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Un análisis de por qué peligra el más importante sistema de justicia indígena de México

Hay autoridades que se alejaron de los intereses comunitarios

Crisis de la CRAC-PC, por causas internas e influencia del Estado

Con una agenda oficial se le quiso domesticar: Centro Tlachinollan

Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de abril de 2014, p. 14

El modelo del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero –que está por cumplir 19 años– sufre una implosión porque algunas de sus autoridades se han alejado de los intereses de las comunidades y de los mandatos de las asambleas.

Así lo afirmó en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien dijo que el Estado no es ajeno a esa crisis porque ha tratado dedomesticar a la organización y con dinero imponerle una agenda para que se empiece a deslindar de los temas más espinosos, que tienen que ver con la construcción de la autonomía, la disputa contra las mineras y otros asuntos de defensa del territorio, así como de sus integrantes detenidos.

El antropólogo urgió a retomar un proceso de negociación entre las diferentes fracciones de la CRAC-PC –que se ve difícil, porque están muy polarizados– para rescatar el proyecto histórico de este sistema de justicia indígena que opera en 147 comunidades, donde redujo hasta en 90 por ciento la comisión de delitos.

La confrontación tiene consecuencias, como ya pasó hace días, que entre el Ejército a poner orden y entonces se desmantele el sistema de justicia comunitaria… algo que desde su nacimiento han buscado las autoridades civiles y militares, alertó.

Barrera mencionó que la agenda de Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (CJSLA), ha acabado siendo muy pragmática y muy empatada con los intereses del Estado. Villar fue destituido el 30 de marzo en una asamblea a la cual él no da validez, afirmando que fueminoritaria.

Dicha agenda es apoyo a proyectos productivos, aumentar el recurso económico (un millón de pesos al mes) que les daba el gobierno estatal, el dinero para la construcción de las casas de justicia, armamento, uniformes y quedó desdibujado el tema más político de cómo fortalecer un modelo de seguridad de los pueblos desde la propia cosmovisión y autonomía. Villar empezó a manejar ese recurso sin transparencia ni rendición de cuentas, indicó.

Barrera mencionó que ahora la policía comunitaria se ha vuelto más elitista dentro de los mismos pueblos, pero no para defender los intereses de la comunidad, sino los intereses del grupo que está coordinando la CRAC.

Estimó que la fracción de la CRAC que recuperó la CJSLA el pasado 30 de marzo, que aglutina a consejeros, coordinadores, comisarios, ex comisarios –líderes históricos de la región de la Costa-Montaña–, tiene mayor claridad sobre el sentido original del proyecto, de que los coordinadores estén realmente supeditados a la decisión de las asambleas, de que son las comunidades las que nombran a sus policías, que hay un reglamento interno que debe cumplirse, un proceso de reeducación para quienes delinquen.

Explicó que la crisis detonó por diferencias internas entre las comunidades indígenas y sus dirigentes sobre lo que debe ser un sistema integral de justicia indígena con control de la comunidad, contra el actuar de las autodefensas, más policiaco, como el de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), creada por los hermanos Bruno y Cirino Plácido –que estuvieron entre los fundadores de la CRAC– y trataron de tomar el control de la CJSLA.

La fracción CRAC se defendió poniendo al frente al sector duro, como Eliseo Villar, que era parte del grupo de guardias especiales que fundó el anterior coordinador, Pablo Guzmán.

Cuando el Ejército y la Marina empiezan a detener y desarmar a los grupos comunitarios diciéndoles que ellos son CRAC en su propia comunidad, que no pueden trasladarse a otra comunidad, que tienen que pedir permiso, se da un acuerdo con el gobierno federal para que la Policía Comunitaria registre sus armas, registre quiénes son y que el gobierno les va a dar una credencial de policías comunitarios.

Frente a esto hay dos visiones: por un lado hay críticos que dicen que la CRAC ya cedió parte de su lucha autonómica al Estado, que hay una actitud entreguista, pero también otros dicen que más bien ha ganado terreno en términos de su movimiento y está ahora siendo reconocida por las autoridades, explicó Barrera.

Señaló que Villar además creó la Casa de Justicia de Cochoapa, con los grupos afromestizos en Ometepec, sin consultar a la asamblea, y su gente busca formar grupos de policía comunitaria paralelos que respondan más a los intereses de los coordinadores. Eso es lo más peligroso, porque están generando más clientelas en comunidades donde hay cierta influencia para que hagan contrapeso a los grupos de San Luis Acatlán, que son más críticos y donde no tienen consenso, afirmó.

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Indígenas guerrerenses en lucha contra las mineras contaminantes

Policía Comunitario en acción

Un Policia Comunitario esposa a un homicida confeso -Genaro Ramírez- en la Oficina central del Sistema de Impartición de Justicia y de Seguridad Comunitaria (SIJSC) de la Costa-Montaña de Guerrero en San Luis Acatlán.

Rosa Rojas

La Policía Comunitaria (PC), que ya opera dando seguridad y justicia para 76 pueblos, de la Montaña de Guerrero, coadyuva difundiendo los daños que producen esas empresas

En el 16 aniversario de la fundación de la PC denuncian que el gobierno les ha concesionado 25 por ciento del territorio

Paraje Montero, Malinaltepec, Gro. 15 de octubre. La defensa de los territorios indígenas, de sus recursos
naturales y de su cultura, frente al embate de megaproyectos mineros y de
infraestructura, se sumó hoy a las tareas que desde hace 16 años realizan la
Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC-PC) para garantizar, de forma autónoma, la seguridad y justicia en 76
pueblos indígenas de 10 municipios de esta entidad federativa.

Ni la lluvia ni el mal estado de
la carretera impidieron que se dieran cita aquí, durante dos días, unas mil 200
personas para los festejos por el 16 aniversario de la CRAC-PC, que fue ocasión
para revisar los principales problemas que afectan a la región y proponer, en
reflexión colectiva, formas para enfrentarlos.

La convocatoria al acto, signada
también por la regional Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena
(CNI-RCP), puso en el centro de la discusión la defensa de los territorios de
los pueblos originarios ante el embate de casi 800 transnacionales,
principalmente mineras, a las que el gobierno mexicano ha entregado concesiones
sobre 25 por ciento del territorio nacional.

El pueblo se llenó de
delegaciones, tanto de los propios policías comunitarios de cada municipio
integrante del sistema de justicia comunitario CRAC-PC, como de organizaciones
que coinciden en la lucha contra el desarrollo de la minería trasnacional
–altamente contaminante– en suelo mexicano y que apoyan además este proyecto
autónomo, como jóvenes en resistencia, Consejo Autónomo Regional de la Costa de
Chiapas, Frente Popular Francisco Villa, los campesinos de Atenco y otras, que
fletaron autobuses para trasladarse desde el Distrito Federal.

En el acto inaugural, José Cruz,
de la delegación Milpa Alta, a nombre de la CNI-RCP, mencionó que los pueblos
indígenas ratifican su lucha para ejercer su autonomía dado que el gobierno
traicionó los Acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN, y los partidos
únicamente los dividen.

Por la Policía Comunitaria, el
comandante Leobardo Álvarez subrayó que ahora deben hacerle frente no sólo a la
delincuencia que roba, que secuestra, que mata, sino a la delincuencia
trasnacional que les quiere robar sus territorios o que mañosamente pretende
imponerles la siembra de semillas transgénicas que afectan a las criollas y su
soberanía alimentaria.

“Tenemos que enfrentar todos
juntos las amenazas en contra de nuestros territorios que afectan nuestros los
naturales, como las empresas mineras, carreteras y proyectos hidroeléctricos;
ese es el contexto para sumarse a la lucha por los derechos humanos, a la
defensa que el pueblo wirrarika (huichol) hace de Wiricuta, uno de sus lugares
sagrados; contra el asesinato de 27 comuneros de Ostula, a la tala de los
bosques y asesinato y desaparición de comuneros de Cherán, ambas comunidades de
Michoacán; a la lucha de Inés Fernández y Valentina Rosendo –indígenas
guerrerenses violadas por militares– para que se les haga justicia, así como a
la lucha de los indígenas amazónicos de Bolivia, que se oponen a una carretera
que su gobierno pretende construir en su territorio y parque nacional TIPNIS.

Sendas mesas de trabajo se
instalaron para discutir los temas de defensa del territorio; radios
comunitarias y medios alternativos; organización y participación de las mujeres,
y modelos alternativos de educación.

En la mesa de defensa del
territorio, Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería,
subrayó que el hecho de que una empresa obtenga una concesión minera, no quiere
decir que ya puedan operar, sino que requieren la licencia social de la
comunidad así como la ambiental. Indicó que la mayoría de las 260 mineras
extranjeras en México, con la complicidad del gobierno, carecen de dichas
licencias, por lo que sólo la decisión o la estrategia que adopte una comunidad
puede frenar la explotación y contaminación de su territorio por el
neocolonialismo de las empresas.

Por otra parte, la sesión del
CNI-RCP que debía realizarse en el contexto del aniversario de la CRAC-PC, se
suspendió en desacuerdo por la presencia del secretario de Seguridad del
gobierno estatal en el acto

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