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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas “no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas” y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría “mujeres indígenas” debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que “falta mucho” para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades “las estructuras genéricas son más rígidas”, las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado “no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas” desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir “ser sujetos de derechos y no sujetos de atención”, buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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Frente al feminicidio, urge que el gobierno de Morelos y las autoridades municipales garanticen la vida y derechos humanos de las mujeres

Rosa Rojas

El gobierno del Estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 10 de agosto de 2015 han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), organización que lleva 16 años documentado el feminicidio en esta entidad, por lo que  hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo.

De acuerdo con la CIDHM, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios.

Al presentar un Informe “sombra” sobre la aplicación de la AVG a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz,  detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios, de los 33 que integran el Estado, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.

Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la entidad. Subrayó la activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la Alerta como por  falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.

Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, es el dato que dio Estrada, en el sentido de que  a las sesiones de trabajo sobre la AVG sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.

Además, el hecho de que la Fiscalía General morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.

Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.

Ya desde fines de mayo pasado la CIDHM había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la AVG y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y personal de la CONAVIM,  que la organización considera que las medidas mencionadas por dicho funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG.

Sobre la creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten la capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuantos elementos -hombres y mujeres-  habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo.

Respecto al Semáforo de Violencia, la CIDHM vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida; tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. Apuntó sin embargo que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Es muy preocupante que a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, sea tan deficiente la aplicación de las medidas que pueden coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la meritoria labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos, por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como ésta, hay que hacer una llamada de atención al Gobernador Graco Ramírez y a las autoridades municipales no sólo de esos ocho municipios, sino de todo el Estado de Morelos, para que cumplan con su deber y apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres que viven en esta entidad.

 

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El predictamen senatorial de la ley general sobre desaparición forzada no cumple los estándares internacionales de derechos humanos ni las exigencias de las víctimas

Conf Campaña Nal contra la Desaparicion Forzada. Foto Rosa RojasRosa Rojas

El predictamen sobre el proyecto de “Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y cometida por particulares” elaborado por cuatro comisiones senatoriales, sigue sin reconocer “que la desaparición forzada en México es una política sistemática y generalizada del Estado Mexicano” pues desde el título “parte del supuesto de que la mayoría de las personas que han sido desaparecidas en México han sido desaparecidas por particulares y no por agentes del Estado”.

Dicho documento “no corresponde a las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, denunciaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (CNCDF), quienes advirtieron que la integración superficial de algunas de las observaciones que le entregaron a las comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios legislativos del Senado “es un intento por legitimar el borrador de predictamen de ley para posteriormente poder argumentar que esta ley se hizo con el consentimiento y participación de las víctimas”.

Entre dichas observaciones están que se agregue un artículo que especifique que los presuntos responsables de cometer los delitos de desaparición forzada sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles, quedando excluida toda jurisdicción especial, en particular, la correspondiente a las fuerzas armadas.

También se tendrá que sancionar penalmente a toda la cadena de mando sin importar fueros ni jerarquías; que se separe de manera definitiva a los agentes del Estado involucrados en la comisión de este delito y sean inhabilitados de por vida para el desempeño de cualquier empleo o comisión pública, además de la pena de privación de la libertad que les sea impuesta.

Nadir Reyes del Comité Hasta Encontrarlos; Zita Loyo del Comité Cerezo México; Adrian Ciriaco del Comité de solidaridad y derechos humanos Monseñor Romero; Carlos Ramírez del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y Pascual de Jesús González del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, advirtieron que el discurso del Estado va dirigido a hacer creer que quienes cometen las desapariciones son, en su generalidad, particulares, “lo cual es sumamente preocupante y peligroso ya que con ello elude su responsabilidad en las desapariciones forzadas”.

Ramírez por su parte afirmó que e l FNLS ha constatado dolorosamente, en el caso de su compañero Fidencio Gómez Santis, desaparecido el pasado 5 de marzo,  cómo “se escamotea la justicia”  cuando las autoridades están tratando de encuadrar esta desaparición como si hubiera sido cometida por particulares y fuera un caso aislado, cuando por lo contrario, la desaparición forzada es parte de una “política generalizada de violación de derechos humanos que se convierte en política de Estado”.

Al dar a conocer su posicionamiento respecto a dicho predictamen, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, los integrantes de la CNCDF indicaron que en el contexto actual de “supuesta guerra contra el narcotráfico”, desafortunadamente, las desapariciones forzadas han proliferado, y el Estado “ha intentado, por todos los medios”, de deslindarse de su responsabilidad de buscar, investigar, prevenir y sancionar la desaparición forzada Subrayaron que los expertos en derechos humanos indican que “la desaparición forzada es siempre un crimen de Estado”, sea por comisión o por omisión.

“Un aspecto sumamente importante y preocupante es que en el borrador del predictamen de Ley no se considere a la víctima directa como víctima. Solamente hace referencia a la víctima como aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de la desaparición de un familiar o allegado, más no se reconoce como víctima a la persona directamente afectada por la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares”, por lo que se debe  definir que “se entiende por víctimas, a las personas que individual o colectivamente, hayan padecido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos y libertades fundamentales, que afecten su dignidad, incluidas todas las acciones que proscriben el abuso de poder”.
Informaron que los legisladores que integran dichas comisiones han incumplido sus compromisos con las organizaciones sociales que presentaron sus proyectos para la elaboración de la ley,  no han compartido de manera formal y oficial el borrador del dictamen ni han cumplido con las fechas de reunión para analizar dicho borrador. Demandaron que no se les haga a un lado en la discusión y elaboración del dictamen y advirtieron que, si se aprueba esta ley sin incorporar sus observaciones para corregir los errores que contiene, se promoverán acciones de inconstitucionalidad y amparos para rechazarla.

Entre las observaciones de la CNCDF al predictamen citado señalan que la redacción del título “Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y la cometida por particulares”, hace alusión a que la desaparición forzada también es cometida por particulares, por lo que de inicio se plantea modificarlo para que quede como: “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares”, tal como propuso la Campaña en su iniciativa entregada al Senado.

Insistieron en que no se utilice, como se hace ahora en el predictamen, el término de “persona no localizada”, a fin de no confundir ni restar responsabilidades ya que una persona no localizada no entra dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y por sí mismo no considera un delito o una violación a los derechos humanos. Se deben establecer sólo dos términos: las personas víctimas de desaparición forzada y las personas víctimas de desaparición cometida por particulares, así como la debida definición de cada una.

Exigieron que se retome para tipificar el delito de desaparición forzada la definición del Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas que establece que las desapariciones forzadas son cometidas por Agentes del estado, o por grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, ya sea que oficialmente se encuentren en funciones o no.

Además se considera necesario que en la ley se cuente con un apartado específico en el cual se establezca la obligación del Ministerio público de reclasificar el delito por el de desaparición forzada cuando se tenga la evidencia de participación directa o indirecta de agentes del Estado o desaparición cometida por particulares cuando haya elementos que así lo indiquen.

Sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas del que habla el predictamen, consideran que es sumamente complejo y burocrático, hace énfasis en los casos de desaparición cometida por particulares y no servirá para la búsqueda e investigación de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en tanto no las reconoce como tal y mucho menos las que se vienen sucediendo desde los años 60.

En el predictamen se habla de desarrollar unidades de análisis de contexto para poder determinar, zonas, lugares y patrones de cómo operan los presuntos responsables, pero éstos se centran sólo en el crimen organizado, es decir, en estudiar el contexto de cómo se dan las desapariciones cometidas por particulares, por lo que propone la CNCDF crear dos unidades: una específica para desaparición forzada y otra para desaparición por particulares.

Asimismo señalan que en el borrador de predictamen se deja en segundo término la investigación y sanción de los responsables. “Se avala y respalda la búsqueda a cargo de los familiares con el objeto de que el Estado no asuma su responsabilidad en la obligación de la búsqueda para dar el paradero real de las víctimas, en la investigación y sanción de los responsables”.

Afirman que esta ley no garantizará el derecho que tienen los familiares y las victimas a acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, ya que se busca sobreponer un derecho por otro al poner mayor centralidad en el acceso sólo a la verdad, relevando el derecho a la Justicia y se sigue equiparando la reparación integral del daño a la indemnización monetaria y a la asistencia que otorga el Estado, lo cual no es reparación integral del daño, ya que para que esta se pueda dar, es necesario que las victimas tengan acceso de manera integral a los derechos de verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición.

 

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La SRE “no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Gustavo Castro de Honduras afirma su abogado; la Red Iberoamericana de Jueces pide se le permita volver a México

Rosa Rojas

Este es el momento para que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu o directamente el presidente Enrique Peña Nieto, establezcan comunicación con el presidente de Honduras,  Juan Orlando Hernandez y le demanden la aplicación del Tratado de Cooperación Jurídica que hay entre ambos países para que se permita salir de aquel país a Gustavo Castro, testigo y sobreviviente del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, quien al ser retenido está siendo sometido a “violaciones permanentes” a sus derechos humanos, afirmó su abogado defensor, Miguel Angel de los Santos.

“Sentimos que la Cancillería mexicana no está haciendo lo suficiente” para rescatar a Castro Soto cuya vida se encuentra en riesgo mientras esté en territorio hondureño “y así se lo hicimos saber enfáticamente a la directora de Asuntos Mexicanos en el Extranjero, Reyna Torres”, con quien se entrevistaron este viernes el propio abogado y representantes del Instituto para los Derechos Humanos y Democracia; la organización Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Se le pidió directamente a la funcionaria se solicite al gobierno de Honduras la aplicación de dicho tratado porque la Cancillería mexicana no lo ha hecho; ella explicó lo que se ha hecho “pero la última comunicación que enviaron al Fiscal de Honduras la respondió el funcionario sin hacer referencia al tratado, lo que sugiere que no se ha pedido su aplicación. La respuesta del Fiscal es de fecha 11 de marzo pero fue recibida en la embajada mexicana hasta el día 17… y en ella el Fiscal sugiere que el testigo se acoja al Programa de Testigos Protegidos pero eso haría que Castro Soto pasara al cuidado de las autoridades de Honduras”, explicó De los Santos.

Informó que la directora Torres contestó que “hay que esperar tiempos razonables, aplicar el protocolo… los tiempos razonables son ahora -afirmó el abogado en entrevista- porque Castro Soto lleva ya 15 días retenido -de los 30 que impuso la jueza- y Honduras no está respondiendo la petición de que se levante la alerta migratoria con la urgencia que el caso amerita”, porque además viene el periodo de descanso de Semana Santa. Indicó que Castro está alojado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa, como parte de las medidas cautelares que se le solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la SRE para su defendido.

Por eso, dijo, además le pidieron a la CNDH que amplíe dichas medidas cautelares y que le solicite a la Cancillería que pida expresamente a Honduras la aplicación del tratado mencionado. De los Santos apuntó que además se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con similares demandas.

De los Santos mencionó que lo que está pendiente legalmente es que esta semana se presentaron en Honduras tres recursos jurídicos: una solicitud de reconsideración al Fiscal para que retire la orden de retención de Castro porque el ya aportó todas las pruebas que podía, pues participó en 10 diligencias ante el Ministerio Público y cuatro ante la juez; además, dijo, la medida cautelar la pidió la Fiscalía y la puede retirar cuando ya no es necesaria.

El segundo recurso es un amparo ante la Sala de Apelaciones de Comayagua en el que solicitan se suspenda provisionalmente la resolución de la juez para que Castro pueda salir; mientras tanto van a revisar en dicha sala la citada medida de retención.

El tercer recurso es un habeas corpus ante la Corte Constituyente de Tegucigalpa para que se revise si la citada resolución de la juez cumple con las disposiciones de la Constitución de Honduras y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Además de esos tres recursos, un cuarto recurso sería precisamente que se aplique el citado tratado de Cooperación Jurídica, de marzo de 2004, apuntó. Subrayó que aunque Castro Soto está bajo la protección de la embajada mexicana en Honduras, la lentitud con la que ha actuado la SRE ahora, contrasta “con la celeridad con que se atendió un caso ocurrido recientemente en un país europeo”.”Es un trato inhumano” el que se le está dando a Gustavo Castro por la incertidumbre jurídica en que está, prácticamente detenido en Honduras, convaleciente de las heridas que le causaron durante el asesinato de Berta Cáceres, el que le afectó profundamente dada la cercanía que tenían, y sin poder reunirse con su familia.

Por su parte la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), en una declaración sobre la situación de Castro Soto, manifestó su preocupación por  el hecho de que no se le brinde a éste el trato correspondiente al de haber sido víctima de un intento de homicidio y testigo de la dramática muerte de Cáceres, “y, por el contrario la retención injustificada e innecesaria que se le ha impuesto, produce afectaciones psicológicas derivadas de la incertidumbre y los intentos de la Fiscalía General por mantenerlo bajo su custodia”.

La RIJ, con sede en Chile, se sumó a las peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversos mecanismos universales  de protección de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado de Honduras debe garantizar la seguridad e integridad de Castro Soto mientras se encuentre en el territorio hondureño, y retirar la alerta migratoria lo antes posible para que pueda volver a su país, desde donde podría continuar colaborando con la investigación.  Subrayó que las circunstancias en que éste se encuentra configuran violaciones a sus derechos humanos.

La RIJ, de la que también es parte De los Santos, quien fue comisionado por ésta para trasladarse a Honduras, exigió al gobierno de ese país la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales  involucrados en el crimen. “En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista”.

Añadió que “la incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva” por lo que instó al Consejo de la Judicatura de Honduras a investigar la actuación de la jueza Victorina Flores, “con la finalidad de determinar las responsabilidades que de su injusta determinación pudieran surgir”.

La RIJ agregó que lamenta “reconocer que el asesinato de Bertha Cáceres y la situación de Gustavo Castro, constituyen un claro reflejo de la debilidad del Estado de Derecho, los niveles de impunidad en el país, y una voluntad incierta con la observancia de los derechos humanos” e instó  al estado hondureño a solicitar a los organismos pertinentes, la instalación urgente, en Honduras, de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, “que asegure un acompañamiento internacional a la necesidad de una justicia pronta y castigo a los perpetradores. Esta instancia aseguraría a la comunidad internacional, de que el estado hondureño está comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables”.

 

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El Senado debe ejercer su autonomía ante la iniciativa presidencial contra la tortura que “puede fomentarla”: ONGS de derechos humanos

Rosa Rojas

La iniciativa de ley contra la tortura enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en diciembre “incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz” por lo que se requiere que el Poder Legislativo actúe con autonomía y retome las propuestas que ya se habían trabajado con organizaciones de derechos humanos conforme a estándares internacionales.

Así lo plantearon este miércoles representantes de 28 organizaciones de derechos humanos y organizaciones civiles promotoras de justicia, así como familiares y víctimas sobrevivientes de tortura que  aseveraron que la propuesta presidencial “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación” de la práctica de la tortura y  desconoce varios de los contenidos mínimos que esta Ley debe tener como por ejemplo el excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

“Resulta inaceptable que, pese a que existe una prohibición expresa de utilizar estas pruebas e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal, la iniciativa del Ejecutivo permita la admisibilidad de estas pruebas” manifestaron agregando que los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes deben tener las mismas consecuencias procesales y de protección a las víctimas que la tortura.

En rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el director de éste, Mario Patrón, subrayó que “existe el riesgo de que se apruebe una ley que no sólo prevenga y castigue la tortura sino que la puede fomentar”.

Ahí brindaron su testimonio Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura; las madres de sobrevivientes de tortura que aún están encarcelados: Francia Henao Agudelo, (Caso Nino Colman) y Rosa Mora, (Caso Tlaxcala). Estas dos últimas informaron que sus casos los llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo Mora, “porque no es justo que familias sencillas, que trabajan, el gobierno venga a destruirlas porque eso es una corrupción terrible”.

Las organizaciones convocantes, que en octubre de 2015 participaron en una serie de consultas a través de la Procuraduría General de la República para hacer propuestas respecto a esta ley, señalaron que se había llegado a acuerdos sobre los estándares que debería contener la Ley General contra la Tortura para su eficaz aplicación, mismos que no recogió la iniciativa presidencial, como la citada exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura.

Asimismo indicaron que en la iniciativa del Ejecutivo se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes), y que es realizado por peritos oficiales, además de imponer requerimientos excesivos para la incorporación y valoración de los peritajes independientes, en general más apegados a los estándares internacionales.

Debe incluirse además una formulación conforme a dichos estándares en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, “y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos. Igualmente, deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también, para las imputadas y procesadas”.

Manifestaron que en esta ley se deben establecer los lineamientos para un efectivo monitoreo de las condiciones de detención con el fin de erradicar la tortura.

Miguel Sarre Iguíniz, investigador del ITAM y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU de 2006‐2010, advirtió que “la Secretaría de Gobernación está poniendo obstáculos para que se garanticen los derechos humanos en reclusión” por lo que exhortó al Senado a no ceder a esas presiones.

“La tortura es una calamidad política y las calamidades tienen responsables, en este caso la Secretaría de Gobernación”, aseveró.

En su documento las organizaciones plantean  la necesidad de que la Ley Nacional de Ejecución Penal -actualmente en discusión en el Senado- dote de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores, así como el ingreso de organismos independientes y de periodistas a las prisiones. “De lo contrario, dicha Ley socavará cualquier disposición de la Ley General contra la Tortura sobre prevención, investigación y sanción de la tortura y malos tratos en lugares de detención”.

Sin embargo, afirmó Sarre, hay un embate de la SEGOB, concretamente de su enlace legislativo, el subsecretario Felipe Solís acero, “y yo señalo que hay responsabilidad directa del señor secretario porque no puedo concebir cómo en una relación interinstitucional entre poderes, el subsecretario Solís Acero hable por cuenta propia sin consultar al secretario de Gobernación en una cuestión tan importante siendo, reitero, que la SEGOB es la responsable de impulsar la política de derechos humanos en este país y que la está socavando en la ley que van a operar las instituciones que tiene a su cargo”.

Subrayó que se pide que la ley y los jueces de ejecución tengan control sobre personas procesadas y personas sentenciadas; que vean no solamente el tema de reductivos o beneficios de ley sino todas las condiciones de internamiento, y que existan procedimientos judiciales, “la SEGOB quiere quitar todos los procedimientos judiciales de defensa diciendo que está el juicio de amparo ¿cuándo van a poder ir al juicio de amparo los que están en cárceles en lugares muy remotos? y … el tema de la sociedad civil, queremos el acceso a organizaciones independientes a los centros de reclusión; ellos dicen que es afectar la seguridad de los centros, (nosotros) decimos que la seguridad en los centros no la ponen en riesgo ni los periodistas ni las organizaciones sino sus propias deficiencias”.

Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hizo un llamado “muy fuerte al Senado que tiene que demostrar su independencia del Ejecutivo… demostrar que tiene autonomía y sí puede hacer la diferencia” porque lo que se está viendo es que “hay una total contradicción entre lo que se dice y lo que se hace” respecto a la tortura, que es una práctica generalizada en el país.

Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, afirmó, a manera de conclusión “que la práctica de la tortura es aberrante, insostenible, que se da por dos motivos entre muchos otros: uno es que manifiesta la incapacidad que tiene la autoridad para investigar dentro del marco legal y dos, porque para los políticos, para las autoridades, está funcionando”.

“Saludamos que el presidente haya mandado la iniciativa pero tenemos una preocupación especial porque ya había habido desde hace meses interlocución con la Comisión de Justicia, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Gobierno, pensábamos que se estaban tomando los elementos y que íbamos por el camino conjunto de consolidar un instrumento más que ayudara precisamente a este nuevo sistema penal acusatorio… con esto vemos que quieren que todo el esfuerzo que se ha hecho… se vaya a la basura”.

LLamó a que se abra la interlocución con todas esas comisiones senatoriales “para verdaderamente crear y asegurar que esta ley tenga los mínimos necesarios, no porque pensemos… que la ley va a solucionar, va a erradicar la tortura, pero es un paso con el cual necesitamos contar”, para que dicha ley incorpore los mayores estándares internacionales para frenar una tragedia que están viviendo miles si no es que millones de familias.

Informó que en Nuevo León, se realizó una investigación tres estados donde encontraron que el 70 por ciento de las personas recluidas en los penales afirman haber sido víctimas de tortura. “Entonces es un problema muy grave, muy serio y si verdaderamente las autoridades quieren que demos un paso cualitativo hacia la legalidad tenemos que poner cuando menos el camino para erradicarla y por eso exigimos que se abra este interlocución y que se respeten estas exigencias tanto internacionales, nacionales y locales”.

Entre otras organizaciones participantes en este esfuerzo se cuentan la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los Centros de Derechos Humanos las Mujeres, Fray Bartolome de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Paso del Norte, Zeferino Ladrillero, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).

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La tortura busca aterrar a la población para provocar parálisis social frente al despojo: Fazio

Rosa Rojas

La finalidad de la tortura  es destruir al ser humano concreto y al ser político para aterrar a la población; los sistemas que promueven el uso de la tortura “lo hacen con lúcida conciencia” como demostración de poder, indicó Carlos Fazio, catedrático de la UNAM, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de esa casa de estudios.

Por su parte, la antropóloga Elena Azaola informó que se realizaron entrevistas  a jóvenes recluidos en centros de detención de  Coahuila, Morelos, Hidalgo y Sinaloa, lo que reveló que 76 por ciento de ellos fueron víctimas de tortura.

El impacto que queda después de una experiencia así es demoledor, de ahí en adelante ¿en qué autoridad pueden confiar? cuestionó la investigadora, quien leyó algunos de los testimonios del severo maltrato sufrido por los jóvenes de parte de las autoridades que los detuvieron.

En su conferencia, titulada La práctica sistemática y generalizada de la tortura en México, herramienta para la dominación de clase, Fazio mencionó dos casos, la violación de 23 de mujeres detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando era gobernador el ahora presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y el caso del joven  Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa, ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En el caso de Atenco, queda claro que la violencia erótica es la concreción del poder, además de que los policías que cometieron los abusos sexuales y violaciones “cumplían órdenes superiores, es decir había una cadena de mando”.

La tortura en Atenco fue también una demostración de poder y un reflejo de la relación entre los detentadores del poder y los opositores, apuntó.

El también articulista de La Jornada mencionó que en el caso de Mondragón, a diferencia de sus compañeros, que fueron desaparecidos, su cadáver con el rostro desollado no fue ocultado. “La tortura se planificó para ser vista, sus verdugos quisieron enviar un mensaje, por eso tomaron fotos del cadáver y las difundieron por Twitter a sólo cuatro horas de su muerte. El mensaje de terror escrito en el cuerpo de Julio César es la concreción más extrema del uso del poder. Fue como un ritual simbólico que pretendía recordarnos el poder disciplinador del Estado” subrayó.

Fazio mencionó por otra parte que hay intelectuales orgánicos y unos 25 o 30 periodistas de Televisa, TV Azteca, Milenio, que tienen voz en la televisión, radio y en los periódicos, que son utilizados por el gobierno para, por ejemplo, el golpeteo contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar desacreditarlos cuando su investigación llega al papel que desempeñaron los militares en Ayotzinapa.

Hablando de la violencia del Estado, añadió, lo que viene en 2017 y 2018 es una nueva fase de despojo del campesinado pobre, “lo que necesita del miedo, de la parálisis social”, por lo que es necesario multiplicar foros como éste para que haya conocimiento de este estado de cosas. La música, el cine, la poesía tendrían que servir para concientizar a la gente y pasar a la fase de la organización para enfrentar esto, aseveró Fazio.

A su vez Jacinto Rodríguez, de Harvard University, quien disertó sobre El arte de invisibilizar la violencia- Tortura, la función de los medios de comunicación en los años de la Guerra Sucia en México, cuestionó cómo fue posible que la tortura se hiciera costumbre en México, tal cual ha sucedido.

El investigador citó como ejemplo de la construcción del “diseño del enemigo” a través de los medios de comunicación desde 1968, “que es el primer ensayo de lo que vendría después en la guerra sucia”, la columna Granero Político que se publicaba en el diario La Prensa, donde se hablaba de los “terroristas” para referirse a los opositores.

La paradoja es que entonces México recibía a políticos latinoamericanos que eran perseguidos en sus países de origen por gobiernos dictatoriales, para muchos de los cuales no hubo guerra sucia en México, apuntó.

Habló también del papel de los intelectuales, “hay varios niveles en los que se termina invisibilizando la violencia del Estado mexicano” sobre todo en el caso de Luis Echeverría Alvarez, además de la legitimidad mediática que le dan al gobierno los medios de información, que silencian la violencia o caracterizan como terrorismo las acciones de los opositores; hay también una “corresponsabilidad de las universidades” en ese silencio, añadió.

Apuntó que el sistema político mexicano, no sólo el presidente sino “los que regresaron después de 12 años” y que “no sabemos si se vayan en el 2018”, que se dan cuenta de que la historia “es incómoda y es peligrosa” y han vuelto a cerrar los archivos sobre la guerra sucia que abrió Vicente Fox, buscando otra vez invisibilizar la historia.

Afirmó que la gente no tiene en la conciencia lo ocurrido en la guerra sucia por lo que los intelectuales y los medios tienen una gran responsabilidad para difundir lo ocurrido, aunque ahora el internet es un elemento que rompe la correlación, hay que seguir hablando. El sueño, dijo es que  aparezca en la conciencia social en México que el Estado no ha pedido perdón, aunque sea simbólico, por lo que ocurrió en esa etapa de nuestra historia.

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La tortura en México es política de Estado: José Sotelo

Rosa Rojas

En la historia moderna de México la práctica de la tortura se ha vuelto “un procedimiento rutinario y burocrático… un mal hábito institucionalizado” aseveró Kate Doyle, analista de The National Security Archive (TNSA) de la universidad estadunidense George Washington, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, que se inició este jueves 28.

Doyle, fue responsable en febrero de 2006 de la publicación en el sitio de internet de TNSA (http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm ) del “borrador” del informe sobre la “guerra sucia” llevada a cabo en México durante las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s, elaborado por el equipo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que encabezó Ignacio Carrillo Prieto.

La FEMOSPP fue creada por el gobierno de Vicente Fox para investigar crímenes contra los derechos humanos. El informe le fue entregado pero no se hizo público, por lo que tres investigadores de esa fiscalía se lo filtraron al TNSA. De esa filtración se responsabilizó a José Sotelo, quien encabezaba el equipo que lo elaboró, razón por la cual fue inhabilitado por 10 años. Sotelo participó también en esta jornada internacional haciendo una “réplica” a la conferencia de Doyle e hizo suya la afirmación de la investigadora en el sentido de que la tortura en México “es una práctica que funciona como política de Estado, lo que significa que para el poder el Estado de derecho es una simulación”.

En su exposición Doyle hizo una detallada referencia a la tortura que se ha practicado ampliamente por personal estadunidense en diversos países desde la guerra de Vietnam y más aún después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y se refirió al entrenamiento que históricamente han dado elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a policías y ejércitos latinoamericanos en las técnicas de la tortura, incluso con la elaboración de un manual.

“En Estados Unidos nos estamos ahogando en información de la tortura” que ha realizado la CIA, el presidente (Barack) Obama puso término a la tortura mediante una orden ejecutiva, “pero nadie ha sido procesado por practicar la tortura en presos” afirmó.

Subrayó que para realmente erradicar la tortura de nuestra cultura tenemos que estar dispuestos a un proceso judicial, al castigo a los que ordenaron, planearon y permitieron la tortura. “En Estados Unidos estamos viviendo un escándalo congelado” se han publicado miles de páginas sobre la práctica de la tortura y reafirmando el rechazo a ésta, se ha prohibido legalmente “pero no hay resarcimiento legal”.

“Sin justicia la tortura va a permanecer como una posibilidad en el futuro… se queda como una caja de herramientas” advirtió.

Mencionó que agentes torturadores como el que elaboró el citado manual de la CIA y condujo interrogatorios en los 80 -por lo cual según un informe del Senado estadunidense le “llamaron la atención”- es el mismo que en 2002 fue el jefe del grupo de secuestro e interrogatorios de la CIA en Afganistán. Esto revela que los gobiernos deben estar dispuestos a castigar y perseguir siempre a los perpetradores, enfatizó Doyle.

Apuntó además que México “está viviendo con su propio escándalo congelado” porque tanto el citado informe de la FMOSPP como el informe del Relator Relator Especial de la ONU sobre tortura, (Juan Méndez, quien visitó México entre abril y mayo de 2014 y aseguró que la tortura en el país “es generalizada”) han revelado la práctica de la misma, “hay presión para hacer algo… pero todavía no hay una comisión de la verdad en México ni procedimientos judiciales para abusos del pasado y del presente”.

“El único remedio para la tortura que tenemos es hablar de la tortura e insistir en ser escuchados”, sentenció.

Por su parte José Sotelo mencionó que cuando Doyle publicó partes del informe de la FEMOSPP “el Estado mexicano minimizó el contenido de la información y lo trató como nota roja”; 11 meses después la Procuraduría General de la República “subió una versión censurada” que quitó a los pocos días y después, cuando se le pidió a través del IFAI que diera a conocer el informe, la PGR dijo no contar con la información; “no hay voluntad política para conocer la verdad de lo sucedido.

En el informe se consignaban, con fuentes documentales del ejército y la policía la práctica de la tortura, cientos de casos de desaparición forzada, crímenes de guerra, pero “el Estado mexicano ha decidido proteger a los asesinos y torturadores sin hacer nada para castigar a los perpetradores”.

Sotelo aseveró que en lugar de eso el Estado optó por castigar a los que revelaron los crímenes, a él lo inhabilitaron 10 años, se expulsó a todo el equipo de la FMOSPP, “prefirió callar y guardar el informe, ser cómplice que hacer justicia” y a pesar de que ha habido esfuerzos colectivos para hacer propuestas para una ley que castigue la tortura, el Estado no los está tomando en cuenta “la iniciativa presidencial permite la impunidad en la cadena de mando”, sostuvo.

Mencionó que de acuerdo a cifras de la PGR, de diciembre de 2006 a 2014, hubo 4 mil 404 denuncias por tortura, aunque la cifra negra puede ser de cinco veces más, de las cuales sólo 11 fueron presentadas ante un juez y ha habido cinco sentencias. “La impunidad es absoluta” reiteró.

Añadió Sotelo que la tortura y la desaparición forzada son crímenes predatorios del Estado de derecho y que la desaparición forzada es la peor forma de tortura que existe porque la otra, por muy dura que sea dura instantes, en cambio la desaparición es una tortura permanente.

Mencionó además que los mexicanos no podemos permitir que el Estado de derecho sea una simple simulación; es necesario que el pueblo conozca los crímenes que el Estado encubre, que en México haya una justicia transicional, que se restituya el daño, aunque pareciera ser que esto signifique una reconstrucción del Estado.

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