facebook:
27 de junio ·

Si con una bola de cristal hubiese podido ver hace años este comunicado, dirigido por la empresa que edita el diario La Jornada a sus trabajadores, lo hubiera interpretado como el ominoso presagio de la peor pesadilla posible. Un texto con pésima puntuación y sintaxis para amedrentar a los trabajadores, quienes emplazaron a huelga para el 30 de junio por el recorte unilateral de salarios desde enero de este año y la eliminación de un plumazo de las prestaciones. Según trascendió, la empresa procedió a lo anterior con la ayuda de un bufete especializado en reventar contratos colectivos. Luego nos preguntamos por qué el país va como va. Fuerza, compañeros.

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La UCIZONI se moviliza en Matías Romero, Oaxaca, exigiendo solución a diversos problemas

La Unión de comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) informó que a partir de las 8 de la mañana de este martes 13 de junio, hombres y mujeres de  diferentes municipios y comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, llevan a cabo acciones de movilización en la ciudad de Matías Romero que consisten en un   bloqueo carretero permanente a la altura de Palomares-Matías Romero  y la toma de la Agencia del Ministerio Público en esa población para exigir una audiencia con el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa a efecto de demandarle respuesta y solución a las diversas  problemáticas que enfrentan.

Entre los problemas que requieren solución, informó UCIZONI, están el conflicto agrario Ejido Plan de San Luis-San Juan Guichicovi Oaxaca; una mesa de diálogo de primer nivel con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); atención a defraudados de Donaji Matías Romero; audiencia con el Titular de la  Fiscalía General del Estado para exigir justicia para Benjamín Juárez José -Presidente Suplente de UCIZONI, quien murió el pasado 5 de abril en la cárcel municipal de Matías Romero luego de ser detenido por policías municipales; una reunión de trabajo con el delegado estatal del IMSS y apoyo emergente a productores de maíz ante afectaciones por las lluvias que han asolado la región.

 

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Demandan comunicadores una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos

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La emisión de una Ley de Protección para Periodistas del Estado de Morelos y una reunión urgente con el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, para evaluar las circunstancias de defensa y protección de los periodistas en la entidad, demandaron una cincuentena de reporteros y reporteras de medios locales y nacionales luego de una asamblea en la que constituyeron  el Foro de Periodistas del Estado de Morelos.

En la misma acordaron también renovar la representación del gremio ante el Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas del Estado de Morelos (MEPPEM). Desde el 20 de enero de 2016 las y los periodistas anunciaron que suspendían su participación en esa instancia “por considerar que no existen las condiciones necesarias para su operación”, señalando incluso que “el gobierno del estado no solo no coopera para el buen funcionamiento del mecanismo, sino que es el principal agresor de los trabajadores de la información”.

En la asamblea efectuada este 23 de mayo, se acordó también solicitar respuesta al planteamiento realizado por un grupo de periodistas “sobre la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.

Los integrantes de la representación periodística ante el MEPPEM -electos por unanimidad- son, como propietarios: Jaime Luis Brito Vázquez, María Esther Martínez , Leticia Villaseñor, Pedro Tonatzin Sánchez Segura, Victor Manuel Carrillo Ocaranza y como suplentes: Héctor Raúl González, Luis Roberto Rodríguez, Edgar Arroyo, Clara Meza, y Yesenia Daniel.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH Morelos), Jorge Arturo Olivares Brito, anunció su salida del MEPPEM “luego de que un grupo de periodistas le solicitó abandonara el organismo”, informó el diario Avance de Morelos el pasado 22 de mayo.

Olivares Brito advirtió que dejaría de participar en esa instancia “mientras no existan las condiciones de diálogo y acuerdos que permitan la inclusión del gremio periodístico en total búsqueda de un trabajo que permita la investigación y sanción de cualquier ataque a la expresión libre, tomando en cuenta a las principales víctimas que son precisamente las y los reporteros, periodistas y comunicadores, cuya representación se encuentra ausente en un mecanismo que se debe a ellos, sus derechos y su dignidad”.

Agregó que la CDH Morelos ha manifestado en reiteradas ocasiones “su extrañamiento ante la idea de trabajar un mecanismo de protección a periodistas, sin periodistas, pues desde hace tiempo el gremio decidió retirarse de la estructura ante la falta de certeza en protocolos de actuación y otros aspectos bien conocidos”.

Del año 2010 a la fecha la comisión ha investigado al menos 17 casos graves de ataques a la libertad de expresión, sobre todo al gremio periodístico. Se han emitido 4 recomendaciones, además de estar en proceso de integración 6 más; por ello, la CDH Morelos forma parte del mecanismo de protección, indicó Olivares Brito.

 

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En Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” denuncian durante la protesta por el asesinato de Javier Valdez

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Rosa Rojas

En el estado de Morelos “la violencia contra los periodistas es institucional” clamaba una de las pancartas que portaba una treintena de periodistas -reporteros/as, fotógrafos/as, camarógrafos/as- que realizaron una protesta frente al palacio de gobierno estatal por el asesinato, este 15 mayo, de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada en Culiacán, Sinaloa.

A las exigencias de ¡justicia!, a las exclamaciones de ¡basta de impunidad!, ¡no nos van a callar!¡no se mata la verdad matando a periodistas! se sumó la denuncia de periodistas de medios de la entidad que en voz de Pedro Tonatzin, corresponsal del diario Excélsior, aseveraron que en Morelos el mecanismo de protección a los periodistas no está operando, pese a lo que diga el gobierno, porque seis reporteros que formaban parte del mismo dejaron de participar en él desde enero de 2016 ante la actitud de las autoridades contra la prensa.

Tonatzin informó que seis periodistas morelenses fueron a finales de abril a solicitar protección al mecanismo de la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión), donde los colocaron en un “análisis de riesgos y al caso más urgente le dieron un botón de pánico y los otros casos se están analizando. Nosotros hemos tenido que hacer nuestros propios mecanismos de riesgo para evacuar a los compañeros de zonas de riesgo cuando son amenazados” comentó.

“No estamos participando en este mecanismo -afirmó- porque no hay las condiciones para que estemos presentes, seis periodistas han sido amenazados y a uno ya se le entregó el botón de seguridad, luego de que el gobernador fuera interpelado por uno de nuestros compañeros para decirle que hace dos años no se dirige la prensa y no responde una sola pregunta y de inmediato se dieron amenazas, de forma muy concreta se está documentando cómo a través de las redes sociales, el jefe de asesores del gobierno del Estado, Gustavo Martínez, es el encargado de hacer denostaciones, amenazar y hacer señalamientos en contra de varios compañeros”

Agregó que otro de los asuntos “es que se está solicitando la intervención de la policía cibernética para que investigue los ataques de que están siendo objetos los compañeros que están haciendo un esfuerzo independiente, varios portales han sido bajados cuando se difunde alguna información incómoda para el gobierno del estado y estamos pidiendo que se intervenga por parte de la policía Federal porque esos ataques solamente pueden ser registrados en estados antidemocráticos como Venezuela, como los países del Medio Oriente, no es posible que con … el dinero de los impuestos de los mexicanos estén pagando empresas que están haciendo esta labor precisamente para tirar los portales. Éstos ciberataques documentados se tiene que investigar quién es el responsable, de donde está saliendo el dinero para financiar a estas empresas que se están encargando de detener esta información que fluye hacia los ciudadanos en esta entidad”.

Subrayó que se está pidiendo a las autoridades que intervengan para “que no se registren en Morelos zonas de excepción, zonas de silencio como es el caso de Puente de Ixtla y Amacuzac, donde no es posible realizar una labor periodística sin recibir amenazas y también de la zona oriente de Morelos donde tampoco fluye la información; hay una tarea sistemática una política sistemática de los encargados de la función estatal de seguridad pública, de Alberto Capella Ibarra (Comisionado Estatal de Seguridad Pública), para impedir la labor de los medios; entendemos que proteger las escenas del crimen es importante pero la forma en que se aplican los protocolos es para impedir que los medios registren la violencia que se da en la entidad prácticamente de manera cotidiana”.

Posteriormente, en entrevista, afirmó que los periodistas morelenses “han sido tan claros como para solicitar a la Secretaría de Gobernación que nos investigue, que investigue nuestros ingresos, la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, nuestra forma de vida, para que quede claro, nosotros no nos vamos a callar, no nos vamos a paralizar por miedo pero sí queremos que cuando pasa algo lo primero que se dice de un periodista es ´andaba con una mujer, por eso lo mataron, por infiel´, ´Ah es que estaba coludido con la delincuencia organizada´, para eliminar todo ese tipo de situaciones hemos pedido quienes cubrimos noticias de riesgo, seamos investigados, que se sepa quiénes somos, y la forma en que se realiza el trabajo para que el día de mañana no haya ningún tipo de excusa para decir que lo que nos pasó o lo que nos pueda pasar tiene que ver con algo ilícito, algo ilegal o algo irregular que hayamos cometido en nuestro desempeño”.

Agregó que el citado Capella, ha implantado protocolos que dificultan el trabajo de los periodistas. “Hay una política sistemática de inhibir la presencia de los periodistas en las zonas de riesgo, en las escenas del crimen, hay un protocolo que evidentemente nos limita a no ingresar y lo entendemos, pero no es lo mismo que se ponga un cordón de seguridad a 50 metros a que se ponga seguridad a 2 kilómetros, eso para nosotros implica que se está impidiendo la labor de los medios, es decir que se nos está impidiendo documentar qué es lo que pasa en las escenas del crimen”.

Puntualizó: “lo decimos porque en un caso muy concreto, una balacera que se registró en la colonia Papayos (el pasado 13 de enero), en lo que se conoce como la colonia Montessori en Ahuatepec, logramos tomar una fotografía donde se documenta la detención de 10 sicarios que posteriormente al llegar a la PGR ya no son 10, son seis, y que después resulta que entre ellos iba un líder de uno de los cárteles de la sierra de Guerrero que son los mayores productores de amapola en el país y es dejado en libertad, ni siquiera llega a la PGR… entonces para nosotros es importante, ya que tomamos el riesgo de salir, que se nos permita documentar lo que ocurre en las escenas del crimen y no que se haga esta política sistemática de impedirnos documentar lo que ocurre en las calles”.

Durante la protesta de las y los periodistas por el asesinato del colega Javier Valdez, se leyeron fragmentos de sus declaraciones, que reflejan la conciencia del peligro que corría por su labor profesional, hechas en entrevistas o durante la presentación de algunos de sus varios libros sobre la violencia y el accionar del narcotráfico en Sinaloa, y se recordó que las amenazas y asesinatos contra periodistas se agudizaron con la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón y ha continuado  durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con lo que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 126 periodistas en el país, de los cuales 61 de 2011 a la fecha y de ellos seis en lo que va de este año.

Fotos: Rosa Rojas

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El Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denuncia que se prepara una orden de aprehensión en su contra

 Foto Foto: La Jornada

Rosa Rojas

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, aseveró hoy que se está preparando una orden de aprehensión en su contra que promovería la Fiscalía Anticorrupción acusándolo de malversar mil 800 millones de pesos del presupuesto universitario durante 2014.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Segunda Feria del Libro UAEM “Sembrando futuro”, que se realiza en el campus principal de la institución en la ciudad de Cuernavaca,  indicó que la presunta orden de aprehensión se derivaría de que “justo cuando estábamos en la exhumación de los cuerpos de Tetelcingo (a mediados de 2016 labores en las que la institución apoyó a familiares de desaparecidos para la exhumación de cadáveres de una fosa clandestina gubernamental N. de la R.) coordinaron de manera facciosa una auditoría donde no me dieron a conocer las observaciones de la misma, y me llamaron a una audiencia de solventación sin que conociera yo de las observaciones”.

Añadió que se le está queriendo aplicar  “una ley como servidor público que no me aplica, donde me quieren aplicar una ley de deuda pública que tampoco me aplica, y donde no han podido demostrar ningún faltante, ningún desvío de recursos en donde yo haya malversado los fondos de la Universidad con fines de un enriquecimiento ilícito; todo indica que es algo que está orquestado; seguramente en su momento estaremos ya dando nosotros los pormenores de estas actuaciones facciosas”.

Cuestionado sobre cómo cree que se podría concretar esa orden de aprehensión, Vera Jiménez comentó que podría ser como “lo que hicieron con el alcalde de Cuautla, llevarme ante una audiencia de un juez de consigna que me va a declarar la prisión preventiva, no porque me condene sino porque me están imputando mil 800 millones de pesos; quiere decir que me robé más del presupuesto de la Universidad y los trabajadores están tranquilos porque no les pague su salario” durante todo ese año.

Esa acusación es “un absurdo, nuestro presupuesto no llega a mil 800 millones de pesos y me imponen mil 800 millones de pesos, lo cual habla, además de la torpeza, así como no saben contar muertos, porque está claro, decían que en las fosas de Jojutla habían 35 (cadáveres) y ya van 60 y pico, restos humanos de cuerpos diferentes y sigue habiendo más, pues tampoco saben contar pesos y centavos porque siempre les sobran a su favor”.

Se le preguntó si solicitará amparo contra esa presunta orden de aprehensión y contestó que él está siguiendo una estrategia de defensa legal y utilizaría ese recurso si sus abogados lo recomiendan “pero cuando se corrompe todo en un estado, ya no tenemos garantías de contar realmente con un derecho que nos asista ¿no? Entonces estamos buscando la manera de enfrentar y de que este asunto realmente lo atraiga la Federación y que la Federación, así como se llevó lo de Sedesol (un caso donde hubo también acusación de malos manejos ) donde se llevó a la PGR  y entregamos la información, nosotros solventamos todo lo que teníamos que solventar y no se ha determinado ninguna orden de aprehensión en mi contra”.

Respecto a la situación de violencia e inseguridad que ha repuntado, a pregunta expresa sobre si considera viable que el ejército intervenga para combatirlas, el Rector de la UAEM comentó que “sí tenemos que articularnos con la Federación, sí tenemos que buscar el apoyo por parte de la Federación pero no del ejército”.

Durante la inauguración  de la Segunda Feria del Libro UAEM el escritor Paco Ignacio Taibo II dio una charla sobre cómo la lectura influenció su vida desde la infancia. En la feria participan más de 50 editoriales y se llevarán a cabo una treintena de presentaciones de libros, talleres y actividades culturales y musicales, tanto en el campus norte como en el Museo de Arte Indígena y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En éstos últimos se realizarán los días 29 y 30 de este mes actividades con motivo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil “lectores del Futuro” de la UAEM.

 

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“Misión cumplida”, la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas llevó su apoyo a Nuevo San Andrés: CNDCCH

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Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas cumplió con éxito su objetivo de mostrarle a las familias indígenas de la congregación comunal Nuevo San Andrés, comunidad tzotzil de Santa María Chimalapa, Oaxaca, su apoyo frente a agresiones y amenazas de pistoleros chiapanecos del autodenominado Ejército Chamula, que han amenazado de que van a arrasar ese poblado.

Miguel Angel García, Coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó a dicha caravana, informó vía telefónica que el trayecto desde Cintalapa, Chiapas, hasta la congregación mencionada “fue muy tenso con algunos problemas y muchas presiones”; sufrieron también un accidente, cuando estuvieron a punto de chocar con un camión Torton cargado de madera que obligó a uno de los vehículos a salirse del camino, pero finalmente llegaron hasta Nuevo San Andrés.

En la caravana participaron además de activistas de organizaciones de derechos humanos, ecologistas, defensoras de derechos de las mujeres, autoridades comunitarias, representaciones de congregaciones Chimalapas como San Francisco La Paz, nuevo Paraíso, Benito Juárez, Río frío, Nuevo San Juan y Choconamatlán, corresponsales y reporteros de varios medios de comunicación locales y nacionales, así como dos representantes de la DDHO.

El contingente arribó por la tarde del 18 de marzo a Nuevo San Andrés y salió la madrugada del domingo 19 por otra brecha que no pasa por Cintalapa sino vía Benito Juárez, a Zanatepec, escoltado y protegido por una veintena de comuneros de Benito Juárez. Llegaron a la ciudad de Matías Romero a las dos de la mañana. García Aguirre manifestó que haber logrado llegar a la comunidad hace que “las familias indígenas amenazadas por el Ejército Chamula que viven ahí se sientan más protegidas ahora”. Sin embargo hace falta que el gobierno oaxaqueño garantice su seguridad.

Respecto a las medidas cautelares que se suponía otorgarían las policías estatal y de protección civil de Oaxaca, así como la policía Federal a solicitud de la DDHO, “ya en el viaje ni sus luces”, podría decirse “que no se nos otorgaron a la caravana medidas cautelares aunque dicen que tampoco nos las negaron, ni sí ni no, sino todo lo contrario” afirmó García.

El CNDCCH convocó a la caravana luego de que pistoleros del autodenominado Ejército Chamula amenazaran con arrasar Nuevo San Andrés después de que, el pasado 24 de febrero, atacaran violentamente a un grupo de habitantes de Nuevo San Andrés, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados, lo que llevó a que los indígenas tzotziles denunciaran el ataque ante el ministerio público (https://rosarojas.wordpress.com/2017/03/17/aun-sin-respuesta-del-gobierno-oaxaqueno-a-la-peticion-de-la-ddho-de-garantizar-su-seguridad-arranca-la-caravana-de-observacion-civil-y-solidaridad-con-nuevo-san-andres/).

 

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