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“Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación” la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila-quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”. 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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Rechazan UCIZONI y FIOB la campaña oficial contra organizaciones sociales por la masacre de Nochixtlán. Demandan un diálogo que escuche planteamientos magisteriales sobre la reforma educativa

Rosa Rojas

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) -en comunicaciones por separado- condenaron de manera enérgica la violencia empleada en contra de los maestros, sociedad civil y activistas en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado día 19 de junio, cuando ocho personas perdieron la vida y alrededor de cien resultaron heridas y reprobaron que el gobierno responsabilice de esos hechos a organizaciones sociales a las que tacha de “radicales”. Entre las que se han mencionado están el propio FIOB y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

El FIOB responsabilizó de la represión en contra de la población civil y el magisterio en Asunción Nochixtlán, el Istmo y la capital oaxaqueña, al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, así como al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, al tiempo que exigió la salida inmediata de Oaxaca de las fuerzas federales, presentación de los desaparecidos, liberación de los dirigentes magisteriales presos y atención médica a los heridos.

Asimismo urgió al gobierno federal a entablar inmediatamente un diálogo donde escuche los planteamientos de los maestros “y en tanto no haya un acuerdo, de marcha atrás en la implementación de la llamada reforma educativa”.

La UCIZONI condenó la “brutalidad” con la que actuó la policía federal en Jalapa del Marqués, Tequisistlán, Hacienda Blanca, Salina Cruz, Huitzo y Nochixtlán y exigió castigo para los funcionarios federales y estatales responsables de la muerte de por lo menos 10 oaxaqueños y heridas de cientos más. Reclamó la inmediata liberación de los presos políticos del movimiento popular oaxaqueño.

Esta organización denunció “la campaña de criminalización y de linchamiento que vienen promoviendo medios de comunicación, grupos priistas y los gobierno federal y del estado de Oaxaca en contra de dirigentes de organizaciones indígenas, comunicadores independientes y líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Añadió que en Matías Romero, Oaxaca, “han circulado en los últimos días y de manera intensa cadenas en las redes sociales donde se atribuyen a UCIZONI, sección 22 y radio comunitaria Las voces de los pueblos, llamados a saquear comercios trasnacionales pero también a los pequeños negocios. Esta información evidentemente falsa ha creado un ambiente de crispación social que busca restarle base de apoyo al movimiento magisterial pero también procura incriminar a los líderes sociales ante posibles actos de rapiña, ya que han sido vistos grupos de pandilleros provenientes de Salina Cruz y Juchitán merodeando por el centro de la ciudad y en la zona del bloqueo carretero… Más grave aun son las declaraciones de funcionarios federales y estatales que tratan de fincar responsabilidad a organizaciones indígenas en los violentos hechos ocurridos en Nochixtlan”, subrayó.

“Esta campaña de  guerra sucia en contra del movimiento popular  que se promueve desde los medios masivos de comunicación busca a toda costa responsabilizar a líderes sociales de las muertes ocurridas y con ello lograr impunidad para los funcionarios del gobierno federal y estatal que ordenaron a la policía disparar en contra de los manifestantes. A su vez busca justificar la detención y persecución  de dirigentes de organizaciones solidarias con el movimiento magisterial”, aseveró la UCIZONI, exigiendo acabar con la “guerra sucia” contra el magisterio y las organizaciones populares.

El FIOB por su parte apuntó que no debe permitirse el derramamiento de más sangre “en aras de implementar una antipopular medida que en el fondo busca la privatización de la educación pública en México y que no resuelve de raíz el rezago educativo que sufren los pueblos indígenas y sectores vulnerables como mujeres, trabajadores asalariados y campesinos”.

“Si Peña Nieto se muestra incompetente para solucionar este conflicto que ahora estalló (y por el que el pueblo está decidido a manifestarse de manera pacífica), sin hacer uso de la represión como en las dictaduras militares, debería ser destituido de su cargo” agregó la organización subrayando que es doloroso ver que  “en lugar de enfrentar a los narcotraficantes y criminales, los gobiernos federal y estatal se ensañan contra la ciudadanía que sólo quiere que sus hijos puedan ir a la escuela y que la juventud mexicana tenga un mejor futuro como país”.

Reprobó que el gobierno de Gabino Cué esté responsabilizando de los enfrentamientos a organizaciones sociales a las que tacha de radicales, entre ellas al FIOB. La organización recordó que al igual que otras, apoyó a Cué para que llegara a la gubernatura, lo que “no significa que debamos ser cómplices de actos gubernamentales que utilizan la represión y violentan los derechos humanos de quienes se manifiestan por defender conquistas sociales y derechos laborales como la lucha magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a nivel nacional” afirmó.

Rechazó además “el manejo de la información donde se menciona que los líderes sociales son los nuevos millonarios del estado, mostrando una tabla de presupuestos a organizaciones sociales, entre ellas al FIOB. Ese presupuesto fue asignado por el ejecutivo estatal, mismo que ha sido empleado en la ejecución de obras de infraestructura básica y en proyectos de desarrollo humano a través de propuestas de las autoridades, quienes después de cumplir con la normatividad institucional, aprueban sus proyectos y los recursos son entregados a través de la Secretaría de Finanzas a las autoridades municipales. Ningún recurso es entregado a los líderes sociales”.

Agregó que “la táctica del gobierno de Cué Monteagudo de señalar a líderes de organizaciones como el FIOB, MAIZ, y UCIZONI, entre otras asociaciones con trayectoria de lucha social, es la misma que utilizó el priísta Ulises Ruiz hace diez años para desprestigiar al movimiento social que busca acabar con los abusos en Oaxaca. Esta maniobra pretende revertir los hechos quitando la responsabilidad que el gobierno de Oaxaca y el de la República tienen en el estallido de violencia en el estado y apuntar a estas organizaciones y líderes sociales”.

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